Jennifer Juárez Ferrer

Expediente 79/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
79/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
24/04/2018

Partes del expediente

  • Jennifer Juárez Ferrer

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Téngase recibido el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan; visto su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar, toda vez que el quince de marzo del presente año, se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de marzo de dos mil dieciocho Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo, téngase recibido el oficio 112/2018-II-X signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, mediante el cual acusa recibo del oficio 679/2018-I-A, por el que se le remitieran los autos originales del juicio de amparo 79/2017-I-A e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para ese efecto y dado que no existe trámite alguno pendiente de desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En términos de lo establecido en el punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurrido el plazo de seis meses a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Anótese en la carátula tal circunstancia y la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Téngase recibido el escrito signado por Jennifer Juárez Ferrer, Olivia Juárez Ferrer, Felipe Juárez Ferrer, Nora Hilda Anfonso Rodríguez, Luis Felipe Juárez Anfonso, Alán Isral Robles Juárez y Raúl Pérez Juárez, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintiséis de febrero del año en curso. DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio que promueven Jennifer Juárez Ferrer, Olivia Juárez Ferrer, Felipe Juárez Ferrer, Nora Hilda Anfonso Rodríguez, Luis Felipe Juárez Anfonso, Alán Isral Robles Juárez y Raúl Pérez Juárez; de su análisis integral, se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por los promoventes del amparo, conforme con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. (.) Del numeral transcrito en primer término, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese tenor, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso, los quejosos reclaman la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 362/2014; aducen que se les pretende despojar del inmueble ubicado en la congregación de Tamicho y Vichinjol de la Exhacienda "El Limón" en el municipio de Pánuco, Veracruz, cuya posesión detentan como arrendatarios. De lo anterior, se colige que atento a las consecuencias de la falta de emplazamiento reclamada, es inconcuso que sus efectos implican un principio de ejecución material, los cuales no tendrán verificativo en esta ciudad, sino en el Municipio de Pánuco, Veracruz, donde se encuentra localizado el inmueble que aducen los quejosos tienen en posesión a virtud de un contrato de arrendamiento que celebraron con Luis Juárez Sierra, por lo que corresponde al Juez Federal con jurisdicción en dicho Municipio, conocer del presente juicio de amparo. Es aplicable a lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis aislada I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". AUTORIDAD COMPETENTE En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el referido Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al número y límite territorial de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se estima que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, carece de competencia para resolver el presente juicio de amparo y que ésta corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, que se encuentre en turno, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde tendrán ejecución los actos reclamados, a quien deberá remitirse el presente expediente, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, para lo que tenga a bien determinar, solicitando el acuse de recibo de estilo. NO SE APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En la inteligencia de que este Juzgador no se pronuncia en relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda ni al incidente de suspensión del acto reclamado, pues corresponderá hacerlo al Juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la legislación invocada, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuera Aérea nacionales. No es óbice a lo expuesto lo manifestado por los quejosos en su demanda y escrito aclaratorio, en el que solicitan se tramite el presente juicio de garantías en este Juzgado Federal por ser más accesible y económico, dado que ubican su domicilio en el Municipio de Ébano, San Luis Potosí; toda vez que en la especie, la competencia no puede fincarse en razón del lugar en que los peticionarios del amparo aducen tener su domicilio, pues como se precisó el acto reclamado conlleva un principio de ejecución material, el cual se verificará en un Municipio que no se encuentra dentro de la jurisdicción este Juzgado Federal. Notifíquese; hágase personalmente.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 79/2018-I-A. PREVENCIÓN Ahora, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 108 del propio ordenamiento, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con cuatro copias de su escrito aclaratorio: Precisen los datos de identificación y/o localización del inmueble cuya posesión defienden a través de esta vía, toda vez que del análisis de su escrito de demanda no se advierte esa información. Apoya lo anterior, por las razones que la informan la Jurisprudencia 1ª./J.64/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 713, Materia Común, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE...." APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia se tiene como representante común de la parte quejosa a Jennifer Juárez Ferrer, por así haberlo señalado los quejosos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a ...y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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