Jema Navarrete Hurtado

Expediente 713/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
713/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Jema Navarrete Hurtado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Incidente 713/2023-V Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que los incidentistas **** y ****, incumplieron con la obligación que se les impuso al concederles la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistente en otorgar garantía ante este Juzgado Federal por la cantidad de $598,002.40 (quinientos noventa y ocho mil dos pesos 40/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquier forma establecida por la ley, dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que le haya surtido efectos la notificación de la resolución interlocutoria de catorce de julio del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la resolución de mérito y con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que la suspensión definitiva de los actos reclamados ha dejado de surtir efectos, motivo por el cual deberá girarse oficio a la autoridad responsable para hacer de su conocimiento que quedan expeditas sus facultades para ejecutar el acto reclamado, si así lo consideran procedente, en virtud de que, al no haber cumplido la peticionaria de amparo, con la obligación impuesta al momento de concedérsele la suspensión definitiva, se declara que ha dejado de surtir sus efectos; ello con la salvedad de que son susceptibles de recobrarse si se cumple con la exigencia impuesta antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo, habida cuenta que en ese supuesto subsiste la materia de la suspensión. Finalmente, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe si los quejosos exhibieron la garantía que les fue impuesta por este órgano jurisdiccional; en atención a su contenido, dígasele que los impetrantes no exhibieron la garantía en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalado para el día de hoy el verificativo de la audiencia constitucional; sin embargo, en proveído de treinta y uno de julio del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Guerrero, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Principal 713/2023-V CUENTA. El treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta al Secretario encargado del despacho, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 9671. Conste. El Secretario Omar Tomás Velázquez López Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; con su contenido y anexos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otro parte, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 119 de la citada Ley, se tienen como pruebas las documentales que exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordena formar un tomo de pruebas para el mejor manejo del mismo, el que deberá tenerse a la vista al momento de resolver el presente sumario. Notifíquese.

  4. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, la razón levantada por el actuario judicial adscrito, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 17897/2023, dirigido a Ernesto Anituy Rebolledo Zúñiga, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guerrero (ISSSTE), con sede en esta ciudad, toda vez que actualmente ostenta dicho cargo Rafael Netzah Peralta Radilla. Ahora bien, tomando en cuenta el cambio de titular de la autoridad responsable, a fin de evitar violaciones en el procedimiento de ejecución de sentencia, el cual es de orden público, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Rafael Netzah Peralta Radillas, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guerrero (ISSSTE), con sede en esta ciudad, para que en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes al en que sea notificada de este acuerdo, remita copia certificada de las documentales con las que acredite el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este sumario, o bien, las gestiones que ha dictado para cumplir con la misma. Es decir, deberá justificar con las constancias relativas el pago por los periodos anteriores a cinco años de la fecha en que la quejosa presentó su solicitud de pago de pensión por viudez ante ese instituto responsable, pues de las constancias exhibidas hasta este momento demuestran que se han realizado a la quejosa diversos pagos por concepto de pensión por viudez a partir del año dos mil diecisiete hasta diciembre de dos mil veintidós, mas no de los pagos anteriores respectos de los cuales no se haya actualizado la prescripción, en los términos indicados en la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Apercibido que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad vinculada que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Así también, se le hace del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad vinculada que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia podrán incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Es aplicable, lo dispuesto en la Jurisprudencia 1a./J. 29/2007, de la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, registro digital: 173014, del contenido siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo." Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe

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