Jenny Katiuska Alvarado Rivera

Expediente 560/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
560/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Jenny Katiuska Alvarado Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo indirecto en que se actúa, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que en su caso, la parte quejosa o representante social interpusieran recurso de revisión contra el auto de ocho de julio de dos mil veintidós, en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho dentro de tal temporalidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído causa ejecutoria.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia de notificación practicada el seis de los corrientes por el actuario judicial adscrito a este juzgado, a la quejosa Jenny Katiuska Alvarado Rivera, de la que se advierte que ratificó el escrito signado por su abogado, en el que manifestó su deseo de desistirse del presente juicio, por así convenir a sus intereses. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Lo anterior resulta procedente toda vez que, en principio, el estado procesal de este juicio de amparo admite dicho desistimiento, en virtud de que no se ha dictado sentencia en el presente asunto; además, la propia quejosa así lo indicó ante la presencia judicial, con lo cual quedó de manifiesto su voluntad expresa para concluir el juicio. Por lo que, considerando que conforme a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, al no existir interés de la parte impetrante para proseguir con su acción, resulta atendible su petición y procede resolver en la forma apuntada. Apoya lo considerado la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 147, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Así como la diversa tesis VI.2o.19 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 488, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado que rinde el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez; con el que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 9 de la ley invocada, se tiene a la autoridad oficiante designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. En lo que respecta al correo electrónico emigratoriajuarez@inami.gob.mx, téngasele como nueva forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico o número telefónico, solo será utilizado como medio de contacto entre ésta y el personal jurisdiccional. Además, en atención a lo solicitado, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico, atendiendo a los usuarios "dgoray" y "jgreynoso"; por lo que se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia. De igual manera, se tienen por recibidas como pruebas de su intención las documentales presentadas en apoyo a su informe, las que se admiten y desahogan en atención a su propia y especial naturaleza, sin prejuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 119 de la multicitada ley. Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el licenciado Alan Daniel Fernández Oquedo, autorizado de la quejosa Jenny Katiuska Alvarado Rivera, en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, mediante el cual solicita se tenga a la directa agraviada por desistida del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses y ser su deseo. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, y toda vez que la referida quejosa se encuentra en la Estación Migratoria de esta ciudad, requiérasele para que en el acto de la notificación de este proveído, en presencia del actuario judicial adscrito, manifieste si es su deseo desistirse de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el escrito hecho llegar por su abogado y se continuará con el trámite del presente asunto. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2006, Novena Época, que a la letra dice: "EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio."

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los escritos signados por el licenciado Alan Daniel Fernández Oquedo, autorizado de la quejosa Jenny Katiuska Alvarado Rivera, en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia; visto el contenido del primero de ellos, por cuanto hace a la petición de que se de vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito con las manifestaciones que considera constitutivas de delito, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad; lo anterior, sin menoscabo del derecho que pudiera corresponder al promovente o denunciante para acudir directamente ante las autoridades competentes y a través de las vías correspondientes, conforme a las leyes respectivas, para interponer la denuncia de los hechos que considera constituyen un ilícito. En referencia al disco compacto que anexa a su escrito, se deja a su disposición en la secretaría de este juzgado, para que de considerarlo conveniente, lo haga llegar a la autoridad competente. Por cuanto a su segundo escrito, en atención a lo señalado en auto de catorce de los actuales, respecto a los lineamientos y medidas de seguridad para que surta efectos la medida suspensional decretada, señala que la quejosa permanecerá en el domicilio ubicado en calle Oasis de Genova 9730, colonia Praderas de los Oasis, en esta ciudad; además, menciona que el Sub Representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual encargado de la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, con residencia en esta localidad fronteriza, se negó a recibir la carta responsiva signada por Ernesto González Espino, misma que al efecto acompaña, lo mismo que un recibo de consumo de gas natural relativo al domicilio antes citado; solicitando se requiera a las autoridades responsables para que informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida por este órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, no ha lugar acordar de conformidad lo peticionado, toda vez que no acredita que se haya cumplido con la totalidad de las obligaciones y lineamientos que se establecieron para que la directa quejosa pueda permanecer en domicilio diverso a la Estación Migratoria en que se encuentra, acatando lo acordado por este tribunal, en términos de lo dispuesto por la Ley de Migración.

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