Jeniffer Blanco Ramos

Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
783/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Jeniffer Blanco Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado vía electrónica por la Subdirectora Jurídica y de Acceso a la Información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRAD), a través del cual solicita que se autoricen las notificaciones y la consulta del expediente electrónico a través del usuario "sdelgadog", revoca el usuario anterior y designa delegados. En atención a su contenido y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que el usuario señalado se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual corresponde Sonia Yolanda Delgado Gómez; en consecuencia, se autoriza la consulta del expediente electrónico; así como las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo previsto por el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, se revoca la autorización del diverso usuario "NotificacionesConapred". Finalmente, con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Amparo se tienen como delegados a las personas que indica en el oficio de cuenta. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, tres de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención a la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo para que la parte quejosa, que es a quien pudiera causar perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio". En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a las trece horas con quince minutos del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 783/2021, promovido *******, ante la presencia de Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, secretario de Juzgado, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid-19). Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo y su aclaración, auto admisorio, constancias de notificación a las partes, así como los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables y proveídos que acordaron lo correspondiente. Asimismo, certifica que en el presente juicio de amparo: (i) no transcurre plazo alguno otorgado a las partes; y, (ii) no se encuentra pendiente el emplazamiento de alguna de éstas. El juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias, así como las certificaciones de cuenta para los efectos legales procedentes. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa manifestó que existe parte tercero interesado en el juicio, Scotiabank Corporativo Scotia, sociedad anónima de capital variable; por ello, de las constancias remitidas con el informe justificado, así como de las recabadas oficiosamente por este órgano jurisdiccional, se advierte que dicha persona moral, es contraparte de la quejosa en el procedimiento conciliatorio derivado de la queja CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087. Sin embargo, también se desprende que no le reviste tal carácter, en virtud de que no tiene un interés directo que puede quedar satisfecho con la subsistencia de la omisión reclamada; pues al ser contraparte de la quejosa en dicho procedimiento, tiene el mismo interés que la promovente del juicio en que se continue la substanciación hasta su conclusión; de ahí que no se ubique en los supuestos del artículo 5, fracción III de la ley de la materia. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio y que obran en el expediente en que se actúa. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que las partes no los formularon, así como que el representante social de la federación adscrito no intervino. El juez acuerda: en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, ha precluido el derecho de las partes para formular alegatos o intervenir, respectivamente. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el once de junio de dos mil veintiuno, turnado el día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto que a continuación se señalan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED). C. DIRECTOR ADJUNTO DE QUEJAS C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS "A" IV.- ACTOS RECLAMADOS La omisión por parte de las autoridades responsables para dar continuidad a la QUEJA con registro CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087, particularmente la omisión en señalar fecha de audiencia de conciliación prevista por el artículo 65 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y su respectiva notificación a las partes, o, en su caso, la continuación con la investigación o la emisión de la determinación que corresponda, en términos de lo previsto por la parte infine del artículo 64 de la legislación invocada." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa señaló como parte tercera interesada a Servicios Corporativos Scotia, sociedad anónima de capital variable; narró los antecedentes de la omisión reclamada; señaló como derechos violados el contenido en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Admisión. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el expediente 783/2021; y entre otros puntos, se admitió a trámite, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que compete al ahora Fiscal ejecutivo titular adscrito a este Juzgado, se reservó el emplazamiento del tercero interesado hasta conocer el informe de la autoridad responsable; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una omisión de naturaleza administrativa que carece de ejecución y la demanda fue presentada en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Adscripción. Por oficio SEADS/1104/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se adscribió a este órgano jurisdiccional al Juez de Distrito Ulises Oswaldo Rivera González, como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Lo que se hizo del conocimiento de las partes por acuerdo dictado el treinta de noviembre siguiente, para los efectos legales a que hubiera lugar. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; Director Adjunto de Quejas, adscrito y Jefa del Departamento de Quejas "A", adscrita (denominaciones correctas): La omisión en continuar el procedimiento de la queja CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087, en lo relativo a fijar fecha para la audiencia de conciliación; o bien, la investigación o emisión de la determinación que corresponda, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. CUARTO. Inexistencia de la omisión reclamada. No es cierta la omisión atribuida a la Presidente del Consejo para Prevenir la Discriminación, referida en el considerando previo, no obstante que parcialmente lo aceptó al rendir informe justificado (fojas 27 y 28), por las siguientes consideraciones. Si bien la autoridad antes referida, como se dijo, aceptó la existencia de la omisión reclamada; lo cierto es que para determinar la configuración de una conducta de esa naturaleza, en principio, debe analizarse si se encontraba obligada a actuar de tal modo, en el ámbito de sus atribuciones y que además existe una norma que la obliga en ese sentido, por tener competencia legal y estar constreñida para ello. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que una autoridad incurra en omisión de actuar en el sentido que exige la parte quejosa, debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo establezcan las disposiciones legales; por lo que, tal actitud omisa atribuida a la autoridad, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y de sus propias manifestaciones, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar. Lo que puede suceder, en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición, pero no simplemente por el sólo hecho de incurrir en la omisión por sí misma, a partir de criterios subjetivos. Sirve de apoyo, la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala del Alto Tribunal de rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". Ahora bien, a fin de analizar si la Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se encontraba obligada en actuar en el sentido que exigió la parte quejosa, es decir, en continuar el procedimiento de la queja CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087, en lo relativo a fijar fecha para la audiencia de conciliación; o bien, ordenar el inicio de la investigación o emisión de la determinación que corresponda, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, resulta necesario verificar el contenido del artículos 18 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que establece: "18. La persona titular de la Presidencia del Consejo tendrá, además de aquellas atribuciones señaladas en los artículos 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 30 de la Ley, las siguientes: I. Definir los objetivos, líneas estratégicas, metas, mecanismos de control y políticas de evaluación del Consejo; II. Evaluar anualmente, en coordinación con las unidades administrativas del Consejo, el cumplimiento de las políticas, objetivos, líneas de acción y compromisos establecidos en el Programa; III. Dirigir la implementación de una estrategia de comunicación social que permita difundir las actividades del Consejo en materia de prevención y eliminación de la discriminación, así como promover contenidos en los medios de comunicación orientados a prevenir conductas discriminatorias, y formas de comunicación incluyente; IV. Fungir como representante del Consejo, en su carácter de organismo responsable de formular y promover las políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación ante instancias nacionales, regionales e internacionales, pudiendo delegar esta representación cuando lo estime conveniente; V. Emitir opiniones institucionales que se le formulen sobre el derecho a la no discriminación; VI. Informar a la Junta de Gobierno, sobre las propuestas de reformas legislativas, reglamentarias o administrativas que garanticen el derecho a la no discriminación, formuladas por la Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, a fin de someterlas a consideración del Ejecutivo Federal; VII. Suscribir resoluciones por disposición e informes especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación contra las personas servidoras públicas federales, los poderes públicos federales o particulares en caso de cometer alguna acción u omisión de discriminación previstas en esta Ley y, en su caso, delegar dicha firma en la Dirección General Adjunta de Quejas; VIII. Tomar en consideración las asesorías o pronunciamientos que formule la Asamblea respecto a cuestiones relacionadas con la prevención y eliminación de la discriminación, a efecto de contar con una opinión especializada en materia de discriminación; IX. Diseñar con apoyo de las unidades administrativas del Consejo las acciones necesarias para la eficaz realización y cumplimiento de los acuerdos derivados de la concertación de alianzas estratégicas, y en general, del resto de atribuciones conferidas al Consejo; X. Ejercer ante toda clase de autoridades jurisdiccionales y administrativas el Poder Notarial que le es otorgado por la Junta de Gobierno, a fin de instrumentar las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del Consejo; XI. Ejercer la representación legal del Consejo, conforme lo señalan los artículos 20 de la Ley; 15 fracción VII, 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello, y XII. Cualquier otra prevista en la Ley, el presente Estatuto y en los ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. Como puede advertirse, en el precepto reproducido se contemplan las atribuciones de la Presidente del consejo, entre las que destacan facultades de dirección, organización y representación, del referido órgano; por lo que, no puede considerarse que en términos de la normativa aplicable cuente con facultades para actuar en el sentido que exige la quejosa, es decir, para substanciar el procedimiento de queja materia de este juicio, que aduce la quejosa se encuentra paralizado. En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión analizada en este apartado, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de las omisiones reclamadas. Es cierta la conducta reclamada al Director General adjunto de quejas y Jefa de Departamento de Quejas adscrita, ambos del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, consistentes en la omisión en continuar el procedimiento de la queja CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087, en lo relativo a fijar fecha para la audiencia de conciliación; o bien, la investigación o emisión de la determinación que corresponda, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. No obstante que no lo hayan aceptado en su totalidad al rendir informe justificado (fojas 27 y 28). Corroboran lo anterior, las documentales que acompañó en copia íntegra e inalterable, en términos del numeral 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto 1/20213, entre las que destaca que por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se calificó como un presunto acto de discriminación la conducta denunciada por la aquí quejosa, al que correspondió el registro queja CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Las cuales bastan para acreditar que la parte quejosa, efectivamente presentó una queja ante el órgano de prevención, mismo que se radicó el dos de marzo de dos mil veinte bajo el expediente CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087; luego, por acuerdo de nueve de marzo siguiente, se calificó como presunto acto de discriminación, mismo que se atribuyó a Scotiabank Corporativo Scotia, sociedad anónima de capital variable, por conducto de la persona propietaria y/o representante legal. Sin embargo, también destaca que a la fecha en que se promovió la demanda de amparo -once de junio de dos mil veintiuno- no se había concluido la etapa de investigación, ni en su caso, se había dictado el inicio del procedimiento conciliatorio; o bien, la parte quejosa no tenía conocimiento del dictado de alguna determinación en ese sentido. Por lo que, resultan ciertas las omisiones reclamadas, en el ámbito de sus atribuciones. SEXTO. Improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de regularidad constitucional de las omisiones reclamadas, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues cesó en sus efectos la omisión reclamada. El citado artículo establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Conforme al precepto legal transcrito, la actualización de esa causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable derogue o revoque el acto de molestia y, si éste es de carácter omisivo, que realice la conducta cuya omisión se le reclama; de modo tal que se destruyan en forma total e incondicional todos los efectos del acto u omisión y que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Esto es, como si el acto u omisión no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o bien, habiendo irrumpido en ella, no dejen huella de dicha afectación. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que en autos obra el acuerdo veintidós de junio de dos mil veintiuno, por el que inició el procedimiento conciliatorio del expediente CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087; luego por oficio Quejas-951-2021, de veintitrés de junio siguiente, el director de Quejas hizo del conocimiento de la aquí quejosa y de Scotiabank Corporativo Scotia, sociedad anónima de capital variable, el inicio de dicho procedimiento conciliatorio, a fin de que manifestaran su voluntad en participar, con el objeto de solucionar el conflicto suscitado entre sí, para lo cual le otorgó un plazo de tres días hábiles para expresarse en ese sentido, y luego un diverso plazo por quince días para celebrar la audiencia de conciliación, que se fijó para las once horas del treinta y uno de agosto del año en curso. Misma que dio inicio a la hora señalada; sin embargo, no compareció Scotiabank Corporativo Scotia, sociedad anónima de capital variable; por lo que, la aquí quejosa solicitó se diera vista a dicha contraparte con el escrito de pretensiones que exhibió en ese acto, a efecto de que de ser posible se atendieran. Documento que fue entregado a dicha persona moral el treinta de septiembre siguiente, apercibida que de ser omisa, se iniciaría la etapa de investigación, en términos del artículo 12 de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el numeral 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto 1/20213, toda vez que se exhibieron como copias íntegras e inalterables de sus originales. En esas condiciones, se estima que ya cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, en virtud de que la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio de amparo quedó extinguida, pues como se advierte de las constancias de autos, ya se continuó con la substanciación de la queja CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087, pues se inició el procedimiento conciliatorio, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia conciliatoria, ante la omisión de la parte denunciada se le dio vista con las manifestaciones de la quejosa el treinta de septiembre del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que en caso de omisión, se iniciaría la etapa de investigación respectiva. De manera que resultaría ocioso examinar la regularidad constitucional de la omisión en continuar el procedimiento CONAPRED/DGAQ/0087/DQ/20/I/CDMX/Q0087, debido a que ya se alcanzaron los beneficios prácticos que podría reportar la concesión del amparo promovido en su contra. Finalmente, no pasa inadvertido que la quejosa también se duele de la omisión en continuar con la investigación derivada de su denuncia, sin embargo, como pudo observarse a lo largo de la sentencia, será hasta que se concluya que no existe conciliación entre las partes, en que se determinará lo procedente. Por lo que, la prosecución de la etapa de investigación derivará de si se alcanza dicho acuerdo entre las partes; lo que claramente no puede atribuirse a la autoridad responsable. En virtud de las consideraciones expuestas, al acreditarse plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la citada ley. Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, por lista a la parte quejosa y al Fiscal Titular Ejecutivo adscrito a este Juzgado, en términos del artículo 26, fracciones II, inciso a) y III, de la Ley de Amparo. Lo resolvió y firma Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Mónica Montero Uscanga, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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