Jens Herrera Guzmán

Expediente 1919/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 31 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1919/2017
Año
2017
Actuaciones
31
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Jens Herrera Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1919/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. De igual manera, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla , remitió diversas constancias debiendo formarse los tomos I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los tomos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que las autoridades a las que se libren oficios en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que éstas reanuden labores, proceda a notificar los oficios correspondientes, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el Secretario Adolfo Jiménez Gómez que autoriza da fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1919/2017-IV, promovido por JENS HERRERA GUZMÁN, por su propio derecho y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, JENS HERRERA GUZMÁN, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otras autoridades, los que hizo consistir: ".se reclama de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables tanto en su carácter de ordenadoras o ejecutoras (sic) la PRESCRIPCIÓN de la orden de Aprehensión girada el pasado 23-DIC-96 por el Juez Cuarto Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Puebla dentro de la causa penal 240/96, la cual fue comunicada a las autoridades referidas en la demanda de amparo según oficio No. 0116 de fecha 20-ENE-98 para su debido cumplimiento y el cual no se ha llevado a cabo en términos de ley , toda vez que mi proceso en Morelos concluyó el pasado 2-ABR-04 por lo que a la fecha ha transcurrido el tiempo establecido para la prescripción, pero resulta que me quieren trasladar en estos momentos al Estado de Puebla en una completa violación al debido que convertiría al acto reclamado de imposible restitución al quejoso en el goce del derecho reclamado (sic)." SEGUNDO.- Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 1919/2017-IV, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción, y se señaló fecha y hora para el inicio de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radican las autoridades responsables a quienes se les reclama la ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: 1.- La orden de traslado del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos a otro centro penitenciario en el Estado de Puebla. 2.- La omisión del Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla, de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal en la causa penal 240/1996. TERCERO.- No es cierto al acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro Estatal de Reinserción Social a otro centro penitenciario en el Estado de Puebla, en virtud de que las autoridades responsables: 1.- Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (fojas 76). 2.- Fiscal General del Estado de Puebla (fojas 50). 3.- Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (fojas 59). 4.- Fiscal General del Estado de Morelos (fojas 44). 5.- Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como "Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos") (fojas 36) 6.- Directora de Ejecución de Sentencias dependiente de la Coordinación Estatal de Reinserción Social en el Estado de Morelos (fojas 41) Al rendir sus informes justificados negaron la existencia de la orden de traslado; asimismo, si bien, el Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla, (denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como Juez Cuarto de la Defensa Social del Estado de Puebla), al rendir su informe justificado (fojas 73 y 74) expresó que era cierto el acto reclamado; sin embargo, de la lectura integral de la demanda se advierte que, se refirió a la existencia de una orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, acto que no fue reclamado en esta instancia constitucional y, por otra parte, de las copias certificadas de la causa penal 240/1996, no se advierte que el Juez responsables hubiese emitido una orden de traslado en contra del quejoso, consecuentemente, se arriba a la conclusión de que es inexistente el acto reclamado al Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla. No impide arribar a la anterior conclusión la copia simple del oficio SG/CERS/DC/SJ/10/2017, emitido por el Subdirector Jurídico del Centro de Reinserción Social "Morelos", exhibido por el quejoso, del que se desprende que con fecha veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho, recibió el oficio 0116 de veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho, emitido por el Juez Segundo Penal, a través del cual le informó que el Juez Cuarto de la Defensa Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, solicitó que una vez que concluya el proceso de JENS HERRERA GUZMÁN en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, sea puesto a disposición del referido Juez Cuarto de la Defensa Social, a fin de que inicie el proceso 240/96; en virtud de que tal solicitud, de ninguna manera constituye una orden de traslado del quejoso a un centro de reclusión en el Estado de Puebla, sino sólo se trata de una propuesta, ya que dependerá del Juez ordenar y autorizar el traslado del quejoso. Amén de que tal disposición deriva de imperativo constitucional del artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Federal de poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, lo cual se puede ejecutar sin ser presentado de manera personal y directa, ya que, es factible que se cumpla la orden de aprehensión poniéndolo a disposición del Juez de la causa, en un centro de reclusión fuera de su jurisdicción, hipótesis en la que el Juez Penal, puede girar exhorto al Juez competente en donde se encuentre interno el inculpado a efecto de que en el Juez exhortado, reciba la declaración preparatoria y resuelva su situación jurídica dentro del plazo constitucional. En ese orden de ideas, al no encontrarse desvirtuada la negativa de las referidas autoridades responsables, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a la orden de traslado reclamada. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión del Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla, de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal en la causa penal 240/1996, es inexistente de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: El quejoso reclama de la autoridad responsable un acto negativo, en concreto, un "no hacer", consistente en la omisión de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal en la referida causa penal. Respecto de los actos negativos, por regla general la carga de la prueba de las omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino es obligación de las autoridades responsables demostrar que no incurrieron en ellos, y, por tanto, es insuficiente su afirmación en el sentido de que no es cierto el acto reclamado para tenerlo por inexistente, si no demuestra haber realizado lo que el quejoso afirma no ha hecho. Apoya el anterior criterio la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 238592, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Tercera Parte, materia(s): Común, página: 27 del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Así como la tesis de la Octava Época, con número de registro 230855, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Administrativa, página 50, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARÁCTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario." La excepción a la regla general opera cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable, requiere necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular que inste a aquélla (autoridad) a ejercer la facultad prevista en la ley aplicable, lo que implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí recae en él acreditar que realizó el trámite conducente para exigir la actuación de la autoridad. Los argumentos de la excepción se fundan en la tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro: 197269, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, página: 366, del rubro y texto siguientes: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". En ese orden de ideas, no existe la omisión reclamada al Juez responsable, en virtud de que el quejoso no demostró haber solicitado a dicha autoridad que se pronunciara sobre la prescripción de la acción penal y, por ende, que ésta hubiera omitido pronunciarse, pues, incluso de la demanda de amparo no refiere haber realizado alguna petición al Juez responsable en ese sentido, pues se reitera, para acreditar la existencia de una conducta omisa del Juez responsable, se requiere, necesariamente que de manera previa, exista la obligación legal de hacerlo y, en su caso, que el quejoso hubiese realizado una solicitud a dicha autoridad, para que exista la obligación jurídica de ésta de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal, pues, de considerar lo contrario, se llegaría al absurdo de establecer que existe la obligación jurídica del Juez de la causa de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal de manera continua sin que medie solicitud alguna, aunque sólo sea para el efecto de establecer que no se actualiza dicha figura jurídica, lo cual no es dable, ya que, el deber de la autoridad judicial responsable radica en emitir la resolución de la prescripción de la acción penal, cuando ésta se actualice, no antes. El Código de Defensa Social del Estado de Puebla, vigente en la época de los hechos que dieron origen a la orden de aprehensión dictada en la causa penal 240/1996 establece en relación a la prescripción de la acción persecutoria: "1.- REGLAS GENERALES Artículo 125.- Por la prescripción se extingue la acción persecutoria y la facultad de ejecutar las sanciones. Artículo 126.- La prescripción es personal y para ella basta el simple transcurso del tiempo señalado en la Ley. Artículo 127.- Los plazos para la prescripción de la acción penal o de la facultad para ejecutar las sanciones serán continuos, y se les aplicarán las siguientes disposiciones: I.- Se contarán en cada caso desde el día señalado por la ley; II.- Se aumentarán un tercio si el acusado o sentenciado permanece fuera del territorio del Estado; III.- Se aumentarán en dos tercios si el acusado o sentenciado permanece fuera del país. Artículo 128.- La prescripción de la acción penal y de la sanción no influyen en la responsabilidad civil proveniente de delito, la cual se rige por las leyes civiles correspondientes. 2.- PRESCRIPCION DE LA ACCION PERSECUTORIA Artículo 129.- El plazo para la prescripción de la acción persecutoria se contará: I.- A partir del día en que se cometió el delito si fuere consumado; II.- Desde que se realizó la última conducta, si el delito fuere continuado; III.- Desde que cesó la consumación del delito, si éste es permanente; y IV.- Desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa. Artículo 130.- La acción persecutoria prescribe en un año, si el delito sólo mereciere multa; pero si el delito se sanciona con multa o prisión, con pena alternativa o sanción corporal y alguna otra accesoria, se atenderá en todo caso a la prescripción de la sanción corporal. Artículo 131.- La acción persecutoria prescribe en un plazo igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito; pero no será menor de tres años para los delitos que se persiguen de oficio. Artículo 132.- Si el delito solo mereciere destitución, suspensión, privación de derechos o inhabilitación, la prescripción se consumará en el plazo de dos años. Artículo 133.- La acción persecutoria que nazca de un delito, sea o no continuo, que sólo pueda perseguirse por querella de parte, prescribirá en dos años, a partir de la consumación o primer acto de ejecución. Satisfecho el requisito inicial de la querella, para la prescripción de la acción penal se observarán las demás reglas señaladas por este Código, para tal efecto. Artículo 134.- Cuando haya acumulación de delitos, las acciones persecutorias que de ellos resulten, prescribirán separadamente en el plazo señalado para cada uno. Artículo 135.- Cuando para deducir una acción persecutoria, sea necesario que antes se termine un juicio civil o de defensa social, no comenzará a correr la prescripción, sino hasta que en ese juicio se haya pronunciado sentencia irrevocable. Artículo 136.- (DEROGADO, P.O. 1 DE JULIO DE 1994) Artículo 137.- La aprehensión del acusado destruye la prescripción que hubiere corrido a su favor. Si después de aprehendido se fugare, la prescripción comenzará a correr desde el día siguiente al en que la fuga se verifique. Artículo 138.- Si para deducir una acción persecutoria exigiere la ley la declaración previa de una autoridad, las gestiones que a ese fin se practiquen interrumpirán la prescripción." De las disposiciones transcritas, se advierte que no existe alguna que determine la obligación del Juez Penal de pronunciarse oficiosamente de manera continua sobre la prescripción de la acción penal, cuando ésta no ha sido pedida o actualizada. Asimismo, se estima pertinente establecer que no es factible analizar en esta vía constitucional si ha operado a favor del inculpado, aquí quejoso, JENS HERRERA GUZMÁN, la prescripción de la acción penal dentro de la causa penal 240/1996 del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, Puebla, en virtud de que, de hacerlo, el suscrito Juzgador Federal, estaría sustituyendo en sus facultades legales al Juez Penal que conoce de dicho proceso penal, lo cual jurídicamente no es admisible, ya que legalmente la autoridad competente para analizar la prescripción de la acción penal es el Juez que conoce de la causa, hecho lo cual podrá ser impugnado en amparo su pronunciamiento en su caso, cuando exista alguna resolución que tenga como base o sustento la propia pretensión que aduce prescrita, lo que en el particular no acontece . Se estima pertinente establecer que lo expuesto con antelación, no se contrapone con las jurisprudencias 1a./J. 62/99 y 1a./J. 18/99 emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los rubros y textos siguientes Época: Novena Época Registro: 192973 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 62/99 Página: 316 "PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen. Época: Novena Época Registro: 194068 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Mayo de 1999 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 18/99 Página: 328 . "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen." En efecto, las jurisprudencias citadas se refieren al caso en que en el juicio de amparo se reclama la orden de aprehensión o el auto de formal prisión y se enderezan conceptos de violación tendientes a controvertir la prescripción de las acciones persecutorias materia de dichas resoluciones jurisdiccionales, lo que en el caso en estudio no acontece, toda vez que en esta instancia constitucional no se combate la orden de aprehensión decretada contra el quejoso, sino la omisión del Juez responsable de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal, de ahí que no puede emprenderse el estudio de la prescripción planteado por el quejoso porque implicaría transgredir el principio a que se refiere el artículo 75 de la Ley de Amparo de apreciar el acto como esté probado y al no haber acto (pronunciamiento de la autoridad responsable sobre la prescripción de la acción penal) no puede analizarse la actuación de la responsable reprochada. En ese orden de ideas, al haberse acreditado la inexistencia de la omisión de pronunciarse sobre la prescripción de la acción penal en la causa penal 240/1996, reclamada del Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, Puebla, lo procedente es que también se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de dicho acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JENS HERRERA GUZMÁN, los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, adviértase que aún no obra el exhorto ordenado cursar el veintiséis de abril del año actual, para el efecto del emplazamiento de los terceros interesados ********************, ******************** y ******************** en esas condiciones resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes, el oficio remitido por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla con sede en Puebla, mediante el cual acusa de recibo el exhorto 347/2018-IV; asimismo, informa que procedió a su diligenciación. Por otra parte, agréguese a los autos la notificación personal que antecede; mediante el cual el quejoso realiza diversas manifestaciones; en atención a ello dígasele que si bien es cierto que la Ley de Amparo, en el artículo 115 de la Ley de Amparo, establece que una vez admitida la demanda se celebrará la audiencia constitucional en los treinta días siguientes; también lo es que en el diverso numeral 75 de la aludida ley prevé que el órgano jurisdiccional está obligado a recabar las constancias que considere necesarias para resolver el asunto; por lo que no se establece cuántas veces puede diferirse una audiencia constitucional, pues ello ocurre, en razón de que el expediente no se encuentra debida y legalmente integrado para el dictado de la sentencia con todas y cada una de las constancias necesarias para lograr una justa impartición de justicia, es decir, cumplir con el objeto del juicio de salvaguardar los derechos humanos de los solicitantes, de ser el caso que haya una violación a éstos. Cabe destacar que la integración del expediente no solo se refiere a las pruebas ofrecidas o constancias que deban exhibirse, sino abarca respetar todas y cada una de las formalidades del procedimiento, tales como en el caso sucede, el debido emplazamiento de los terceros interesados, por lo que, en estricto cumplimiento al derecho humano del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, es que este juzgado de distrito agote todos los medios a su alcance para que se cumpla con los requisitos y formalidades procesales y llegar a la obtención de una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones de la parte quejosa; de ahí que mientras el expediente en que se actúe no cuente con todos los elementos necesarios tanto formales como procesales para su debida integración conllevará que la audiencia constitucional no pueda celebrarse, lo que siempre será en beneficio de la parte quejosa, ello con la finalidad, tal como se dijo, de lograr la obtención de la mejor respuesta, constitucionalmente hablando, a las peticiones planteadas en el juicio de amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

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