Jennifer Ireri Pérez Hipólito
Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jennifer Ireri Pérez Hipólito
- Salvador Moreno Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiéranse estos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvase al juez responsable la documental que anexó como soporte de su informe justificado, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 903/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegaron las autoridades responsables y la parte quejosa. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente el tercero interesado los formuló. El relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos referidos y se declara precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintidós (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Jennifer Ireri Pérez Hipolito, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La desposesión o cualquier acto que tenga como efecto privar a la quejosa de la posesión de inmueble ubicado en la calle Rector Hidalgo 650 del Fraccionamiento Ampliación Jardines del Toreo de esta ciudad, que se haya emitido dentro del juicio ordinario civil 282/2020, que sobre reivindicación de inmueble promovió Salvador Moreno Medina frente a Diana Magali Hinojosa Barragán. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós (foja 10) se admitió a trámite la demanda de amparo, se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable. Luego, en auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós (foja 19) se reconoció el carácter de tercero interesado a Salvador Moreno Medina. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales en auto de veintisiete de septiembre de esta anualidad se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en esta misma fecha, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Jennifer Ireri Pérez Hipolito, reclama: La desposesión o cualquier acto que tenga como efecto privar a la quejosa de la posesión del inmueble ubicado en la calle Rector Hidalgo 650 del Fraccionamiento Ampliación Jardines del Toreo de esta ciudad, que se haya emitido dentro del juicio ordinario civil 282/2020, que sobre reivindicación de inmueble promovió Salvador Moreno Medina frente a Diana Magali Hinojosa Barragán. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 18). Lo que se corrobora con el testimonio autorizado del juicio ordinario civil 282/2020, que adjuntó a su informe el juez responsable, documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional a la citada autoridad responsable. Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese orden de ideas, una vez analizadas las constancias existentes en autos se advierte que se impone sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: Tratándose del interés jurídico: Es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo: Se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2ª./J. 51/2019 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Así, es preciso señalar, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en el caso concreto, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ello en razón de que reclama actos provenientes de una autoridad judicial. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, relativo a la titularidad de la parte quejosa en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester analizar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión. En el caso, la quejosa Jennifer Ireri Pérez Hipolito se ostenta extraña al juicio ordinario civil 282/2020, que sobre reivindicación de inmueble promovió Salvador Moreno Medina frente a Diana Magali Hinojosa Barragán, respecto del inmueble ubicado en la calle Rector Hidalgo 650 del Fraccionamiento Ampliación Jardines del Toreo de esta ciudad. La quejosa señala que posee en calidad de arrendataria, el inmueble materia de la contienda en el juicio natural, lo que acreditó con el original del contrato de arrendamiento que celebró con la demandada Diana Magali Hinojosa Barragán. En ese contexto, la solicitante del amparo como tercera extraña al juicio natural, para obtener la protección constitucional, se encontraba obligada a demostrar los siguientes extremos: a) Que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, que en el caso, es el contrato de arrendamiento que refiere; y, b) Que tiene la posesión del bien inmueble materia de la litis en el juicio de origen; con lo que probaría que de ejecutarse el acto de autoridad que reclama, se afectaría su esfera jurídica. Tocante al inciso a) consistente en que el título se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, no fue acreditado por la accionante del amparo, pues sólo ofreció como medio de convicción la documental privada consistente en el contrato privado de arrendamiento que celebró con Diana Magali Hinojosa Barragán -demandada del juicio de origen- el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, respecto del inmueble antes referido. Sin embargo, el citado documento resulta insuficiente para acreditar la existencia del título generador de la posesión que aduce tener la accionante de la tutela del amparo respecto del bien inmueble aludido, en virtud que ese contrato no constituye documento de fecha cierta y por tanto, no puede surtir efectos contra terceros. Se afirma lo anterior, en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que si bien la ley secundaria no exige que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público, ni que se inscriban ante un Registro Público, ello no implica que tales documentos -por sí mismos- adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros; puesto que, al consignarse en tales actos jurídicos, un acto traslativo de uso, es posible que éstos contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera en perjuicio de terceros. Lo anterior, se desprende de la jurisprudencia 1a./J.24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 11, Tomo XXVII, abril de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Entonces, si el contrato de arrendamiento que exhibió la accionante del amparo no es un documento de fecha cierta, es claro que por sí mismo es insuficiente para tener por demostrado su interés jurídico. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2017, que dio origen a la jurisprudencia citada señaló que, tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta. La razón principal de ello, radica en dar legalidad y certeza jurídica a esas operaciones contractuales, evitando así que el juicio de amparo se use con fines desleales, pues si no se satisface el requisito de certeza, haría imposible determinar si el acto en el cual el quejoso funda sus pretensiones, es anterior o posterior a la adquisición del bien litigioso. Puntualizó que igual exigencia debe prevalecer tratándose de documentos que consignen contratos traslativos de uso, como lo es el contrato de arrendamiento; en virtud que, para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta. Sostuvo, que la fecha cierta de un documento privado, se da cuando se actualiza alguna de las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En ese sentido, se tendrá como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Igualmente, el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Es oportuno precisar que sólo la certificación que asiente el notario público en el sentido de que en una fecha determinada los suscriptores de un contrato privado acudieron ante su presencia a ratificar el contenido y firmas del documento relativo, es apta para conferirle la calidad de fecha cierta. También proporciona total certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito, cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. Lo expuesto, permite concluir que dichos supuestos tienen como finalidad conceder eficacia probatoria a la fecha que consta en el documento privado que contiene un acto jurídico y con ello certeza jurídica, con la finalidad de evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en dicho acto asentaran una fecha que no corresponde a la data que corresponde a la celebración del acto. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, motivo por el cual, no pueden dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo y, por tanto, al ocurrir cualquiera de las eventualidades señaladas con antelación, surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 44/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 77, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de dos mil cinco, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." Por tanto, en atención a que el documento a través del cual la peticionaria de la tutela de amparo acredita en esta instancia constitucional que tiene el carácter de arrendataria del inmueble que por esta vía defiende, carece de fecha cierta, aunado a que tampoco acredita el segundo extremo, esto es, que tiene la posesión jurídica del mismo, se impone decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, en virtud de que lo actuado en el juicio natural respecto del que la recurrente afirma ser tercera extraña y no haber sido oído y vencida, jurídicamente tiene que depararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, más no la simple detentación material o tenencia. Incluso, si se estuviera en este último caso, ello no implicaría la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza a la quejosa para reclamar en esta vía constitucional. Es aplicable, la tesis I.5º.C.6 K del Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, página 613, Tomo II, Noviembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." En consecuencia, se concluye que en el presente caso no quedó acreditado el interés jurídico del peticionario del amparo; por tanto, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 3ª./J.58 8/90, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Tomo V, Primera parte, enero a junio de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, rubro y texto: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jennifer Ireri Pérez Hipolito, por su propio derecho contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo del presente fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito de Pedro Rubio Peña, quien se ostenta apoderado jurídico de la parte tercera interesada Salvador Moreno Medina, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo en virtud del poner notarial que anexa a su escrito de cuenta, mediante el cual manifiesta lo siguiente: * Que señala domicilio para recibir notificaciones y como autorizado para tal efecto a la persona que indica en su escrito de cuenta; * Que anexa diversas constancias como prueba documetal y realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos; y, * Que solicita se dicte una contragarantía a efecto de que se deje sin efectos la suspensión definitiva concedida dentro del incidente de suspensión relativo al presente expediente y se garanticen los posibles daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a la parte quejosa. En virtud de lo anterior, téngase al tercero con interés apersonándose dentro de este expediente, y como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle León Guzmán, número 675, colonia Industrial de esta ciudad, y como autorizado para tal efecto a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, sin la plenitud de facultades que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo por no habérselas conferido expresamente. Por tanto, se comisiona al actuario tome nota del domicilio antes anotado, y realice las notificaciones subsecuentes en el domicilio referido. Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que anexa a su escrito de cuenta así como por reproducidas las manifestaciones que vierte, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional que se celebre. Finalmente, atendiendo a su última manifestación en la que solicita que emita una contragarantía para que deje de surtir efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa, dígase que dicha solicitud la deberá hacer dentro del incidente de suspensión relativo al presente expediente, ello, debido a que dicha medida cautelar se lleva por cuerda separada. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente del estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días, previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa exhibiera la garantía que le fue fijada en interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el citado precepto legal la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en la referida interlocutoria, deja de surtir efectos hasta en tanto cumpla con tal requisito. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la parte quejosa no cumplió con el requisito referido al momento de concederle la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que está en condición de llevar a cabo la ejecución del mismo hasta que se le informe lo contrario. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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