Jeremías López Naranjo
Expediente 687/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/09/2022
Partes del expediente
- Jeremías López Naranjo
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Jeremías López Naranjo, contra actos del Juzgado Segundo Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 687/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base de presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, que consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En ese tenor, el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, establece: "Artículo 88. Las resoluciones son: I. Determinaciones de mero trámite, que se llaman decretos; II. Decisiones que determinan sobre materia que no sea de puro trámite, y se llaman autos; III. Decisiones que resuelvan un incidente, y se llaman sentencias interlocutorias; IV. Sentencias definitivas, que resuelven el asunto principal." El precepto legal transcrito prevé los diferentes tipos de resoluciones que pueden emitirse en un juicio civil, a saber, decretos, autos, interlocutorias y sentencias definitivas. Asimismo, el ordenamiento legal en comento, prevé la existencia de tres recursos para impugnar las determinaciones, decisiones y sentencias definitivas que se emitan en los juicios civiles, a saber, revocación, apelación y reclamación. En esa medida, el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de revocación, a saber: "Artículo 794. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta." Mientras que los artículos 805, 806, 807 y 836 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regulan la procedencia del recurso de apelación, a saber: "Artículo 805. Las sentencias definitivas son apelables en ambos efectos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. Artículo 806. Los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, y cuando la ley lo dispone. Artículo 807. Es gravamen irreparable el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Artículo 836. Son aplicables a las apelaciones las reglas del juicio ordinario, en lo que no esté previsto por las disposiciones de este Capítulo". Finalmente, el artículo 837 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de reclamación, a saber: "Artículo 837. Se llama reclamación el recurso que se interpone para que la Sala Civil confirme, reforme o revoque, las resoluciones dictadas por su presidente." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, contra los autos que no sean apelables, procede el recurso de revocación. Asimismo, que los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable; y cuando la ley lo dispone De igual forma, que el "gravamen irreparable" se presenta cuando el daño no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. En el caso que nos ocupa, del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario de guarda y custodia 554/2021-2022/2F-II, que decretó que la guarda y custodia provisional de la infante D.P.L.O, estaría a cargo de Mayra Fabiola Ocaña Mollinedo, conservando ambos padres la patria potestad de conformidad con el artículo 439 del Código Civil del Estado de Campeche. Sentado lo anterior, para este juzgador el acuerdo impugnado por el quejoso, es un auto de los previstos en la fracción II del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, esto es, se trata de una resolución que determina sobre la materia que no es de mero trámite, por lo que puede apelarse, situación que relacionada con el artículo 806 del propio ordenamiento, podrá apelarse siempre y cuando tenga fuerza de definitivos o causen gravamen irreparable, y cuando así lo dispone la ley. Por otro lado, el artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, prevé el concepto de gravamen irreparable, estableciendo que es el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente; por lo que sostiene que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Bajo ese contexto, el acuerdo reclamado tiene fuerza definitiva y causa un gravamen irreparable, en razón de que el daño que provoca la determinación que la guarda y custodia provisional de la infante de iniciales D.P.L.O., estará a cargo de su progenitora Mayra Fabiola Ocaña Mollinedo, conservando ambos padres la patria potestad, por lo que el aquí quejoso deberá entregar a dicha menor a su progenitora, no podrá ser resarcido al dictarse la resolución que resuelva el juicio sumario de guarda y custodia, pues el que uno de los cónyuges deje de tener contacto directo y constante con su hija, no puede ser remediado en la sentencia definitiva que se dicte, ya que el daño se causa de inmediato, en forma irreparable, al suspenderse el trato en la relación paterno-filial. Por ende, el acuerdo reclamado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. Bajo ese contexto, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario de guarda y custodia 554/2021-2022/2F-II, por el Juzgado Segundo Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Es así, porque la interposición del aludido medio de impugnación tiene como finalidad que el tribunal de segunda instancia confirme, reforme o modifique la determinación del juez de origen, en términos del artículo 800, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. No pasa inadvertido, que en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, se establecen los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin embargo, el acto reclamado por el quejoso, no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, el directo quejoso no tiene el carácter de persona extraña a este procedimiento civil, por el contrario, tiene la calidad de parte. Asimismo, no se trata de un auto de vinculación a proceso. Finalmente, la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamentación es insuficiente para determinarla, pues basta atender a la literalidad del artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, para establecer con claridad su procedencia. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jeremías López Naranjo. AUTORIZADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Marveli Cano Reyes y Juan Torres Méndez, pues de la certificación de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado calle 53, número 39, entre la 74 y 76, colonia Obrera, Ciudad del Carmen, Campeche. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA.Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO JEREMIAS LÓPEZ NARANJO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Jeremías López Naranjo, contra actos del Juzgado Segundo Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 687/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base de presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito establece el principio de definitividad, que consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En ese tenor, el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, establece: "Artículo 88. Las resoluciones son: I. Determinaciones de mero trámite, que se llaman decretos; II. Decisiones que determinan sobre materia que no sea de puro trámite, y se llaman autos; III. Decisiones que resuelvan un incidente, y se llaman sentencias interlocutorias; IV. Sentencias definitivas, que resuelven el asunto principal." El precepto legal transcrito prevé los diferentes tipos de resoluciones que pueden emitirse en un juicio civil, a saber, decretos, autos, interlocutorias y sentencias definitivas. Asimismo, el ordenamiento legal en comento, prevé la existencia de tres recursos para impugnar las determinaciones, decisiones y sentencias definitivas que se emitan en los juicios civiles, a saber, revocación, apelación y reclamación. En esa medida, el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de revocación, a saber: "Artículo 794. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta." Mientras que los artículos 805, 806, 807 y 836 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, regulan la procedencia del recurso de apelación, a saber: "Artículo 805. Las sentencias definitivas son apelables en ambos efectos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. Artículo 806. Los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, y cuando la ley lo dispone. Artículo 807. Es gravamen irreparable el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Artículo 836. Son aplicables a las apelaciones las reglas del juicio ordinario, en lo que no esté previsto por las disposiciones de este Capítulo". Finalmente, el artículo 837 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, regula la procedencia del recurso de reclamación, a saber: "Artículo 837. Se llama reclamación el recurso que se interpone para que la Sala Civil confirme, reforme o revoque, las resoluciones dictadas por su presidente." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, contra los autos que no sean apelables, procede el recurso de revocación. Asimismo, que los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable; y cuando la ley lo dispone De igual forma, que el "gravamen irreparable" se presenta cuando el daño no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. En el caso que nos ocupa, del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario de guarda y custodia 554/2021-2022/2F-II, que decretó que la guarda y custodia provisional de la infante D.P.L.O, estaría a cargo de Mayra Fabiola Ocaña Mollinedo, conservando ambos padres la patria potestad de conformidad con el artículo 439 del Código Civil del Estado de Campeche. Sentado lo anterior, para este juzgador el acuerdo impugnado por el quejoso, es un auto de los previstos en la fracción II del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, esto es, se trata de una resolución que determina sobre la materia que no es de mero trámite, por lo que puede apelarse, situación que relacionada con el artículo 806 del propio ordenamiento, podrá apelarse siempre y cuando tenga fuerza de definitivos o causen gravamen irreparable, y cuando así lo dispone la ley. Por otro lado, el artículo 807 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, prevé el concepto de gravamen irreparable, estableciendo que es el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente; por lo que sostiene que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva. Bajo ese contexto, el acuerdo reclamado tiene fuerza definitiva y causa un gravamen irreparable, en razón de que el daño que provoca la determinación que la guarda y custodia provisional de la infante de iniciales D.P.L.O., estará a cargo de su progenitora Mayra Fabiola Ocaña Mollinedo, conservando ambos padres la patria potestad, por lo que el aquí quejoso deberá entregar a dicha menor a su progenitora, no podrá ser resarcido al dictarse la resolución que resuelva el juicio sumario de guarda y custodia, pues el que uno de los cónyuges deje de tener contacto directo y constante con su hija, no puede ser remediado en la sentencia definitiva que se dicte, ya que el daño se causa de inmediato, en forma irreparable, al suspenderse el trato en la relación paterno-filial. Por ende, el acuerdo reclamado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. Bajo ese contexto, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario de guarda y custodia 554/2021-2022/2F-II, por el Juzgado Segundo Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Es así, porque la interposición del aludido medio de impugnación tiene como finalidad que el tribunal de segunda instancia confirme, reforme o modifique la determinación del juez de origen, en términos del artículo 800, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche. No pasa inadvertido, que en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, se establecen los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; sin embargo, el acto reclamado por el quejoso, no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, el directo quejoso no tiene el carácter de persona extraña a este procedimiento civil, por el contrario, tiene la calidad de parte. Asimismo, no se trata de un auto de vinculación a proceso. Finalmente, la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamentación es insuficiente para determinarla, pues basta atender a la literalidad del artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Campeche, para establecer con claridad su procedencia. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jeremías López Naranjo. AUTORIZADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Marveli Cano Reyes y Juan Torres Méndez, pues de la certificación de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado calle 53, número 39, entre la 74 y 76, colonia Obrera, Ciudad del Carmen, Campeche. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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