Jeovani Daniel Lizárraga

Expediente 1054/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1054/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Jeovani Daniel Lizárraga

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promovente recurrió el auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificado en la propia fecha, quedando comprendido dicho plazo del diez al dieciséis de los que cursan. En consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es depurable por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse concedido la suspensión de plano.

  2. Principal

    Téngase recibido el escrito firmado autógrafamente por el licenciado Fernando Rojas López autorizado de la parte quejosa a través del cual remite copia certificada del acta de defunción del directo quejoso Jeovani Daniel Lizárraga Boltor (por ser éste su nombre completo) misma que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene exhibida. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido el cinco de diciembre de dos mil veintidós Olivia Figueroa Jiménez, promovió la demanda de amparo que dio origen a este juicio, en favor de Jeovani Daniel Lizárraga Boltor (por ser éste su nombre completo), en auto de la misma fecha, se recibió la demanda de amparo, se decretó la suspensión de plano, se reservó proveer respecto a su admisión y se determinó que su ratificación estaría supeditada a la voluntad del directo quejoso. Luego, si del contenido del escrito que se atiende, se obtiene que el directo quejoso Jeovani Daniel Lizárraga Boltor (por ser éste su nombre completo), falleció sin que fuera ratificado el libelo constitucional promovido en su favor, consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este sumario. Lo anterior, se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales correspondientes el oficio 965/2022, signado por el Comandante de Policía de Investigaciones del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados, mismos que se reciben de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Lo que se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Yaritza Guadalupe Zamora Ramírez, en favor de Jeovani Daniel Lizárraga, contra actos de los Agentes de la Policía de Investigación del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto del Comandante de dicha corporación policiaca, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente electrónico, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y consecuentemente en el libro de gobierno electrónico de este juzgado bajo el número 1054/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La desaparición forzada de Jeovani Daniel Lizárraga." DEMANDA DE AMPARO. En términos de los numerales 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales, 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 112, 115, y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO. Al respecto, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Para su procedencia bastan indicios de que el quejoso está en alguno de los supuestos de dicho numeral, esto es, en los casos descritos en el párrafo que antecede; lo anterior, en el entendido de que ello no implica una estimación definitiva al respecto. Así, la procedencia de la suspensión de plano o de oficio es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a los enfoques subjetivos de las partes, está facultado para decidir si se está o no ante la presencia de un acto que lo obligue a decretar dicha suspensión, inclusive sin prueba o indicio alguno. Lo que es así, debido a que la suspensión de oficio es una medida de carácter excepcional, autorizada atendiendo a la urgencia y gravedad del caso, y la suspensión que llegare .a decretarse en términos del artículo 126 de la actual ley de la materia, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso alguna de las lesiones descritas en la norma, es decir, sobre aquellos que pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, expulsión, expulsión, deportación, incomunicación, o proscripción, se atacara su libertad fuera de procedimiento, implicaran su desaparición forzosa, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 Constitucional. Bajo este contexto, se arriba a la conclusión de que los actos relatados por la promovente son de los previstos en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, lo que se afirma ya que refiere que el directo quejoso presuntivamente fue "llevado" al parecer por Agentes de la Policía de Investigación del Estado, de esta ciudad, ignorándose su paradero. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la ley de la materia, SE CONCEDE al directo quejoso JEOVANI DANIEL LIZÁRRAGA, LA SUSPENSIÓN DE PLANO, esto es, que de ser cierto que el agraviado directo sea víctima de alguno de los actos prohibidos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal, CESEN DE INMEDIATO. Esto es, para el efecto de que de inmediato la autoridad responsable se abstenga de realizar actos que originen o mantengan la desaparición forzada del directo quejoso JEOVANI DANIEL LIZÁRRAGA. Esta determinación se toma al considerar que, a criterio de quien esto resuelve, se actualizan los elementos necesarios para decretar esta medida de carácter excepcional, atendiendo a la urgencia y gravedad del caso, según lo relatado por la promovente. Con independencia de lo anterior, si existiere detención del directo quejoso efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, entonces deberá cesar dicha detención sin demora, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público, tal como lo ordena el artículo 164 de la Ley de Amparo. En el supuesto de que la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, entonces ésta suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad, con fundamento en el ordinal 164, segundo párrafo de la ley de la materia. En cambio, con fundamento en el numeral 165 de la Ley de Amparo, en el caso de que el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, entonces esta suspensión tendrá el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; y, en el supuesto de que hubiera sido detenido en flagrancia, entonces, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que el solicitante del amparo sea puesto en inmediata libertad o consignado a su juez. Asimismo, si la detención que se reclama, fue decretada con motivo del cumplimiento de una orden judicial, esta suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de amparo, por lo que se refiere a su libertad personal en el lugar en el que se encuentre detenido o bien a donde sea trasladado por razones de seguridad, quedando a disposición del Juez instructor respectivo, por lo que hace a la continuación del procedimiento. De igual forma, se le deberá permitir el acceso al lugar en donde se encuentre interno, a quienes se ostenten sus abogados y a sus familiares, para que tenga acceso a una defensa adecuada. Lo que se considera así, en razón de que el derecho a una defensa adecuada contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los ( Estados Unidos Mexicanos, consistente en que el inculpado tendrá derecho a una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio Público, esto es, que desde la etapa ministerial deberá contar con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor legal y, por ende, de quien pueda procurársela, como pueden ser sus familiares, de manera que puedan velar porque el proceso se siga a con apego a los principios del debido proceso y éste no sea viciado. En consecuencia, se requiere a las autoridades responsables por conducto del COMANDANTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO CON SEDE EN ESTA CIUDAD, para que informe de inmediato, es decir a más tardar dentro del término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación, o bien hagan del conocimiento de esta autoridad federal la justificación legal de la incomunicación, la detención fuera de procedimiento y la desaparición forzada que se le imputa, asimismo manifieste el estado de salud que guarda el quejoso directo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser puesto a disposición de las autoridades competentes, por la actualización de la conducta prevista en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Aunado a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial Adscrito para que se constituya en las instalaciones de la Policía de Investigación del Estado, con sede en esta ciudad, y realice lo siguiente: Vocear o llamar al directo quejoso JEOVANI DANIEL LIZÁRRAGA; Requerir al quejoso para que en ese acto o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre, apercibiéndole que de no ratificarla dentro del plazo que se concede, se tendrá por no presentada, y quedarán sin efectos las providencias que se hubieren dictado, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo. Dar fe del estado físico en que se encuentre el quejoso, y en el supuesto de que presenten lesiones, deberá describirlas pormenorizadamente; así como las condiciones del lugar donde se encuentre detenido, esto es, si se encuentra incomunicado o no; en el entendido de que una vez hecho lo anterior, se procederá a dar vista en su caso al órgano investigador con tal tortura. Analizar el libro de entrada para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar al lugar donde se le ubicó, y en específico el momento exacto de su arribo y de ser posible el motivo o fundamento de ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentra a disposición en cuanto a su libertad Ratificarle a la autoridad la suspensión de plano decretada por este juzgado. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Luego, en caso de que el directo agraviado no se encuentre en la instalaciones de la Policía de Investigación, se constituya en las instalaciones de las autoridades administrativas que cuentan con área de separos en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a saber: el Juez Cívico, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Centro Penitenciario "El Castillo", Prisión Número Cinco de la Tercera Región Militar, Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, en el Hospital General "Dr. Martiniano Carvajal", Clínica Hospital "Mazatlán" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Hospital General de Zona Tres y Clínica Cuarenta y Cinco, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que en cada uno de los sitios enunciados, y realice respectivamente lo ordenado en los puntos anteriores Sin que haya lugar a comisionar al actuario de la adscripción para que se constituya en los hospitales de atención psiquiátrica, toda vez que en esta localidad no hay centros de dicha naturaleza. En el entendido de que una vez que se realicen las diligencias encomendadas y atendiendo al resultado de las mismas, se proveerá respecto a las solicitudes formuladas por la promovente y demás actuaciones inherentes que estimen necesario en el asunto que nos ocupa. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables, así como los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Infórmese a las autoridades responsables que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) y la tesis I.20o.A.2 K (10a.). CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con fundamento en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la autoridad responsable, para que, en el supuesto que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo haga saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. No se advierte tercero interesado que llamar a juicio. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas las pruebas documentales exhibidas físicamente conjuntamente con el escrito inicial de demanda, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. Además por tratarse de un acto de desaparición forzada se le da vista para los efectos correspondientes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Rio Culiacán, segundo piso, interior 4, fraccionamiento Tellerías, en Mazatlán, Sinaloa. Asimismo, se le tiene señalando el correo "fer_rojas_69@hotmail.com", a fin de entablar comunicaciones no procesales. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y AL DIRECTO AGRAVIADO. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria del juzgado, licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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