Jeraldin Estefani Gonzalez Ramirez

Expediente 370/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
370/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2017

Partes del expediente

  • Jeraldin Estefani Gonzalez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual comunica que en auto de veintiocho de junio de la presente anualidad, se avocó al conocimiento de la demanda remitida por este juzgado, relativa al juicio de amparo 370/2017-1A, en razón de la declaratoria de incompetencia por parte de este órgano jurisdiccional efectuada el veintitrés de junio del año en curso. De lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por JERALDIN ESTEFANI GONZÁLEZ RAMÍREZ, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por JERALDIN ESTEFANI GONZÁLEZ RAMÍREZ, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 370/2017-1A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. INCOMPETENCIA Ahora bien, analizada integralmente la demanda de amparo, es indispensable establecer en primer término que la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37, de la Ley de Amparo, previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado haya sido ejecutado. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa designó como autoridad responsable emisora del acto reclamado a la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Baja California. De la autoridad responsable reclama: "Expedición de la justicia lenta y retardada, fuera de los términos que señala la Ley Federal de Trabajo". Así, resulta prominente destacar cual es la consecuencia del acto reclamado, pues es ésta la que precisamente determinará la competencia correspondiente, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. - Expedición de la justicia lenta y retardada, dentro del expediente laboral 252/2017, del índice de la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California.- Luego, precisado lo anterior debe decirse que el acto reclamado se hace constituir esencialmente en la expedición lenta y retardada en los autos del expediente 252/2017, del índice de la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California. En tal virtud, se concluye, que si de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que, el solicitante del amparo, manifestó en su apartado correspondiente como autoridad responsable a la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, cuyo acto se consumó fuera de la jurisdicción donde reside este órgano jurisdiccional, lo procedente es declararse legalmente incompetente para seguir conociendo del presente juicio de amparo, y en consecuencia, se estima que el competente para conocer del mismo es un Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, pues quedó evidenciado que en el caso no existe algún diverso acto de ejecución que brinde la competencia a favor de este Juzgado Federal. Para fines de robustecer lo afirmado, se reproduce el contenido a que se hace referencia: Sirve de apoyo a lo anterior por razón jurídica substancial, la tesis XIX.2o.P.T.9 L, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, página 2299, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, perteneciente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." Similares consideraciones sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 192/2008. De igual forma, a fin de orientar los anteriores razonamientos, se cita la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En ese tenor, resulta claro que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que dentro de la jurisdicción de este juzgado no existe algún acto que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese lo aquí determinado y remítase el presente expediente al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. AUTORIZADOS DE PARTE QUEJOSA Se tiene al impetrante, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito de demanda de amparo, así como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que ahí mencionan. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. ANOTACIÓN EN LIBRO DE GOBIERNO Y S.I.S.E Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

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