Jennifer Tamayo Martínez
Expediente 684/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 31/01/2018
Partes del expediente
- Jennifer Tamayo Martínez
Actuaciones
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- Principal
Toluca, México; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Carlos Eduardo Martel Salazar, mediante el cual solicita se expidan a su costa copias certificadas del informe justificado remitido por la autoridad responsable, del oficio por medio del cual da cumplimiento a la resolución de Amparo, así como del auto que declara ejecutoriada la sentencia emitida. Asimismo autoriza para recibir dichas copias a los Licenciados Osvaldo Archundia Becerril, David Ramírez Castillo, Teresa Hernández Pérez, María Mayra Garcia Silva y María de Jesús Salas Rico. De conformidad con los artículos 278 y 279 de la codificación procesal citada, expídanse las copias solicitadas a costa del promovente, teniéndose como autorizadas a las personas designadas en el escrito de cuenta, en el entendido que quien se presente a recogerlas deberá asentar razón en autos para debida constancia legal por su entrega. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Toluca, México; diez de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa y tercero interesada dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo en vigor, no se inconformaron contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 132 a 134), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. Dado lo cual, devuélvase al Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, México las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 259/2015. Por tanto, con fundamento en la fracción II, del artículo 297, del código adjetivo citado, requiérase a ésta para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, acuse recibo de las constancias de mérito, con el apercibimiento que en caso de ser omiso o no informar la imposibilidad jurídica o material que tengan para ello, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 237 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones dentro del plazo concedido; podrán hacerse acreedores a una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. No existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
como se ordenó se notifica a la parte quejosa y tercero interesada el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el cual dice: Toluca, México; veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. El estado procesal de los presentes autos evidencia que feneció el plazo concedido en proveído de quince de agosto de dos mil diecisiete (foja 122), en relación con la forma en que la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la parte agraviada ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 76 a 92), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: ÚNICO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jennifer Tamayo Martínez por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad Carlos Eduardo Martel Tamayo, contra el acto y por la autoridad precisados en los considerandos tercero y cuatro, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución." Determinación que causó ejecutoria el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 109 a 110) y en esa misma fecha se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. 3. La concesión de amparo fue para el efecto de que se realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, dictado en los autos del expediente 259/2015. b) Emitiera una nueva resolución, en la que: - Atendiendo a los lineamientos precisados en la sentencia pronunciada respecto a la imposición de la medida de apremio, es decir, reiterara las consideraciones que la llevaron a determinar tal situación las cuales se encuentren fundadas y motivadas. - Se allegara de los datos necesarios para saber con quién puede quedarse el menor de edad en caso de que la medida de apremio llegue a ejecutarse, y en dicho auto especifique si el infante durante el tiempo que su madre se encuentre privada de la libertad, deberá estar al cuidado de los abuelos maternos o paternos, tíos o familiares de éste, o en todo caso en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); donde deberá tomar en consideración todas las circunstancias especiales del menor de edad que no dañen su integridad física y moral. En acatamiento a la sentencia de mérito, el Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, mediante oficio registrado con número de control interno 2386 (foja 115), remitió copia certificada de la resolución emitida el once de agosto de dos mil diecisiete, con lo que adujo acatar lo ordenado en el fallo protector. Dichas constancias, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°. De las constancias remitidas se puede apreciar que el Juez responsable cumplió lo encomendado en sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete, toda vez que: Dejó insubsistente el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete y emitió una resolución, en la que sostuvo los motivos para dictar la medida de apremio reclamada: es decir, que la quejosa ha sido reiterativa en no presentar a su menor hijo y entregarlo a su progenitor. Adoptó las providencias necesarias para que otra persona se haga cargo del menor durante el tiempo que dure la medida la ejecución material de la medida de apremio. Tomó en consideración todas las circunstancias especiales del menor de edad cuidando su integridad a fin de no ponerla en riesgo, seguridad y salud de éste; y, previno a ambos progenitores para que proporcionaran en sobre cerrado los nombres domicilios y números telefónicos de los abuelos tanto paternos como maternos para quedarse con el menor de edad en caso de que la medida de apremio llegue a ejecutarse. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En otro orden, el estado procesal de autos evidencia que mediante proveído de veintitrés de agosto de este año (foja 129), la quejosa, desahogó la vista otorgada por este órgano de control constitucional refiriendo que la autoridad responsable Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, deje sin efectos la medida de apremio decretada. Manifestación que para los efectos del presente amparo no le asiste razón, en virtud de lo acordado en el presente proveído es decir el juez responsable si fundó y motivo la medida de apremio que decretó; sin embargo, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma pertinente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Toluca, México; veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. El estado procesal de los presentes autos evidencia que feneció el plazo concedido en proveído de quince de agosto de dos mil diecisiete (foja 122), en relación con la forma en que la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la parte agraviada ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 76 a 92), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: ÚNICO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jennifer Tamayo Martínez por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad Carlos Eduardo Martel Tamayo, contra el acto y por la autoridad precisados en los considerandos tercero y cuatro, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución." Determinación que causó ejecutoria el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 109 a 110) y en esa misma fecha se requirió cumplimiento a la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. 3. La concesión de amparo fue para el efecto de que se realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, dictado en los autos del expediente 259/2015. b) Emitiera una nueva resolución, en la que: - Atendiendo a los lineamientos precisados en la sentencia pronunciada respecto a la imposición de la medida de apremio, es decir, reiterara las consideraciones que la llevaron a determinar tal situación las cuales se encuentren fundadas y motivadas. - Se allegara de los datos necesarios para saber con quién puede quedarse el menor de edad en caso de que la medida de apremio llegue a ejecutarse, y en dicho auto especifique si el infante durante el tiempo que su madre se encuentre privada de la libertad, deberá estar al cuidado de los abuelos maternos o paternos, tíos o familiares de éste, o en todo caso en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); donde deberá tomar en consideración todas las circunstancias especiales del menor de edad que no dañen su integridad física y moral. En acatamiento a la sentencia de mérito, el Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, mediante oficio registrado con número de control interno 2386 (foja 115), remitió copia certificada de la resolución emitida el once de agosto de dos mil diecisiete, con lo que adujo acatar lo ordenado en el fallo protector. Dichas constancias, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°. De las constancias remitidas se puede apreciar que el Juez responsable cumplió lo encomendado en sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete, toda vez que: Dejó insubsistente el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete y emitió una resolución, en la que sostuvo los motivos para dictar la medida de apremio reclamada: es decir, que la quejosa ha sido reiterativa en no presentar a su menor hijo y entregarlo a su progenitor. Adoptó las providencias necesarias para que otra persona se haga cargo del menor durante el tiempo que dure la medida la ejecución material de la medida de apremio. Tomó en consideración todas las circunstancias especiales del menor de edad cuidando su integridad a fin de no ponerla en riesgo, seguridad y salud de éste; y, previno a ambos progenitores para que proporcionaran en sobre cerrado los nombres domicilios y números telefónicos de los abuelos tanto paternos como maternos para quedarse con el menor de edad en caso de que la medida de apremio llegue a ejecutarse. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En otro orden, el estado procesal de autos evidencia que mediante proveído de veintitrés de agosto de este año (foja 129), la quejosa, desahogó la vista otorgada por este órgano de control constitucional refiriendo que la autoridad responsable Juzgado Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, deje sin efectos la medida de apremio decretada. Manifestación que para los efectos del presente amparo no le asiste razón, en virtud de lo acordado en el presente proveído es decir el juez responsable si fundó y motivo la medida de apremio que decretó; sin embargo, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma pertinente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe
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