Jennifer del Toro Ramírez

Expediente 356/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
356/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Jennifer del Toro Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, realiza diversa manifestaciones encaminadas a dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tienen a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir a partir del que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con motivo de lo acordado con el Presidente de la Octava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco, respecto a los oficios MG1/724/2021 Y MG1/725/2021, remitiendo constancia fehaciente de ello. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene al referido titular, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en la que, se sobreseyó en el presente juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 21, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. IV. Devolución de documentos. Por último, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. V. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, actuando con Ricardo Sinencio Álvarez, Secretario quien da fe.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que fue notificado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Pronunciamiento. Por tanto, este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el quince de octubre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, realizara lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio mercantil ordinario 327/2015, a partir de las diligencias de once y doce de marzo de dos mil quince relativas al emplazamiento, así como sus consecuencias. En el entendido de que la concesión no tiene el alcance de dejar insubsistente el emplazamiento realizado a la parte codemandada en el procedimiento natural, esto es, a Gerardo Humberto Jiménez Íñiguez, pues éste debe permanecer incólume por no haber sido materia de análisis en el presente juicio de amparo. [.] En ese contexto, a la constancia remitida por la responsable, se le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio mercantil ordinario 327/2015, a partir de las diligencias de once y doce de marzo de dos mil quince relativas al emplazamiento, así como sus consecuencias. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdos General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECELAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su destrucción, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 21, inciso a), del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. V. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. VIII. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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