Jenifer Stefany López Sandoval

Expediente 1102/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1102/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Jenifer Stefany López Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. Valoración de cuadernos incidentales En cuanto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, el ORIGINAL es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo; mientras que, el DUPLICADO es DESTRUIBLE, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, conforme al cual ya no es necesario tramitar incidente de suspensión duplicado. Disposiciones generales de archivo De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Ahora bien, Según informó el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del INM, mediante oficio INM/ORCHIH/1410/2023, recibido en este juzgado el veintiocho de agosto del año en curso, a través del cual informó que como es el hecho notorio, lo ocurrido el día veintisiete de marzo de la presente anualidad, en las instalaciones de la Estancia Provisional Juárez, de esta localidad, precisó al respecto, que el treinta de Marzo de dos mil veintitrés, se acordó determinar la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de las actividades, presentación y alojamiento en la Estancia Provisional tipo "B" que se encuentra ubicada en ** en Ciudad Juárez, Chihuahua, en virtud de lo anterior, se tiene como inexistentes a las autoridades Encargado de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración y al Sub-Representante local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambas en esta ciudad Juárez, para efectos del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio INM/ORCHIH/1042/2023 y anexo que remitió la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos en la Oficina de Representación en Chihuahua del Institutito Nacional de Migración, a través del cual desahoga los diversos requerimiento que le fueron formulados en diversas fechas, y al efecto remite la copia certificada del expediente administrativo del aquí quejosa ***. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, en específico del oficio de referencia, se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En principio, es necesario precisar que los efectos de un acto reclamado, cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo o bien resarce la omisión que se le atribuye y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por consiguiente, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese sentido, conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad de referencia se advierte lo siguiente: El diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, la hoy quejosa ***, fue presentada ante el Titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, en Chihuahua, con sede en esta ciudad, con el fin de iniciar el procedimiento administrativo migratorio a efecto de resolver su situación migratoria, el cual fue registrado bajo el expediente número 8004/2022. Posteriormente, el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este mismo Juzgado Séptimo de Distrito, en el Juicio de Amparo 1098/2022, con el efecto de que obtuviera su libertad, en la cual se fijaron las medidas de seguridad que debía observar, la autoridad responsable emitió en favor de la aquí quejosa ***, acuerdo de salida, dejándole en libertad deambulatoria a efecto de que acudiera a las oficinas de regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, a continuar con el trámite correspondiente a fin de obtener el documento que acredite su regular estancia en el país. Constancias que fueron remitidas en el oficio recibido en este juzgado el veinte de mes y año en curso, consistentes en copias integras e inalteradas de las originales, mismas que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena de lo que contienen. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" Bajo ese contexto, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por el alojamiento decretado a su persona, en las instalaciones de la Estación Migratoria, en esta ciudad, a la esfera jurídica del quejoso. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386 del tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, acorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Republica; se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de seis de junio del año en curso y al efecto refiere, entre otras cosas, que a la fecha el Instituto Nacional de Migración no ha realizado ante esa autoridad ninguna gestión a efecto de dar cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado federal. Ahora, como hecho notorio se hace referencia al juicio de amparo ******* del índice de este juzgado federal, en el que la misma autoridad oficiante informó que el veintidós de junio del presente año, se autorizó que de las diez a las catorce horas del veintinueve de los mismos, al personal del Instituto Nacional de Migración, pudiera tener acceso a la estancia provisional en esta ciudad, y obtener copia de las constancias peticionadas por este órgano jurisdiccional. Por tanto, se requiérase al Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, para dentro del plazo de tres días legalmente computado, gestione cita ante el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Republica, a fin de tener acceso a la estancia provisional en esta ciudad, y obtener las constancias referentes a procedimiento administrativo ******* a nombre del quejoso *******, y una vez lo anterior, remita copia certificada y legible de todo lo actuado en el mismo. Se le apercibe, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad de mérito. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la ciudad de México mediante el cual da contestación al requerimiento de cuatro de mayo del año en curso, y al efecto manifiesta que el aseguramiento de las Instalaciones de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, no corresponde a la unidad Administrativa de la Fiscalía General de la República Delegación Estatal Chihuahua. No obstante, a fin de evitar mayores dilaciones procesales requiérase a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de México, a fin de que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe quién está en aptitud de remitir las constancias que dan sustento al acto que reclama el quejoso, *******, es decir, copia certificada y legible de todo lo actuado en el procedimiento administrativo ******* instaurado al peticionario de amparo, mismas que se encuentran bajo resguardo de la referida estancia provisional; en caso de que sean enviadas con firma electrónica, manifieste bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso; en el entendido, que la firma electrónica que obre en dichos documentos, deberá ser de su suscriptor, o en su defecto, de aquella persona autorizada en términos del ordinal 9 de la Ley de Amparo. Apercibido que, para el caso de que incumpla con lo que se le solicita, dentro del plazo que para ello se le concede, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización que asciende a la suma de $10,374.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad de mérito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

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