Jennifer Jiménez Mendieta
Expediente 225/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jennifer Jiménez Mendieta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, en contra de la sentencia de trece de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes, y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con ocho minutos del trece de abril de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo********************-V, promovido por********************, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de ********************, Tlaxcala, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por********************, auto admisorio de uno de marzo de dos mil veintitrés e informe con justificación. Del mismo modo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas que ofreció la parte quejosa consistentes en el informe con justificación y con la documental pública relativa a lo actuado en el recurso de revisión ******************** y con la documental pública que remitió la autoridad responsable, consistente en copia certificada del expediente mencionado. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales mencionadas, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa formulando alegatos, sin perjuicio de tomarlos en consideración en el momento procesal oportuno; se cierra la presente etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número********************-V, promovido por********************, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de ********************, Tlaxcala, en contra del acto reclamado del Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS : PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala,********************, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de ********************, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE : Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO : La resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés dictado dentro del expediente ********************, mediante el cual se desechó el recurso de revisión que interpuso la hoy parte quejosa. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Por auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, se radicó el juicio de amparo, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza administrativa; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El acto reclamado por la parte quejosa********************, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de ********************, consiste en: La resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés dictado dentro del expediente ********************, mediante el cual se desechó el recurso de revisión que interpuso la hoy quejosa. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado, por tanto debe tenerse como tal. Situación que se corrobora con la copia certificada del expediente ********************-3, que remitió la referida autoridad, al que se le otorga pleno valor probatorio por tratarse de una documental pública; lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." . CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. a) El ********************, mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, concluyó que el sujeto obligado Ayuntamiento de ********************, no atendió las observaciones y requerimientos establecidos en el referido Dictamen de la Segunda Verificación al Cumplimiento de la Publicación de las Obligaciones de Transparencia, por lo que incumplió con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los Lineamientos que establecen el procedimiento de Verificación; por tanto, se determinó el incumplimiento parcial y un puntaje de 35, de conformidad con el considerando sexto del dictamen; y por ende, se hizo efectivo el apercibimiento consistente en la imposición de la medida de apremio relativa a la multa por 150-ciento cincuenta cuotas, consistente en la cantidad de ********************(fojas 42 a 55). c)********************, Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de ********************, Tlaxcala, con fundamento en los artículos 124 y125 fracción I y II, y 126 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia antes mencionada de quince de diciembre de dos mil veintidós (fojas 27 a 34). d) La Sala responsable mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, desechó el recurso de revisión mencionado (fojas 76 a 79). QUINTO. Causal de improcedencia del juicio. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. La suscrita advierte que por lo que hace a la resolución reclamada consistente de dieciocho de enero de dos mil veintitrés dictado dentro del expediente ********************, mediante el cual se desechó el recurso de revisión que interpuso la hoy quejosa; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo. El mencionado artículo 7 de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales -como la hoy quejosa- tienen legitimación para promover el juicio de amparo; sólo que a diferencia de las personas morales privadas, esta facultad se encuentra limitada a los casos en que se afecten los intereses patrimoniales del ente público y que dicha afectación provenga de una relación o situación en la que actúen como particulares. Esto es, del referido precepto legal se obtiene que, como excepción, la Federación, los Estados, los Municipios o cualquier persona moral pública, puede solicitar la protección de la Justicia Federal por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando una norma general, acto u omisión los afecte en su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas en las que su estatus sea equivalente al de los particulares; entendiéndose por patrimonio, el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que tiene una persona física o moral; esto es, son los elementos materiales e inmateriales con que cuenta. A fin de explicar con mayor detalle los alcances que tiene dicha limitación procesal, es necesario traer a colación lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 374/2016, en la que, en lo conducente, determinó lo siguiente: "(.) Es por ello, que esta Segunda Sala ha establecido que el juicio de amparo es un medio de control constitucional instituido para la salvaguarda de los derechos humanos y, a su vez, constituye el cumplimiento del derecho fundamental al recurso efectivo que consagran los preceptos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -esto es, compone una parte esencial del referido derecho humano, al tiempo que es el medio para lograr la supremacía constitucional de los demás derechos fundamentales-. En efecto, el juicio de amparo se erige como un recurso judicial efectivo, de conformidad con el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo "emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo". Da sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), que se lee bajo el título y subtítulo: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."(8) 2. Legitimación de las personas morales oficiales para acudir al amparo. Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Ley de Amparo establece, en su precepto 7o., que: "La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. ..." Como se advierte de lo anterior, el legislador federal ha considerado que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, en tratándose de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". A juicio de esta Segunda Sala, la excepción contenida en el precepto normativo aludido: (I) no resulta de interpretación amplia, sino estricta; y, (II) constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan interponer amparo, por lo que de no actualizarse sus hipótesis fácticasjurídicas, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación en tal medio de control constitucional. En efecto, no puede perderse de vista que la excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo obedece a la teoría de la doble personalidad del Estado, según la cual, los entes públicos pueden ser considerados como entidades dotadas de imperio, o bien, en su carácter de sujetos de derecho privado. Así lo ha establecido este Alto Tribunal, al señalar que bajo la fase de derecho privado -es decir, como sujeto colocado en el mismo plano jurídico que los particulares-, el Estado como persona moral, "capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otras", entre ellos, precisamente, el juicio de amparo. Siendo que, como entidad pública en sentido estricto, "no puede ejercer ninguno de esos medios sin desconocer su propia soberanía", dando lugar, por ende, a que se soslayara "todo el imperio, toda la autoridad, o los atributos propios del Estado". Además no es posible conceder a los órganos del Estado el juicio de amparo por actos emitidos por el propio Estado a través de otro de sus órganos, "porque establecería una contienda de poderes soberanos, y el juicio de garantías no es más que una queja del particular, que se hace valer contra abusos del poder". En otras palabras, el Estado, en unos casos puede obrar como autoridad "haciendo uso de los atributos propios de su soberanía, encargado de velar por el bien común por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria", y en otros casos, como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecuta actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales". Ilustra lo anterior, las tesis intituladas: "ESTADO, NO PUEDE PEDIR AMPARO COMO ENTIDAD SOBERANA, CUANDO SE APLICA EL ESTATUTO JURÍDICO."(9) y "ESTADO. CUÁNDO OBRA COMO PERSONA DE DERECHO PÚBLICO, Y CUÁNDO COMO PERSONA DE DERECHO PRIVADO."(10) Por ende, resulta inconcuso que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual, lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el referido medio de control constitucional. En efecto, si la finalidad del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos, es claro que dicho objeto no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla -cuando el ente público obra como cualquier particular- pues, de lo contrario, se traduciría en un desconocimiento del propio imperio del cual se encuentra investido la autoridad, al tiempo que modificaría al juicio de amparo a un simple medio de resolución de conflictos entre poderes públicos. En consecuencia, si bien el artículo 7o. de la Ley de Amparo autoriza a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados cuando actúa como cualquier particular, lo cierto es que "no capacita a las oficinas públicas o departamentos de Estado para entablarlo con objeto de protegerse contra otros departamentos de Estado". Pues, como se ha razonado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció el juicio de amparo para proteger a los individuos contra la actuación del Estado que sea lesiva de los derechos fundamentales. Luego, siendo, en esencia, los derechos humanos "restricciones al poder público ... queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de éstos, y por lo mismo, no puede promover juicio de garantías". Da sustento a lo anterior, la tesis emitida por esta Segunda Sala, que se lee bajo el rubro: "PERSONAS MORALES OFICIALES, AMPARO PEDIDO POR LAS."(11). En esa tesitura, siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad, se encontrarán excluidas de la posibilidad de interponer el juicio de amparo, con entera independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. En esa tesitura, contrario a lo sostenido en uno de los criterios disidentes en la presente contradicción de tesis, se colige que el simple hecho de que una autoridad sea parte dentro del juicio contencioso administrativo, de manera alguna implica que la persona moral oficial se encuentre en una relación de igualdad fáctica-jurídica con el gobernado. Es así, pues en los juicios de naturaleza administrativa -cual sea la posición procesal de la autoridad, ya sea como demandada o como accionante-, lo que se encuentra a debate es, precisamente, un acto genuino del Estado a través de alguno de sus órganos de la rama ejecutiva, lo que implica que las relaciones jurídicas en las que se encuentra la persona moral oficial con el particular de forma alguna se ubican en un plano de igualdad, pues, precisamente, el fin del juicio es determinar la validez o nulidad de tales actuaciones; de ahí que la defensa del acto administrativo "no puede ser considerado como un derecho del hombre ... para el efecto de que la autoridad que lo dispuso, estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo, como si se tratara de una garantía individual suya". Por tanto, el hecho de que una persona moral oficial acuda como "litigante" en el juicio contencioso administrativo de origen "no implica que se despoje de su ropaje de autoridad, ni que deba gozar de los mismos derechos que el particular, a efecto de estar en una situación de igualdad, al estimar que si el particular actúa como litigante y tiene a su favor el juicio de garantías, del mismo modo deberá tener acceso al mismo la autoridad". Admitir que la autoridad accionante o demandada está facultada para promover el juicio de amparo, por el solo hecho de sujetarse a la jurisdicción de un tribunal contencioso y ser parte en tal contienda jurisdiccional, sería tanto como desnaturalizar dicho medio de control constitucional "para convertirlo en una mera instancia dentro de un juicio ordinario, el cual, ni por razón de origen, ni por razón de su finalidad, puede equipararse al juicio de amparo". Ilustra lo anterior, la tesis emitida por esta Segunda Sala, intitulada: "FISCO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR ÉL."(12) (.) En suma, la circunstancia de que una persona moral oficial haya figurado como una de las partes procesales en el juicio respectivo - ya como accionante, ya como demandada-, no le otorga la legitimación necesaria para acudir al juicio de amparo, pues lo único que les otorga interés suficiente para ello es que no actúe en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado y en defensa de sus intereses patrimoniales, lo que lógicamente no acontece en un procedimiento contencioso administrativo, pues en ellos las personas morales oficiales fungen como entes de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual están investidas, siendo inaceptable, por ende, que en estos casos puedan solicitar el amparo para defender "sus derechos fundamentales". Por tanto, si son las autoridades a las que la Constitución obliga a respetar los derechos fundamentales, no pueden, a su vez, invocar desconocimiento de algo que no se les otorgó, ni mucho menos hacer uso del instrumento creado para evitar, precisamente, que ella misma u otros órganos del Estado, en el ejercicio de sus potestades públicas, los atropelle. Máxime que en el juicio contencioso administrativo, el acto reclamado -ya sea una cuestión adjetiva o sustantiva-, no deriva del conflicto suscitado con motivo de su actuación como sujeto de derecho privado o particular, sino de sus funciones públicas, de modo que la circunstancia de figurar como parte en el juicio contencioso del que proviene el acto reclamado, no la legitima para acudir al amparo, como tampoco lo hace la posibilidad que le otorga la ley de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, por no actualizarse el numeral 7o. mencionado, que presupone su lesión por una actuación ajena al ejercicio de las facultades de que se halla investida como ente público. En ese tenor, si conforme al artículo 1o. de la Constitución General de la República, son las personas morales oficiales quienes, en el ámbito de sus competencias, "tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", resulta incongruente que pretendan acceder a medios de control constitucional que tengan como objeto la protección de dichos derechos públicos subjetivos, pues, como se ha reiterado, siendo, en esencia, los derechos humanos "restricciones al poder público ... queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de éstos, y por lo mismo, no puede promover juicio de garantías". Ahora, esta Segunda Sala no pasa inadvertido el hecho de que los juicios contenciosos administrativos -ya federales, ya estatales-, se encuentran sujetos a diversas reglas de legalidad y formalidades del procedimiento, empero, ello de suyo no llega al extremo de que se faculte a la persona moral oficial para acudir al juicio de amparo, cada vez que la autoridad demandada o actora considere que existió una violación a las formalidades del procedimiento; pues tal situación equivaldría a equiparar al juicio de amparo a un mero recurso de casación o nueva instancia dentro del juicio de nulidad, el cual, ni por razón de origen, ni por razón de su finalidad, puede reducirse a tal naturaleza jurídica. Lo anterior, pues lejos de constituirse como un "recurso" dentro de la instancia ordinaria, como ya se ha expuesto, la teleología jurídica del juicio de amparo, se centra en asegurar que las actuaciones u omisiones de la autoridad, ya judicial, administrativa o legislativa, se apeguen a los principios constitucionales que tienen como finalidad última que el hombre, como tal y como gobernado, pueda desenvolver su propia personalidad en consecución con sus fines vitales de manera digna; y precisamente, esa titularidad de derechos ontológicos -y por ende, supra-positivos-, es la que autoriza que los gobernados puedan cuestionar una resolución jurisdiccional que se estime lesiva de algunas de las formalidades del procedimiento; pero no como un simple recurso de casación, sino como un verdadero medio de control del parámetro de regularidad constitucional. (.)" De la citada contradicción derivó la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2015321 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.) Página: 1022 "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." En suma, puede establecerse que dentro de un procedimiento contencioso administrativo, las personas morales oficiales fungen como entes de derecho público en ejercicio del poder autoritario; por lo que, los actos emitidos en dichos procedimientos no les concede legitimación para acudir al juicio de amparo, ya que lo único que les otorga interés para ello es que no actúen en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado y en defensa de sus intereses patrimoniales, lo que - precisamente- no acontece en el citado procedimiento jurisdiccional, en el que se controvierte la legalidad de actos derivados de una relación de supra a subordinación entre la autoridad y el sujeto obligado. En el caso es necesario recordar que el acto reclamado consiste en la resolución reclamada de dieciocho de enero de dos mil veintitrés dictado dentro del expediente ********************, mediante el cual se desechó el recurso de revisión que interpuso la hoy quejosa. Asimismo, de los antecedentes narrados se advierte que el toca mencionado, se originó con motivo del recurso de revisión promovido por la hoy quejosa,********************, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de ********************, en contra del ********************, apareciendo como sujeto obligada en el expediente ETV/0********************, la hoy quejosa, se demandó la nulidad de una resolución administrativa que se le atribuye en su calidad de autoridad, es decir, investida de imperio; pues la resolución administrativa deriva de una relación de supra a subordinación. Lo dicho permite establecer que, en relación con la resolución reclamada emanada de un procedimiento administrativo, a pesar de que está vinculado con el patrimonio de la parte quejosa, no se gestó en una relación de coordinación -como sucede entre particulares- sino que, precisamente por tratarse de un acto originado en un procedimiento administrativo, derivó de una relación en el que la autoridad nunca dejó de ejercer su facultad de imperio. Lo expuesto encuentra sustento, por analogía, en las jurisprudencias 2a./J. 203/2007 y 2a./J. 45/2003 sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ACTOS RELACIONADOS CON EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS. Conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que dicha afectación sólo ocurre cuando aquéllas realizan actividades con el carácter de personas de derecho privado, mas no cuando lo hacen en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio. Así, no existe la afectación a intereses patrimoniales de las personas morales oficiales del Estado de Jalisco y sus Municipios y, en consecuencia, carecen de legitimación para promover el juicio de amparo directo, si el acto que reclaman deriva de un procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, en el que tuvieron el carácter de autoridades demandadas con motivo de las sanciones que impusieron a sus servidores públicos por incurrir en responsabilidad administrativa, pues tal actuación proviene del ejercicio de las facultades que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco les otorga, convirtiéndolas en autoridades encargadas de vigilar que sus servidores públicos cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y, en caso de inobservancia, instaurar el procedimiento disciplinario respectivo e imponer la sanción que corresponda; actividad ésta que no puede equipararse a la que realiza el mismo órgano del Estado en su calidad de patrón en las relaciones laborales con sus trabajadores, en las que actúa despojado de imperio, pues la destitución de un servidor público en aquel procedimiento no tiene la misma naturaleza jurídica que el despido del trabajador en materia laboral." "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De esta manera, como se anunció, en la especie la hoy quejosa, carece de legitimación para instar el presente juicio de amparo, en la medida que acude a esta instancia a defender la regularidad de un acto que no se originó en una relación de coordinación, sino de supra a subordinación. En tanto que se trata de una resolución emitida en un procedimiento administrativo, en el que la autoridad -en esta instancia quejosa- acudió como demandada (obligada solidaria) a defender la legalidad de un acto que le fue atribuido como entidad con imperio. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia que se deduce de los dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo; lo procedente será sobreseer en el presente juicio de amparo. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de ********************, Tlaxcala, en contra del acto reclamado del Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; precisado en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente y Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, toda vez que el mismo se tuvo por rendido en proveído de veinticuatro de marzo actual. Finalmente, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativa 244/2022, por la que se resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja". Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Rosalba Salas Jaramillo, Síndico Municipal de Tlaxcala, Tlaxcala, contra del auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que se impuso una multa a la antes nombrada por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tlaxcala "1" del Servicio de Administración Tributaria, y solicítese realice las gestiones necesarias para hacer efectivo el monto de la multa aquí impuesta e informe lo relativo en el término de tres días. Asimismo, informe si se hizo efectivo el cobro de las multas siguientes: ......... Notifíquese, por lista al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Javier Vázquez Sánchez940/2021
- Javier Zarate Chavarria47/2019
- Jazmin Álvarez Zamora876/2022
- Jeanny Hernández Portillo575/2021
- Jeffrey Quintanilla Ortiz1451/2014
- Jenni Arlet Carrillo Flores688/2018
- Jennifer Madrigal Barrientos1841/2013
- Jeraldin Hernández Arroyo46/2023
- Jerónimo Cuamatzi Cocoletzi397/2017
- Jerónimo León Cerón y Otros.451/2020
- Jerónimo Solano García573/2020
- Jerónimo Toltecatl López1138/2019