Jeidy García Malagón

Expediente 670/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
670/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Jeidy García Malagón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la quejosa Jeidy ..., mediante el cual la quejosa manifiesta su voluntad de desistirse de la acción constitucional intentada en este juicio de amparo, por así convenir a sus personales intereses. 1.1 Sobreseimiento. En consecuencia, ante la voluntad manifiesta de la quejosa, se le tiene por desistida de la demanda de amparo y con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee este juicio. 1.2 Causa firmeza. Resulta claro que la quejosa al manifestar su voluntad de desistirse de este juicio, no recurrirán este auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que este proveído ha causado estado. 1.3 Sin efectos audiencia. En tal virtud, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 1.4 Vista y anotaciones. Comuníquese esta determinación a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de igual forma, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. 2. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Toda vez que el asunto se sobreseyó fuera de audiencia ante el desistimiento de la quejosa, se considera que este expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 352 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Informe justificado y vista. Agréguese a los autos el oficio signado por el Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se impongan del mismo, de conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 1.1 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. 1.2 Diferimiento de audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio que remite el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del cual informa que se admitió el recurso de queja, interpuesto por Jesús Mario López Torres, como representante de Jeidy García Malagón, en contra del auto dictado el siete de junio de dos mil veintidós, quedando radicado con el número de expediente 106/2022. 2. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual envía el informe de suspensión de plano emitido por la Sub Representante Local de Piedras Negras y Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 106/2020, de su índice. 2. Acuerdo. De la ejecutoria de mérito se advierte que en lo que es materia de recurso de queja la superioridad resolvió: PRIMERO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por ..., contra el acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 701/2022, por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. SEGUNDO. Con testimonio de esta ejecutoria, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado, a fin de que determine lo que a su representación social corresponda en cuanto a los probables actos de tortura mencionados por la recurrente, por las razones y fundamentos de derecho señalados en el último considerando de la misma. 3. Acuse. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, se ordena expedir el acuse correspondiente. 4. Efectos de la suspensión. Al resolver el medio de impugnación en cita, el Tribunal Colegiado en comento precisó que se concede la suspensión respecto de la detención y privación de la libertad reclamada por la quejosa, para el efecto de que: 1. De existir orden de deportación o expulsión del país, los efectos serán los que establece el artículo 160 de la Ley de Amparo, es decir, que no se ejecute dicha orden y la quejosa Jeidy García Malagón, quede en el lugar en que se encuentre a disposición de este Juzgado de Distrito. 2. En caso de no existir dicha orden de deportación, la quejosa sea puesta en libertad, una vez que haya cumplido y acreditado ante la autoridad migratoria, lo requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración que establece: 2.1. Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la mencionada autoridad migratoria. 2.2. Establecer domicilio o ligar en el que permanecerá. 2.3. No ausentarse el mismo sin previa autorización de la autoridad de amparo. 2.4. Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. En el entendido de que, con respecto al punto 2.1, no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, ya que la quejosa, al haber estado alojada en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitada para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a ésta, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada, por lo que la autoridad migratoria podrá establecer otro tipo de garantía menos gravosa y asequible para la quejosa. Esta última determinación, tiene sustento en la tesis aislada número 1.20o. A.20 A (10ª.), emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia a Administrativa del Primer Circuito. Asimismo, se determina, que la satisfacción de los requisitos referidos, deberán hacerse ante la autoridad responsable, debiéndose acreditar por dicha autoridad ante el Juzgado de Distrito, que así se hizo, con el fin de que el juzgador de amparo esté en aptitud de requerir a la autoridad responsable, las constancias conducentes a la libertad de la quejosa. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la quejosa, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. 4.1 Notificación a la autoridad responsable. Lo que se ordena hacer del conocimiento de inmediato a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. 5. Vista actos de tortura. Por otra parte, como lo destacó el Tribunal Colegiado de cuenta en el considerando séptimo de su decisión, tomando en consideración que la quejosa manifestó tormentos prohibidos por el artículo 22 constitucional, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que proceda como corresponda para que se investigue si existe o no tortura o tratos crueles e inhumanos, tormento de cualquier especie contra la quejosa directa Jeidy García Malagón y en su caso la responsabilidad administrativa o penal que le resulte a los responsables. Con ese propósito debe girarse oficio al Agente del Ministerio Público de la adscripción, acompañándose copia certificada del presente expediente por duplicado.

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