Jennifer Mae Todus y Otros.

Expediente 1161/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1161/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Jennifer Mae Todus y Otros.
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en esencia, informa que ese órgano jurisdiccional no insiste en la incompetencia planteada a este juzgado de Distrito, por lo que continuará con el trámite del asunto; asimismo, acusa de recibo de las constancias originales que integran su juicio de amparo 832/2022 que le fueron remitidas; circunstancias de las que se toma cono cocimiento. En otro orden, el estado procesal de este juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por lo tanto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que este cuaderno es destruible y que no existen documentos originales exhibidos por las partes, en términos del artículo 21 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo, será destruido el el expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibido el oficio de cuenta (con anexos y en cuatro tantos), mediante el cual, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en lo que interesa, declina competencia para conocer del juicio de amparo 832/2022-VII de su estadística, promovido por *******, en representación de ******, así como de los menores de identidad reservada de iniciales *******, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades; y remite el cuaderno principal del mismo en un tomo. Atento a lo anterior, con el oficio y anexos de cuenta; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1161/2022-IV. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y de la revisión de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Mantener incomunicados a los quejosos y sin derecho de defensa. Ser detenidos al interior de un domicilio sin orden de cateo o aprehensión vigentes. Ser detenidos sin haber cometido un hecho delictuoso en flagrancia. Ser detenidos sin ser puestos sin demora a disposición de autoridad ministerial, judicial o migratoria. Tortura. Desaparición forzada. Privación ilegal de la libertad. Deportación del país a los Estados Unidos de América. Extradición. Tener detenidos a dos menores de edad sin que estos sean acompañados por un adulto de su confianza. Asimismo, las consideraciones que expuso el Juzgado declinante para sostener su legal incompetencia, en esencia, son los siguientes: "[.] Una vez precisado lo anterior, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, ya que los actos reclamados se están ejecutando en la Ciudad de Toluca, Estado de México, puesto que los directos quejosos se encuentran retenidos en el albergue familiar "La Casita" del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ubicado en la Avenida Paseo Colón, sin número, Colonia Isidro Fabela, Toluca, Estado de México, de ahí que se considere que la ejecución de los actos aquí reclamados, producirán consecuencias Jurídicas y/o deberán ser acatadas fuera del lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, concretamente en la Ciudad de Toluca, que corresponde a la Jurisdicción de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Aunado a que cinco de las autoridades responsables, tienen su residencia en la Ciudad de Toluca, Estado de México, sin que se señale un acto de autoridad que ejerza competencia dentro del territorio en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción; por lo que se considera que la presente determinación facilitaría el acceso a la justicia a la parte quejosa al poder acudir a un Juzgado de Distrito más cercano al lugar al en que se encuentran retenidos los directos quejosos" (sic). Sin embargo, no se soslaya que resulta un hecho notorio que en este juzgado de Distrito se recibió el exhorto 345/2022-VII (orden 345/2022-VII) remitido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por el juzgado declinante, el cual dio origen al diverso 155/2022-V (orden 182/2022) de este órgano jurisdiccional, mediante el cual la citada autoridad solicitó se comisionara al actuario judicial de esta adscripción a efecto de notificara y requiriera en los términos ahí precisados a ****** y a los menores de identidad reservada de iniciales *****, quienes adujo se encontraban retenidos en el albergue familiar " La Casita" del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ubicado en paseo Colón, sin número, colonia Isidro Fabela, Toluca, Estado de México. Empero, la actuaria judicial de la adscripción en razón de quince de julio de dos mil veintidós, hizo constar la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento con la diligencia encomendada por la autoridad exhortante, toda vez que, al constituirse en el sitio referido, fue atendida por el encargado del área jurídica del mismo, quien le expresó que las personas buscadas no se encontraban en ese inmueble, ya que habían sido trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, ubicadas en la calle Homero, número 1832, piso 5, colonia Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a.ªJ. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por lo anterior, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para conocer del juicio de amparo 832/2022-VII de su estadística, promovido por ******, en representación de ******, así como de los menores de identidad reservada de iniciales *******, pues es evidente que los argumentos en que sustentó su determinación han variado, ello, al haberse llevado a cabo el traslado a los impetrantes a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, ubicadas en la calle Homero, número 1832, piso 5, colonia Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, domicilio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. En efecto, en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal en cita se obtiene que para conocer de la demanda de garantías será competente el Juez de Distrito: i Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. i) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. ii) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Aemás, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a.ªJ.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Por tanto, como se expuso en párrafos que anteceden, resulta inconcuso que los argumentos en que sustentó su determinación el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, han variado, ello, al haberse llevado a cabo el traslado a los impetrantes a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, ubicadas en la calle Homero, número 1832, piso 5, colonia Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, domicilio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. Por lo cual, contrario a lo que aduce la autoridad declinante, no existe dato alguno que ponga de manifiesto o aporte algún indicio hasta el momento, que el acto reclamado pudiera tener ejecución en este territorio jurisdiccional. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, el que previno en su conocimiento, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.ª, con registro digital: 2016328, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3100, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Así como la diversa PC.I.P. J/39 P (10a.ª, con registro digital 2016596, Instancia Plenos de Circuito, Décima Época, Materias Común, Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1071, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que con los datos con que se cuenta hasta este momento, no es factible afirmar que la ejecución de los actos tendrán ejecución dentro de esta jurisdicción; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal por razón de territorio. Sobre lo expuesto, sirve de apoyo la Tesis I.1o.º.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no acepta la competencia planteada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para conocer del juicio de amparo 832/2022-VII de su estadística, promovido por ******, en representación de ******, así como de los menores de identidad reservada de iniciales ******* Por tanto, devuélvanse a esa autoridad los anexos que remitió, solicitándole de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente; asimismo, se sirva informar si insiste en declinar competencia y el trámite dado a la misma. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente; y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.

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