Jennifer Woodward Crespo
Expediente 807/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Jennifer Woodward Crespo
- Jennifer Woodward Crespo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Del estado de autos y del contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
Del acta levanta por el actuario judicial adscrito a este este juzgado, se desprende la imposibilidad para notificar a * * * * , por propio derecho y en * * * el auto de dos de diciembre del dos mil veinte, en razón que el domicilio señalado por la quejosa se encuentra deshabitado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese el referido auto a la parte quejosa, así como las subsecuentes notificaciones que resulten, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto subsane dicha omisión.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * * personalidad que acredita con la escritura pública 1511, pasada ante la fe del licenciado Julio César Ceja Acosta, titular de la notaría pública 159 de Jacona, Michoacán, contra actos de la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 807/2020-IV. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama la resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el toca de apelación 331/2020, en la cual revoca el auto de siete de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez Décimo Tercero de lo Civil del Estado de Jalisco, en los autos del expediente relativo a la excepción de incompetencia por inhibitoria número 403/2020, para ahora determinar que resulta procedente la incompetencia planteada y declara que el citado juzgado es legalmente competente por razón de territorio para conocer del procedimiento de incompetencia y, por ende, ordena girar oficio al Juez Mercantil de Manzanillo, Colima, a fin de que suspenda el juicio de nulidad 20-0409-123C, así como para que en el término de cinco días se pronuncie expresamente sobre la aceptación o no de la inhibitoria en cuestión. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. La parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el toca de apelación 331/2020, en la cual revoca el auto de siete de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez Décimo Tercero de lo Civil del Estado de Jalisco, en el expediente relativo a la excepción de incompetencia por inhibitoria número 403/2020, para ahora determinar que resulta procedente la incompetencia planteada y declara que el citado juzgado es legalmente competente por razón de territorio para conocer del procedimiento relativo y, por ende, ordena girar oficio al Juez Mercantil de Manzanillo, Colima, a fin de que suspenda el juicio de nulidad 20-0409-123C, así como para que en el término de cinco días se pronuncie expresamente sobre la aceptación o no de la inhibitoria en cuestión. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación de los artículos antes transcritos, debe precisarse que el primero de dicho preceptos legales, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la citada causa de improcedencia, pues como se precisó con anterioridad el acto reclamado es la resolución de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 331/2020, en la cual se revoca el auto de siete de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez Décimo Tercero de lo Civil del Estado de Jalisco, en los autos del expediente de incompetencia por inhibitoria número 403/2020, para ahora determinar que resulta procedente la incompetencia planteada y ordena girar oficio al Juez Mercantil de Manzanillo, Colima, a fin de que suspenda el juicio de nulidad 20-0409-123C, así como para que en el término de cinco días se pronuncie expresamente sobre la aceptación o no de la inhibitoria en cuestión. De lo anterior se advierte que el objeto de análisis en esta instancia constitucional lo constituye una resolución que contiene la decisión de un órgano jurisdiccional de revocar el auto de siete de septiembre de dos mil veinte, en el expediente de incompetencia por inhibitoria número 403/2020, para ahora determinar que resulta procedente la incompetencia planteada y solicita al Juez Mercantil de Manzanillo, Colima, a fin de que suspenda el juicio de nulidad 20-0409-123C, así como para que en el término de cinco días se pronuncie expresamente sobre la aceptación o no de la incompetencia por inhibitoria propuesta. Respecto del acto que aquí se analiza -que determina procedente la incompetencia por inhibitoria y solicita al juez que lleva el trámite del asunto, que se inhiba de conocer del mismo-, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que, de conformidad con la Ley de Amparo Vigente, es procedente siempre que sean definitivos, porque es hasta entonces cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En ese contexto, como ha quedado expresado en la presente resolución, la determinación que declara procedente la competencia por inhibitoria, no puede ser considerada un acto que tenga una ejecución de manera irreparable a la parte quejosa, pues no existe aún una determinación que acredite que la autoridad a quien se solicitó inhibirse en el conocimiento del asunto, se haya pronunciado respecto si acepta o no; por ende, el juicio de amparo biinstancial deviene improcedente. De esta manera, la decisión del órgano de declarar procedente la incompetencia por inhibitoria, esto es, la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no puede considerarse como una determinación que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas, es decir, cuando la autoridad requerida acepte inhibirse del conocimiento del asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 17/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparocon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Salvador Reyes Jiménez, Francisco Bayardo Magaña, César Bayardo Magaña y Alejandro Alvarado Armendáriz; en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales y al resto de los mencionados en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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