Jennifer Josefina de la Torre Delfín
Expediente 873/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Jennifer Josefina de la Torre Delfín
- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la determinación de veintidós de junio del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jennifer Josefina de la Torre Delfín; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 873/2023. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Luego, del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse por las siguientes consideraciones. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En la especie, esta Juzgadora considera que se actualiza indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." La causal de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. Así, la figura del interés prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, pues dicho precepto dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De la fracción transcrita, se advierte que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto de reclamo. Dicho precepto, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Jennifer Josefina de la Torre Delfín, reclama: El sistema normativo conformado por los artículos 195 y 214 de la Ley General de Salud, los cuales fueron reformados por el Decreto publicado el diez de mayo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación que reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de ese cuerpo normativo; así como por el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023 publicado el uno de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación que propone la cancelación de treinta y tres Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud. Los numerales 195 y 214 de la Ley General de Salud fueron reformados para quedar como siguen: "Artículo 195.- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el proceso y las especificaciones de los productos a que se refiere este Título. Los medicamentos, dispositivos médicos y demás insumos para la salud estarán normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos". "Artículo 214.- La Secretaría de Salud publicará en el Diario Oficial de la Federación las normas oficiales mexicanas que expida y, en caso necesario, las resoluciones sobre otorgamiento y revocación de autorizaciones sanitarias de medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, dispositivos médicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, así como de las materias primas que se utilicen en su elaboración". De esta trascripción se advierte que es facultad exclusiva de la Secretaría de Salud emitir las normas oficiales mexicanas que prevén el proceso y las especificaciones para implementar los productos médicos y medicamentos señalados en el artículo 195 de la legislación en comento. Dichas normas oficiales, así como las concesiones, otorgamientos y revocación de autorizaciones sanitarias de medicamentos que autorice la Secretaria de Salud, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Pero el artículo Segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, establece: "La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones reglamentarias para la aplicación de este Decreto en un plazo máximo de 180 días". Entonces, se obtiene que el Ejecutivo Federal, dentro de un plazo que no excederá los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto referido, emitirá las reformas correspondientes a las disposiciones reglamentarias respectivas, hasta en tanto esto suceda, regirán las disposiciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigor del mismo. En suma, respecto a la publicación del Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023 en el Diario Oficial de la Federación el uno de junio de dos mil veintitrés, que prevé la desaparición de treinta y tres normas oficiales mexicanas de la Secretaria de Salud, cabe señalar lo siguiente: Los artículos 29 y 42 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, establecen: "Artículo 29. El Programa es un instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel nacional. El Programa deberá alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales de las Autoridades Normalizadoras. Las Autoridades Normalizadoras deberán remitir al Secretariado Ejecutivo a más tardar al 31 de octubre de cada año su programa de trabajo para el año inmediato siguiente. El Programa será integrado anualmente por el Secretariado Ejecutivo a más tardar el 15 de noviembre de cada año, para ser sometido al pleno de la Comisión para su revisión, análisis y aprobación, a más tardar el 15 de diciembre de cada año. Una vez aprobado, el Programa deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre del año inmediato siguiente al de su aprobación. Las Autoridades Normalizadoras no podrán presentar propuestas ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización, o expedir, modificar o cancelar Normas Oficiales Mexicanas sobre temas que no estén incluidos en el Programa del año en curso, salvo que se trate de Normas Oficiales Mexicanas de emergencia. Tampoco podrán elaborarse, expedirse, modificarse o cancelarse Estándares que no estén incluidos en el Programa del año de que se trate. El Programa aprobado por la Comisión sólo podrá complementarse a través del Suplemento del Programa Nacional de Normalización, en el entendido que deberá quedar integrado por el Secretariado Ejecutivo a más tardar el 15 de junio de cada año, para ser sometido al pleno de la Comisión para su revisión, análisis y aprobación y a más tardar el 15 de julio de cada año; una vez aprobado, el suplemento al Programa deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de agosto del año de que se trate. Para esos efectos, las Autoridades Normalizadoras deberán remitir al Secretariado Ejecutivo sus propuestas de modificaciones, a más tardar, el 30 de mayo de cada año. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del Programa o de su suplemento, según corresponda, en el Diario Oficial de la Federación, la Autoridad Normalizadora en su carácter de presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización respectivo, deberá presentar ante dicho comité las propuestas de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con los temas incluidos en el Programa o en su suplemento. En caso de no cumplir con lo aquí previsto, los temas se entenderán automáticamente eliminados del Programa o su suplemento, sin necesidad de acto adicional alguno, por lo que no podrán ser objeto de propuestas ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización hasta su inclusión en los Programas o en su suplemento siguiente. La Comisión podrá aprobar excepciones a lo previsto en este párrafo". "Artículo 42. La Comisión podrá ordenar a las Autoridades Normalizadoras la cancelación de Normas Oficiales Mexicanas sin sujetarse a lo previsto en el artículo 41 anterior, cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando el informe que contenga el resultado de la revisión sistemática que se haya realizado a una Norma Oficial Mexicana proponga su cancelación, o II. Cuando la Autoridad Normalizadora correspondiente que haya expedido la Norma Oficial Mexicana se quede sin facultades en la materia, sin que éstas hayan sido asumidas por otra Autoridad Normalizadora. La Autoridad Normalizadora competente deberá cancelar y ordenar la publicación de dicha cancelación en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 30 días siguientes a que la Comisión se lo ordene. En caso de que la Autoridad Normalizadora no lleve a cabo esa cancelación y publicación dentro del plazo señalado, la Comisión podrá cancelar y ordenar esa publicación directamente. Las Normas Oficiales Mexicanas continuarán surtiendo efectos hasta que se publique su cancelación en el Diario Oficial de la Federación". De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, el Programa, es un instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel nacional; mientras que el Suplemento del Programa es aquel complemento que incluye los temas que serán trabajados por las Autoridades Normalizadoras a fin de emitir propuestas de modificación y baja de temas del programa de trabajo para su consideración en un Programa o Suplemento posterior. La Secretaria de Economía, a través de la Dirección General de Normas, en su carácter de Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Infraestructura de Calidad publicará en el Diario Oficial de la Federación el Suplemento de Programa Nacional de Infraestructura de la calidad y dentro del término de treinta días las Autoridades Normalizadoras deberán presentar al comité que corresponda propuestas o cancelación de Normas Oficiales Mexicanas, relacionadas con los temas incluidos en el Suplemento, y en caso de no hacerlo, los temas se entenderán automáticamente eliminados del Suplemento, sin necesidad de acto adicional alguno. Para la cancelación de una Norma Oficial Mexicana es indispensable que la Autoridad Normalizadora lo proponga al Comité Consultivo Nacional de Normalización, aprobada la propuesta por el Comité, se procederá al trámite de cancelación que prevé el artículo 42 de la ley en comento. La cancelación definitiva de la Norma Oficial se publicará por la Autoridad Normalizadora competente en el Diario Oficial de la Federación. De lo reseñado con anterioridad, se desprende que si bien hay reformas encaminadas a la cancelación de treinta y tres Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud, lo cierto es que actualmente no han provocado un cambio en la legislación vigente. Es decir, de la publicación del Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de junio de dos mil veintitrés, se advierte que el Presidente de la Autoridad Normalizadora de la Secretaría de Salud, propone a la Comisión Nacional de Infraestructura de Calidad la cancelación de treinta y tres Normas Oficiales Mexicanas de su rubro, pero esa cancelación no se ha materializado, y actualmente no es inminente, en tanto solo se sometió a la consideración del Comité Consultivo Nacional de Normalización, quién finalmente decidirá su aprobación. Incluso en el último párrafo del considerando del suplemento del programa reclamado, se expresó: ". se llevó a cabo una revisión exhaustiva por cada Autoridad Normalizadora de los 1673 temas contenidos en el Programa, logrando la simplificación de su Suplemento al incluir 147 temas, de los cuales 82 son propuestas a trabajar y 65 a cancelar en el presente año". Por tanto, el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura publicado el uno de junio de dos mil veintitrés solo contiene una propuesta de cancelación, que de ser aprobado por la autoridad competente, las normas oficiales se someterán al procedimiento de cancelación que prevé el numeral 41 de Ley de Infraestructura de la Calidad y se publicara su definitiva cancelación en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento de los gobernados. Hasta en tanto esto suceda, las Normas Oficiales que defiende la quejosa encuentran vigentes y surten sus efectos jurídicos. Precisado lo anterior, es aplicable por analogía el concepto de "vacatio legis", que debe entenderse como el lapso de tiempo que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, antes de que adquiera fuerza obligatoria. En efecto, tratándose del inicio de la vigencia de una ley debe destacarse que este es el momento a partir del cual resulta exigible la observancia de las normas, es decir, la fecha desde la que se comienzan a desplegar los efectos jurídicos para los cuales fueron creadas en un ámbito espacial y temporal de validez determinado, plazo que regularmente se precisa en el propio cuerpo normativo; sin embargo, hay ocasiones en que la obligatoriedad de una ley no surge desde el momento de su publicación, sino con posterioridad a ese evento, fijando el legislador un período entre la fecha de publicación y el inicio de la vigencia conocido como vacatio legis, dentro del que los gobernados tienen la oportunidad de conocer plena y completamente dicha normatividad. Ahora, respecto de la promoción del amparo contra normas jurídicas en el periodo denominado "vacatio legis", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dentro de la tesis Tesis: 2a./J. 81/95, "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO", ha sostenido que cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo exista el período que la doctrina denomina vacatio legis, durante él, los particulares no pueden ejercitar la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligarlos a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria, tesis que se reproduce a continuación: AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERIODO. En la parte considerativa de la citada jurisprudencia, la Sala del más alto tribunal de país, si bien analizó legislación diversa, sostiene, en lo que interesa, que eran infundados los agravios vertidos por el recurrente, dado que resultaba acertado lo resuelto por el Juez de Distrito, pues el sobreseimiento en el juicio de origen se debió a que las normas impugnadas, si bien tienen el carácter de autoaplicativas y el disconforme acreditó encontrarse en el supuesto, aquellas, a la fecha de presentación de la demanda, no se encontraban vigentes, dado que a través de un artículo transitorio su vigencia iniciaba con posterioridad (vacatio legis), por lo que éstas no tenían ningún efecto en el estatus jurídico del inconforme. Asimismo señaló, que las pruebas aportadas si bien colocan al quejoso en el supuesto previsto por la norma, aquellas no le atribuían interés jurídico para impugnarlas aun cuando haya sido publicada, pues se encontraba suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia. Dicha circunstancia la sostuvo dado que el quejoso no sufría un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo resultaba improcedente. Expuso que si bien el Decreto de Reformas impugnado tenía el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia podía ser impugnado en amparo por tratarse de disposiciones de observancia general, que al cobrar vigencia obligan a los gobernados destinatarios imponiéndoles una carga u obligación, en el caso que analizó, sería hasta el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cinco que inicia su vigencia, por lo que no le asistía interés jurídico al quejoso, en la fecha de presentación de su demanda. Concluyendo entonces, que si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor, es decir durante el periodo denominado por la doctrina "vacatio legis". Explicado lo anterior, en el caso particular, como se asentó, la disconforme acude al juicio de amparo por considerar inconstitucional el sistema normativo conformado por los artículos 195 y 214 de la Ley General de Salud, los cuales fueron reformados por el Decreto publicado el diez de mayo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación que reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de ese cuerpo normativo; así como por el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023 publicado el uno de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación que propone la cancelación de treinta y tres Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud. No obstante lo anterior, el decreto de diez de mayo de dos mil veintitrés que reforma diversas disposiciones de la Ley Genera de Salud, dispone en su segundo transitorio que dentro de un plazo que no excederá los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del citado Decreto, expedirá las reformas correspondientes a las disposiciones reglamentarias respectivas, por tanto, se siguen aplicando las disposiciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigor del Decreto combatido. Respecto a la propuesta de cancelar las normas oficiales de salud, si bien está en marcha ese procedimiento, actualmente no ha culminado, en tanto, no existe una aprobación para su supresión ni se tiene certeza de que así vaya a acontecer. Por tanto, en ese lapso de tiempo que se denominada "vacatio legis" como señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 81/95, no es procedente el juicio de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no produce efectos en la esfera jurídica de los gobernados en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. Así, en el caso que nos ocupa, si bien se emprendió el procedimiento de la cancelación de treinta y tres normas oficiales mexicanas de salud, lo cierto es que no se materializado esa cancelación, por lo que dichas normas se encuentran vigentes y son vinculatorias para el gremio médico. Dicho lo anterior, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por *****, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. IV. Intervención de las partes. 1. Quejoso: **** b. Autorizados. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a María Julieta Hernández Camargo, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como los autos del presente juicio de amparo, se advierte que a la fecha aún no existe constancia de la notificación personal de la parte quejosa ordenada en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, se comisiona de nueva cuenta al actuario notificador adscrito a este juzgado de distrito para tal efecto. Notifíquese personalmente.
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