Jenaro Garza Guerra
Expediente 244/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jenaro Garza Guerra
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de trece de marzo del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, contra actos del Magistrado del Tercer Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 244/2023, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 4.1 Caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama la resolución emitida en el toca penal ********************, índice del Magistrado del Tercer Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, a través de la cual decreta el desechamiento del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en el que negó la solicitud de sobreseimiento. Este juzgado de Distrito advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que no se observó el principio de definitividad. En la causal de mérito se previene el principio de definitividad -tratándose de actos jurisdiccionales-, rector del juicio de amparo, esto es, en tal fracción se impone a la parte quejosa la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que mediante su promoción o interposición sean susceptibles de conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ello es así, debido a que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad considere que se lesionaron sus derechos fundamentales. En síntesis, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo; es decir, se deben agotar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, del precepto 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación y que el objeto de este recurso se substanciará en el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, para efectos de que se la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. En ese sentido, resulta evidente que contra el acto aquí reclamado procede el recurso de revocación, mismo que la parte quejosa se encontraba obligada agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; por consiguiente, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo. 4.2 Obligación de jurisprudencia. Resulta de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2021251. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III inciso a), de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Además, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, por tener sus cédulas profesionales debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 6. Consulta vía electrónica. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, a la solicitante con nombre de usuario "********************". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente a la profesionista mencionada en el párrafo que antecede; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 6.1 Instrucción a la Oficial Judicial "A". Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído.
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