Jeniffer González Acevedo

Expediente 528/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
528/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
23/06/2015

Partes del expediente

  • Jeniffer González Acevedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    México, Distrito Federal, veintitrés de junio de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Finalmente, devuélvase el anexo a la autoridad responsable; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" ". México, Distrito Federal, veintinueve de mayo de dos mil quince. Informes justificados. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO rendido por LA AUTORIDAD RESPONSABLE y anexo que acompaña; ahora bien, dado el volumen de las constancias que adjunta, fórmese por separado un anexo respetando folio, sello y rúbrica de origen, el cual deberá devolverse a la autoridad remitente en el momento procesal oportuno. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable haciendo del conocimiento que el nombre correcto de la quejosa es Jeniffer González Acevedo. Actos reclamados. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se precisa que Jeniffer González Acevedo, Oswaldo García Pérez, Mauricio Miranda Salinas, Arturo Salinas Rodríguez, Cuauhtémoc Ramos Ayala y Aarón Ramos Govea demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: No OrdenRegistroAutoridad ResponsableActo ReclamadoCertezaFojaAcuseAutoridad116909 LICENCIADA GABRIELA ARACELI JIMÉNEZ MARTÍNEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN NÚMERO DOCE, DE LA AGENCIA ESPECIALDE INVESTIGACIÓN PARA EXTORSIONES "C", DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO DENOMINADA "FUERZA ANTISECUESTRO" (FAS), DE LA PRO CURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL La orden de aprehensión (que se traduce en la privación de la libertad), así como su ejecución. Los citatorios emitidos el 18 de mayo de 2015, en la averiguación previa FAS/T3/172/15-02 Niega Acepta 10 y 11 Si Local Inexistencia de la orden de aprehensión (que se traduce en la privación de la libertad) y su ejecución. Dado que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión (que se traduce en la privación de la libertad), así como su ejecución, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario, tendiente a desvirtuar dicha negativa; en consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Determinación respecto de los citatorios emitidos el 18 de mayo de 2015, en la averiguación previa FAS/T3/172/15-02 Por otra parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, aceptó haber girado a cada uno de los quejosos los citatorios reclamados en el presente juicio de amparo; lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió adjuntas a su informe, a las cuales se les concede valor probatorio pleno por tratarse de documentales públicas. Por tanto, está demostrada la existencia de los citatorios reclamados. Por tanto, se debe analizar la procedencia del juicio de garantías, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, porque de actualizarse alguno de los supuestos del aludido precepto, deberá sobreseerse en el juicio constitucional. Al respecto, este juzgador determina que en la especie debe decretarse el sobreseimiento del juicio de garantías de los actos reclamados: Citatorios emitidos el 18 de mayo de 2015, por la agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación Número Doce, de la Agencia Especial de Investigación para Extorsiones "C", de la Fiscalía Especial para la Atención del Delito de Secuestro Denominada "Fuerza Antisecuestro" (FAS), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dentro de la averiguación previa FAS/T3/172/15-02. Lo anterior, en razón a que este juzgado federal estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la ley de Amparo, pues en términos del mencionado artículo, el juicio de derechos y garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, como se menciona en líneas que anteceden, de las constancias que integran el presente sumario constitucional se advierte que el 18 de mayo de 2015, la autoridad responsable giró citatorio a los demandantes de garantías, dentro de la averiguación previa FAS/T3/172/15-02, para que comparecieran como se indica enseguida: Orden Quejoso Hora Fecha Página del anexo 1 Aarón Ramos Govea 09:30 horas 25/05/2015 11 2 Cuahtémoc Ramos Ayala 10:30 horas 25/05/2015 9 3 Arturo Salinas Rodríguez 12:00 horas 25/05/2015 1 4 Mauricio Miranda Salinas 10:00 horas 26/05/2015 3 5 Oswaldo García Pérez 12:00 horas 26/5/2015 7 6 Jeniffer González Acevedo 14:00 horas 26/05/2015 5 Con el objeto de que -en su calidad de probables responsables- declararan con relación a los hechos que se investigan en la indagatoria de mérito; quienes debían ir acompañados de un abogado que los asistiera en su declaración. Además los apercibió que de no comparecer se harían acreedores a una medida de apremio, prevista en el ordinal 33 del código adjetivo en la materia. Sin embargo, en las constancias que remitió la autoridad ministerial, obran las diligencias de 25 y 26 de mayo de 2015, relativas a las declaraciones ministeriales que los quejosos rindieron dentro de la referida averiguación previa, de la que se advierte que comparecieron ante la potestad de la fiscalía investigadora, en forma voluntaria (fojas 15 y 16, 24 y 25, 34 y 35, 43 y 44, 53 y 54, 62 y 63 del anexo uno). En dichas diligencias, se les hizo saber a los quejosos las imputaciones que obran en su contra en presencia de su abogado defensor ?quien aceptó y protestó el cargo conferido ?, quienes negaron la imputación que obra en su contra y se reservaron su derecho a declarar, por así convenir a sus intereses. De lo expuesto se hace patente que los quejosos realizaron manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento de los actos reclamados, pues con posterioridad a la promoción del amparo se presentaron ante la autoridad investigadora responsable a rendir sus respectivas declaraciones ministeriales con relación a los hechos que se les atribuyen dentro de la indagatoria FAS/T3/172/15-02, lo que implica que se acogieron voluntariamente a los actos reclamados, sin emitir reserva respecto de lo controvertido en este juicio de amparo. En razón de lo expuesto, y una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XIII, ambos de la Ley de Amparo. Pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la actualización de la causal de improcedencia antes invocada. Efectos de la Audiencia Constitucional. Por las consideraciones precisadas se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de junio de dos mil quince. Sise. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma José Alfonso Montalvo Martínez, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante la secretaria Dulce Margarita Campos Sámano que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    México, Distrito Federal, veintiséis de mayo de dos mil quince. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de garantías 528/2015-I, promovido por *********, por propio derecho, contra actos de la LICENCIADA GABRIELA ARACELI JIMÉNEZ MARTÍNEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN NÚMERO DOCE, DE LA AGENCIA ESPECIALDE INVESTIGACIÓN PARA EXTORSIONES "C", DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO DENOMINADA "FUERZA ANTISECUESTRO" con residencia en la misma ciudad; tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 122, 124, 130, 131, 132, 136 y 142 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberán rendir por duplicado, dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído; apercibida que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se le impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como lo dispone el artículo 132 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; en el entendido que de ser ciertos los actos reclamados, deberá manifestar de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que se hayan ordenado los actos que en esta vía se combaten, en el entendido de que tales actos son: La orden de aprehensión (que se traduce en la privación de la libertad), así como su ejecución; Los citatorios emitidos en la averiguación previa FAS/T3/172/15-02, en contra de los quejosos. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo la audiencia incidental. Suspensión respecto de la orden de aprehensión y su ejecución. Ahora bien, considerando que los quejosos reclaman una orden de aprehensión (que se traduce en la privación de la libertad), así como su ejecución, y que se actualizan en la especie las hipótesis previstas en los artículos 130 y 136, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 124 de la propia ley, pues se solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con su ejecución se causarían a los quejosos daños y perjuicios de difícil reparación, se concede a *********, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se les prive de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión (que se traduce en la privación de la libertad), así como su ejecución; lo anterior hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable sobre la suspensión definitiva. La suspensión que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si los quejosos no exhiben dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a nombre de cada uno de los directos agraviados, ante y a satisfacción de este juzgado; pues de lo contrario, no surtirá efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la autoridad responsable, que quedará en aptitud de ejecutar el acto reclamado; cantidad que se fija de manera discrecional por el que aquí resuelve, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que dicha garantía podrá ser modificada al resolver acerca de la suspensión definitiva. En caso de que la garantía se exhiba mediante certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá contener la siguiente leyenda: "Autorizo al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control del presente depósito", además de la leyenda que establezca lo siguiente: "No genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Lo anterior, se apoya en la tesis I.7o.P.39 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página un mil doscientos treinta y uno, Tomo XVIII, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantías, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante de garantías se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." Asimismo, la suspensión que se concede, no producirá el efecto apuntado, si el delito por el cual se libró la orden de aprehensión es de aquéllos que no permiten el beneficio de la libertad provisional bajo caución, por tratarse de un delito grave así calificado por la ley, en cuyo caso el mandamiento de captura no impide que se les prive de su libertad personal, pues la suspensión sólo producirá el efecto de que queden a disposición de este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el lugar donde deban recluirse en cuanto a su libertad personal, y a la del juez de la causa por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 136, párrafo quinto de la Ley de Amparo. Esta medida, tampoco surte efecto legal alguno, si los quejosos son sorprendidos en la comisión de delito flagrante, así como si la orden de captura se giró con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda. Con fundamento en el precepto legal 138 de la Ley de Amparo, se ordena a la parte impetrante de garantías para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, comparezcan ante la autoridad responsable a rendir su declaración; con el apercibimiento que de no hacerlo, aún cuando exhiban la garantía precedentemente fijada, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectivo el billete de depósito exhibido para tal efecto; en el entendido de que la anterior obligación será exigible una vez que conozca la autoridad que emitió el acto reclamado, derivado de los informes previos, quedando obligado de acreditar dentro del plazo señalado, el exacto cumplimiento de lo aquí ordenado, ya que de no hacerlo, se procederá en los términos indicados. Se solicita a la autoridad responsable, para que de comparecer cualquiera de los quejosos, a la brevedad posible lo comunique a este juzgado, en el entendido que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa, en términos del artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintiséis, Tomo XIV, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia." Suspensión respecto de los citatorios emitidos en la averiguación previa FAS/T3/172/15-02, en contra de los quejosos Ahora bien, considerando que se reclaman los citatorios emitidos en la averiguación previa FAS/T3/172/15-02, en contra de los quejosos, y que se actualizan, en la especie, las hipótesis previstas en los artículos 130 y 136 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 124 de la propia ley, pues los impetrantes del amparo solicitan expresamente la suspensión del acto reclamado, además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con la ejecución de los actos se causarían a los promoventes daños y perjuicios de difícil reparación, se concede a Jeniffer González Avecedo, Oswaldo García Pérez, Mauricio Miranda Salinas, Arturo Salinas Rodríguez, Cuauhtémoc Ramos Ayala y Aarón Ramos Govea, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que no sean privados de la libertad deambulatoria con motivo de dicha orden. Esta medida tiene como único objetivo que no se prive a los quejosos temporalmente de su libertad deambulatoria obligándolos a comparecer, pero no evitar que los propios quejosos, si así lo estiman conveniente, comparezcan de manera voluntaria, se impongan y declaren en la averiguación previa; por tanto, no ha lugar a fijar garantía para el efecto de que surta efectos la suspensión dictada en el presente asunto, dada la naturaleza del acto que se le atribuye a las autoridades responsables; esto es, los citatorios emitidos en la averiguación previa FAS/T3/172/15-02, en contra de los quejosos. Lo anterior, en razón de que el citatorio reclamado, no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento en el que su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; lo anterior hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable sobre la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia1a./J. 86/2010, publicada en la página 573, del Tomo XXXIII, Febrero 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador". En la inteligencia de que si existe una orden de detención o aprehensión emanada de un procedimiento penal en el que se cumplan sus formalidades esenciales, o si proviene de delitos calificados como graves, la suspensión no surtirá efecto legal alguno. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 109/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil once, consultada en la Red Jurídica Nacional de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada". Cabe destacar que las anteriores medidas de aseguramiento tienen como finalidad que los impetrantes sean devueltos a las autoridades responsables en caso de que le sea negado el amparo del cual deriva este incidente de suspensión, que no se sustraigan a la acción de la justicia y que la concesión de la presente medida suspensional no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, que como se dijo, es de orden público, pues de conformidad con el numeral 138, de la ley de la materia, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular de los quejosos, que solicitan el amparo en contra de actos que afectan su libertad personal y el interés de la sociedad en general. Dígase a los quejosos, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable con la denominación que indican no exista, con fundamento en el artículo 116, fracción III de la Ley de Amparo, se acordará lo conducente, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia, atento a lo establecido en el artículo 17 constitucional, que privilegia al principio de impartición de justicia pronta, expedita y de celeridad procesal. Ahora bien, como lo solicitan los quejosos, expídaseles un juego de la copia certificada que solicitan, y en su momento, de la definitiva; previa constancia que por su recibo se deje en autos, ello dado que dicho derecho se colma cuando éstas se expidan por primera vez o en un solo tanto, atento al artículo 278 de Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior tiene aplicación por analogía de conformidad con la tesis I.10º.C.13 K, sustentada por el Tribunal Colegiado de Circuito, Novena Época, publicada en la página 1374, Tomo XXIV, octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se advierte que el juzgador tenga la obligación de expedir a las partes más de un tanto de las copias del documento o constancia que al efecto soliciten, pues dicho numeral sólo dispone que las partes podrán solicitar, en todo tiempo y a su costa "copia certificada" de cualquier constancia o documento que obre en autos, derecho que pueden ejercer en el momento que convenga a su interés jurídico, sin que sea óbice que dicho numeral no haga la prohibición expresa de expedir en más de una ocasión las copias solicitadas, toda vez que la satisfacción de diversas peticiones es una facultad discrecional del juzgador en la cual debe observar si el caso lo amerita y si existe la posibilidad material de hacerlo. En consecuencia, la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto no entraña infracción ni desconocimiento del derecho previsto en el referido artículo 278, toda vez que al igual que sucede con las normas rectoras de todo procedimiento judicial, el precepto señalado tutela, a favor de las partes, el ejercicio de un derecho por una sola vez, respecto del cual, una vez agotado, operaría el principio de preclusión, lo que significa que no podría volverse a ejercer tantas veces como se quiera, puesto que su verdadera razón de ser estriba en que las partes interesadas tengan a su alcance copia certificada de las constancias que deseen para el ejercicio de cualquier otro derecho, lo que se logra colmar cuando éstas se expiden por primera vez o en un solo tanto". Notifíquese.

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