Jennyfer Salinas Carranza
Expediente 95/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 28 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 03/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jennyfer Salinas Carranza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a tres de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Incidental
Acapulco, Guerrero; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de queja administrativa 98/2017, interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de siete de febrero anterior, dictado en autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 95/2017; agréguense al expediente original el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se declara sin materia el recurso de queja. --- SEGUNDO. Es pública la información contenida en el presente recurso de queja, con supresión de los datos confidenciales de las partes en los términos, razones y fundamentos referidos en el último considerando de la presente sentencia." En tal virtud, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 95/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el dos de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Jennyfer Salinas Carranza, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES Director de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, con domicilio en esta ciudad. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en la Ciudad de México. Gobernador del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. Rector del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. ACTO RECLAMADO "1. FACULTAD DE MEDICINA EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO GUERRERO., con sede en la Ciudad y Puerto de Acapulco, reclamo la violación al Artículo 3 Constitucional, así como la negativa por parte de las autoridades responsables de otorgarle la admisión para el efecto de que el ahora quejoso llevara a cabo sus estudios en dicha facultad de medicina, por ser violatorios de garantías individuales al ahora quejoso, así como la negativa de admisión del examen por parte de la suscrita realizado en fecha 17 de diciembre del año 2016, dando los resultados el día 18 de enero del2017, por ser violatorio a los derechos humanos. 2. DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se reclama la violación al Artículo 3 Constitucional, así como la negativa por parte de las autoridades responsables de otorgarle la admisión para el efecto de que el ahora quejoso llevara a cabo sus estudios en dicha facultad de medicina, por ser violatorios de garantías individuales al ahora quejoso, así como la negativa de admisión del examen por parte de la suscrita realizado en fecha 17 de diciembre del año 2016, dando los resultados el día 18 de enero del2017, por ser violatorio a los derechos humanos. 4. RECTOR DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclama la violación al Artículo 3 Constitucional, así como la negativa por parte de las autoridades responsables de otorgarle la admisión para el efecto de que el ahora quejoso llevara a cabo sus estudios en dicha facultad de medicina, por ser violatorios de garantías individuales al ahora quejoso, así como la negativa de admisión del examen por parte de la suscrita realizado en fecha 17 de diciembre del año 2016, dando los resultados el día 18 de enero3. DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclama la violación al Artículo 3 Constitucional, así como la negativa por parte de las autoridades responsables de otorgarle la admisión para el efecto de que el ahora quejoso llevara a cabo sus estudios en dicha facultad de medicina, por ser violatorios de garantías individuales al ahora quejoso, así como la negativa de admisión del examen por parte de la suscrita realizado en fecha 17 de diciembre del año 2016, dando los resultados el día 18 de enero del2017, por ser violatorio a los derechos humanos.De todas las autoridades responsables se reclama las consecuencias que de hecho y de derecho, se hayan causado y que se sigan causando por virtud de la resolución que por esta vía se impugna y se reclama." SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 3, 14, 16 y 17 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 95/2017; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CUARTO. En proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad, se tuvo por inexistente a la autoridad designada en la demanda como Rector del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y se ordenó suspender toda comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos de autoridades administrativas, cuyos efectos tienen lugar en la jurisdicción de este tribunal federal, por ubicarse en esta ciudad la unidad académica cuya negativa a ingresar reclama la quejosa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda se precisa que la quejosa Jennyfer Salinas Carranza, reclama en esta instancia constitucional, la negativa de su ingreso o inscripción como alumna en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente de la República y el Gobernador del Estado de Guerrero, con sede el primero en la Ciudad de México y el segundo en la ciudad de Chilpancingo, al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan (fojas 135 y 118) negaron el acto que se les atribuye y que quedo precisado en el considerando que antecede. Tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que, la quejosa, no rindió prueba alguna tendente a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades responsable, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo. Así las cosas, no habiéndose demostrado la certeza del acto que se reclama a las autoridades mencionadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Director de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir informe con justificación (foja 128), en principio negó la certeza del acto que se le reprocha, sin embargo, reconoció que la quejosa participó en el examen nacional de ingreso a la educación superior realizado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por tanto, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el mismo, ya que en realidad su negativa se encuentra encaminada a justificar la constitucionalidad del mismo. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe, consistentes en copia de la oferta de segunda oportunidad para ingresar a cursar la carrera de médico cirujano en la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (dirigida a los aspirantes que presentaron el examen el día veinticinco de junio del año dos mil dieciséis, y no alcanzaron los puntajes para ser aceptados) emitida por el Jefe del Área de Admisión Escolar de la Universidad Autónoma de Guerrero, y de la lista general de los resultados del examen (segunda oportunidad) que obtuvieron los aspirantes a ingresar a la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero; las cuales hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, tenemos que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal. De las normas legales antes señaladas, se colige que la improcedencia del juicio de garantías puede derivar de alguna disposición de la propia ley de la materia y ésta, en el caso, se vincula con los citados artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, al disponer que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos que emanen de una autoridad y vulneren derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, cuyo concepto -de autoridad- legal, además, define el segundo de esos numerales. Pues bien, atendiendo a la naturaleza del acto aquí reclamado, se estima actualizada la causal de improcedencia en comento, pues la Universidad Autónoma de Guerrero a través de su Unidad Académica de Medicina, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Para arribar a tal conclusión, es importante destacar que el examen íntegro de la demanda de garantías, pone de relieve que la quejosa, señaló como acto reclamado la negativa de su ingreso o inscripción como alumna en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. En efecto, de acuerdo a los artículos de la Ley de Amparo antes señalados, la procedencia del amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo, entiéndase por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le confiere la ley y, por ende, que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sobre el particular, es oportuno citar la tesis P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 118, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199459, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Además, para concebir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Al caso, cabe invocar la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 307, tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194367, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Asimismo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por lo cual se tiene como notas distintivas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II, del artículo 5 de la ley de la materia en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de dicha porción normativa. Puntualizado lo anterior, se considera que el acto que reclama la hoy quejosa, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la negativa de su ingreso o inscripción como alumna en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, carece de la característica relativa a que el acto afecte unilateralmente su esfera jurídica, al modificar o extinguir la situación jurídica en que se encuentra, ya que la quejosa aún no tiene incorporado a su esfera el carácter de alumna, de ahí que no pueda afectársele en su esfera jurídica. Luego, por esa razón no puede catalogarse que entre la quejosa y la institución educativa de nivel superior se actualice una relación de autoridad-gobernado, para que la citada inadmisión se traduzca en un acto de autoridad. En efecto, se puede advertir que la quejosa es una aspirante y con ese carácter no puede ubicársele como alumna, al no haber cumplido con los requisitos que marcó la convocatoria o segunda oportunidad al proceso de admisión, entre ellos, no obtener calificación que le permitiera quedar dentro de los sesenta lugares que se ofertaron para la carrera de médico cirujano de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues como lo establece el artículo 9, fracción V de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad establecerá entre otros los términos de ingreso de sus estudiantes. Ahora bien, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a.CCXCV/2016 (10a), sostuvo el criterio de que las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es impartir educación pública en términos del artículo 3 de la Constitución Federal; y la autonomía universitaria debe ser reconocida por medio de una ley formal y material, por lo que puede sostenerse que el reconocimiento de esta característica está sujeto al principio de reserva de ley. Por su parte, la citada Ley Orgánica vigente de la Universidad Autónoma de Guerrero establece en sus artículos 4 y 5 esa condición. De acuerdo con lo anterior, la Universidad, como organismo del Estado, goza de la garantía institucional de la autonomía, por lo que está dotada de las facultades de autogobierno, autonormación y libre administración de su patrimonio. Sin embargo, como ya se señaló, dichas facultades están orientadas funcionalmente a maximizar el alcance y la tutela del derecho a la educación superior, que es la finalidad que busca proteger la autonomía universitaria, por lo que el alcance de ésta debe determinarse en función del ámbito de protección tutelado al derecho humano a la educación superior. En ese sentido, el hecho de que la Universidad Autónoma de Guerrero niegue a la aspirante quejosa el ingreso o inscripción al Sistema de Educación Superior, por no haber obtenido la puntuación requerida en el examen sometido para tales efectos, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues solo tiene la calidad de "aspirante", y en el caso, adquirirá la condición de alumna, hasta que sea admitida por la autoridad competente y registrada en el programa educativo que pretende, pues será hasta ese momento cuando se incorpore a su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que la ubiquen en una específica condición. Las anteriores consideraciones deben subsistir independientemente de que el artículo 1 Constitucional haya sido reformado mediante decreto de diez de junio de dos mil once, donde se incorporó un nuevo paradigma constitucional y se elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte, lo cual consiste, básicamente, en que las normas relativas a los derechos humanos, a los cuales no escapa la Ley de Amparo, deben interpretarse de manera que se favorezca en todo momento a las personas la protección más amplia, dado que la protección de sus derechos resulta ser una cuestión preponderante para el Estado Mexicano. Ello es así, porque en el referido decreto, en materia de educación, concretamente en cuanto al artículo 3 Constitucional sólo se modificó el segundo párrafo y se estableció el respeto a los derechos humanos como fin de las políticas de educación en nuestro país, al determinarse que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. En ese sentido, la determinación de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero de no admitir como alumna a una aspirante por no haber aprobado el examen de ingreso correspondiente, al derivar del hecho de que la referida casa de estudios, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de autonomía para establecer por sí sola los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y dado que, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, pues será hasta ese entonces cuando se incorpore a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica, por lo que no existe entre la Universidad y la aspirante, aquí quejosa, relación de supra a subordinación, ya que ésta no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios, pues los aspirantes, en términos del Reglamento General de Inscripción, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio reglamento. Lo anterior no debe interpretarse como un actuar que impida u obstaculice a la aspirante, aquí quejosa de acceder a la educación en términos del artículo 3 Constitucional; puesto que todos los aspirantes tienen la misma posibilidad de ingresar al Sistema de Educación Superior, ya que ello depende de su capacidad para cubrir los requisitos bajo los criterios y lineamientos que establece la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, su Estatuto General y sus reglamentos. Aún más, si bien es cierto que, mediante las reformas hechas en materia de educación y de derechos humanos a los artículos 3 y 107 Constitucionales en julio de dos mil once y febrero de dos mil doce, se obliga al Estado a reconocer y garantizar a todos los individuos el goce y la protección de sus derechos humanos y también se estableció que las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlos, respetarlos y protegerlos y, por otro lado, se instituyó explícitamente la obligación del Estado de garantizar una educación de calidad para todos; también lo es que, como se ha precisado, el artículo 3, fracción VII, Constitucional fija el principio de autonomía constitucional, que permite a las universidades establecer por sí solas los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. De ahí que se pondere que la universidad, en los casos como el que se analiza, no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del amparo, en razón de que la actividad preponderante del Estado Mexicano, en relación con su obligación de garantizar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, se colma, precisamente, al ejercer su autonomía para establecer los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, pues la accesibilidad a la educación implica que no exista exclusión por razones de raza, origen, color, género, condición socioeconómica, discapacidad, lengua, religión y otras análogas, pero no así que la universidad se encuentre obligada a no imponer filtros para elegir a los mejores alumnos, pues ello, se insiste, atiende a la autonomía con que cuenta en términos del artículo 3, fracción VII, Constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 180/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1261, tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176075, del siguiente contenido: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, "... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior..."; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios." Asimismo, sirve de apoyo la tesis XV.2o.13 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada a página 829, tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 195818, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, NO TIENE TAL CARÁCTER LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CUANDO REALIZA EXAMEN DE ADMISIÓN. Si bien es cierto que resulta ser un acto unilateral, la realización del examen de admisión de la Universidad Autónoma de Baja California, para el ingreso a esa casa de estudios, ello nace en virtud de la potestad de que está investido dicho organismo al impartir la enseñanza superior, y como tal, cuenta con plena autonomía para la admisión de estudiantes, toda vez que el Reglamento General de Inscripciones contiene las bases correspondientes y además, no crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los solicitantes, pues éstos sólo son aspirantes a ingresar a dicha universidad y por ello no gozan de derecho alguno protegido por la Constitución, la cual sólo establece en su artículo 3o., como obligatoria la impartición de educación primaria y secundaria." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal, con fundamento en el numeral 63, fracción V del primer ordenamiento en cita, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 95/2017 promovido por Jennyfer Salinas Carranza, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de la presente resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Acapulco, Guerrero, veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra programada para este día; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, en razón de que las constancias remitidas como complemento de su informe justificado de la autoridad responsable Director de la Unidad Académica de Medicina de la universidad Autónoma de Guerrero, con sede en esta ciudad, recibidas en acuerdo de diecinueve del mes en curso, no fueron conocidas por la parte quejosa con la anticipación mínima a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia de mérito se difiere para las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.
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