Jehu Paniagua García

Expediente 48/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
48/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Jehu Paniagua García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta. . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. . . archívese el presente asunto como concluido. . .

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    AVISO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE PROMOVENTE EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO DE 16/01/2019, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 15/01/2019 Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE FECHA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Querétaro, Querétaro, quince de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por Jehu Paniagua García, contra actos de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Querétaro, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo, en sus términos, fórmese y regístrese el bajo el número 48/2019-III, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó el justiciable, contra del acto anteriormente precisado, es improcedente. Al respecto, este Juzgado de Distrito considera que, efectivamente, en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV. Para corroborar tal postura, es necesario transcribir el precepto legal antes referido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" De igual manera, cabe destacar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el primer párrafo del ordinal referido en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o en su caso, al día siguiente en que el impetrante de garantías se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamados consistente en "la resolución dictada en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho dentro del expediente número 3411/16-09-01-3-OT, del incide de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Querétaro", no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues no se tratan de una norma general autoaplicativa, o algún procedimiento de extradición; así como tampoco se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; además de que quien promueve no representa a algún núcleo ejidal, y finalmente, no son actos que ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento, por ende, debe de atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del consabido artículo. Es decir, el solicitante del amparo contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia. Ahora bien, esta Juzgado no soslaya que la promovente de amparo, refiere en su escrito de cuenta que en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó resolución dentro del expediente número 3411/16-09-01-3-OT, del incide de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Querétaro, siendo notificada de lo anterior mediante boletín jurisdiccional el día catorce de diciembre de dos mil dieciocho. En tal tenor, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el presente juicio de amparo, en relación al acto reclamado consabido, señalado en el párrafo que antecede, empezó a computarse a partir del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, toda vez que la fecha en que tuvo conocimiento de los actos combatidos fue el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, pues desde esa data manifiesta existe una notificación del acto reclamado, además la propia promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que en fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, fue notificada de la resolución que combate, mediante boletín jurisdiccional. De modo que, el solicitante de amparo contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional en contra del acto reclamado, a partir del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, sin contar los sábados y domingos, así como el día veinticinco de diciembre y uno de enero de dos mil dieciocho al ser días inhábiles conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley la Materia, plazo que feneció el ocho de enero de dos mil diecinueve. Por ello, los actos reclamados citados al no encontrarse dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para la interposición del juicio de amparo, es inconcuso que la demanda origen de este juicio en el cual, se reclaman actos emitidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. Por tanto, al haberse presentado la demanda de origen del presente juicio, hasta el día catorce de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, su presentación resulta extemporánea; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo se promovió fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por los motivos antes expuestos, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió, como ya se dijo, por los motivos expuestos en párrafos precedentes. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia número 14, visible en la página once, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". De igual forma, es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, visible en la página 235, tomo XI-Junio, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". No se soslaya que la quejosa refiere bajo protesta de decir verdad, que interpuso Juicio de nulidad ante la Sala Regional del Centro II, radicándose con número de expediente ya citado, en contra de la resolución emitida por el Subdelegado de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, Delegación Estatal Guanajuato; asimismo interpuso queja por Defecto en el cumplimiento, la cual en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho la Sala Regional del Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió el mismo. Por lo tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113, de la propia ley, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Jehu Paniagua García, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Centro II, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, septiembre de mil cuatro, página 1631, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en virtud de no proporcionar el número de las cédulas profesionales de las personas que nombra en el proemio de su demanda. Asimismo se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las pares, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente........". ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE, PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ.

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