Jeremías de Jesús Moreno López

Expediente 236/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
236/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Jeremías de Jesús Moreno López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 28636/2022, de dieciocho de octubre del año en curso, a través del cual se hizo de su conocimiento la sentencia emitida en esa fecha. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de octubre del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por la otra, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el presente juicio no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General, toda vez que en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por la otra, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera la Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales; devuélvase las mismas a su lugar de origen.

  3. Principal

    ....SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, en relación con b) la omisión de decretar un régimen de convivencia provisional entre el aquí quejoso y el menor de edad involucrado en el juicio ordinario civil de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de dicha omisión. El artículo y la fracción invocada establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, De la exégesis del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; o bien, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exija. Ahora, como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que con posterioridad al veintitrés de junio de dos mil veintidós, fecha en que se instó la acción constitucional por lo que a la referida omisión se refiere, específicamente el veintisiete de septiembre de este año, la juez responsable estableció un régimen de convivencia provisional entre el aquí quejoso, Jeremías de Jesús Moreno López y su menor hijo de iniciales E.J.M.T., a llevarse a cabo los días sábados y domingos de cada quince días, en un horario de las once a las dieciocho horas, debiendo recoger el progenitor a dicho menor en el domicilio que ésta habita y reintegrarlo en la hora indicada. Lo que se constata con la copia certificada del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, remitida por la juez responsable a través del oficio 07505 (fojas 77 a 79 del juicio); documental que adquiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, por tratarse de un documento público expedido por funcionaria en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. De ello deriva que los efectos de la omisión reclamada han sido revocados, lo que implica que tales efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. .... Al no existir diversa causa de improcedencia alegada por las partes por lo que respecta al diverso acto reclamado, y no advertir la suscrita, de oficio, que se actualice alguna, procede analizar su constitucionalidad. SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado consistente en a) la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio natural. Son ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor. En primer término, para la mejor comprensión de este asunto, es pertinente citar el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que prevé la existencia del recurso de reclamación con motivo del cual se emitió el acto reclamado, el cual establece: Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario". El precepto transcrito señala que cuando se reclamen alimentos el Juez podrá, en el auto en que se admite la demanda, cuando exista petición de parte y atendiendo a las circunstancias del caso, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o parentesco con el deudor alimentista, y tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho. Asimismo, que cualquier reclamación sobre la fijación de la aludida pensión se podrá formular dentro del escrito de contestación de la demanda, en donde el inconforme podrá exhibir los documentos que considere necesarios para acreditar los extremos de su reclamación, corriéndose vista a la contraria del reclamante, resolviéndose dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieran aportado. Por tanto, es válido sostener que el medio de defensa previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, tiene como objetivo únicamente equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el juez natural, sin cuestionar aspectos relativos a la procedencia de los alimentos reclamados, esto es, aspectos de fondo propios del estudio de la acción principal intentada. Esta última afirmación encuentra sustento en lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 108/2004-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 9/2005, publicada en la página 153, del tomo XXI, correspondiente al mes de marzo de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). ... Así como en la diversa 1a./J. 50/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 110, del Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETÓ COMO CONSECUENCIA DE UNA RELACIÓN CONCUBINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Por los motivos sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 108/2004-PS, de la cual derivó la tesis 1a./J. 9/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 153, con el rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).... En tales criterios la Sala de referencia determinó que tomando en cuenta la finalidad de la pensión alimenticia, que es proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos para pedir su cancelación o cesación. La anterior postura en torno a lo que debe ser materia de análisis al resolver la reclamación que prevé el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz (cuestiones relativas a la proporcionalidad del porcentaje o monto fijado y no aspectos de fondo de la acción intentada), también ha sido sustentada por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito. Así es, este último, en relación precisamente con lo que debe ser materia de la reclamación interpuesta contra la pensión alimenticia provisional fijada a cargo de los ascendientes de un menor emitió la jurisprudencia por contradicción PC.VII.C. J/4 C, consultable en la página 2148, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, NO PUEDE REDUCIRSE AL MÍNIMO DICHA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ABUELO NO TIENE LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 9/2005, determinó que la reclamación a que se refiere el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, interpuesta contra el auto que fija la pensión alimenticia de manera provisional, no puede tener el alcance de cancelarla porque el tiempo con que cuenta el Juez para valorar todo el material probatorio para resolver sobre el derecho del acreedor alimentario es insuficiente, y un error en ese contexto equivaldría a privar a este último de los medios indispensables para la vida, violando con ello los principios elementales de humanidad, al suspender indebidamente la pensión alimenticia provisional, con el consiguiente perjuicio al dejársele de satisfacer una necesidad que por su naturaleza, es de inaplazable atención. En ese sentido, en la interlocutoria que decide la reclamación prevista en el artículo referido no puede reducirse al mínimo la pensión alimenticia provisional, bajo el argumento de que el abuelo acreditó que no tiene la obligación subsidiaria de proporcionar alimentos a su nieto, porque ello implicaría, desde ese momento, desconocer el derecho alimentario que hace valer, lo que no puede decidirse en dicho medio de defensa, dada la celeridad con la que se tramita, en el que el juzgador difícilmente podrá contar con el material probatorio suficiente para decidir precisamente ese derecho que el demandante aduce tener, quien incluso podría demostrarlo durante el juicio. Por ello, se colige que la materia de la reclamación se constriñe a examinar exclusivamente la proporcionalidad de la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente por el juzgador, que es integrada por los elementos consistentes en la posibilidad del deudor alimentista y la necesidad del acreedor alimentario". Hechas estas precisiones, se tiene que es fundado pero inoperante el motivo de disenso en el que se aduce lo siguiente: - Que no se cumplieron los plazos para que la autoridad resolviera la reclamación, lo cual debe ser en el término de tres días, y pasaron meses para que se resolviera, lo que -dice- lo dejó en estado de indefensión. Asiste razón al peticionario, pues de la revisión del sumario natural se advierte que la autoridad responsable resolvió la reclamación interpuesta con posterioridad al término de tres días que establece el párrafo tercero, del artículo 210, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; sin embargo, tal inconformidad es inoperante, en la medida de que, en primer lugar, de concederse el amparo con motivo de dicho vicio, la consecuencia sería la emisión de una nueva resolución, la cual, de suyo, también se emitiría fuera del término de tres días; en segundo lugar, no existe la posibilidad de retrotraer el tiempo al momento en el que debió resolverse la reclamación, por lo que se considera que la violación a dicha formalidad quedó consumada irreparablemente desde el momento en que se dictó el acto que aquí se reclama. De ahí lo inoperante del concepto de violación de trato. Por otra parte, es infundada la inconformidad en la que se sostiene: Que los meses en los que la autoridad responsable tardó en resolver la reclamación, los hubiera ocupado en términos del artículo 242 Quater del Código Civil del Estado, para recabar los informes necesarios para poderse allegar pruebas para conocer las capacidades económicas del deudor, porque así lo establece el referido precepto. Carece de razón el impetrante, toda vez que, como se señaló en líneas precedentes, del párrafo tercero del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, que rige la reclamación, se advierte que ésta debe ser resuelta dentro del término de tres días, para lo cual el juzgador debe tomar en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverse el juicio, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que la autoridad valore otros medios de convicción respecto de los cuales se requiera para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de informes o la ratificación de documentos; lo que encuentra justificación en la naturaleza sumarísima de dicho medio de impugnación corroborada con la prontitud con la que debe resolverse. Ahora, si bien el artículo 242 Quater del Código Civil del Estado de Veracruz, establece la obligación a cargo del órgano jurisdiccional de allegarse las pruebas necesarias para conocer la capacidad económica de los deudores alimentistas; dicha disposición normativa es aplicable a la solución de la controversia en lo principal, pero no al trámite de la reclamación, el cual se rige por una norma especial, como es el pluricitado artículo 210 de ese mismo ordenamiento; máxime que, concluir lo contrario, y obligar al juzgador a que durante la substanciación de dicho medio de impugnación el realice una investigación oficiosa a efecto de determinar la capacidad económica del deudor alimentario, sería contrario a su naturaleza sumaria. De ahí lo infundado del motivo de disenso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 775, Tomo XXII, Noviembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).... Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver. Por otra parte, son ineficaces los conceptos de violación que se sintetizarán a continuación, mismos que, dada su estrecha vinculación, serán analizados conjuntamente como lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo, a saber: Que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación, puesto que para justificar el veinte por ciento (20%) de la pensión alimenticia provisional que se le tiene que dar a la tercero interesada es (SIC) en función de los artículos 100, 240 y 345, del Código Civil del Estado de Veracruz, los que -sostiene- se advierte que no se refieren a la materia de que se trata. Afirma lo anterior con base en lo siguiente: a) El artículo 100 refiere "que el sostenimiento del hogar se distribuirá la carga (SIC) en la forma y proporción que acuerden para este efecto según sus posibilidades"; esto -dice- es en relación con los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio y en el caso el quejoso y la tercero interesada no han llegado a un acuerdo con respecto al sostenimiento del hogar. Que en ese mismo artículo se reconoce como aportación económica "el trabajo que realicen en el hogar", sin embargo -afirma- en la contestación de demanda se precisaron las razones de por qué no se había justificado la existencia de un concubinato e incluso se hizo mención de que si bien tienen un hijo en común eso no significa que haya existido una relación de concubinato. Manifiesta que el que la responsable haya ocupado como fundamento el artículo 100 del Código Civil del Estado de Veracruz, respecto de reconocer el trabajo que se realiza en el hogar es indebido, porque para que esto proceda tuvo que existir un hogar como centro de convivencia entre la tercero interesada y el aquí quejoso, lo que -señala- no se advierte en autos que se haya acreditado, sino solo el dicho de aquélla. b) Que el artículo 240 del Código Civil del Estado establece la obligación de dar alimentos, haciendo mención que si el acreedor se opone a ser incorporado a la familia, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos; que de las pruebas que fueron ofrecidas al interponer la reclamación se puede observar que se realizaron varios depósitos a la tercero interesada (madre del menor) para que construyera una casa y darle mejor calidad de vida al menor, siendo para ello adquirió dos préstamos que al día de hoy sigue pagando. c) Que la autoridad responsable se refiere al artículo 345 del Código Civil, el cual señala "el otro estará obligado a colaborar en su alimentación y a conservar los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor conforme a las modalidades previstas en el convenio o la resolución judicial", cuando en el caso la resolución reclamada no establece las modalidades de convivencia, por lo que es omisa la autoridad, siendo que debió acatar lo establecido en dicho precepto y establecer oficiosamente la convivencia. Sostiene que el referido artículo no es parcialmente aplicable al asunto, porque este fundamento lo utiliza la autoridad responsable para justificar el por qué se queda el veinte por ciento (20%) de pensión alimenticia provisional para la tercero interesada, cuando ésta no acreditó la existencia de un concubinato o las razones por las cuales se le tenga que dar una pensión provisional y mucho menos definitiva. - Que la resolución reclamada carece de motivación porque el criterio de la responsable obedece a los de la pensión compensatoria; que se debió analizar que la tercero interesada y el peticionario nunca hicieron vida en familia, y que el solo hecho de haber señalado la tercero interesada que vivieron en concubinato no es motivo para revertir la carga de la prueba o que pueda ser utilizada la presunción de referencia a las labores del hogar; sin embargo -sostieneel criterio está encaminado al tratamiento de una pensión 10/10/23 17:44:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.39.2b CARLOS EDUARDO VEGA GONZÁLEZ compensatoria, pues ésta obedece a figuras jurídicas que responden a supuestos distintos y, en el caso, la autoridad se limitó a lo dicho por la tercero interesada, sin conocer las responsabilidades económicas del aquí quejoso. - Que el juez no valoró correctamente las pruebas ofrecidas por el quejoso, haciendo referencia a que ello lo hacía de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y cuya valoración la hizo de forma indiciaria; sin embargo -sostiene- de conformidad con el párrafo segundo de dicho precepto se establece una carga probatoria a la tercero interesada, ya que establece "cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas o tratándose de concubinato", lo que - afirma- no fue debidamente acreditado por la tercero interesada. - El quejoso reitera que el juez responsable, en la resolución reclamada, omitió pronunciarse respecto de la convivencia de conformidad con el artículo 345 del Código Civil del Estado que ella misma citó; que debió considerar en el contexto todo lo que se menciona en la contestación de demanda para fijar la convivencia provisional del quejoso con su menor hijo, porque entonces la resolución está incompleta y no cumple con los alcances para preservar el interés superior del menor como deriva del artículo 4 constitucional; que el menor no sólo tiene el derecho a alimentos sino también a la convivencia con sus padres y en eso fue omisa la autoridad. Como se adelantó, las anteriores inconformidades son ineficaces por las razones siguientes: En primer término, es inexacto que el acto reclamado se encuentre indebidamente fundado, por haber invocado la autoridad responsable los artículos 100, 240 y 245, del Código Civil del Estado; los cuales, contrario a lo sostenido por el impetrante, sí se refieren a la materia de los alimentos. En efecto, tales artículos disponen: 236/2022 "Artículo 100. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la Ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Se reconocerá como aportación económica el trabajo que realicen en el hogar". "Artículo 240. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos". "Artículo 345. En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el juez resolverá lo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles. En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo el cuidado y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o la resolución judicial. (.)". Los preceptos transcritos, en el orden en que fueron citados y en lo medular, establecen: que los cónyuges deben contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y la de sus hijos; que el obligado a dar alimentos puede cumplir con dicha obligación asignando una pensión al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia; y, finalmente, que en caso de separación de quienes ejerzan la patria potestad, ambos deben continuar con el cumplimiento de sus deberes, así como que en dicho supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará bajo 10/10/23 17:44:05 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.39.2b CARLOS EDUARDO VEGA GONZÁLEZ el cuidado y atenciones de uno de ellos, en tanto el otro estará obligado a colaborar en su alimentación. De ahí que sea correcto que la juez responsable haya considerado que la actora (tercero interesada) cumplía con su carga alimentaria conforme a dichos preceptos, al sostener que de la (foja 123 del tomo de pruebas): "(.) interpretación gramatical, sistemática y teleológica se colige que ambos padres tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos menores de edad de manera proporcional, en función de las necesidades alimentarias de los acreedores alimentarios y las posibilidades de los deudores, y que los alimentos se pueden dar asignando una pensión alimenticia o incorporando al acreedor alimentario a la familia, es decir, cuidándolo y dándole lo necesario para cubrir sus necesidades alimentarias de comida, vestido, asistencia médica en caso de enfermedad y los gastos de educación, recreación, esparcimiento y juego (.)". En segundo lugar, es ineficaz para alcanzar la concesión del amparo, lo manifestado por el quejoso en el sentido de que con las pruebas ofrecidas al interponer la reclamación acreditó que realizó varios depósitos a la tercero interesada (madre de la menor) para que construyera una casa y darle mejor calidad de vida al menor, y que para ello adquirió dos préstamos que aún sigue pagando. En efecto, si bien el impetrante al interponer su reclamación en el juicio natural exhibió: siete estados de cuenta bancarios a nombre de Jeremías de Jesús Moreno López, expedidos por "Banjército", correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de dos mil veintiuno, de los que puede concluirse que el deudor alimentario realizó diversas transferencias bancarias a la tercero interesada (fojas 60 a 81 ídem); y catorce tickets de depósito por diferentes cantidades y de distintas fechas, realizados en favor de Danya Jacqueline Torres Soriano, expedidos por "BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple" (fojas 84 a 91 ídem); el cumplimiento voluntario del deudor no constituye un motivo válido para regraduar la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inicio. Lo anterior, toda vez que los acreedores alimentarios requieren tener certeza respecto del cumplimiento constante y oportuno de los alimentos que requieren para subsistir, por lo que su satisfacción no puede quedar a la voluntad del deudor. Así es, la obligación de dar alimentos es de tracto sucesivo, pues la necesidad de recibirlos surge de momento a momento, por lo que su cumplimiento no puede quedar al arbitrio del deudor alimentario, sino que debe ser fijado por el órgano jurisdiccional; además, ese cumplimiento voluntario no garantiza que en lo futuro el deudor continuará satisfaciendo las necesidades alimentarias de sus acreedores. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.3o.C.42, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1630, del tomo XX, correspondiente al mes de julio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE QUIEN DEBE PROPORCIONARLOS NO CONSTITUYE PRUEBA FEHACIENTE EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, QUE JUSTIFIQUE LA REDUCCIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL DECRETADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme a lo establecido por el artículo 239 del Código Civil del Estado "Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.". De acuerdo con dicho precepto, el deudor debe otorgar alimentos a sus acreedores, abarcando todos los aspectos que comprenden ese concepto en los términos indicados, en consecuencia, la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlos no constituye la prueba idónea en el recurso de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, por ser una obligación de tracto sucesivo, en cuanto a que la necesidad de recibirlos surge de momento a momento, por lo que su cumplimiento no puede sujetarse al arbitrio del deudor, sino que debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, más aún si tal reducción se funda en que éste demostró que lo que proporciona voluntariamente satisface parcialmente los alimentos exigidos, y se le demandan, precisamente, porque los que suministra en forma espontánea resultan insuficientes; de ahí que todo ello no constituye prueba fehaciente para su reducción". En esa guisa, si bien el peticionario al interponer la reclamación ofreció como prueba un pagaré de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por la cantidad de $104,371.89 (ciento cuatro mil trescientos setenta y un pesos 89/100 M.N.), suscrito por Jeremías de Jesús Moreno López, en favor del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, y anexos (fojas 52 a 59 del tomo de pruebas); de los que se advierte que en dicha fecha contrajo un adeudo (y no dos como lo afirma el quejoso) por el monto indicado con la referida institución de crédito, en el sumario natural no existe un solo medio de prueba que indique que tal cantidad fue destinada a construir una casa para su menor hijo y tampoco que la totalidad del referido préstamo haya sido destinado a satisfacer las necesidades alimentarias de los terceros interesados. En tercer término, es inoperante lo alegado en el sentido de que la juez responsable omitió establecer oficiosamente un régimen de convivencia de conformidad con el artículo 345 del Código Civil del Estado, pues como se vio en el considerando anterior, el veintisiete de septiembre de esta anualidad, dicha autoridad estableció un régimen de convivencia provisional entre el quejoso y el menor de edad involucrado. Luego, la transgresión que pudo haber representado dicha omisión ha cesado en sus efectos. Por último, son ineficaces los restantes argumentos, los cuales se sustentan en la inexistencia o no acreditación de la relación de concubinato entre el impetrante y la tercero interesada, Danya Jacqueline Torres Soriano; toda vez que se trata de un aspecto relativo a la procedencia de la acción de alimentos intentada, esto es, es un tema de fondo propio de la acción principal cuyo análisis deberá realizarse al dictar la sentencia que resuelva el juicio. Así es, de la interpretación del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, realizada al inicio de este considerando, así como de la naturaleza propia de la reclamación regulada en dicha disposición normativa, cuyo objetivo se reduce a equilibrar la cantidad o porcentaje que como pensión alimenticia provisional decretó el juzgador, se obtiene que, en el caso concreto, la existencia o inexistencia de la relación de concubinato entre el quejoso y Danya Jacqueline Torres Soriano, constituye un elemento de la acción de pago de alimentos que ésta ejerció y que, por ende, su análisis deberá emprenderse, en su caso, al dictarse la sentencia definitiva que resuelva el juicio de origen, pero no en la interlocutoria que resuelve la reclamación. De ahí la ineficacia de los motivos de inconformidad expuestos. Por otra parte, es ineficaz el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce que: - El juez responsable justifica que la tercero interesada está siendo protegida por el órgano jurisdiccional atendiendo a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres que asumen un rol de género al interior de la familia con su trabajo en el hogar que no está remunerado, fundamentándolo en el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual - señala- nada tiene que ver con el trabajo remunerado dentro del hogar, porque dicho precepto habla de las pruebas que hubieren de practicarse fuera del Estado. Que además, la tercero interesada no justificó cuáles labores del hogar realizaba, lo que -aduce- es un requisito indispensable en el que no aplica la suplencia por deficiencia de la queja, por lo que -reitera- tuvo que haber acreditado que se dedicaba a las labores del hogar. Al respecto, es fundado lo afirmado por el inconforme en el sentido de que el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, nada tiene que ver con el trabajo en el hogar, pues se refiere al término extraordinario que se otorga a las partes tratándose de pruebas que deben practicarse fuera del Estado; sin embargo, el contexto en el que la responsable invocó dicho precepto permite concluir que su cita obedeció a un error meramente mecanográfico, y que la disposición normativa a la que quiso referirse es al artículo 242 Bis del Código Civil del Estado, el cual establece: "Artículo 242 BIS. Las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad que lo requieran o en estado de interdicción, la concubina o el concubinario, la o el cónyuge que se dedique preponderantemente al hogar y las personas mayores gozan de la presunción de necesitar alimentos, de conformidad con los hechos narrados en la demanda. En el caso de alimentos, el órgano jurisdiccional deberá actuar con la debida diligencia para determinar de manera pronta y expedita los mismos, siendo que, en caso de incumplimiento en la determinación de la pensión alimenticia de menores de edad, de personas con discapacidad que lo requieran o en estado de interdicción, de la concubina o del concubinario y de la o del cónyuge que se dedique preponderantemente al hogar, incurrirá en responsabilidad civil". El artículo transcrito, en lo que aquí trasciende, establece que la concubina o el concubinario que se dedique preponderantemente al hogar, goza de la presunción de necesitar alimentos. Por su parte, la juez responsable, al invocar el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles, refirió interpretarlo en los términos siguientes (foja 122 reverso del tomo de pruebas): "(.) Ahora bien, por cuanto hace a la necesidad de percibir alimentos de la actora DANYA JACQUELINE TORRES SORIANO, el artículo 242 (SIC) Código de Procedimientos Civiles (SIC), protege la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es decir, protege a las mujeres que asumen un rol de género al interior de la familia con su trabajo del hogar, que no es remunerado, independientemente de si desempeñan o no otro trabajo remunerado puedan desempeñarlo o si sólo se dedican a las labores del hogar en beneficio de la familia, pues a criterio de este Tribunal el trabajo del hogar también es una actividad económica que aporta riqueza y bienestar para la familia, conforme a la interpretación teleológica y conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 100 del Código Civil del Estado de Veracruz, acorde a la protección del derecho fundamental de igualdad y no discriminación, pues no reconocerlo de esa manera será hacer invisible el trabajo que la mujer generalmente desarrolla en el hogar asumiendo un rol de género por el que dedica más tiempo a las labores domésticas y cuidado de los hijos que el hombre, sacrificando tiempo por el bienestar de la familia y con ello costos de oportunidad para desarrollar un trabajo remunerado que le permita obtener bienes para subvenir a sus necesidades alimentarias y tener un mejor nivel de vida durante la vida en pareja (matrimonio, concubinato, sociedad en convivencia o pareja de hecho establece coexistente con el matrimonio) como después de la separación. (.)". De ello deriva que, atendiendo a la interpretación y el razonamiento empleado por la responsable, el precepto que pretendió citar es el 242 Bis del Código Civil del Estado, y fue por mero error que asentó el 242 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Con todo, la aludida imprecisión es insuficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, pues ello a nada práctico conduciría, en la medida de que es evidente que la juez natural, una vez que deba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se concretará a citar correctamente el artículo 242 Bis del Código Civil del Estado, lo que en forma alguna variará el sentido de la resolución que se reclama. Por lo que respecta a lo alegado por el quejoso en el sentido de que la tercero interesada no justificó cuáles labores del hogar realizaba; basta decir que la sola manifestación de haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar, es suficiente para generar la presunción de que la acreedora alimentaria de mérito necesita los alimentos, como puede advertirse del párrafo primero del supratranscrito artículo 242 Bis del Código Civil del Estado. En el entendido de que, en todo caso correspondía al aquí quejoso, en tanto reclamante, desvirtuar dicha presunción, acreditando, por ejemplo: que la tercero interesada labora y percibe ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias; lo que no hizo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 6/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 619, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias". De ahí lo ineficaz de la inconformidad de trato. En esa línea, es infundado el concepto de violación en el que la parte quejosa sostiene: - Que la autoridad responsable menciona que la tercero interesada, al tener bajo su cuidado al hijo que procrearon ésta y el quejoso, cumple con su carga alimentaria, pero es aquí -dice el peticionario- donde existe una contradicción que atenta contra el artículo 16 constitucional porque atendiendo al principio de proporcionalidad, si efectivamente la tercero interesada está cumpliendo con su parte de la carga alimentaria al tener a su hijo bajo su custodia, por qué razón -refiere- le tendría que dar una pensión alimenticia provisional, cuando aparte le está proporcionando una pensión a su hijo, ya que -dicefinalmente también es su responsabilidad contribuir con la manutención del menor y lo hace al tenerlo bajo su custodia, -insiste- cómo se justifica la necesidad de esa pensión provisional; que ahí que se viole el principio de proporcionalidad. Carece de razón el inconforme, pues, contra lo que alega, el hecho de que al emitir la resolución reclamada la juez natural haya tenido por justificada, por parte de la tercero interesada, Danya Jacqueline Torres Soriano, la presunción de necesitar los alimentos, y a su vez haya señalado que por tener esta última a su cuidado al menor de iniciales E.J.M.T, cumple con su carga alimentaria; no implica contradicción alguna, pues la circunstancia de que la antes nombrada tenga a su cuidado a su menor hijo (lo cual constituye una forma de contribuir a su alimentación), no desvirtúa la presunción que tiene aquélla de necesitar los alimentos, derivado de que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar. De ahí que sea inexacto lo alegado. Finalmente, son ineficaces los motivos de disenso que se sintetizan a continuación: - Que la pensión alimenticia provisional fijada es excesiva al violar el principio de proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado, pues - alega- de haber valorado las pruebas documentales en su conjunto y atendiendo a una justicia efectiva como se observa del artículo 17 constitucional, debió (SIC) reducir la pensión otorgada a la tercero interesada hasta que se resolviera en sentencia definitiva la procedencia o no de esa pensión, porque únicamente se trata de haber dicho que era concubina, sin acreditar la relación que supuestamente tuvieron ella y el quejoso. - Que la autoridad responsable no valoró en su conjunto todas y cada una de las manifestaciones que realizó al contestar la demanda, pues -dice- debió considerar: que el quejoso tiene dos créditos otorgados por "Banjército"; que paga una renta como -afirma- lo justificó con el contrato de arrendamiento; que realizó viajes pagando boletos de autobús para trasladarse a la ciudad de Orizaba; que acompañó estados de cuenta correspondientes a diversos meses del año dos mil veintiuno en los que - sostiene- se observa que se realizaron transferencias a la tercero interesada y que éstos era para poder mejorar la casa de su mamá, donde viven ella y su hijo; que se adjuntaron también fotografías del perfil en redes sociales de la tercero interesada en donde manifiesta trabajar para "Imbursa" (SIC) y también se pidió informe a dicha institución bancaria, con lo que -afirma- acreditó que no se dedica a las labores del hogar y, por ende, no puede haber una reversión de la carga probatoria al quejoso, ya que - alega- el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la obliga (a la tercero interesada) a acreditar la calidad de concubina que dice tener. La ineficacia de las inconformidades radica en lo siguiente: Contrario a lo que implícitamente asume la parte quejosa, la responsable valoró conjuntamente las pruebas documentales que adjuntó a su reclamación, pues al efecto expuso (foja 122 del tomo de pruebas): "(.) Ahora bien, el demandado alega que la pensión provisional fijada es excesiva, toda vez que se encuentra pagando dos préstamos que solicitó a la institución para la que trabaja, por lo que entre las cantidades que le descuentan más el descuento por la pensión alimenticia le queda para su subsistencia un saldo de $1,500.00 (mil quinientos pesos). Lo que trata de acreditar con un pagaré de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a nombre de MORENO LÓPEZ JEREMÍAS DE JESÚS (fojas cincuenta y dos de autos); siete estados de cuenta a nombre de MORENO LÓPEZ JEREMÍAS DE JESÚS de la Institución Financiera BANJÉRCITO de diversas fechas; tres boletos de pasaje de autobús ADO de diversas fechas; trece tickets de diversos comercios y diversas fechas; un contrato de arrendamiento de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinte, celebrado entre IRISDIANA CRUZ UZCANGA Y JEREMÍAS MORENO LÓPEZ; Medio que son valorados en términos de los artículo 235 fracción III, 266 del Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo el demandado no acredita a cuánto ascienden los ingresos del demandado (SIC) después del descuento ni que se encuentre en un estado de insolvencia para poder cubrir sus necesidades básicas de subsistencia; por lo que este Tribunal estima que el demandado debe ajustar su nivel de vida a sus posibilidades sin mermar el cumplimiento de la obligación alimentaria (.)". Sin embargo, como se advierte claramente del fragmento transcrito, la responsable concluyó que el demandado, aquí quejoso, no acreditó a cuánto ascienden sus ingresos después del descuento del quantum de la pensión alimenticia provisional y tampoco que se encuentre en un estado de insolvencia que le impida cubrir sus necesidades básicas de subsistencia; lo que es acertado, pues el peticionario no aportó prueba alguna que demostrara sus ingresos, lo que impide verificar si, como lo sostuvo, el porcentaje de la medida cautelar fijado es excesivo y, por ende, desproporcional en términos del artículo 242 del Código Civil del Estado. No obstante, en adición y en atención a lo alegado por el impetrante en las inconformidades de trato, se reitera lo razonado en líneas precedentes en cuanto a que: de las documentales que ofreció al interponer la reclamación únicamente se advierte la existencia de un préstamo que le fue otorgado, y no dos como señala; así como que, si bien de los tickets de depósito y de los estados de cuenta que refiere se acredita que realizó depósitos y transferencias a la tercero interesada, el cumplimiento voluntario no da lugar a la reducir la pensión alimenticia provisional. Asimismo, es pertinente señalar que la impresión de la captura de perfil (foja 101 del tomo de pruebas), evidentemente es insuficiente para demostrar que la tercero interesada labora en "Imbursa" y menos aún que percibe algún ingreso. Por lo que respecta a lo afirmado en el sentido de que se pidió un informe a la institución bancaria "Imbursa" (SIC), para acreditar que la tercero interesada no se dedicó a las labores del hogar, de la revisión del sumario natural no se advierte que, al momento de resolver la reclamación, obrara agregado el informe al que alude el quejoso. En las relatadas condiciones, al ser ineficaces los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir en favor del quejoso, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Jeremías de Jesús Moreno López, contra la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, actualmente con residencia en Nogales, en el juicio ordinario civil 2419/2021. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de seis de abril de dos mil veintidós (fojas 15 a 19 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna, se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 73, 74, 75, 76 y 79, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, por lo que respecta al acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, precisado en el inciso b) del considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso sexto de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Jeremías de Jesús Moreno López, contra el acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo, atribuido a la autoridad responsable; lo anterior, por los motivos expuestos en el considerando séptimo, de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y a la tercero interesada.....

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