Jennifer Ivonne González Juárez
Expediente 1290/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jennifer Ivonne González Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. SUPERIORIDAD ADMITE REVISION Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo IV-1290/2022 del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de trece de abril de la presente anualidad, admitió el recurso de revisión interpuesto en autos en contra de la sentencia dictada por este juzgado, ordenado registrarlo bajo el número de amparo en revisión número 108/2023. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de la presente anualidad, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa, contra la sentencia dictada por este juzgado, así como que la totalidad de las partes dentro del presente expediente, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata; en consecuencia, mediante atento oficio, se ordena remitir el presente expediente, escrito original de agravios y copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado. CÓRRASE TRASLADO A LAS PARTES En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el escrito original de agravios y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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. Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de siete de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio de amparo 1290/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 1290/2022 promovido por Jennifier Ivonne González Juárez contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se encuentran emplazados como terceros interesados Elvia González Puente, Rosalio González Franco y Comisariado Ejidal de Pastor Ortiz. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa y autoridad responsable aportaron prueba documental, misma que se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo; en el entendido que, la relativa a la responsable obra en cuaderno de pruebas por separado en la secretaría de este juzgado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante pedimento presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-1290/2022, promovido por Jennifier Ivonne González Juárez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y en este Juzgado Tercero de Distrito al día siguiente hábil, en esa fecha, la similar del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta capital, remitió copia certificada del juicio 1207/2022, de su índice, promovido por Jennifier Ivonne González Juárez, virtud a que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ordenó la separación de juicios por reclamarse actos desvinculados en razón de que derivan de diversos juicios agrarios. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento y admitió a trámite la demanda registrada bajo el número IV-1290/2022; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto, será resuelto conforme a la ley vigente a partir del tres de abril del referido año, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en razón de que la parte quejosa reclama actos atribuidos a una autoridad agraria con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce su competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la peticionaria de garantías, como tercera extraña en estricto sentido, reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, la falta de llamamiento al juicio agrario 448/2022, y como consecuencia de la violación a la garantía de audiencia previa al pretender privarla de la posesión de la parcela que aduce es de su propiedad, sin haber sido oída y vencida en el citado controvertido. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que negó la existencia del acto reclamado. No obstante, lo procedente es desvirtuar dicha negativa y tener por cierto el acto reclamado en atención a que ante dicho tribunal se tramita el juicio agrario 448/2022, donde la quejosa no fue emplazada como parte material, del que derivan los actos reclamados. Lo que se corrobora con las documentales exhibidas en autos, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada y actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, manifiesta que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, al señalar que la quejosa no acredita su interés jurídico. Dicho argumento resulta acertado atento a las siguientes consideraciones y a lo dispuesto por los artículos que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" De los anteriores preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley en cita. De igual forma, se aprecia que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo y que el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, sólo se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo, la parte a quien perjudique la norma, acto u omisión que se reclame de la autoridad, es decir, el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. De modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Primera Sala Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, del rubro que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el caso, el acto reclamado consiste en la falta de llamamiento al juicio agrario 448/2022, con la consecuente violación a la garantía de audiencia, ya que aduce la quejosa se le pretende privar de la posesión de la parcela de su propiedad, sin haber sido oída y vencida en dicho controvertido. En esa tesitura, si la quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento, y reclama la la falta de llamamiento al juicio en el que se pretende dilucidar quién tiene mejor derecho para poseer la parcela -por considerar que lo que eventualmente se resuelva en dicho controvertido afectará su derecho de posesión sobre un bien inmueble-; entonces, para acreditar su interés jurídico debe demostrar con fundamento en un justo título de fecha cierta, ser poseedora del inmueble afectado por virtud del juicio natural, lo que constituiría la causa generadora de su posesión. Esta última afirmación tiene sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo, es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 5, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Lo expuesto implica que la parte quejosa debe acreditar que es propietaria o poseedora jurídica de determinado bien, de lo contrario, no demostrará que su derecho subjetivo público de propiedad o posesión se ha transgredido. En el presente caso, se considera que la quejosa no demostró de manera fehaciente su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional. En efecto, la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la falta de llamamiento al juicio agrario 448/2022, pues no acreditó que por virtud de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de la legislación secundaria, con anterioridad al inicio del juicio de origen, tuviera la propiedad y/o posesión jurídica de la parcela materia de la posible afectación en el juicio de origen, esto es, del bien inmueble ubicado en la calle Morelos número 17, de la población de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco. Es así ya que para acreditar su interés, la inconforme ofreció los siguientes medios de prueba: 1. Copia cotejada de la constancia de posesión y residencia expedida el veintiséis de septiembre de dos mil cinco, por el Comisariado Ejidal del Ejido "Pastor Ortiz". 2. Copia cotejada de la constancia de identidad expedida el quince de abril de dos mil veintidós, por el Presidente Municipal de José Sixto Verduzco, Michoacán. 3. Copia cotejada del acta de hechos signada por la Síndico Municipal de José Sixto Verduzco, Michoacán, confeccionada el cinco de septiembre de dos mil veintidós. 4. Copia cotejada del pasaporte de la aquí quejosa. 5. Constancia de Clave Única de Registro de Población a nombre de la aquí quejosa. No obstante, dichas probanzas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico que refiere le asiste, ello en razón de que tales documentos solo acreditan la identidad de la quejosa y que es vecina de la comunidad de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco. Mas no así el derecho sustentado en alguna figura jurídica por la que hubiera obtenido el dominio o uso legal del inmueble afecto a su favor que, dice, le asiste respecto del inmueble ubicado en la calle Morelos número 17, de la población de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, materia del juicio agrario. No pasa inadvertido para quien suscribe que la quejosa refiere ser propietaria y poseedora del inmueble virtud a la constancia ejidal que fue expedida a su favor por los integrantes del Comisariado Ejidal. Sin embargo, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley Agraria, los derechos agrarios sobre la posesión de un inmueble sujeto a dicho régimen, se acreditan principalmente con: a) Certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; b) Certificado parcelario o de derechos comunes; c) Sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario; y, d) Lista de sucesión. De ahí que los documentos exhibidos por la quejosa no sean idóneos para el fin pretendido, en razón de que la peticionaria de derechos fundamentales debía ofrecer medios de prueba que acreditaran el acto jurídico o título que generó su posesión. De ahí que la quejosa no acreditó que la posesión que ostenta, derive de la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, sea en materia incluso agraria; lo cual constituye un requisito indispensable para acreditar el interés jurídico en esta instancia constitucional. En efecto, de las pruebas que obran en autos no puede obtenerse que la parte promovente tenga una base objetiva y apta para producir la convicción de que tiene derecho a poseer el bien que defiende, y que en consecuencia deba ser llamada el juicio agrario 448/2022, en el que habrá de determinarse quién tiene mejor derecho para poseer el inmueble en comento, pues no constituye prueba sobre la existencia de un justo título que respalde la posesión que ostenta, es decir, las pruebas aportadas no acreditan que la causa generadora de la posesión haya emanado de una figura jurídica; presupuesto que era indispensable para justificar su interés para ser oída en defensa de sus derechos a través del juicio de amparo indirecto. Es aplicable al caso la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Novena Época Registro: 190785 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: II.2o.C. J/10 Página: 1341 TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, si la parte quejosa no demostró con prueba idónea la titularidad del derecho de posesión que refiere, es inconcuso que no acreditó la afectación de un interés legítimamente tutelado. No es obstáculo para lo anterior el hecho de que en el presente asunto se involucren derechos agrarios y que por ello proceda la suplencia de la deficiencia de la queja; sin embargo, tal figura se dirige a subsanar defectos o la inexistencia de conceptos de violación, mas no llega al extremo de tener acreditado oficiosamente o sin prueba de por medio el interés jurídico de quien promueve el presente juicio de amparo, pues primero debe superarse el tema de la procedencia de la acción constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jennifier Ivonne González Juárez, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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