Jeremias Zarate Vasquez
Expediente 183/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jeremias Zarate Vasquez
Actuaciones
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. En atención al Acuerdo General 22/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto de la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se advierte que a partir de esta fecha (tres de agosto de dos mil veinte), se ordenó la reanudación de las actividades físicas en todos los órganos jurisdiccionales, así como la reanudación de los plazos y términos en todos los asuntos que en ellos se tramitan. Ahora bien, vista la certificación que antecede, toda vez que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra el auto dictado el diecisiete de junio de dos mil veinte, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio; por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integra de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y atendiendo a que se negó tanto la medida cautelar provisional como la definitiva, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando segundo de la interlocutoria de tres de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Atendiendo a la certificación que antecede, y en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la materia y 25 del aludido Acuerdo General, se instruye al actuario de la adscripción que vincule las notificaciones que deriven de este proveído en el expediente electrónico, a fin de que coincida en su totalidad, con el expediente físico y de fe de lo anterior en el expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase..
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintidós de octubre de dos mil veinte.********************Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que a la Actuaria adscrita a este Juzgado, no le fue posible notificar a la parte quejosa JEREMÍAS ZÁRATE VÁSQUEZ, el proveído de diecisiete de junio del año en curso, por los motivos expuestos. ******************** Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte por lista de acuerdos el citado auto, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto. ********************Notifíquese y cúmplase. INSERCIÓN: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecisiete de junio de dos mil veinte. Con apoyo en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se prové: Visto el estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad y turnado el diez siguiente a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, JEREMÍAS ZÁRATE VÁSQUEZ, solicitó el amparo y protección contra actos del 1. Director General de la Policía Vial Municipal de Oaxaca, 2. Director General de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, 3. Comisario de la Coordinación Estatal Interino de la Policía Federal en Oaxaca en Transición a la Guardia Nacional. Ahora bien, en proveído de once de febrero de dos mil veinte, previa admisión de la demanda se previno a la parte quejosa para que aclarara la denominación correcta de las autoridades señaladas como ejecutoras. Dando cumplimiento la parte quejosa en escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciocho de febrero de dos mil veinte; por lo que, previa ratificación de la firma estampada en dicho ocurso, se le tuvo aclarando la denominación correcta de las siguientes autoridades 4. Encargado o Comandante del Primer Turno en Operatividad de la Policía Vial Municipal de Oaxaca de Juárez, 5. Encargado del Segundo Turno en Operatividad de la Policía Vial Municipal de Oaxaca de Juárez, 6. Encargado o Comandante del Primer Turno en Operatividad de la Policía Vial del Estado, 7. Encargado o Comandante del Segundo Turno en Operatividad de la Policía Vial del Estado, 8. Encargado o Comandante de Operatividad adscrito al Primer Turno Nocturno de la Policía Vial del Estado, 9. Encargado o Comandante de Operatividad adscrito al Segundo Turno Nocturno de la Policía Vial Estatal, 10. Encargado del Primer Turno en Operatividad de la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional, 11. Encargado del Segundo Turno en Operatividad de la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional y, 12. Encargado del Tercer Turno en Operatividad de la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional; por lo que, el veinticinco de febrero del presente año, se admitió a trámite. Del contenido de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa reclama por parte de las autoridades responsables lo siguiente: a.- La orden de no permitir la circulación del vehículo de motor de servicio público de pasaje de mi propiedad en la ruta Oaxaca- chontecomatlan y viceversa, así como en puntos intermedios de dicha ruta. b.- La orden de detener el vehículo de mi propiedad, y retenerlo en el encierro a efecto de que no pueda circular y dar servicio de pasaje en la ruta referida. Ahora, de las constancias de autos se advierte que en auto de cuatro de junio del año en curso, se tuvo como autoridades inexistentes a las siguientes: 1. Director General de la Policía Vial Municipal de Oaxaca, 4. Encargado o Comandante del Primer Turno en Operatividad de la Policía Vial Municipal de Oaxaca de Juárez, 5. Encargado del Segundo Turno en Operatividad de la Policía Vial Municipal de Oaxaca de Juárez, 6. Encargado o Comandante del Primer Turno en Operatividad de la Policía Vial del Estado, 7. Encargado o Comandante del Segundo Turno en Operatividad de la Policía Vial del Estado, 8. Encargado o Comandante de Operatividad adscrito al Primer Turno Nocturno de la Policía Vial del Estado, 9. Encargado o Comandante de Operatividad adscrito al Segundo Turno Nocturno de la Policía Vial Estatal, 10. Encargado del Primer Turno en Operatividad de la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional, 11. Encargado del Segundo Turno en Operatividad de la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional y, 12. Encargado del Tercer Turno en Operatividad de la Policía Federal en Transición a la Guardia Nacional, por lo que no puede existir el acto de ellas reclamado. Asimismo, al rendir su informe justificado las restantes autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, tal como se indica en el siguiente recuadro ilustrativo: No. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME JUSTIFICADO 2 ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA VIAL DEL ESTADO DE OAXACA NIEGA 3 COMISARIO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL INTERINO DE LA POLICÍA FEDERAL EN OAXACA ENTRANSICIÓN A LA GUARDIA NACIONAL NIEGA Lo anterior pone de manifiesto que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". En efecto, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Se dice lo anterior, toda vez que el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquéllas encaminadas a justificar los datos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar dichas negativas, pues atendiendo al principio general del derecho que sostiene: el que afirma está obligado a probar, es decir, a allegar los medios de convicción suficientes para demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo, es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso por identidad de razón la jurisprudencia doscientos ochenta y cuatro, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y seis, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, materia común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cuatro minutos del dieciséis de julio de dos mil veinte. No es obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no se haya emplazado a la parte tercero interesado, en la razón de que el sentido de la sentencia no le para perjuicio. Se invoca en apoyo la diversa tesis 531 de la Primera Sala de la Suprema Corte, consultable en la página 531 del tomo VI, Séptima Época del Apéndice de 1995, de rubro y texto siguiente TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente una vez que este juzgado reanude sus actividades de manera física y cúmplase.
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