Jennyreth Josefina González Gómez

Expediente 1032/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1032/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Jennyreth Josefina González Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por no presentada la demanda intentada por la quejosa Jennyreth Josefina González Gómez, transcurrió del veintiuno al veintisiete del mes y año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé´ el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegraran materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente. Hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la constancia actuarial de cuenta, se advierte que la fedataria de la adscripción, se constituyó en el Centro de Refugio y Detención del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, para el efecto de notificar a la quejosa Jennyreth Josefina González Gómez, el auto de uno de septiembre actual, asimismo, que en el acto de la notificación asentó que la impetrante manifestó "Que no ratifica la demanda de amparo que fue promovida por Salvador Sánchez Zuñiga y Patricia del Carmen Paz Domínguez en su favor, toda vez que ella está por mérito propio en dicho Centro, por ser solicitante de refugio, el cual se encuentra en trámite avanzado." Ahora bien, en auto de uno de septiembre del presente año, se apercibió a la directa quejosa que en el caso de no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Salvador Sánchez Zuñiga y Patricia del Carmen Paz Domínguez, se tendría por no presentada. En consecuencia, se hace efectivo dicho apercibimiento; así que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida a su favor y se dejan sin efectos las providencias decretadas al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la constancia actuarial de cuenta, se advierte que la fedataria de la adscripción, se constituyó en el Centro de Refugio y Detención del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, para el efecto de notificar a la quejosa Jennyreth Josefina González Gómez, el auto de uno de septiembre actual, asimismo, que en el acto de la notificación asentó que la impetrante manifestó "Que no ratifica la demanda de amparo que fue promovida por Salvador Sánchez Zuñiga y Patricia del Carmen Paz Domínguez en su favor, toda vez que ella está por mérito propio en dicho Centro, por ser solicitante de refugio, el cual se encuentra en trámite avanzado." Ahora bien, en auto de uno de septiembre del presente año, se apercibió a la directa quejosa que en el caso de no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Salvador Sánchez Zuñiga y Patricia del Carmen Paz Domínguez, se tendría por no presentada. En consecuencia, se hace efectivo dicho apercibimiento; así que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida a su favor y se dejan sin efectos las providencias decretadas al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto, con la demanda de cuenta se tiene a Salvador Sánchez Zuñiga y Patricia del Carmen Paz Domínguez, en representación Jennyreth Josefina González Gómez, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Instituto Nacional de Migración y otras autoridades, con sede en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1032/2021-3. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto, con la demanda de cuenta se tiene a Salvador Sánchez Zuñiga y Patricia del Carmen Paz Domínguez promoviendo de amparo a favor de JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de las siguientes autoridades: Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco denominación correcta. Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco denominación correcta. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (denominación correcta). Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1032/2021-3 PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora, del capítulo de actos recamados y hechos, de la demanda de amparo se desprende lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1. La INCOMUNICACION en la que se tiene a la C. JENNYRETH JOSEFINA GONZALEZ GOMEZ, en razón de que desde el momento que fue DETENIDO hasta la presentación de este amparo, no se nos ha permitido hablar con ella. 2.- ABUSO DE AUTORIDAD, ya que sin causa justificada se le DETUVO, se le RETIENE y se le mantiene INCOMUNICADO a la C. JENNYRETH JOSEFINA GONZALEZ GOMEZ. 3.- La ILEGAL DETENCION Y/O RETENCION, misma que provoca Violaciones a los DERECHOS HUMANOS del solicitante amparo. Mismas que inician desde momento de su detención, hasta la presentación de esta demanda. DERECHOS HUMANOS consagradas en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 Constitucional, mismos que establecen las formalidades necesarias al momento de una detención. Pero en el presente caso no fueron cumplidas. 4.- Violaciones de DERECHOS HUMANOS consagradas en lo previsto en el artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 Constitucional y también por lo dispuesto en los preceptos establecidos en la CONVENCION INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, mejor conocida como PACTO DE SAN JOSE, en razón de la VIOLACION AL PRECESO, desde el momento de la DERENCION, así como la DILACION PROCESAL. 5.- LA ILEGAL DEPORTACION que se pudiera dar, derivada de la ilegal DETENCION Y/O RETENCION, en razón de la violación de los DERECHOS HUMANOS de la solicitante de amparo. 6.- EL INDEBIDO PROCESO Y LA VIOLACION AL DERECHO DE AUDIENCIA, ya que no se le ha concedido ser asistida por algún profesional en derecho, que puede realizar los trámites legales correspondientes para su libertad. 7.- POSIBLE DESAPARICION FORZADA DE PERSONA. 8.- LA ILEGAL PRIVACION DE LA LIBERTAD. V.- ANTECEDENTES.- PROTESTA: Para los efectos de la fracciones II y VII del artículo 107 de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos y abstenciones que nos constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado y el fundamento de los conceptos de Violación son ciertos como a continuación se manifiestan: HECHOS: PRIMERO.- El pasado MIiercoles 18 de Agosto de 2021, La señorita Jennyreth Josefina Gonzalez Gomez se encontraba circulando de manera normal en esta ciudad de Villahermosa Tabasco, a bordo de una combi del servicio público, iba con su amiga la C. OLGA LIDIA TORRES SOLIS, cuando unas personas que portaban uniformes con logotipos de migración, hicieron señas de que se parara la combi, porque harían una ligera revisión, al momento en que empiezan a preguntar datos personales, la quejosa les dice que es originaria de Venezuela, y sin más ni más la hicieron bajar del vehículo al mismo tiempo que le decían que los tenía que acompañar y que sería trasladada a partir de ese momento al centro de Refugio y detención que se encuentra ubicado en la calle cobre de ciudad industrial, lugar mismo donde no se le ha permitido ver y hablar con ella, y desde el día Jueves 27 de Agosto, no se nos da información alguna, argumentando el personal del instituto de migración que esto es debido a que ellos tienen mucho trabajo, o a que están fumigando, y sobre todo y lo más preocupante, diciendo que ella presentó un problema de salud grave relacionado con las vías instestinales por el que tuvo que ser trasladada a un hospital del que por obvias razones tampoco nos pueden dar información, por lo tanto en ya repetidas ocasiones he dejado los números telefónicos donde puedo ser localizada pues ellos me aseguran que ellos harán una llamada donde la pondrán en la línea y así poder escuchar de ella misma que realmente se encuentra bien y estable,, es por ello que acudimos a esta autoridad solicitando lo correspondiente. Se tiene conocimiento de todo lo antes manifestado a través de la C. OLGA LIDIA TORRES SOLIS ya que ella presencio LA ILEGAL DETENCION Y/O ILEGAL PRIVACION DE LA LIBERTAD de la quejosa y ha ido a preguntar por su amiga. Conforme a lo expuesto, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de esta Juzgadora, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte promovente impugna de las autoridades responsables en carácter de la directa quejosa los siguientes actos: Desaparición forzada de persona Privación ilegal de la libertad, fuera de cualquier procedimiento legal. Incomunicación; y, La orden de deportación. SUSPENSIÓN DE PLANO Por cuestión de técnico, inicialmente en este acuerdo se proveerá sobre la suspensión de plano de los actos identificados con los números 1, 2 y 3, posteriormente, se hará lo conducente respecto del acto número 4. En esa medida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, párrafo primero, incisos a) y b), subincisos, 1), 2), y 3), 12, párrafos primero y segundo, 17, párrafos primero y segundo, inciso d), 18, párrafo primero; 20, párrafo segundo y 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil once; artículos I, II, y IX, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de mayo de dos mil dos; así como los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo y 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO PARA QUE CESEN DE INMEDIATO los actos consistentes en la desaparición forzada de persona y/o privación ilegal de la libertad, fuera de cualquier procedimiento legal, e incomunicación, que dice el promovente está siendo objeto la directa quejosa JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, así como cualquier otro acto que atente contra su vida, integridad o derechos humanos, actos que se encuentran prohibidos por el ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Lo anterior, sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora que los promoventes refieren que la quejosa JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, se encuentra detenida en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad desde el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, pues así se advierte de la demanda de amparo. Sin embargo, ello puede acontecer al existir un procedimiento en contra de la parte quejosa para resolver su situación migratoria; entonces, se concede la suspensión solicitada para el efecto de que las responsables garanticen los derechos reconocidos en la Constitución Federal, Tratados Internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano, de la quejosa JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, y ésta quede a disposición de este juzgado federal en cuanto a su libertad personal, en el lugar donde se encuentra alojada para la continuación del procedimiento respectivo, y en términos del artículo 107 de la Ley de Migración, de haberse emitido el acuerdo de presentación respectivo, en la estación migratoria en que se encuentren, se les respeten los derechos siguientes: Prestarles servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; Atender los requerimientos alimentarios de dichos extranjeros, ofreciéndole tres alimentos al día, para lo cual el Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física de los extranjeros arriba citados, a hombres y mujeres; Garantizar el respeto de los derechos humanos de los extranjeros presentados; Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso esta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. Además, el 102 de la Ley de Migración dispone: Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Por tanto, deberá de comunicarle a la parte quejosa de estar sometida a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, que en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y; d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Asimismo que la garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/2006-PL, consultable en la página 15, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido que de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración deberán resolver la situación regular de la parte quejosa en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Ahora, la suspensión no puede tener por efecto que dichas autoridades dejen de acatar lo establecido por la norma, pues ésta conforme el artículo 1° de la Ley de Migración, que es de orden público y de observancia general en toda la República, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Incluso, conforme el artículo 37 de la Ley de Migración, todo extranjero tiene las siguientes obligaciones al internarse al país: Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) Cuando así se requiera, visa válidamente y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México. Por tanto, las autoridades administrativas se encuentran en aptitud de ejercitar sus facultades conforme se actualicen los supuestos de la norma que, en el caso, es la Ley de Migración. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro: 2002071, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 27/2012 (10a.), página: 1168, de rubro y texto: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PENAL. NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con dicho numeral, cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado de circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución. Ahora bien, de no proceder la libertad caucional, la suspensión no tendrá por efecto dejarlo en libertad, sino que se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución de la condena y queden las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo; es decir, el quejoso continuará privado de su libertad, por lo que el estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria que padece dentro de determinado reclusorio, constituye una circunstancia no comprendida en los alcances de la medida precautoria concedida. En esa tesitura, el hecho de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado, debido al otorgamiento de la suspensión, no implica que dentro de las facultades de dicho órgano esté la de intervenir en los actos de disposición que en el ejercicio de sus atribuciones despliega la autoridad carcelaria y administrativa respecto de la persona del quejoso, hecha excepción del supuesto en que llegaran a realizar algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión. Consecuentemente, frente a actos propios de tales autoridades administrativas que determinan el traslado del condenado o cualquier otra medida que modifique su situación de recluso, no procede el recurso de queja por incumplimiento de la suspensión, sino el amparo indirecto, sujeto al principio de definitividad, o no, según el caso. Por otra parte, los efectos de la suspensión de plano para el caso de haber sido detenido por autoridades distintas al Ministerio Público. En caso, de que los actos reclamados precisados anteriormente, constituyan una mera detención del quejoso en términos de los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para el efecto de que en caso, de haber sido detenido por autoridades distintas al Ministerio Público, sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. En el entendido de que si la detención de la quejosa no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto, que sea puesto en libertad. Asimismo, para el caso de que la quejosa se encuentre a disposición del Ministerio Público, por cumplimento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el caso de que la agraviada se encuentre a disposición del Ministerio Público, por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, el plazo a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de que haya sido puesto a disposición. Finalmente en caso del que la quejosa hubiera sido detenida en cualquier supuesto distinto a los mencionados, el efecto de la suspensión será que se le ponga en inmediata libertad, o disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido que las autoridades responsables de forma inmediata, deberán hacer del conocimiento de este órgano jurisdiccional, ante que autoridad se encuentra a disposición JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, así como su situación jurídica. Efectos de la suspensión para el caso de desaparición forzada cometida por particulares. Por otra parte, en caso de que la desaparición de JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, se haya cometido por particulares, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado respecto de la falta de investigación por parte de las autoridades responsables para lograr la búsqueda y localización urgente con vida de JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, la cual se indica de acuerdo a las manifestaciones de los promoventes en la demanda de amparo a partir del veintisiete de agosto de este año, pues refieren que personal del instituto de migración que la quejosa presentó un problema de salud grave relacionado con las vías intestinales por el que tuvo que ser trasladada a un hospital del cual no les proporcionaron información, para el efecto de que cese dicha omisión y en cambio las autoridades responsable inicien y/o continúen con la integración e investigación correspondiente, y se avoquen a la localización de JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, en los términos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esto es, lleven a cabo todos los actos, trámites y/o diligencias previstos en ley para ello, incluso en caso de ser así aquéllas que tengan como finalidad el reconocimiento de restos. Así mismo, en términos del artículo 5 fracción X de la citada ley general, deberán permitir la participación directa de los familiares en las tareas de búsqueda de JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, deberán adoptar las medidas correspondientes para que se le dote a los promoventes Salvador Sánchez Zuñiga y Patricia del Carmen Paz Domínguez, asesoría jurídica especializada en el tema, atención psicológica; también, deberán abstener de intimidarla o efectuar cualquier acción para disuadirla de su pretensión, a efecto de garantizar la investigación y esclarecer la verdad respecto a este hecho. Lo anterior es así, pues la citada ley, entre otras cosas, establece que la búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la persona, hasta su localización, incluidas aquéllas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados. La búsqueda a que se refiere la citada ley se realizará de forma conjunta, coordinada y simultánea por la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, para lo cual, las autoridades responsables deberán darle la intervención correspondiente, lo anterior es así, pues en el caso de la presentación de una denuncia, el Fiscal que la reciba debe proceder sin dilación a aplicar el protocolo homologado de investigación y remitir la información a la Fiscalía Especializada competente, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda. Los mecanismos de búsqueda deberán agotarse totalmente hasta que se determine la suerte o paradero de la persona. La Comisión Nacional de Búsqueda garantizará que los mecanismos de apliquen conforme a las circunstancias propias de cada caso, de conformidad con el protocolo homologado de búsqueda. Las autoridades que reciban la denuncia, el reporte o noticia deberán implementar inmediatamente las acciones de búsqueda que les corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo correspondiente. Lo anterior es así, pues la omisión que se atribuye a las autoridades responsables se traduce en una violación al principio de expeditez procesal que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, así como de seguridad jurídica contemplada en el diverso 21 de la norma suprema, pues su consecución se ha postergado, no obstante, que con base en esos dispositivos constitucionales, corresponde a la autoridad aquí responsable garantizar que la indagatoria se lleve a cabo de una manera seria, eficaz y efectiva, lo que proporciona confianza y seguridad a los gobernados en sus instituciones, a efecto de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes con actos indolentes de la autoridad, ya que le corresponde actuar sin dilaciones a efecto de tener los elementos suficientes para conocer la verdad de los hechos en que se suscitó la desaparición del buscado. Consecuentemente es deber de las autoridades, prevenir que la libertad de los individuos se vea menoscabada por la actuación de agentes estatales y terceros particulares, así como investigar y sancionar los actos violatorios de este derecho. A la luz de lo relatado, se colige que existe la obligación ministerial de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un ilícito. Cierto, se estima que una correcta integración de una carpeta de investigación, implica considerar cruciales las primeras horas y los primeros días de desaparición de las víctimas, ante lo cual prevalece la obligación de las autoridades de hacer todo cuanto se encuentre a su alcance y observar las normas de manera más estricta, es decir con una realización exhaustiva de actividades de búsqueda. Para ello, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades ordenando medidas oportunas innecesarias dirigidas a la de determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privado de libertad, pues como premisa básica las autoridades deben presumir que las personas desaparecidas están privadas de libertad y siguen con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que han corrido. Y es que bajo cualquier circunstancia de reporte de desaparición de personas, debe prevalecer la urgencia e inmediatez en la toma de decisiones por parte de la Fiscalía para contar con datos fidedignos que lleven a la localización del buscado, ya que cualquier demora injustificada luego de la presentación de la denuncia correspondiente puede trascender de manera negativa en la investigación, ya que basta mencionar que el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, alude al aseguramiento y preservación de evidencia en que existan huellas o pudieran tener relación con la comisión de hechos delictuosos, ya sea en el lugar o lugares del hallazgo a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan, lo que no acontece en la especie ante las acciones tardías o nulas por parte de las autoridades responsables. Efectivamente las autoridades como mínimo, deben intentar identificar a la víctima, recuperar y preservar el material probatorio relacionado con aquél; identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la desaparición; determinar la causa, forma, lugar y momento de ese evento por medio de investigaciones exhaustivas, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado el estado de incertidumbre sobre la no localización de éste. Además las responsables deberán observar los elementos relevantes del "Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada" en que se fijan las reglas mínimas de procedimiento a aplicar en la búsqueda, localización y resguardo inmediato de las personas desaparecidas; así como los artículos 9 y 12 de la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ahora bien, tomando en consideración que la finalidad de la presente medida, entre otras, es lograr la localización de JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, por tanto, a fin de dar plena efectividad a la suspensión de plano concedida, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables o cualquier otro centro de internamiento, así como zonas militares, hospitales y centros de atención médica y psiquiátricos, con residencia en esta ciudad. Por tanto, constituido el actuario adscrito a este juzgado ante las autoridades mencionadas, deberá proceder a la búsqueda de la quejosa JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, esto es: I. Vocee o llame a la quejosa JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana en el lugar respectivo. II. Analice el libro de registro de entrada, para verificar si existe un ingreso a nombre de la persona buscada, en caso afirmativo, verificar la fecha de ingreso al lugar donde se le ubicó; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento del ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentra a disposición en cuanto a su libertad personal. III. Notificarle el presente auto y requerirla para que manifieste si es su intención ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, quedarán sin efectos las medidas decretadas en dicho auto. IV. En caso de localizar a la buscada JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, dé fe del estado físico en el que se encuentre. V. Notificarle a la autoridad ante quien esté detenida la quejosa, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, en los términos aquí señalados, debiendo hacerles saber el cumplimiento inmediato que deben darle a la misma, así como la obligación de acatar e informar sobre su cumplimiento en los términos señalados. VI. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario de la adscripción para que, de tomar conocimiento de que la buscada se localiza en una diversa dependencia, ubicada donde este juzgado federal ejerce jurisdicción, se constituya en la misma y proceda a realizar la diligencia encomendada. Requiérase a las autoridades responsables a fin de que permitan el acceso del actuario de este juzgado a sus instalaciones, para que se encuentre en posibilidad de llevar a cabo la diligencia encomendada; apercibidas que de oponer obstáculo alguno al buen desarrollo de la referida diligencia, puede configurar el delito de desacato directo a una orden judicial, previsto por el artículo 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo; asimismo, hágasele saber que incurre en el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de una persona bajo cualquier forma de detención. Por otra parte, respecto de la orden de deportación, que se emita en contra de la quejosa JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO por cuanto hace a las autoridades responsables Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, para el efecto de que la orden de deportación, que se emita en su contra no se ejecute y la quejosa queden en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y para el debido cumplimiento de esta suspensión; así, prevéngase a la autoridad en cuestión para que de manera inmediata se abstengan de llevar a cabo el acto mencionados en contra de la quejosa JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, en los términos indicados. Medida suspensional que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. Cabe destacar que al conceder la suspensión esta autoridad lo que procura es fijar la situación en la que quedaran las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, como para el caso, que en la demanda que nos ocupa se señaló como actos la orden de deportación emitida en contra de la quejosa JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana. Por tanto, si no se concediera la suspensión de dicho acto de la forma como se hizo, podría ejecutarse el mismo; es decir, cabe la posibilidad que la peticionaria de amparo fuera deportada o retornada a su país de origen, trayendo como consecuencia que se le ocasionaran daños y perjuicio de difícil reparación, pues provocaría en ella una alteración en su entorno personal, que muy posiblemente trascendería a su aspecto psicológico y emocional. Por tales motivos, resulta necesario emitir la presente medida cautelar en los términos precisados en el presente acuerdo. Ahora bien, reitérese a la Actuaria Judicial adscrita que la demanda promovida a favor de la quejosa, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo anterior y 22 constitucional, requiera a la directa quejosa JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta, manifieste SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO QUE PROMOVIERON EN SU FAVOR, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los citados numerales. INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción de los oficios correspondientes, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.9o.P.60 P 10a., sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2392, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materias Común, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA. El delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Por ello, el legislador estableció que el juzgador de amparo proveyera de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido la demanda, pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional; tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, para lo cual, su párrafo sexto dispone que cuando advierta de la demanda de amparo la posible comisión de dicho delito, tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite, lo que evidencia que el legislador destacó que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo; sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos, aun sin haber admitido la demanda. Por otra parte, requiérase al Fiscal General del Estado de Tabasco y al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, realicen una investigación minuciosa en todas y cada una de las dependencias a su cargo, incluyendo la de los municipios que conforman esta Entidad, si en alguna de ellas se encuentra o estuvo a disposición JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana. De igual forma, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo y el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su 2° numeral, requiérase a la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas e Investigación de la Desaparición Forzada de Personas, de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que reciba la notificación de este acuerdo, informe si ha iniciado algún procedimiento relacionado con JENNYRETH JOSEFINA GONZÁLEZ GÓMEZ, de nacionalidad venezolana, o cuenta con algún elemento objetivo que pueda conducir a su localización. APERCIBIMIENTO En atención a lo anterior, prevéngase a las autoridades requeridas, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, así como para que den cumplimiento al requerimiento hecho en el presente auto, apercibidas que de no hacerlo en el término concedido, se les impondrá una multa equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Salvador Sánchez Zuñiga, por así haberlo solicitado y al resto en términos restringido del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona por así haberlo solicitado. Ahora, en relación a los números telefónicos que proporcionan a este juzgado, se toma conocimiento como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de notificación vía electrónica y consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx al usuario: "Salvatore1318". Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. NOTIFICACIONES ELECTRONICAS En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se hagan de manera electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA JUICIO EN LÍNEA Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.

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