Jenny Soledad Rodriguez Mata
Expediente 295/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jenny Soledad Rodriguez Mata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
causa estado la resolución que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Incidental
archívese el presente incidente de suspensión como asunto totalmente concluido
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a quienes intervienen en este asunto, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado, por lo que, con los elementos que obran en autos, se establecerá si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable. Al respecto, cabe señalar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que este exija. Conviene puntualizar que en la sentencia dictada en el sumario, la cual causó ejecutoria mediante auto de treinta de noviembre del año próximo pasado, se otorgó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: (.) 1) Deje insubsistente la resolución combatida. 2) Subsane los vicios formales (motivación) consistentes en: I. La omisión de motivar adecuadamente por qué se estimó que el monto de la pensión debía reducirse del veinticinco al veinte por ciento de los ingresos del demandado, y que tal porcentaje era suficiente para cubrir sus alimentos, con todo lo que la acepción de estos implica, atendiendo tanto a la capacidad económica de quien debe otorgarlos, como a la necesidad de quien debe recibirlos. II. La falta de consideración de la totalidad de los argumentos, así como la valoración de las pruebas ofrecidas por las partes (precisamente al analizar la proporcionalidad de la medida cautelar), a fin de justificar la procedencia o no de la reclamación intentada, así como para determinar el monto que para el caso resulte procedente. III. Se abstenga de considerar como afectación a la capacidad contributiva del demandado aquellas deducciones de carácter personal y voluntarias adquiridas por aquel. (.) En acato a lo expuesto, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución pronunciada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la cual, en primer término, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de diez de marzo de la anualidad pasada y, en su lugar, una vez analizada la procedencia de la reclamación planteada por el tercero interesado, y valorando las pruebas ofrecidas por las partes y la capacidad económica del deudor, determinó confirmar la medida cautelar decretada en favor de la menor acreedora. Así, del contenido de dicha determinación se evidencia que el juez responsable realizó una valoración integral del material probatorio ofrecido por los contendientes que le permitieron concluir en el sentido de que la madre de la menor no solicitó protección alimentaria en su favor, sino solo para la infante, razón por la cual quedaban fuera de discusión sus necesidades por tales conceptos; asimismo, estableció que presumiblemente cumplía con su carga respectiva al tener a su hija incorporada a su hogar. Por otra parte, desestimó provisionalmente los medios de prueba ofrecidos por el reo, dado que con los documentos a través de los cuales pretendió acreditar el pago de diversos servicios no era dable concluir que era precisamente él quien erogaba por esos conceptos, al estar expedidos a nombre de un tercero. En el mismo tenor, resolvió que los gastos personales acreditados por el reclamante no podían ser considerados en ese estadio procesal y, finalmente, se pronunció en el sentido de reconocer que no se acreditó la obligación de ministrar alimentos a un tercero diverso de su menor hija. De esta forma, concluyó que debía prevalecer la medida cautelar provisionalmente establecida en el auto de inicio, máxime que tampoco quedó acreditada plenamente la real capacidad contributiva del reo, así como sus necesidades personales, que permitieran determinar que ese porcentaje era insuficiente para la satisfacción que su propia subsistencia demandaba. Por lo que, se estima que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos a que se contrajo la ejecutoria de amparo, ya que observó los aspectos anotados en el fallo constitucional, por lo que se tiene por cumplida la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa en este asunto y, en atención a su contenido, indíquesele que de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, firmada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que la Comisión Especial de dicho Consejo aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19". Por lo que, en cumplimiento a lo instruido, el ordenamiento aplicable para la operación es el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; asimismo, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, con fundamento en el artículo 20 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, se levantó la suspensión de plazos y, consecuentemente, se reactivó la tramitación del presente asunto, a partir del doce de enero del presente año; por lo que, de conformidad con la certificación que antecede, indíquese al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado en virtud de que ha fenecido el término concedido para imponerse de dichas constancias relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria amparadora.
- Principal
Con las constancias que remitió la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
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