Jerardo Robles Lara

Expediente 649/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
649/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Jerardo Robles Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    PRAL 649/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Plazo para la interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que lo hayan hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Requerimiento de cumplimiento de sentencia. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días procedan a cumplir con la sentencia dictada en este juicio, en los términos planteados en ella, a saber: ".la autoridad responsable jueza Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, deberá proceder en los términos siguientes: Deje sin efecto la multa de $******************** (******************** *****/100 M.N.) impuesta al quejoso******************** en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************. Ordene que le sea reintegrada al quejoso******************** la cantidad de $******************** (******************** *******/100 M.N.). Para lo cual, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades competentes, con la finalidad de verificar que le sean pagados al quejoso los cinco días de salario que le fueron descontados. Por su parte, las autoridades ejecutoras 1) secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; 2) subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; 3) director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; 4) jefa del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; y 5) director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca; deben: Cumplir la orden de la juez penal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, con el fin de que le sean pagados al quejoso los cinco días de salario que le fueron descontados." 3.1. Apercibimiento. Se hace de su conocimiento que, de incumplir sin causa justificada, A) con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se les impondrá multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a cien días calculado sobre el valor diario de la unidad de medida y actualización que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); B) con independencia de ello, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución. 4. Publicación de datos personales. Con independencia de que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 649/2023 MESA 5 S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 649/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda depositada el tres de julio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnada a este Juzgado el mismo día, *************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Al respecto, la parte quejosa alega que se vulneran sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y para evidenciarlo, formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, previos diferimientos, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede de siete de septiembre de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que los actos reclamados versan en materia penal, y su orden y ejecución se atribuyen a autoridades con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, donde tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda se advierte que ************* señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad ordenadora 1) Jueza Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca. La multa de $*******,********.*************(***************** 15/100 M.N.) impuesta en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal **************. Autoridades ejecutoras 2) Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 3) Subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 4) Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 5) Jefa del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca . 6) Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca. 7) Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca. La ejecución de la multa; es decir, los trámites y actos administrativos que llevaron a cabo para el cobro de la multa impuesta. TERCERO. Oportunidad. De las constancias remitidas por la jueza penal responsable se corrobora que la multa impuesta en el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés no fue notificada directamente al aquí quejoso, en su carácter de comisionado de la Policía Estatal, sino que únicamente giró oficio a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca para que por su conducto ordenara realizar el descuento por concepto de multa judicial, por el equivalente a cinco días del salario del comisionado. Bajo esa condición, procede atender lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, que prevé que el plazo para presentar la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos; bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Siendo precisamente esta última hipótesis la que se actualiza en el caso concreto. Entonces, como el quejoso afirma en la demanda de amparo que conoció el descuento por la multa reclamada el quince de junio de este año, sin prueba en contrario, para determinar la oportunidad de este juicio de amparo de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el término de quince días transcurrió del dieciséis de junio al seis de julio de dos mil veintitrés, sin contar los sábados y domingos intermedios, por ser inhábiles. Luego, si la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca el tres de julio de este año, es innegable que resulta oportuna. CUARTO. Inexistencia de acto reclamado. Al rendir informe justificado, el oficial mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca negó el acto reclamado y solicitó el sobreseimiento del juicio, pues afirmó que no ha emitido ni ejecutado acto alguno tendiente a descontar de la nómina del quejoso la multa impuesta por la autoridad judicial en la causa penal ***********. Al respecto, se corrobora la negativa de la autoridad responsable, toda vez que de las pruebas documentales exhibidas por las diversas autoridades, se conoce que los trámites administrativos para el cobro de la multa impuesta al quejoso no estuvieron a cargo del oficial mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca, sino de otras autoridades. Sin que exista constancia alguna que demuestre que la ejecución o cobro de la multa impuesta compete al referido oficial mayor. En esas condiciones, ante la inexistencia no desvirtuada del acto reclamado al oficial mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, únicamente por cuanto hace a esa autoridad y el acto que le reprocha el quejoso. QUINTO. Existencia de acto reclamado. Al rendir informe justificado la autoridad ordenadora, jueza del Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, aceptó el acto reclamado; lo que constituye una confesión plena, como lo señala la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, al rendir informe justificado las autoridades ejecutoras, lo hicieron en la forma siguiente: Autoridad responsable Sentido del informe justificado Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. Niega Subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. Niega Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. Niega Jefa del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. Niega Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca. Parcialmente cierto Como se ve, ninguna de las autoridades listadas aceptó el acto reclamado; sin embargo, lo procedente es desvirtuar su negativa y tener por cierto el acto de ejecución que les reclama el quejoso, pues realizan manifestaciones que demuestran que sí intervinieron en el procedimiento conducente al cobro de la multa impuesta al quejoso, vía nómina de su fuente laboral. En consecuencia, está plenamente probado el acto atribuido a las responsables mencionadas en este considerando. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, con registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". SEXTO. Consideraciones previas. a) Improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta oficiosamente, en razón de que se trata de presupuestos de orden público y de estudio preferente, conforme a la técnica del juicio de amparo, y su eventual actualización impide el estudio del fondo de este asunto constitucional. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, sin que este órgano jurisdiccional la advierta, de oficio; por lo que procede el análisis de fondo de la cuestión reclamada. b) Conceptos de violación. El estudio del acto reclamado se realizará al tenor de los argumentos que expone la parte quejosa, los cuales resulta innecesario reproducir, toda vez que ningún precepto establece tal obligación . c) Suplencia de la queja. Con la precisión que el asunto se resolverá estrictamente a la luz de los conceptos de violación formulados por el quejoso, en tanto que no se actualiza alguno de los supuestos de suplencia de la queja deficiente que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Previo al estudio de los conceptos de violación, es menester destacar de manera sucinta los antecedentes del asunto en estudio : 1° En el Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca se encuentra radicada la causa penal ***********, en la cual, mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés se señalaron las trece horas del dieciséis de marzo del mismo año para una audiencia informativa con la presencia de la imputada. Para ello, se ordenó girar oficio al Comisionado de la Policía Estatal (************), así como al director del Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, para que: El primero de ellos realizara el traslado de la imputada del centro de reclusión al órgano jurisdiccional. El segundo de ellos permitiera oportunamente la salida de la procesada. Además, la juez los apercibió con una multa de cinco días de salario descontada directamente de su nómina, en caso de incumplimiento. 2° Para notificar el requerimiento y apercibimiento al Comisionado de la Policía Estatal, la juez penal libró el oficio 406/2022 (sic), el cual no fue entregado físicamente en la sede u oficina de dicha autoridad, sino remitido por correo electrónico el nueve de marzo de dos mil veintitrés y acusado de recibo el mismo día por un elemento de la policía estatal. 3° Mientras que la notificación del requerimiento y apercibimiento al Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Oaxaca, se realizó mediante el reenvío del mismo oficio, por correo electrónico, hasta el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés a las trece horas con cuarenta minutos. 4° A través del oficio SSYPC/SPRS/DGRS/CPFT/ SJ/0408/2023 de dieciséis de marzo de este año, el director del mencionado centro de reclusión informó a la juez penal que los elementos de la Policía Estatal no se presentaron en ese recinto con la finalidad de trasladar a la persona privada de su libertad a la audiencia informativa. 5° En consecuencia, la juez penal dictó un auto el dieciséis de marzo de este año en la causa penal **********, en el que, entre otras cuestiones, determinó lo siguiente: Que la diligencia señalada para las trece horas de esa fecha no fue desahogada porque la procesada no fue trasladada por los elementos de la policía estatal. Ello, pese a que mediante oficio 406 se giraron instrucciones para el traslado al Comisionado de la Policía Estatal. Por eso hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintidós de febrero de este año al Comisionado de la Policía Estatal, en consecuencia, determinó remitir oficio a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca para que ordenara realizar el descuento por concepto de multa judicial equivalente a cinco días del salario de ese servidor público. 6° Después, mediante oficio SSPP/PE/J0-T/2021/2023 recibido el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés en el Juzgado Penal, el jefe de División de Despliegue Operativo de la Policía Estatal informó a la titular del órgano jurisdiccional que el traslado no pudo realizarse en razón de que cuando los elementos de la policía se presentaron para ello, el área jurídica del centro de reclusión les informó que no contaban con pase de excarcelación. Sin que tal oficio variara de modo alguno la determinación de multa adoptada por la juez penal, pues consideró que no justificaba el incumplimiento, debido a la existencia del diverso oficio SSYPC/SPRS/DGRS/CPFT/SJ/0408/2023 de dieciséis de marzo de este año, en el que el director del centro de reclusión informó que los elementos de la Policía Estatal no se presentaron en ese recinto con la finalidad de trasladar a la procesada. 7° Posteriormente, mediante oficio 604/2023, entregado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, la juez penal le solicitó girar instrucciones a las áreas respectivas para efecto de realizar el descuento por concepto de multa judicial impuesta al Comisionado de la Policía Estatal. 8° Sin que obre constancia en autos que acredite que la juez penal haya notificado al Comisionado la determinación en la cual hizo efectivo en su contra el medio de apremio. Por lo anterior, inconforme, *********** promovió este juicio de amparo contra la multa que le fue impuesta en su carácter de persona física que ostenta el cargo de Comisionado de la Policía Estatal; y para demostrar la inconstitucionalidad de ese acto, formuló los conceptos de violación que, toralmente, se resumen en lo siguiente: Que desconoce el acuerdo por el cual la juez penal determinó multarlo; es decir, que no fue notificado de dicha determinación. Que no se ha negado a brindar el auxilio requerido por la autoridad judicial; tan es así que, dice, ha cumplido con diversos traslados en esa causa penal y, el requerido para el dieciséis de marzo de este año no se pudo realizar en razón de que el centro de reclusión no contaba con pase de excarcelación, lo cual hizo del conocimiento de la juez penal mediante oficio remitido el mismo día vía correo electrónico. Que la determinación por la que se impone la multa no se encuentra motivada ni fundada. La multa afecta su patrimonio y el de su familia, en su carácter de persona física. Que desconoce las razones por las cuales la juez penal le impuso una multa mayor a la mínima, ya que no existe motivación al respecto. Que las autoridades ejecutoras desplegaron inconstitucionalmente actos administrativos para realizar el cobro de la multa mediante descuento vía nómina, pese a que no existe disposición legal que los faculte a realizar descuentos en el salario. Bajo esas condiciones, en atención a la causa de pedir, son sustancialmente fundados y suficientes los conceptos de violación para conceder el amparo solicitado por el quejoso; por las razones que a continuación se exponen. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que para que las autoridades cumplan el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto a la fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la lleven a concluir que el asunto concreto de que se trate encuadre en los presupuestos de la norma que invoque. Por su parte, el artículo 14 constitucional dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; de modo que en directa relación con el citado precepto 16, se consagra el derecho de seguridad jurídica. Así, en observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, para el caso concreto de las medidas de apremio, como la multa reclamada en este juicio, se deben cumplir al menos con dos requisitos, a saber: 1. La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio; y, 2. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, junio de 2001, registro 189438, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS)." Asimismo, para que se cumpla con el requisito de fundamentación y motivación al imponerse una multa, se debe: 3. Exponer todas las circunstancias relativas a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, junio de 2001, de rubro: "MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA." En el caso, como se anticipó, de las constancias certificadas deducidas de la causa penal **********, del Juzgado Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, se conoce que mediante determinación emitida el veintidós de febrero de dos mil veintitrés ese Juzgado requirió a la parte quejosa y a otra autoridad, para que la procesada en ese asunto fuera traslada al desahogo de una audiencia; y los apercibió que, de no hacerlo, se harían acreedores a una multa equivalente a cinco días de su salario, mediante descuento directo de su nómina. Lo cual fundó en el numeral 179, segundo párrafo, y 181 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, que disponen: "Art. 179.- Son correcciones disciplinarias: La multa, tratándose de obreros y jornaleros, no podrá ser mayor del importe de su salario o jornal de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente de un día de su ingreso. Si se trata de un servidor público, la multa se calculará en días de sueldo, no debiéndose exceder de 5 días. Esto último también tendrá aplicación cuando se trate de empleados particulares." "Art. 181.- Cuando las correcciones disciplinarias consistan en multas y recaigan sobre personas que gocen de sueldo del erario público, se dará aviso a la oficina pagadora respectiva para que haga el descuento". Después, en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés la juez penal responsable consideró el quejoso no cumplió con lo requerido; lo cual conllevó a la imposición de multa por la cantidad de cinco días de salario. Ahora, como se adelantó, son fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, en razón de lo siguiente: En primer lugar, el requerimiento de veintidós de febrero de dos mil veintitrés no fue notificado oportunamente, lo que implica que el propio apercibimiento se encuentra viciado, como elemento indispensable previo a la imposición de cualquier medida de apremio. En efecto, a la luz de los artículos constitucionales 14 y 16 ya invocados, en relación con los numerales 179 y 193 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, por regla general, el apercibimiento oportuno es un elemento indispensable previo a imponer cualquier medida de apremio, pues sólo a través de esa advertencia de la autoridad jurisdiccional, la persona requerida está en aptitud de conocer la consecuencia jurídica de su contumacia. De lo contrario, las medidas de apremio se equipararían a infracciones por incumplimiento a disposiciones legales, lo cual no es admisible en el caso, pues estas infracciones son consecuencias jurídicas específicas que establece el órgano legislativo frente a conductas determinadas y que son del conocimiento de las personas desde la entrada en vigor del ordenamiento respectivo, en cambio, las medidas de apremio son herramientas de la autoridad judicial para que sus órdenes concretas se cumplan, ante cuyo desacato tiene la facultad para elegir discrecionalmente imponer una sanción de entre las previstas limitativamente en la ley; y es precisamente esta discrecionalidad para determinar la medida de apremio aplicable a cada caso, lo que propicia inseguridad jurídica en los justiciables, que se corrige con el apercibimiento previo que debe ser notificado oportunamente, para dar margen a que se acate el requerimiento formulado. En el entendido que, por lógica jurídica, si el requerimiento involucra la actuación conjunta de dos o más personas (físicas o jurídicas), el apercibimiento debe notificarse oportunamente a todos los involucrados, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a uno de los requeridos, ante el desconocimiento del otro. En el caso concreto, si la juez responsable requería que en la causa penal ************ el comisionado de la Policía Estatal realizara el traslado de la procesada a las trece horas del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, indudablemente debía notificar ello con oportunidad al Centro Penitenciario donde está interna la procesada, para que éste permitiera su excarcelación; debido a que, por su naturaleza, la instrucción girada no podía cumplirla por sí mismo el comisionado, en razón de que, se insiste, implicaba el egreso de una persona privada de su libertad de un centro penitenciario, lo cual debe estar autorizado previamente por el centro de reclusión. Bajo esa condición, de las constancias de autos se aprecia que el requerimiento formulado al comisionado de la Policía Estatal se le notificó por conducto de su personal el nueve de marzo de este año, pero la notificación al Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Talcolula, Oaxaca, se realizó por correo electrónico hasta el dieciséis de marzo, según constancia de reenvío del oficio 406/2022 (sic). Así es, no obra otra constancia que demuestre que la jueza Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca haya notificado oportunamente el requerimiento de veintidós de febrero de dos mil veintitrés; pese a que el numeral 193 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca dispone que las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente al que se dicten las resoluciones que las motiven. Contrario a ello, el requerimiento de veintidós de febrero de este año se insertó en el oficio 406/2022 (sic) y se notificó al comisionado de la Policía Estatal el nueve del siguiente mes, y al centro penitenciario hasta el dieciséis de marzo del mismo año; es decir, en la propia fecha en que debía llevarse a cabo el traslado. De hecho, de las constancias remitidas por la juez penal se corrobora que el oficio se reenvió al centro de reclusión el dieciséis de marzo de este año a las trece horas con cuarenta minutos, a pesar de que la diligencia de la procesada estaba programada para las trece horas de ese día (cuarenta minutos antes); de ahí que es lógico establecer la presunción de que el centro penitenciario desconocía la instrucción de excarcelar a la procesada para su traslado a la diligencia respectiva. Presunción que se concatena con la documental exhibida por la parte quejosa, consistente en copia certificada del oficio SSPP/PE/J0-T/2021/2023 de dieciséis de marzo del año en curso, enviado el mismo día al Juzgado Penal, en el cual le informó que no pudo realizar el traslado encomendado de la procesada, debido a que el personal de custodios en turno informó que en el área jurídica del centro de reclusión no contaban con el pase de excarcelación. Entonces, el comisionado estaba impedido materialmente para cumplir el requerimiento de la causa penal, ante la falta de notificación oportuna a la diversa autoridad que debía intervenir en ello. En segundo lugar, el comisionado informó a la juez responsable esa situación, es decir, no desacató injustificadamente el requerimiento formulado en la causa penal, pues le precisó las razones por las cuales se encontró imposibilitado para trasladar a la procesada; razones que la jueza penal atendió en auto de doce de abril de dos mil veintitrés, en el que dijo que no había lugar a tener al ahora quejoso justificando el incumplimiento de la orden girada en el proceso penal porque, afirmó, que el director del Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Oaxaca, le informó que los elementos de la Policía Estatal no se presentaron en ese centro penitenciario para efectuar el traslado. Pero en este asunto, con las constancias ofrecidas como prueba documental por las partes procesales, no se demuestra esa información pues, se reitera, existen elementos para afirmar que fue el centro penitenciario el que carecía del pase de excarcelación dada la falta de oportunidad en la notificación. Así pues, la imposición de la multa reclamada no encuentra fundamento en los preceptos 180 y 182 del Código Penal invocado, pues ambos se refieren a los medios de apremio como la multa cuando se cometan las faltas o se actúe en rebeldía y desobediencia a un mandato legítimo de autoridad; lo que en el caso, como se aprecia, no acontece. Y en tercer lugar, no debe perderse de vista que conforme al último párrafo del artículo 179 de ese Código, la autoridad judicial, para hacer cumplir sus determinaciones, puede imponer como medida de apremio a los servidores públicos multa por una cantidad de hasta cinco días de sueldo; lo que implica la existencia de un mínimo y, obviamente, de un máximo de cinco días. Entonces, resultaba preciso que la decisión adoptada por la juez Penal sobre la cuantía de la sanción, por ser superior al mínimo, en términos del párrafo primero del artículo 16 Constitucional quedara establecida por escrito que expresara las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que se atendiera tanto a la afectación que la conducta del comisionado generara al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla. Pese a lo anterior, la juez Penal responsable, al emitir el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el proceso penal ***********, únicamente determinó hacer efectiva la multa apercibida el veintidós de febrero del mismo año, por la cantidad de cinco días de salario, sin exponer todas las circunstancias relativas a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva o, en su caso, cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 242/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, de rubro: "MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." Por lo anterior, es evidente que la imposición de la multa reclamada viola en perjuicio del quejoso **************** los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; razón por la cual, ante lo fundado de los conceptos de violación analizados, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Sin que se estime necesario ocuparse de cada uno de los restantes conceptos de violación que expuso la parte quejosa en su escrito de demanda, dadas las condiciones en que será concedido el amparo solicitado; atento a las consideraciones sostenidas en la jurisprudencia P./J. 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, febrero de 2005, registro 179367, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES." En tanto que, por lo que hace al acto de ejecución reclamado a las diversas autoridades responsables, adscritas a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca , no es preciso estudiar de manera independiente y destacada su actuación con relación a los conceptos de violación formulados por el quejoso, en razón de que su intervención obedeció al mandato judicial de la Jueza Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, esto es, en ejecución de la orden penal. OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. Por lo expuesto y fundado, con la finalidad de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable jueza Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca, deberá proceder en los términos siguientes: Deje sin efecto la multa de $********,*********.********* (****************** 15/100 M.N.) impuesta al quejoso ************** en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal **********. Ordene que le sea reintegrada al quejoso ****************** la cantidad de $*********,***********.********** (***************** 15/100 M.N.). Para lo cual, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades competentes, con la finalidad de verificar que le sean pagados al quejoso los cinco días de salario que le fueron descontados. Por su parte, las autoridades ejecutoras 1) secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; 2) subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; 3) director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; 4) jefa del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; y 5) director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca; deben: Cumplir la orden de la juez penal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, con el fin de que le sean pagados al quejoso los cinco días de salario que le fueron descontados. NOVENO. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a su protección, se ordena realizar la versión pública de la sentencia, instruyendo a la secretaria de Juzgado que verifique que sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, contra el acto reclamado al oficial mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia federal ampara y protege a ************, contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: 1) Jueza Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca. La multa de $*******,**********.*********** (*************** 15/100 M.N.) impuesta en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal **************. 2) Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 3) Subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 4) Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 5) Jefa del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 6) Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca. La ejecución de la multa; es decir, los trámites y actos administrativos que llevaron a cabo para el cobro de la multa impuesta. Lo anterior, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo, y para el efecto precisado en el diverso punto octavo de este fallo. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO CITATORIO PRAL 649/2023 MESA 5 S E N T E N C I A R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, contra el acto reclamado al oficial mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia federal ampara y protege a ************, contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: 1) Jueza Primero para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado de Oaxaca. La multa de $*******,**********.*********** (*************** 15/100 M.N.) impuesta en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal **************. 2) Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 3) Subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 4) Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 5) Jefa del Departamento de Salarios y Prestaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. 6) Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca. La ejecución de la multa; es decir, los trámites y actos administrativos que llevaron a cabo para el cobro de la multa impuesta. Lo anterior, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo, y para el efecto precisado en el diverso punto octavo de este fallo. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    PRAL 649/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional De la certificación de cuenta se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días hábiles previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado de una autoridad responsable, pues quedó notificada del mismo el cuatro del mes en curso. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan, para tal efecto, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril del año dos mil, página 5, registro 191995 del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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