Jeremy Alexander Martínez Esquinca
Expediente 249/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jeremy Alexander Martínez Esquinca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se advierte que ha transcurrido el término de noventa días otorgado a la parte quejosa en proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, a efecto de que se presentara ante este juzgado a recoger el documento que adjuntó a su demanda de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto, por lo que dicho documento será depurado con el presente expediente. Notifíquese.
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Nuevo Laredo, Tamaulipas, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, emitida por este juzgado de distrito, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: PRIMERO. Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, que negó el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo 249/2020-2, promovido por Jeremy Alexander Martínez Esquinca, por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. SEGUNDO. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. TERCERO. Por otra parte, se considera que el presente juicio es depurable en términos de lo expuesto en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa, la documental que adjuntó a su demanda de amparo (foja 31); se previene a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este recinto jurisdiccional con identificación oficial vigente a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, será depurado con el presente expediente, en términos de lo expuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de que se trata. QUINTO. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrados de la Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, la documental constante de un tomo, que anexó a su oficio 057/2021 (fojas 91 y 92) de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, por ser innecesaria su conservación. SEXTO. Finalmente, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Martha Beatriz Ortega Santos, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, ante Oscar Santos Molina Garza, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 249/2020-2, promovido por Jeremy Alexander Martínez Esquinca, por propio derecho y en representación de su menor hijo D.A.M.J. y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Nuevo Laredo, Jeremy Alexander Martínez Esquinca, por propio derecho y en representación de su menor hijo D.A.M.J., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Como Ordenadora: Tienen ese carácter los C. Magistrados de la Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y como Ejecutora: El C. Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar, en su domicilio oficial y con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. IV. ACTO RECLAMADO: De la Autoridad señalada como ORDENADORA: La Resolución del (12) doce de noviembre de 2020 (dos mil veinte), misma que me fue notificada el día 17 de noviembre del presente año, dictada dentro del Toca número 220/2020, formado con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por el suscrito JEREMY ALEXANDER MARTÍNEZ ESQUINCA, deducido del expediente 1233/2017 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE DIVORCIO NECESARIO, promovido por la señora ALMA NANCY JUÁREZ BARRIOS, en contra de JEREMY ALEXANDER MARTÍNEZ ESQUINCA, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Resolución que es violatoria de derechos fundamentales, por la omisión de dar respuesta a los agravios expresados y vertidos en contra de la resolución del nueve de marzo de dos mil veinte, dictada en el Incidente de convenio de divorcio promovido por la C. ALMA NANCY JUÁREZ BARRIOS tramitado dentro del expediente número 1233/2017. De la Autoridad señalada como EJECUTORA: El sostenimiento y ejecución de dicha resolución, injusta, arbitraria y contrario a Derecho, referida en el acto reclamado." SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda de amparo a este juzgado de Distrito; mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veinte se registró con el número 264/2020-2; se desechó respecto al acto de ejecución reclamado del Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; se admitió a trámite respecto al acto reclamado de los Magistrados de la preindicada Sala; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se reconoció el carácter de tercero interesado Alma Nancy Juárez Barrios, quien fue debidamente emplazada a juicio; se nombró representante especial del menor de identidad reservada D.A.M.J; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Lo anterior porque las consecuencias del acto reclamado tienen ejecución en esta jurisdicción. SEGUNDO. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y al informe justificado de la autoridad responsable, se precisa que el quejoso reclama: La resolución número 210, dictada el doce de noviembre de dos mil veinte, por los Magistrados de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que dejó insubsistente la sentencia incidental de nueve de marzo de dos mil veinte, dictada en el expediente 1233/2017 relativo al juicio sobre divorcio incausado, ordenando la reposición del procedimiento hasta antes del auto de citación para sentencia. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues al rendir su informe justificado, aceptó su existencia. Lo que se corrobora con las constancias que remitió con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causas de improcedencia, en virtud de que su examen es de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que se consulta en la página 553, tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni de oficio se advierte la actualización de alguna, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto, conforme a los conceptos de violación formulados. QUINTO. Una vez puntualizado lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales resultan infundados, en atención a lo que más adelante se expondrá. Ahora, para una mejor comprensión del asunto, se estima oportuno precisar los antecedentes más importantes derivados del juicio ordinario civil 1233/2017 de donde deriva el acto por esta vía reclamado: 1. Alma Nancy Juárez Barrios, aquí tercera interesada, promovió juicio ordinario civil sobre divorcio incausado en contra del aquí quejoso; demanda de la cual conoció el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, quien en auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, la admitió a trámite y seguido el procedimiento, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, declaró procedente la disolución del vínculo matrimonial, así como la disolución de la sociedad conyugal. 2. En sentencia de nueve de marzo de dos mil veinte, el Juez Civil resolvió el Incidente que resuelve las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, promovido por la tercera interesada; en contra de dicha resolución el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 3. Dicha Sala, en resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca 220/2020 resolvió el recurso de apelación en los siguientes términos: "PRIMERO.- Los agravios expresados por el demandado incidental Jeremy Alexander Martínez Esquinca, resultaron de estudio innecesario, pues, de oficio, la Sala hizo valer agravios a favor del menor D.A.M.J. SEGUNDO.- Se deja insubsistente la sentencia incidental de nueve de marzo de dos mil veinte, dictada en el expediente 1233/2017, relativo al Juicio sobre Divorcio Incausado, promovido por Alma Nancy Juárez Barrios, en contra de Jeremy Alexander Martínez Esquinca, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. TERCERO.- Se ordena la reposición del procedimiento de primera instancia hasta antes del auto de citación para sentencia, para los efectos que han quedado precisados en el considerando TERCERO de este fallo, hecho lo cual, en su oportunidad dicte la sentencia que en derecho proceda. NOTIFÍQUES PERSONALMENTE." Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, el quejoso, en escrito de demanda y conceptos de violación, aduce que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales, pues es omisa en dar respuesta a los agravios expresados y vertidos en contra de la resolución de nueve de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de convenio de divorcio promovido por la aquí tercera interesada, en los que abordó los temas relativos a la custodia compartida, a la inexacta valoración de pruebas, a que la pensión alimenticia no es proporcional y a la admisión de las pruebas supervinientes ofrecidas. Dichos motivos de inconformidad, resultan infundados, pues si bien, la Sala responsable no analizó los agravios expuestos en el escrito de apelación presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ello se debió a que, de manera oficiosa, salvaguardando el interés superior del menor, y al haber advertido una violación procesal dentro del incidente para resolver las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, en virtud de que no obstante que en el fallo apelado se resolvió lo relativo a la custodia, convivencia y alimentos del menor en relación con su progenitor, era destacable que debía escucharse al menor de edad en relación con la convivencia con sus padres; por lo que, el no haberlo oído previo al dictado de la sentencia, trascendió en su perjuicio, toda vez que conforme a los artículos 260, 383 y 387 del Código Civil, 1, 2, 3, 4,5, 5, 7, 12, 56, 57, 70, 71 y 72 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, entre otras cuestiones, los menores de edad tienen derecho a que de manera prioritaria se les asegure el goce y ejercicio de todos sus derechos, entre los que se encuentra el de la seguridad jurídica y el debido proceso, que implica no solo que se garantice la protección y prevalencia del interés superior de la niñez, sino también a recibir información clara, sencilla y comprensible cuando esto sea pertinente y oportuno, dada su madurez y capacidad de comprender, respecto de los temas que los involucran; debiendo ser escuchado para que emita su opinión, y atendiendo a la opinión de un experto, se valorice su capacidad de comprensión sobre la custodia y convivencia a la que tiene derecho respecto a sus padres; motivo por el cual, ante la destacada violación procesal en perjuicio del menor, ordenó la reposición del procedimiento. Tal reposición del procedimiento fue para efecto de que el Juez de primer grado, citara a Alma Nancy Juárez Barrios, quien deberá hacerse acompañar del menor D.A.M.J.; a Jeremy Alexander Martínez Esquinca; al agente del Ministerio Público; y a un psicólogo oficial que asista al menor de edad, a una audiencia que tendrá como objetivo, escuchar tanto al menor como a sus padres y al fiscal adscrito, en cuanto a los temas de la custodia y convivencia del infante. Asimismo, en la resolución reclamada, el Tribunal responsable hizo ver que la diligencia antes señalada (escuchar el parecer del menor) era enunciativa no limitativa; de tal manera que si el Juez de primer grado advertía la necesidad de desahogar diversas pruebas en beneficio del menor de edad, debía proceder a ello y hecho esto, dictar sentencia. De igual manera, la Sala responsable señaló que no obstaba para arribar a su conclusión, el hecho de que el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve se haya celebrado una audiencia en la que se dio intervención al menor de edad, asistido de un perito en psicología, a sus progenitores y al Ministerio Público, y que en esa diligencia, el perito en psicología expuso que el menor no estaba apto para la entrevista de convivencia; toda vez que dicha audiencia se celebró cuando el menor contaba con cinco años siete meses de edad y a la fecha del dictado de la resolución reclamada, contaba con seis años diez meses de edad; edad que la Sala responsable consideró adecuada para ser escuchado sobre la convivencia con sus padres, recabando la opinión del psicólogo. Así, en la determinación reclamada, la Sala responsable en forma acertada abordó en primer lugar y por razón de orden, el estudio de una violación procesal, pues al resultar ésta procedente, era innecesario el análisis de los agravios, en virtud de que la legalidad del procedimiento es una cuestión de orden público, cuyo examen debe hacerse de oficio; máxime, que la figura de reposición de procedimiento, se encuentra contemplada en el artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que faculta a la Sala responsable, a ordenarla cuando advierta una violación procesal, ello para dar seguridad jurídica a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II.3o.C. J/6 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, página 672, registro 184216, del rubro y texto siguiente: "APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Conforme al artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la apelación debe constreñirse a lo expuesto en los agravios planteados ante la Sala responsable. Sin embargo, tratándose de juicios en los que se controviertan derechos de niñas, niños y adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios deben examinar oficiosamente las constancias puestas a su consideración para poder determinar si se cumplió con ese alto principio de protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de la infancia, que constituye el principio fundamental establecido por el artículo 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del párrafo 6o. del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve." Así, como, por el criterio que la conforma, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 728, registro 211765, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. NO CAUSA PERJUICIO AL CODEMANDADO. Si ambos demandados apelaron la sentencia y uno de ellos expresó como agravios argumentos relativos a una violación procesal, fue correcto que la Sala responsable abordara en primer lugar y por razón de orden, el estudio de tal cuestión, porque de resultar procedente era innecesario el análisis de los demás agravios, independientemente de que se refieran a la personalidad del actor o a cuestiones de fondo, en virtud de que la legalidad del procedimiento es una cuestión de orden público cuyo examen debe hacerse de oficio; por otra parte, una vez reparada la violación procesal tendrá que dictarse nueva resolución y entonces las partes estarán en aptitud de alegar lo que a su interés convenga, por lo que la resolución que al efecto se dicte no causa perjuicio al codemandado." En consecuencia, la resolución reclamada no vulnera los derechos fundamentales aducidos en la demanda de amparo, y tampoco se advierte contravención a algún otro derecho reconocido en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. Por lo que, al haber resultado infundados los conceptos de violación, sin que se advierta motivo para suplir la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo al quejoso. SEXTO. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley de la materia. SÉPTIMO. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Federal, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Jeremy Alexander Martínez Esquinca, respecto del acto y autoridad, precisados en el considerando quinto de esta sentencia, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy ocho de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las trece horas con dos minutos del veintitrés de abril de dos mil veinte, para su verificativo. Notifíquese.
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