Jenny Maritza Calles García
Expediente 658/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jenny Maritza Calles García
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por resolución de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, el cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha resolución quedó firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
"... Agréguese el oficio 0894/2022, suscrito por Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, donde rinde su informe justificado, en el que niega el acto reclamado y en justificación al mismo, remite copia certificada de la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, pronunciada dentro del expediente laboral 423/2021, de su índice. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que ofrece la responsable citada, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias que se anexan al oficio que se provee, se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se desprende que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". Con relación a esta causa de improcedencia, el Máximo Tribunal emitió el criterio, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Criterio que continúa vigente, a pesar de haberse emitido a la luz de la Ley de Amparo abrogada, por así permitirlo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, toda vez que la causa de improcedencia invocada está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo vigente, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama en su demanda de amparo lo siguiente: -La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 423/2021 Ahora, de las constancias que acompaña la responsable, se advierte que el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictó el laudo dentro del expediente laboral 423/2021, de su índice. Lo anterior, revela que han cesado los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, en virtud que la responsable dictó dicho laudo, tal como se advierte en el párrafo que antecede. Por lo expuesto, es evidente que se destruyeron los efectos de la omisión reclamada de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. Ahora, cabe precisar que en el caso, resulta improcedente dar vista a la quejosa para que amplíe su demanda de amparo, contra el laudo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el expediente laboral 423/2021, pronunciado por la Junta responsable, en la que por una parte condenó al ahí demandado y por la otra lo absolvió; ello, de conformidad con el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra el laudo emitido el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, porque dicha determinación puso fin al juicio laboral 423/2021. Lo anterior en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. [.]" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)". En relación con las resoluciones que ponen fin al juicio, existe el criterio siguiente: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas." (Tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito consultable en la página 466, tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación). Los artículos y tesis transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, que procede contra sentencia definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento; que por resoluciones que pongan fin al juicio, se entenderá las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En el caso, tomando en consideración que, en el caso, la determinación emitida por la autoridad responsable el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, es una resolución que pone fin al juicio sin decirlo en lo principal, el conocimiento correspondería al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno. Es así porque, como ya se dijo procede el juicio de amparo directo en contra de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, de las cuales se duela la quejosa, como lo es el laudo emitido el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia antes analizadas; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque del citado numeral se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: En esas condiciones, lo que procede es dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
"... Visto el estado de autos y la primera certificación de cuenta, se advierte que mediante oficios 15199, 15200 y 15201 de seis de junio de la anualidad que transcurre se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados Administradora de Fondos para el Retiro Afore XXI-BANORTE S.A de C.V.; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); así como Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de sus Apoderados Legales, lo cual aconteció el diez de junio del actual, sin que al momento se hayan apersonado a juicio. En consecuencia, en términos del ordinal 117 de la ley de la materia, se ordena darle vista a dicha parte tercera interesada con la totalidad de constancias que integran el expediente; para lo cual, se ordena librar el oficio correspondiente, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo..."
- Principal
"...se admite la demanda de amparo promovida, tramítese sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado...Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para celebrar la audiencia constitucional...se tiene como terceros interesados a la Administradora de Fondos para el Retiro Afore XXI-BANORTE S.A de C.V., con domicilio para recibir notificaciones y emplazarlo al presente juicio de garantías, en ubicado en ********************; al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con domicilio para los efectos indicados en ********************; Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio el ubicado en ********************.********************Por tanto, líbrese oficio a los Apoderados Legales de dichos terceros, para los efectos siguientes:********************a) Se les notifique el presente proveído en dichos domicilios.********************b) Se les corra traslado con copia simple de la demanda, y sea emplazado a juicio... Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo; téngase por anunciadas las pruebas documentales que la parte justiciable refiere; sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno..."
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