Jenifer Garcia Torres
Expediente 684/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 684/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jenifer Garcia Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
... Vista la certificación que antecede proveído de quince de julio de dos mil veintidós, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. ... en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. ... se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de destrucción. Una vez transcurrido el plazo de tres años dese el tratamiento correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo. Notifíquese.
- Principal
.... Téngase por recibido el oficio del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; órgano administrativo al cual están adscritos el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí; así como el Subdirector de la Estación Migratoria, ambos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y anexos que al mismo se adjuntan. Al tenor del contenido del oficio de cuenta y anexos que al mismo se acompañan, se tiene a las autoridades responsables, por conducto de la autoridad oficiante, dando cumplimiento al requerimiento que se contiene en el acuerdo de ocho de julio del año en curso, agregándose a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar dicho oficio y anexos que se acompañan al mismo. Sin que se haga necesario dar vista a las partes con el contenido del oficio de que se trata, atentas las consideraciones que enseguida se precisan. Sobreseimiento fuera de audiencia La lectura y análisis de la demanda con la que se formó el juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la parte quejosa como actos reclamados señala: La privación de la libertad, detención o alojamiento temporal dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, de la quejosa Jenifer García Torres, así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria, lo que se traduce en la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. En ese sentido, en relación con los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad, detención o alojamiento temporal, dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, emitida en contra de la quejosa; así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria respectiva, lo que se traduce en la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.]" De acuerdo con la hipótesis normativa citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho humano vulnerado, aun cuando se concediera la protección constitucional, al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Se destaca que los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Al respecto, se destaca que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de considerar que cualquier acto por el solo transcurso del tiempo, por no poder retrotraerlo, es un acto consumado de modo irreparable, cuando lo cierto es que la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento; lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de ellos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Caso concreto. Como ya se precisó, la quejosa Jenifer García Torres, como actos reclamados señaló la privación de su libertad, detención o alojamiento temporal dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria, lo que se traduce en la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. Ahora bien, de la documentales que en copia certificada el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, allegó a los autos deducidas del expediente número 2395, que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, se desprende lo siguiente: El quince de mayo de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, acordó el alojamiento temporal de la quejosa Jenifer García Torres (de nacionalidad cubana), en la Estación Migratoria de San Luis Potosí. En la citada fecha, la referida autoridad responsable determino dar inicio al procedimiento administrativo migratorio con el número 2395; acuerdo que fue notificado al aquí quejoso en la citada fecha. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, tuvo por recibidos los oficios 16443/2022 y 16444/2022 deducidos del juicio de amparo en que se actúa, mediante el cual en vía de notificación se transcribió el acuerdo en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, e hizo saber al quejoso, en la propia fecha, que en aras de proceder a su libertad era necesario cumpliera con los requisitos establecidos por el numeral 102 de la Ley de Migración y diversos 215 y 216 de su Reglamento. Por resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se otorgó oficio de salida de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, de la quejosa **** para que abandonara el territorio nacional por sus propios medios; se dejó sin efecto el acuerdo de presentación determinado por la autoridad migratoria y ordeno enviar el expediente al archivo para su guarda y custodia; resolución que fue notificada al aquí quejoso en la citada fecha. De lo que se concluye, que el acto consistente en la detención y/o alojamiento en la estación migratoria ha quedado consumado de modo irreparable, dado que éste surtió todos sus efectos al haber sido ejecutado, y posteriormente puesto en libertad; de manera que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que dice violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya que es físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado al haberse determinado su alojamiento, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de amparo, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen derechos fundamentales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Así, es incuestionable que dejó de existir la materia sobre la cual, en su caso, pudo haberse otorgado la protección constitucional solicitada, pues las posibles violaciones de las que el acto reclamado, pueda adolecer, no podrían ser reparadas con una eventual concesión del amparo. Siendo que en el caso, como se dijo, el aludido extranjero fue puesto en libertad, y posteriormente fue decretada la conclusión del procedimiento de donde derivaba la detención, al existir imposibilidad material para continuarlo. De ahí que se insiste que la orden de detención de que había sido objeto, ha dejado de tener consecuencias jurídicas sobre la persona del quejoso, y las violaciones que en su caso hubieran existido al ejecutarse, han quedado irreparablemente extinguidas, puesto que no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener o alojar en ese lugar, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron, y que no pueden retrotraerse por los efectos de una hipotética sentencia amparatoria; pues como ya se dejó plasmado en párrafos anteriores, el procedimiento administrativo migratorio que se inició con la puesta a disposición del extranjero hoy quejoso, ya fue concluido, ordenando el archivo del expediente, según lo informado por las autoridades responsables. Igual consideración debe hacerse respecto a la omisión reclamada, y la consiguiente aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, ya que ello se deriva de la detención o alojamiento de que era objeto el impetrante al momento de promover la demanda; sin embargo, si posteriormente se ha decretado la conclusión del procedimiento migratorio de que se trata, por las razones antes expuestas, se estima que la omisión de emitir la libertad del quejoso, se ha consumado de forma irreparable, pues aunque se otorgara el amparo solicitado, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada, dado que el pronunciamiento respectivo sobre la libertad del quejoso, evidentemente sólo puede darse cuando esté sujeto al procedimiento migratorio correspondiente, siendo que aquél ya ha concluido dada la imposibilidad material de continuarlo por las autoridad responsables. Por las razones que la invocan, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 423, tomo XXVI, septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. ... De igual modo, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 2130 del Tomo III, Libro 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Noviembre de 2018, Décima Época, registro 2018274, que dice: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. .... En ese tenor, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en numeral 63, fracción V, de la legislación invocada, por los actos que se analizan, consistentes en la detención de la quejosa en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria respectiva, y con ello la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. De igual modo, el sobreseimiento debe hacerse extensivo al acto consistente en la creación, aprobación, sanción y promulgación, respectivamente, del artículo 111 de la Ley de Migración, pues al ser improcedente el juicio de amparo respecto de los actos señalados como de aplicación del referido precepto, no es técnicamente factible analizar la constitucionalidad de esa norma, ya que cuando se impugna una norma con motivo de un acto concreto de aplicación no pueden desvincularse para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de modo que el sobreseimiento en cuanto al segundo deja sin materia la acción constitucional por lo que hace a la primera. Sobre ese particular es puntualmente aplicable la tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 27, del Volumen 217-228, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. .... Sin efecto audiencia constitucional En consecuencia, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este sumario. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. ...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de quince de julio de dos mil veintidós, que en síntesis dice: .... Téngase por recibido el oficio del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; órgano administrativo al cual están adscritos el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí; así como el Subdirector de la Estación Migratoria, ambos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y anexos que al mismo se adjuntan. Al tenor del contenido del oficio de cuenta y anexos que al mismo se acompañan, se tiene a las autoridades responsables, por conducto de la autoridad oficiante, dando cumplimiento al requerimiento que se contiene en el acuerdo de ocho de julio del año en curso, agregándose a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar dicho oficio y anexos que se acompañan al mismo. Sin que se haga necesario dar vista a las partes con el contenido del oficio de que se trata, atentas las consideraciones que enseguida se precisan. Sobreseimiento fuera de audiencia La lectura y análisis de la demanda con la que se formó el juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la parte quejosa como actos reclamados señala: La privación de la libertad, detención o alojamiento temporal dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, de la quejosa Jenifer García Torres, así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria, lo que se traduce en la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. En ese sentido, en relación con los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad, detención o alojamiento temporal, dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, emitida en contra de la quejosa; así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria respectiva, lo que se traduce en la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.]" De acuerdo con la hipótesis normativa citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho humano vulnerado, aun cuando se concediera la protección constitucional, al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Se destaca que los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Al respecto, se destaca que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de considerar que cualquier acto por el solo transcurso del tiempo, por no poder retrotraerlo, es un acto consumado de modo irreparable, cuando lo cierto es que la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento; lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de ellos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Caso concreto. Como ya se precisó, la quejosa Jenifer García Torres, como actos reclamados señaló la privación de su libertad, detención o alojamiento temporal dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria, lo que se traduce en la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. Ahora bien, de la documentales que en copia certificada el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, allegó a los autos deducidas del expediente número 2395, que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, se desprende lo siguiente: El quince de mayo de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, acordó el alojamiento temporal de la quejosa Jenifer García Torres (de nacionalidad cubana), en la Estación Migratoria de San Luis Potosí. En la citada fecha, la referida autoridad responsable determino dar inicio al procedimiento administrativo migratorio con el número 2395; acuerdo que fue notificado al aquí quejoso en la citada fecha. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, tuvo por recibidos los oficios 16443/2022 y 16444/2022 deducidos del juicio de amparo en que se actúa, mediante el cual en vía de notificación se transcribió el acuerdo en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, e hizo saber al quejoso, en la propia fecha, que en aras de proceder a su libertad era necesario cumpliera con los requisitos establecidos por el numeral 102 de la Ley de Migración y diversos 215 y 216 de su Reglamento. Por resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se otorgó oficio de salida de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, de la quejosa **** para que abandonara el territorio nacional por sus propios medios; se dejó sin efecto el acuerdo de presentación determinado por la autoridad migratoria y ordeno enviar el expediente al archivo para su guarda y custodia; resolución que fue notificada al aquí quejoso en la citada fecha. De lo que se concluye, que el acto consistente en la detención y/o alojamiento en la estación migratoria ha quedado consumado de modo irreparable, dado que éste surtió todos sus efectos al haber sido ejecutado, y posteriormente puesto en libertad; de manera que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que dice violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya que es físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado al haberse determinado su alojamiento, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de amparo, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen derechos fundamentales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Así, es incuestionable que dejó de existir la materia sobre la cual, en su caso, pudo haberse otorgado la protección constitucional solicitada, pues las posibles violaciones de las que el acto reclamado, pueda adolecer, no podrían ser reparadas con una eventual concesión del amparo. Siendo que en el caso, como se dijo, el aludido extranjero fue puesto en libertad, y posteriormente fue decretada la conclusión del procedimiento de donde derivaba la detención, al existir imposibilidad material para continuarlo. De ahí que se insiste que la orden de detención de que había sido objeto, ha dejado de tener consecuencias jurídicas sobre la persona del quejoso, y las violaciones que en su caso hubieran existido al ejecutarse, han quedado irreparablemente extinguidas, puesto que no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener o alojar en ese lugar, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron, y que no pueden retrotraerse por los efectos de una hipotética sentencia amparatoria; pues como ya se dejó plasmado en párrafos anteriores, el procedimiento administrativo migratorio que se inició con la puesta a disposición del extranjero hoy quejoso, ya fue concluido, ordenando el archivo del expediente, según lo informado por las autoridades responsables. Igual consideración debe hacerse respecto a la omisión reclamada, y la consiguiente aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, ya que ello se deriva de la detención o alojamiento de que era objeto el impetrante al momento de promover la demanda; sin embargo, si posteriormente se ha decretado la conclusión del procedimiento migratorio de que se trata, por las razones antes expuestas, se estima que la omisión de emitir la libertad del quejoso, se ha consumado de forma irreparable, pues aunque se otorgara el amparo solicitado, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada, dado que el pronunciamiento respectivo sobre la libertad del quejoso, evidentemente sólo puede darse cuando esté sujeto al procedimiento migratorio correspondiente, siendo que aquél ya ha concluido dada la imposibilidad material de continuarlo por las autoridad responsables. Por las razones que la invocan, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 423, tomo XXVI, septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. ... De igual modo, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 2130 del Tomo III, Libro 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Noviembre de 2018, Décima Época, registro 2018274, que dice: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. .... En ese tenor, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en numeral 63, fracción V, de la legislación invocada, por los actos que se analizan, consistentes en la detención de la quejosa en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria respectiva, y con ello la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. De igual modo, el sobreseimiento debe hacerse extensivo al acto consistente en la creación, aprobación, sanción y promulgación, respectivamente, del artículo 111 de la Ley de Migración, pues al ser improcedente el juicio de amparo respecto de los actos señalados como de aplicación del referido precepto, no es técnicamente factible analizar la constitucionalidad de esa norma, ya que cuando se impugna una norma con motivo de un acto concreto de aplicación no pueden desvincularse para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de modo que el sobreseimiento en cuanto al segundo deja sin materia la acción constitucional por lo que hace a la primera. Sobre ese particular es puntualmente aplicable la tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 27, del Volumen 217-228, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. .... Sin efecto audiencia constitucional En consecuencia, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este sumario. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. ...
- Principal
.... Visto el estado que guardan los presentes autos de los que aparece que mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, para los efectos que enseguida se precisan: "Suspensión de plano En consecuencia, tomando en consideración que la deportación o movilidad de la quejosa ***** (nacionalidad *****), a su país de origen por las autoridades responsables, se encuentra dentro de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los dispositivos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN para el efecto de que de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no sea devuelto o deportado a su lugar de origen el aludido quejoso, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables. Así mismo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN para el efecto de que Jenifer García Torres quede a disposición de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado y de las autoridades responsables únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo seguido en su contra, mismo que es de orden público y, por ende, insuspendible. En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional" prevista por el numeral 102 de la Ley de Migración, cuya literalidad reza: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." La interpretación sistemática de los preceptos legales recién transcritos, permite concluir que el inmigrante indocumentado podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, que la autoridad migratoria del conocimiento tiene la obligación de hacer saber a los extranjeros cuya situación migratoria sea irregular en este país y que se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tienen derecho a que se les proporcione información acerca de sus derechos y garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho proceda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, puede otorgar garantía a fin de permanecer en domicilio diverso a la estación migratoria, así como dar aviso a su embajada para la obtención de asistencia y representación consular. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus derechos constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y los tratados internacionales de los que México forma parte, como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas como en el caso lo son las autoridades responsables Director y/o Subdirector de la Estación Migratoria, de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí; en cuya estación permanece alojada la quejosa Jenifer García Torres, derivado de su calidad de extranjera indocumentada.. Luego, tomando en cuenta, en lo conducente los parámetros establecidos para la figura de la custodia provisional que rige en el procedimiento de origen, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 160 de la ley de la materia, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, las autoridades responsables en comento de forma inmediata deberán proceder a la puesta en libertad de Jenifer García Torres, siempre y cuando se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad, mismos que vigilará este Juzgado Primero de Distrito en el Estado y que son las siguientes: A. Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerá el quejoso. B. El directamente agraviado no podrá ausentarse sin previa autorización de la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, del domicilio que para el efecto señale para su resguardo. C. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone a la quejosa como obligación la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como ante el Juzgado Primero de Distrito en esta ciudad, los días viernes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil. Todo lo anterior, en la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, las indicadas autoridades responsables deberán implementar los mecanismos que estimen pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que la agraviada cumpla a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente), ante este Juzgado. Sin que en el caso se considere idóneo establecer como condición la erogación de cantidad alguna por parte de la quejosa pues existen elementos que permiten estimar que no se encuentra en aptitud de sufragarlos, toda vez que no se advierte que tenga ingreso alguno, por lo que en caso de estar imposibilitada para ello, por causas ajenas a la quejosa, se haría nugatorio que goce de la medida cautelar que les fue otorgada. Además que dicha medida no se considera idónea para obtener el fin que se busca, consistente en que continúen con su trámite migratorio y así no quede sin materia el juicio de amparo. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver a la quejosa a la autoridad responsable." Ahora bien, mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, rindiendo su informe respectivo con relación al cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos. Al respecto informaron lo siguiente: ".En cuanto a que esta autoridad migratoria de forma inmediata proceda con la puesta en libertad de Jenifer García Torres, se menciona que en cumplimiento a la suspensión de plano se dicta acuerdo el día a la fecha, notificándole al quejoso el mismo e informándoles sobre los lineamientos y medidas de aseguramiento dictadas por este Juzgado, así como el contenido del artículo 102 de la Ley De Migración con relación al diverso 215 de su Reglamento, para que estén en condiciones de cumplir con lo señalado, manifestando cada uno de ellos que: Que se me han hecho saber mis derechos, así como los lineamientos y medidas de seguridad establecidos por el juzgado Primero en esta ciudad, por lo que lo consultare con mi abogado, y en cuanto de cumplimiento a dichas disposiciones establecidas por el Juez, lo informare a esta Autoridad Migratoria, esto para poder obtener mi libertad. Sin tener nada más que agregar", ello en cada uno de los procedimientos administrativos migratorios de cada quejoso. Por lo que hasta que la quejosa **** cumpla con el lineamiento establecido en el inciso A de las medidas decretadas por este Juzgado, y el diverso inciso d) del artículo 102 de la Ley de Migración, con relación al 215 de su Reglamento,- los cuales son de orden público y de observancia general- se procederá a su puesta en libertad." Sin que a la fecha las autoridades responsables hayan informado el cumplimiento cabal a la suspensión de plano decretada en este sumario; esto es, si la quejosa cumplió con los lineamientos y medidas de seguridad precisados en el acuerdo de veinticinco de mayo del presente año, así como los mecanismos que al efecto se hayan implementado por las autoridades responsables con el propósito de vigilar que los agraviados cumplan a cabalidad con la determinación así asumida. Requerimiento En consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 20, 125, 126, 165 y 206 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables en comento para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada en autos. De igual manera, se requiere a las autoridades responsables Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí; Director y/o Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de este acuerdo, informen cuál es la situación jurídica que actualmente guarda la quejosa Jenifer García Torres, en relación con su alojamiento en la Estación Migratoria, y si con motivo de la suspensión de plano decretada en autos, ésta fue puesta en libertad; para el caso de que la mencionada quejosa continúe alojada en dicha Estación Migratoria; entonces, las autoridades responsables deberán informar cuáles son los motivos por los que la quejosa permanece alojada en dicha Estación Migratoria. Justificando lo anterior, con copia certificada de las documentales respectivas, haciéndoles saber que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme a lo previsto por el numeral 209, en relación con el arábigo 262, fracción III, de la ley de la materia, por lo que de consumarse éste se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales a que haya lugar. Apercibimiento Asimismo, se apercibe a las citadas autoridades que de no acatar en sus términos el presente requerimiento, se les impondrá una multa a cada una por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Diferimiento A efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que la misma tenga verificativo las NUEVE HORAS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se reitera a las partes que su asistencia a tal audiencia no es obligatoria, dado que la ley de la materia lo establece como una posibilidad, no como una carga procesal. Notifíquese. ...
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