Jennifer Mayte Arceo Neira
Expediente 292/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Jennifer Mayte Arceo Neira
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Expediente principal destruible. En virtud de que la demanda de amparo que dio origen al presente expediente fue desechada, y carece de relevancia documental se precisa que el presente asunto es DESTRUIBLE, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico. Notifíquese.
- Principal
mediante acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno se ordena notificar por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo de once de marzo del año en curso, cuya síntesis dice: San Francisco de Campeche, Campeche, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por xxx Y/O xxx, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche y Actuario de su adscripción, consistente en la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida en autos del juicio oral de cesación de pensión alimenticia xx/20-2021/1OF-II, que desechó de plano el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, que admitió a trámite tal demanda. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno, bajo el número de juicio de amparo indirecto 292/2021- VII-B. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que, por manifiesto, se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, en la especie se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los que -de acuerdo con el propio texto legal- son aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos del quejoso, reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De este modo, la Ley de Amparo prevé condiciones específicas para que el juicio constitucional en la vía indirecta sea procedente contra un acto intraprocesal, toda vez que es necesario que el acto emitido dentro de juicio afecte materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, quedando excluidos los perjuicios a derechos adjetivos o procesales. Lo anterior, en el entendido de que los derechos sustantivos se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, será necesario que se impugnen junto con dicha resolución a través del medio de defensa establecido para tal efecto. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 (10ª), razonó que el artículo 107 de la Ley de Amparo proporciona mayor seguridad jurídica en cuanto a los actos irreparables, toda vez que mediante una fórmula legal se definió con precisión, que son aquéllos que generan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que producen consecuencias de tal entidad que impiden de manera actual el ejercicio de un derecho reconocido en la Norma Fundamental o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En ese entendido, la condición para afirmar que se está en presencia de un acto de imposible reparación es que la afectación se produzca materialmente, lo que -en consideración del Alto Tribunal- significa que el acto reclamado debe impedir el ejercicio de algún derecho en forma presente y actual, lo que puede suscitarse incluso antes del dictado del fallo definitivo. Asimismo, como segunda condición los actos irreparables deben producir una lesión a derechos netamente sustantivos, lo que se trata de una expresión que resulta antagónica con el concepto de derechos adjetivos o formales, los cuales se refieren a normas procesales y cuya inobservancia no produce necesariamente una lesión de modo actual y presente, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento respectivo. En el caso concreto la promovente xxx Y/O xxx (parte demandada), reclama la resolución de xxxxxx de enero de dos mil veintiuno, emitida en autos del juicio oral de cesación de pensión alimenticia xx/20-2021/1OF-II, que desechó de plano el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, que admitió a trámite tal demanda; lo que se considera como un acto que no reviste la naturaleza de imposible reparación, dentro de un juicio no concluido. Así es, aun cuando la promovente aduce violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, la decisión del citado órgano jurisdiccional responsable no produce como efecto vedar el ejercicio de los derechos consignados a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; por el contrario, repercute únicamente en cuestiones procesales, lo cual, en modo alguno implica una violación a sus derechos sustantivos. En efecto, la resolución reclamada no compromete en modo alguno el sentido de la decisión del juicio de origen. Lo anterior, toda vez que es una determinación cuyo perjuicio está supeditado a que llegue o no a trascender al sentido del fallo, lo que elimina la posibilidad de que el acto reclamado se considere como irreparable. Se insiste en el sentido de que la resolución reclamada no causa una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica sustantiva de la aquí quejosa, ya que al dictarse la sentencia definitiva favorable a sus intereses, dicha violación quedaría sin efecto o, en caso contrario, combatirse mediante amparo directo; luego entonces, como ya se mencionó, resulta evidente que la resolución que desechó el recurso de apelación interpuesto, no produce afectación material y directa a los derechos fundamentales, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, para ser considerados un acto de imposible reparación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por los motivos expuestos anteriormente, de la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como autorizado con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a xxx, y con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del aludido numeral, a las demás personal que señala en el escrito inicia de demanda, hasta en tanto acredite estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil cinco, que establece el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en Ciudad del Carmen, Campeche, gírese DESPACHO al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en esa localidad, a efecto que ordene, a quien corresponda, se constituya en el predio ubicado en calle xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en esa localidad, y notifique personalmente a la quejosa xxx Y/O xxx, el presente acuerdo; asimismo, deberá requerirla para que en el término de tres días hábiles contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista de estrados, de conformidad con los artículos 27 fracción II y 29, de la Ley de Amparo, esto sin necesidad de acuerdo previo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. En la inteligencia de que la autoridad deberá practicar la notificación respectiva, apegada a lo señalado por el artículo 27, fracciones I y II de la Ley de Amparo en vigor. Para efectos de lo anterior, se faculta a la autoridad comisionada para tal diligencia, para que en el caso de que al constituirse al lugar señalado y fuere informado de que el citado tercero interesado, puede ser notificado en uno diverso que se le proporcione, practique en dicho domicilio la notificación ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Una vez hecho lo anterior, deberá devolver la comunicación oficial respectiva a la brevedad posible, a fin de acorar lo conducente. Igualmente, fórmese tanto cuaderno impreso, como electrónico del presente juicio de amparo. Para ello, se ordena efectuar la digitalización electrónica del juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el presente expediente. También, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
se tiene debidamente notificado a la parte quejosa el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, cuya síntesis dice: San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte de la demanda de amparo promovida por *******, en su carácter de representante legal de la moral quejosa *******, que señaló como autoridades responsables a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, presidente, y actuario de su adscripción, Banco Santander México, Sociedad Anónima, y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima; sin embargo, al admitir la referida demanda no se giró el oficio respectivo a fin de solicitar su informe justificado a las instituciones de crédito designadas como responsables. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento del juicio de amparo indirecto 356/2020-V-A, y se tiene como autoridades responsables al Banco Santander México, Sociedad Anónima, y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima (BANAMEX). En consecuencia, se requiere a las referidas autoridades responsables para que en términos de lo establecido en los artículos 115 y 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciba la notificación relativa, por escrito o en medios magnéticos acompañando copia autorizada, legible y completa de las constancias que tomaron en consideración para adoptar la actitud omisiva reclamada, en caso de que éste sea cierto. Se apercibe a dichas autoridades que de no rendir sus informes con justificación, o lo hagan sin remitir las constancias respectivas en copias certificadas, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional) tomando en consideración que el valor de la medida de actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintiuno, es de $89.62(ochenta y nueve pesos con 62/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con lo establecido por los artículos 237 y 238 de la Ley de Amparo, y el diverso 259 de la ley de la materia. También, se requiere a las mencionadas autoridades para que el informe sea presentado con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se apercibe a las autoridades responsables, que al rendir su informe justificado deben de conducirse con verdad, en la inteligencia que de no actuar con probidad, este órgano de control constitucional dará vista al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo estipulado en el numeral 262 de la Ley de amparo.1 Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo2, se requiere a las partes contendientes en el presente juicio constitucional, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado Federal, apercibidas que de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, esto es, $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 en moneda nacional) tomando en consideración que el valor de la medida de actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintiuno, es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo que establece el artículo 237 fracción I, en relación con lo establecido por el artículo 251 de la ley de la materia3. De igual forma, se requiere a las autoridades responsables que remitan al correo electrónico 1jdo31cto@correo.cjf.gob.mx, de este Juzgado Primero de Distrito, la información electrónica que tengan en relación con el acto reclamado. Se hace del conocimiento de las partes, a verificar el sentido en que se conducen ante esta autoridad federal, ya que la infracción a ese deber o a la presentación de testigos o documentos falsos en el juicio de amparo, obligan a los órganos del Poder Judicial de la Federación, a dar noticia de dicha irregularidad al titular de la acción penal federal, ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 261, fracciones I y II de la Ley de Amparo4. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo materia del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública5, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma, lo que se manda hacer del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente.
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