Jennifer Rojas Warnke
Expediente 676/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jennifer Rojas Warnke
Actuaciones
- Principal
MESA I Visto, del estado de autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además de que a consideración del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.
- Principal
MESA I Vista la demanda de amparo presentada por Dante David Zamora Ureña, quien dice ser defensor privado de Jennifer Rojas Warnke, contra actos de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 20, Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 676/2021-I-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado: ". la negativa de determinar el no ejercicio de la acción penal a favor de mi defendida Jennifer Rojas Warnke, en la carpeta de investigación CI-FMH/MH-4/UI-2S/D/02461/07-2019, abierta por el delito de lesiones.". En ese contexto, del capítulo de antecedentes del acto reclamado señaló: ". manifiesto bajo protesta de decir verdad. El veintidós de julio de dos mil veintiuno, la Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Ruth Liliana Sánchez Monterrubio, tras abrir la carpeta judicial 011/0826/2021, previno a la Ministerio Público adscrita a la agencia MH-4 de la Fiscalía de la Ciudad de México a efecto de que proporcionará información acerca de la carpeta de investigación CI-FMH/MH-4/UI-2S/D/02461/07-2019. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la licenciada Maribel Lara Ayala Ministerio Público adscrita a la agencia MH-4 de la Fiscalía de la Ciudad de México, desahogó la prevención efectuada por la jueza, precisando entre otras cuestiones y en síntesis lo siguiente: "Jennifer Rojas Wranke, se encuentra relacionada con las carpetas de investigación CI-FMH/MH-4/UI-2S/D/02461/07-2019 y CI-FMH/MH-4/UI-3S/D/02232/06-2019". El diez de marzo de dos mil veintiuno, la entonces titular de la unidad sin detenido licenciada Bárbara Amada Ramírez López, emitió un acuerdo para contestar la propuesta de no ejercicio de la acción penal planteada por el suscrito. Esa contestación fue notificada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno -anexando copia autentificada del acuerdo y de la notificación correspondiente- (sic). El cinco de agosto de dos mil veintiuno, la licenciada Gloria Hernández Franco, Jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio acordó entre otras cuestiones, lo siguiente: ". por otra parte al encontrarse pendiente de proveer la solicitud de los licenciados Dante David Zamora y Jorge Robledo Ramírez, respecto al señalamiento de audiencia a fin de que haya un pronunciamiento sobre la función del Ministerio público de resolver la propuesta de no ejercicio de la acción penal realizada en fecha once de noviembre de dos mil veinte, hágase del conocimiento de los citados profesionistas que no se provee de conformidad la misma, esto atendiendo a que en sus manifestaciones existe una omisión por el agente del Ministerio público, misma que no se encuentra dentro de los supuestos contemplados en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que puede dar intervención al órgano de control (sic), ya que dicho numeral es claro en precisar que la intervención versa única y exclusivamente en determinaciones del Ministerio público, consistentes en: abstención de investigar, archivo temporal la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; aunado a que mediante escrito presentado en la unidad de gestión judicial Once en fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la licenciada Maribel Lara Ayala informó que en fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo respecto a su petición a efecto de que se determine el no ejercicio de la acción penal, el cual refiere, después notificado en fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno." Esta demanda de amparo se endereza contra la negativa del Ministerio público de no determinar el no ejercicio de la acción penal a favor de mi defensa Jennifer Rojas Wranke, hago notar que esta decisión ministerial estuvo inmersa en el procedimiento emprendido ante el juez de control, formando parte del mismo; aclaro esto último porque, si bien es cierto que esa decisión ministerial se tomó en el acuerdo emitido el diez de marzo de dos mil veintiuno, también es verdad que me fue notificado vía electrónica hasta el veintitrés de julio de dicha anualidad; es decir, pude conocer esa decisión después de que solicite el once de junio de dos mil veintiuno, que un juez de control de la Ciudad de México convocará a una audiencia para que se pronunciara sobre la omisión ministerial en relación a la propuesta de no ejercicio de la acción penal que presente el diez de noviembre de dos mil veinte, esto significa que el procedimiento iniciado ante el juez de control fue el que motivo que pudiera conocer el acuerdo ministerial emitido el diez de marzo de dos mil veintiuno." Sobre esa base, se advierte que en torno al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; [.]". La causa de inejercicio que nos ocupa, prevé la improcedencia por consentimiento tácito del acto reclamado, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo. La porción normativa antes transcrita tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Ahora, a efecto de evidenciar la existencia de la causa de inejercicio invocada, es de vital importancia traer a contexto lo consagrado en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." En vinculación directa con lo anterior, este Juzgado de Distrito estima pertinente destacar que los actos reclamados no se encuentran comprendidos en el caso de excepción que prevé la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, que autoriza la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo. Al respecto, no debemos olvidar que a raíz de la reforma de la Ley de Amparo, se limitó la procedencia del juicio de amparo en cualquier tiempo siempre que se trate de actos fuera de procedimiento. En ese tenor, en el caso la negativa de determinar el no ejercicio de la acción penal no constituye un acto emitido fuera de procedimiento y el quejoso bajo protesta de decir verdad señaló que tuvo conocimiento del mismo desde el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, ya que en esa fecha se enteró con motivo del procedimiento instaurado ante un Juez de Control. Por lo anterior, resulta inconcuso que en el presente caso se actualiza la segunda de las hipótesis mencionadas en párrafos precedentes ya que el impetrante tuvo conocimiento del acto reclamado en la fecha que se refirió. Máxime que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que la Juez de Control señaló que el diez de marzo de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Publico emitió un acuerdo respecto a su petición en el sentido de que se determine el no ejercicio de la acción penal, el cual refiere, electrónicamente le fue notificado el veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Por lo que, para efectos de computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, será a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Aspecto que por exclusión obliga a la promoción del juicio de amparo en el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17, de la ley de la materia, por tratarse de un acto emitido dentro de procedimiento. Ahora, a efecto de evidenciar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto al acto controvertido, conviene reproducir el siguiente cuadro: Actos reclamados Fecha de conocimiento del acto. Fecha a partir de la cual corre el término por conocimiento del acto. Término de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Fecha de presentación de la demanda de amparo. Negativa de determinar el no ejercicio de la acción penal, en la carpeta de investigación CI-FMH/MH-4/UI-2S/D/02461/07-2019. 23 JULIO DE 2021. 27 DE JULIO DE 2021. DEL 27 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021. 31 AGOSTO DE 2021. Bajo esa tesitura, es inconcuso que el acto reclamado -negativa de determinar el no ejercicio de la acción penal, en la carpeta de investigación CI-FMH/MH-4/UI-2S/D/02461/07-2019- fue consentido tácitamente, ya que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el martes treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, esto es, cuando el plazo de quince días concedido por el artículo 17, de la Ley de Amparo, había transcurrido en exceso, dado que el último día que tenía el quejoso para presentarla, fue el lunes dieciséis de agosto del año en curso. En consecuencia, se materializa la causal de improcedencia aquí analizada. Finalmente, no se soslaya las manifestaciones de la parte quejosa consistentes en: ". por último, manifiesto que el nueve de agosto de dos mil veintiuno fui notificado vía electrónica de la decisión tomada por el juez de control respecto a la omisión ministerial en relación con la propuesta de no ejercicio de la acción penal, esa fecha deberá ser tenida en cuenta a efectos de definir la oportunidad y la procedencia de esta demanda de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de la Materia.". Manifestaciones que no pueden ser consideradas para el efecto que propone, ya que como lo señaló, el nueve de agosto refirió tuvo conocimiento de la determinación del Juez de Control, acto por el cual no se duele el quejoso, pues la presente instancia constitucional se promovió contra la negativa de determinar el no ejercicio de la acción penal, en la carpeta de investigación CI-FMH/MH-4/UI-2S/D/02461/07-2019, la cual, se itera, como lo señaló bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento el veintitrés de julio de dos mil veintiuno; acto que atribuye a autoridades ministeriales y de ninguna manera señala al juez de control en cita. Por las razones jurídicas que cita se invoca la tesis I.5o.T.166 L, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1999, Tomo X, Materia Laboral, localizable en la página 706, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD. ES CORRECTO, DADO EL RECONOCIMIENTO DE LA FECHA DEL ACTO RECLAMADO, EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE HAYAN RECLAMADO ACTOS DIVERSOS Y POSTERIORES. Si el propio quejoso reconoce haber tenido noticia del acto reclamado en determinada fecha, y ante esa situación el Juez de Distrito estima que el amparo fue presentado fuera de tiempo, tal consideración es correcta, no obstante que el impetrante aludiera además a actos diversos y posteriores, ya que no existe razón para alterar lo decidido, tomando en cuenta que la demanda es desechada en su totalidad y, por su carácter indivisible, no es dable ordenar su aceptación parcial." Con motivo de las razones expuestas en la presente determinación, con fundamento en los diversos 112 y 113, de la ley de la materia, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Robledo Ramírez, en virtud de estar registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el Acuerdo General plenario 21/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); se tiene como medios de contacto los correos electrónicos, así como lo números telefónicos que precisa el ocursante, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. JUICIO EN LÍNEA. Por otra parte, se exhorta a las partes a fin de garantizar la impartición de justicia pronta y expedita, realicen las gestiones necesarias a fin de poder llevar este juicio en línea. Para lo cual, con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza al Secretario y Actuarios Judiciales para firmar los oficios que deriven del trámite de este juicio de amparo.
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