Jeremías Marquínez Castillo

Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
805/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Jeremías Marquínez Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo presentada por ******, por propio derecho, contra actos de del Fiscal Genera de Justica del Estado y Vicefiscal en investigación de Delitos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, por el cual remite la demanda de amparo promovida por ******. En atención al mismo, este juzgador se desiste en declinar competencia; por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado, se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del análisis integral de la demandada de amparo propuesta, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así, el texto del precepto legal transcrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, de esta Segunda Sala, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, en el caso, la improcedencia en estudio cobra vida jurídica en el sentido de que la parte quejosa destaca como acto reclamado a la autoridad responsable el siguiente: "IV.- Actos reclamados: De la autoridad ordenadora se relama la inactividad procesal dentro de la carpeta de investigación 12030270200037110117, que dio origen a la carpeta judicial número C- *****." Asimismo en los antecedentes de su acto reclamado manifiesta que: ".Fue judicializada dicha carpeta de investigación, solicitando la apertura de la carpeta judicial, misma que se radicó con el número *****, dentro de la cual, la Juez de control del Nuevo Sistema Penal acusatorio con jurisdicción en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco negó la orden de aprehensión conforme a derecho y justicia; sin embargo, al recurrir dicha negativa. revoca la negativa y libra la injustificada orden de captura en contra del suscrito como probable responsable del delito de Violación en agravio de la anciana de identidad reservada, con iniciales *****.; he presentado ante la Fiscalía General de Justicia de Estado, con data siete de junio del año en curso, una solicitud de sobreseimiento, para que la propia Fiscalía se desista de la acción penal, sin tener respuesta alguna hasta la presente fecha, en franca inactividad procesal." Acto reclamado, contra el cual procede en su contra, el recurso de queja previsto en los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" [.] Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." LO RESALTADO ES PROPIO De la anterior transcripción, se aprecia que en contra de la inactividad procesal dentro de la carpeta de investigación *****, que dio origen a la carpeta judicial número C*****, puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo; ya que basta con que en alguna ley formal y material, se prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, que en el caso, existe el medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 en cita, para que tenga que agotar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Dicho en otros términos, porque el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de acción constitucional los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, de ahí que este principio, encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que establece: "Época: Décima Época Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala Tipo de Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I. Materia(s): Común, Penal. Tesis: 1a./J. 28/2018 (10a.) Página: 943 SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En tales circunstancias, y al haberse establecido que el promovente de la acción constitucional tuvo como medio de defensa ordinario a su alcance el defensa innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, es indudable que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso artículo 113 de la propia ley. Es aplicable al caso, la tesis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Tomo XIII, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Fiscal Genera de Justica del Estado y Vicefiscal en investigación de Delitos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 805/2022 y fórmese expediente. INCOMPETENCIA Ahora, en principio, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y.". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En efecto, del estudio íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que en la especie la parte quejosa señala como acto reclamado: "De la autoridad ordenadora se relama la inactividad procesal dentro de la carpeta de investigación 12030270200037110117, que dio origen a la carpeta judicial número C-21/2017." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se declara incompetente. Ello, en virtud que el quejoso reclama la inactividad procesal dentro de la carpeta de investigación C-21/2017, al omitir dar respuesta a su escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidós, lo que se traduce en una omisión por parte de la responsable; asimismo en los antecedentes de su acto reclamado manifiesta que: ". Fue judicializada dicha carpeta de investigación, solicitando la apertura de la carpeta judicial, misma que se radicó con el número C-21/2017, dentro de la cual, la Juez de control del Nuevo Sistema Penal acusatorio con jurisdicción en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco negó la orden de aprehensión conforme a derecho y justicia; sin embargo, al recurrir dicha negativa. revoca la negativa y libra la injustificada orden de captura en contra del suscrito ." LO RESALTADO ES PROPIO Precisado lo anterior, se considera oportuno, en principio, realizar la siguiente acotación. Los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos 2. Negativos, y éstos a su vez en:  Actos negativos simples  Actos negativos con efectos positivos  Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones En primer lugar tenemos los actos positivos, que son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: I) Actos negativos simples; II) Actos negativos con efectos positivos; y, III) Actos negativos prohibitivos. Actos negativos simples son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Los actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa en relación con la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Por otra parte, los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Por último, los actos omisivos o abstenciones (como en el caso acontece) son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente. Precisada la naturaleza de los actos que pueden ser reclamados en el juicio de amparo, se estima que la omisión de dar contestación a un escrito en un proceso penal constituye un acto omisivo, pues el Juez de la causa tiene la obligación de proveer en breve plazo. Con base en lo anterior, tenemos que la omisión de resolver sobre el sobreseimiento solicitado por el aquí quejoso en su escrito de siete de junio de dos mil veintidós, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material. Ello en la medida que, con la omisión del Juez de origen de dar contestación en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Esto es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. Razón por la cual no puede afirmarse que la omisión de pronunciarse respecto a la solicitud formulada es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de dictar sentencia en el proceso penal no involucraría un "hacer", que es proveer lo más pronto posible. De esta manera llegamos a la conclusión de que la omisión de dar contestación al escrito presentado ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Tabares, en el proceso penal, si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que nos encontramos ante un acto omisivo con efectos positivos. En ese contexto, el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. El conocimiento de la demanda en este tipo de asuntos corresponde al Juez que ejerza su jurisdicción donde esté radicado el asunto, esto es, respecto aquel órgano jurisdiccional que ha omitido dictar la determinación correspondiente. Por lo anterior, es que se considera que el juzgador de amparo que debe conocer de la demanda en la que se señale como acto la omisión en el sistema penal, es el Juez de amparo cuya residencia se encuentre la autoridad que lleva el trámite procesal penal. Por tanto, el acto reclamado no tendrán ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero ejerce jurisdicción, toda vez que es el Juez de Control del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero, a quien le corresponde resolver sobre la petición formulada dentro de la carpeta judicial C-21/2017, por lo que debe inferirse que dentro de éste territorio no se tratará de ejecutarse el acto reclamado. Por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la Ley de la Materia, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, con sede en Acapulco, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en el domicilio de la autoridad que llevará a cabo la ejecución, ello de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos y de los juzgados de distrito, que en lo que interesa dice: "ACUERDO General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.] PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta. De manera que, del dispositivo legal transcrito, así como del análisis íntegro del acto reclamado en la demanda de amparo, se pone de manifiesto la notoria incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la misma, pues como ya se dijo con anterioridad es evidente que el acto reclamado no conlleva ejecución material alguna que deba cumplirse, o se haya cumplido dentro del ámbito jurisdiccional del suscrito juzgador, sino en la ciudad de Acapulco, Guerrero, donde este órgano federal carece de competencia legal de acuerdo al ámbito territorial de jurisdicción. La anterior conclusión cumple con el propósito que el legislador tuvo al establecer reglas de competencia, pues él mismo buscó facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiera disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de datos, rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023548 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 24/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873 Tipo: Jurisprudencia OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Lo que, sin lugar a dudas, se resguarda que el juez de amparo competente para conocer de la demanda, es aquel que ejerce jurisdicción en el lugar que radica la autoridad ejecutora del acto reclamado. En consecuencia, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el original del presente juicio y copias de la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, con sede en Acapulco, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del juicio principal. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que al efecto indica en su demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que relaciona, por no contar con cédula registrada en el sistema, de conformidad con la certificación secretarial de cuenta. MEDIO ALTERNATIVO DE CONTACTO. La parte quejosa señala correo electrónico y números de teléfono celular; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones a la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por otra parte, en acatamiento al artículo 22º del Acuerdo Genera 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y estimarlo pertinente transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

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