Jennifer Plutón Villegas
Expediente 768/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jennifer Plutón Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintiuno. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa Jennifer Plutón Villegas, por auto de tres de marzo del año en curso, notificado por lista el cuatro de marzo siguiente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa, sin que haya realizado pronunciamiento alguno dentro del plazo de ley que se le concedió, toda vez que habiendo hecho una búsqueda en el libro de gobierno, no se encontró promoción tendente al respecto; asimismo, este juzgado federal procederá a estudiar las constancias que integran el juicio de amparo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. Concesión del amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el expediente, se advierte que el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jennifer Plutón Villegas, bajo las consideraciones y los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia." Asimismo, mediante acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, causó ejecutoria la referida sentencia, por lo que se requirió al Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector para el siguiente efecto: ". En virtud de lo hasta aquí narrado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Jennifer Plutón Villegas, para el efecto que la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, emita el laudo en el expediente SAT55/2016 y lo comunique a las partes. Lo anterior es así, en razón de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional, deben delimitarse a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento..." ??????????????? Cumplimiento dado por la autoridad responsable. En virtud de lo anterior, mediante auto de tres de marzo pasado, el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje remitió las constancias relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, de las que se advierte que mediante resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral SAT55/2016, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente, así como la constancia de notificación realizada a la quejosa en la que se le hizo del conocimiento dicha resolución, anexando copia certificada de las constancias con las que acreditó su dicho. Por tanto, de conformidad con lo establecido con los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este juzgador le da valor probatorio pleno a las constancias remitidas por la autoridad responsable, donde acreditó su dicho. Por cumplida. En consecuencia, atendiendo a que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le dio con las constancias exhibidas por la autoridad responsable en el presente asunto, y en atención a lo expuesto con anterioridad, este juzgador considera que el fallo protector ha quedado cumplido, sin que se advierta que la responsable incurriera en defecto o exceso en el mismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Archivo. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente juicio de amparo es depurable al haberse negado el amparo y protección de la Justica de la Unión, toda vez que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General citado. Por lo que hace al incidente de suspensión al haberse al negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 inciso c) es destruible, por tanto, una vez que trascurra el término de tres años, procédase a su destrucción. ??????????????? Notifíquese....MESA 8
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual manifiesta que ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto, remitiendo al efecto diversas constancias para acreditar su dicho; ahora bien, con el contenido del referido informe y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibido que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado de amparo resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese...MESA 8
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Secretaria. Ingrid Maleny Meraz Marrufo En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta y un minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 768/2020, promovido por Jennifer Plutón Villegas, por propio derecho, ante el suscrito Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, asistido de la secretaria Ingrid Maleny Meraz Marrufo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy sin la presencia de las partes. A continuación se procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de veintidós de octubre de dos mil veinte; constancia de notificación a las partes e informe justificado. Acto seguido el juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace relación de las siguientes documentales: Autoridad responsable: 1) Copia certificada de diversas actuaciones del juicio laboral SAT55/2016. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas dichas documentales, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, mismas que serán tomadas en consideración al resolverse el juicio de amparo, sin pruebas pendientes por desahogar se da por concluido el periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, asimismo, que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, no presentó pedimento en el presente juicio de amparo. El juez acuerda: de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes de aportar alegatos de manera posterior, con lo que se concluye dicho periodo. No habiendo diligencias por desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 768/2020, promovido por Jennifer Plutón Villegas, por propio derecho, contra un acto de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el cual fue recibido en este Juzgado de Distrito el veintidós siguiente, Jennifer Plutón Villegas, por propio derecho, acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que hizo consistir en: A.- PRESIDENTE DE LA SALA AUXILIAR DE TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIAICÓN Y ARBITRAJE, a quien se le atribuye la omisión de emitir el laudo dentro del expediente SAT55/2016, toda vez que de acuerdo a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios ha transcurrido en exceso el término para dictar la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral, de acuerdo a lo que señala la legislación burocrática estatal en su artículo 242, causando perjuicio a la quejosa por su omisión en el dictado y notificación a la suscrita del referido laudo. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró como 768/2020; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; a la autoridad responsable se le solicitó rindiera su informe justificado; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 52, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado no requiere de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en la jurisdicción de este juzgado federal. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, visible a página 32, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Es de hacer notar, que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración los calificativos que el peticionario del amparo expuso, con apoyo en la jurisprudencia 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, que establece: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que se reclama: ? La omisión de dictar el laudo y notificarlo dentro del expediente laboral SAT55/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Es cierto el acto reclamado de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, consistente en la omisión de dictar el laudo y notificarlo dentro del expediente laboral SAT55/2016, de su índice; pues así lo manifestó al rendir informe justificado, lo que se corrobora de las constancias que INGRID MALENY obran en autos consistentes en la copia certificada de diversas actuaciones referentes a dicho asunto, precisamente del acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, en el que se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos al Auxiliar Dictaminador para que emitiera el proyecto correspondiente. La documental de mérito constituye un documento público y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. En el caso, el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, no señala de forma directa una causal de improcedencia, sino que hace alusión a que debe sobreseerse en el juicio ya que la omisión no causa perjuicio a la quejosa y que será subsanado en su oportunidad, y al efecto trata de robustecer su argumento bajo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Al respecto, el analizar si la omisión de dictar el laudo correspondiente y notificarlo a las partes, es o no invasivo a la esfera de derechos de la quejosa se relaciona con el fondo del asunto, por lo que no es posible y, por ende, resulta inoportuno efectuar pronunciamiento alguno en este apartado, ya que las manifestaciones en el sentido de que es posible subsanar la transgresión, no se encuentran encaminadas a demostrar una causa de improcedencia, sino a justificar una cuestión que debe ser analizada a la luz de los conceptos de violación expresados por la promovente; por tanto, son infundados los planteamientos en ese sentido. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.1 QUINTO. Estudio. 1. Antecedentes. Previo al estudio de fondo del asunto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado que se desprende de las constancias que obran en autos: 1 El contenido de la jurisprudencia es el siguiente: Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Novena Época, Tomo XV, Enero de 2002, Materia Común, página 5. I. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, Jennifer Plutón Villegas, demandó del Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de México, diversas prestaciones; ocurso de que correspondió conocer a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que registró bajo el expediente SAT55/2016. II. Seguido el procedimiento por sus causes legales, el tres de marzo de dos mil veinte, se cerró la instrucción y se turnaron los autos al Auxiliar Dictaminador para que emitiera el proyecto correspondiente. Siendo éste el estado procesal que guarda el juicio de origen. 2. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó, sustancialmente, que la omisión de emitir el laudo en el expediente laboral de origen y notificarlo es transgresivo a lo que disponen los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Manifestaciones que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaran, sin que sea necesario transcribirlas en su integridad, pues no existe disposición expresa en la ley de Amparo que así lo establezca, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, registro 164618, cuyo rubro es el siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 3. Análisis. Es fundado el motivo de inconformidad planteado por la parte quejosa, que en lo sustancial reclama la dilación procesal derivada de la omisión de emitir el laudo correspondiente en el juicio laboral SAT55/2016 y notificarlo; lo anterior, ya que el ordenamiento fundamental y secundario protege y garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, que consiste básicamente en la posibilidad de ser parte en un proceso y promover la actividad jurisdiccional en forma pronta, completa e imparcial, en un plazo razonable. Derecho que se encuentra protegido esencialmente en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas procesales (.). En lo que interesa, el indicado precepto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Dicho derecho fundamental debe de observarse, no solo por los órganos pertenecientes al Poder Judicial, sino también por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice, pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLV/2004, publicada en la página cuatrocientos, tomo XXI, enero de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LOS ÓRGANOS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL NO SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR ESA FUNCIÓN.- Es cierto que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Sin embargo, de ese precepto constitucional no se desprende que los órganos pertenecientes al Poder Judicial sean los únicos encargados de administrar e impartir justicia, ni que los organismos que formalmente son integrantes del Poder Ejecutivo tengan impedimento para sustanciar procedimientos administrativos y emitir sus resoluciones, tan es así, que en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la propia Constitución, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, que no pertenecen al Poder Judicial, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tienen a su cargo dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, así como para establecer las normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones, de ahí que la administración e impartición de justicia que tutela el artículo 17 constitucional, puede desempeñarse por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto. Así como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el anterior numeral constitucional en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, visible en la página doscientos nueve, tomo XXVI, octubre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prevé: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Por otro lado, conforme a la tesis transcrita en último término, se deduce que el artículo 17 de la Carta Magna, establece diversos principios cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, tales principios consisten en: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Para dar contestación al concepto de violación hecho valer por la parte amparista, cabe citar el contenido del artículo 242 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, pues es el ordenamiento que regula el juicio de origen: ARTICULO 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar resolución, en una sesión del pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días. El precepto en cita es bastante claro en cuanto al término que cuenta la autoridad para emitir un laudo en un juicio laboral, en el caso de que la controversia se trate de una relación entre los poderes públicos del Estado y los Municipios y sus respectivos servidores públicos -como es el caso-. Precepto que es claro, por lo que para su interpretación basta con acudir a su letra, esto es, a la semántica, sin necesidad de acudir a cualquier otro método o argumento interpretativo. En el caso particular, tal como ha quedado asentado en el punto 1 de este considerando, no se ha emitido el laudo correspondiente en el expediente laboral SAT55/2016 a pesar de que el tres de marzo de dos mil veinte, la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, declaró cerrada la instrucción y pasó los autos para que se emitiera el proyecto. Ahora, se toma en cuenta la situación actual del país y la forma de trabajo entre los órganos jurisdiccionales y de gobierno, lo que si bien no es imputable al ente responsable, lo cierto es que sí existe una dilación en el procedimiento que retrasa de manera injustificada la impartición de la justicia, lo que hace que su actuar sea violatorio de la prerrogativa que artículo constitucional citado contempla. Ello, porque de la copia certificada que obra en autos de las diversas constancias del sumario de origen, se advierte que una vez cerrada la instrucción el tres de marzo del presente año; no hay un acuerdo posterior, siendo que desde agosto se reanudaron términos y plazos y si bien se está trabajando con personal reducido, esto no es justificante para que exista una abierta dilación en el procedimiento. Por lo anterior, se concluye que en el caso particular la Junta responsable, sin lugar a dudas, trasgredió en perjuicio de la parte peticionaria de amparo el derecho de prontitud en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional, en las etapas del proceso laboral sometido a su conocimiento, al no haberlo substanciado de manera diligente y efectiva, específicamente, porque no emitió el laudo correspondiente apegado al plazo que marca la ley adjetiva. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 44/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones. Por lo anterior, la autoridad responsable trasgredió en perjuicio de la parte peticionaria del amparo el derecho constitucional de prontitud en la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, en virtud de que el proceso laboral sometido a su conocimiento no ha sido substanciado y decidido en los términos que señala aquella normatividad, lo cual viola flagrantemente lo dispuesto en la legislación laboral, por lo que lo procedente es conceder a la parte quejosa Jennifer Plutón Villegas, la protección de la Justicia Federal solicitada. 4. Efectos. En virtud de lo hasta aquí narrado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Jennifer Plutón Villegas, para el efecto que la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, emita el laudo en el expediente SAT55/2016 y lo comunique a las partes. Lo anterior es así, en razón de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional, deben delimitarse a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2005150 de epígrafe siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. SEXTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Hágase del conocimiento de las partes que la presente resolución estará a disposición del público para su consulta, con supresión de la información confidencial que en su caso pueda contener, de conformidad con los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que sea necesario su consentimiento para autorizar el acceso a la misma de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jennifer Plutón Villegas, bajo las consideraciones y los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese...MESA 8
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, al respecto a fin de no irrogar perjuicio a las partes, con su contenido dése vista por el plazo de tres días, en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme al artículo 2. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las que refiere, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes
- Jeanette Ariana Merlos Amador168/2019
- Jeanine Nancy Madrid Larios9/2022
- Jehosua Abdiel Muñoz Deanda1562/2019
- Jenifer Saraí Coronado Ortega818/2021
- Jennifer Alicia Fernández Luna1005/2023
- Jennifer Amairany Beristain Moreno312/2019
- Jennifer Plutón Villegas702/2020
- Jenny Chávez Ordoñez788/2022
- Jeremy Alain Rodríguez Martínez1498/2018
- Jeronimo Hernández García987/2019
- Jessica Arlem Soto Padilla656/2021
- Jessica Bernal López926/2018