Jehu Joksan Tinoco Hernández

Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
248/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Jehu Joksan Tinoco Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo, por tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, y carecer de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda. Al respecto, dígasele a la parte quejosa que se esté a lo acordado en auto de doce de mayo del año en curso.

  3. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente y la devolución a las partes de las documentales a que se hace referencia.

  4. Principal

    SIN QUE SE HAYA PRESENTADO LA PARTE QUEJOSA A EFECTO DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN AQUÉL Y SE LE HACE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, LA DETERMINACIÓN QUE DICE: "...Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento de la demanda: Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Partiendo de esa premisa, se considera por manifiesto, cuando el motivo de improcedencia se presenta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda instaurada y lo indudable, ocurre en la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante, en la especie, de tal forma, que aun cuando se admitiera dicha demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar los contendientes como elementos de prueba. En la inteligencia que la aplicación de la jurisprudencia integrada con la ley anterior, según el numeral sexto transitorio, continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley actual. Análisis el cual resulta de orden público, preferente y oficioso, según dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, que reza textualmente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo, es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como un medio extraordinario de defensa en favor de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad vulneran sus derechos humanos fundamentales. Ahora, del estudio del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "a).- EL ILEGAL, INDEBIDO Y ARBITRARIO MANDAMIENTO VERBAL DE SUPRESIÓN DE DIEZ (10) HORAS DE CLASES A NIVEL SECUNDARIA, QUE EL SUSCRITO HE VENIDO REALIZANDO DESDE EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, TAL Y COMO SE AUTORIZÓ MEDIANTE OFICIO NÚMERO 5030917/2020, DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS, DE LA DIFRECCIÓN DE SECUNDARIAS, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS." b).- LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS Y VINCULADOS AL ILEGAL, INDEBIDO Y ARBITRARIO, MANDAMIENTO VERBAL DE SUPRESIÓN DE DIEZ (10) HORAS DE CLASES A NIVEL SECUNDARIA, QUE EL SUSCRITO VIENE REALIZANDO DESDE EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, Y QUE SE CUNCLUIRA EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL DOS MI VEINTIUNO, TAL Y COMO SE AUTORIZO MEDIANTE OFICIO NÚMERO ****, DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS, DE LA DIFRECCIÓN DE SECUNDARIAS, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS." a).- LA ILEGAL, INDEVIDA E INFUNDADA NOTIFICACIÓN VERBAL DE FECHA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN DE MIS ACTIVIDADES LABORALES, COMO DOCENTE SOBRE DIEZ (10) HORAS DE CLASES A NIVEL SECUNDARIA, QUE EL SUSCRITO VIENE REALIZANDO DESDE EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMERITA BENITO JUÁREZ, DE JOJUTLA, MORELOS, AUN Y CUANDO QUE SE CONCLUIRA EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, TAL Y COMO SE AUTORIZO MEDIANTE OFICIO NÚMERO ***, DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS, DE LA DIFRECCIÓN DE SECUNDARIAS, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS." b).- LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ILEGAL, INDEBIDO Y AERBITRARIO MANDAMIENTO VELBAL DE SUPRERSIÓN DE DIEZ (10) HORAS DE CLASE NIVEL SECUNDARIA, QUE EL SUSCRITO VIENE REALIZANDO DESDE EL DÍA PRIMERO DE OCTIUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, Y QUE SE CONCLUIRA EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO TAL Y COMO SE AUTORIZO MEDIANTE OFICIO NÚMERO ***, DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS, DE LA DIFRECCIÓN DE SECUNDARIAS, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS." c).- LA ILEGAL Y ARBITRARIA SUSPENSIÓN DE MIS ACTIVIDADES LABORALES COMO DOCENTE, SOBRE LAS DIEZ HORAS SEMANALES QUE AMPARAN EL OFICIO NÚMERO *****, DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EXPEDIDO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS DE LA DIFRECCIÓN DE SECUNDARIAS, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS." d).- EL ACTO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE PAGO DE MIS SALARIOS O EMOLUMENTOS Y DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y ECONOMICAS QUE VENIA PERCIBIENDO EN MI FUENTE DE TRABAJO, Y QUE DESDE LUEGO TENGO DERECHO COMO TRABAJADOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICO DEL ESTADO DE MORELOS." e).- TODOS LOS ACTOS DE ACATAMIENTO Y EJECUCIÓN, RELACIONADOS, DERIVADOS Y VINCULADOS, CON LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES ORDENADORAS." Bajo esa tesitura, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que con respecto a dicho acto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y por las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. . Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. Que sea emitido por un órgano público, al cual las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 2. Que sea un acto unilateral, a través del cual se cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, una situación jurídica concreta. 3. Que afecte la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular resultan ilustrativas las tesis publicadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de de la Nación, visibles bajo los encabezados y datos de localización siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.". (Tesis: 2a. XXXVI/99, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307). Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas. "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.".(Tesis: 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39) Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supra ordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la parte quejosa hace consistir en la omisión de la autoridad que señala como responsable de la suspensión de diez horas de clases a nivel secundaria, corresponde a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral que existió entre tal autoridad y la parte quejosa. Ello es así, pues de lo expuesto por el aquí recurrente en su escrito de demanda, se desprende que entre él y el Director General del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, existió una relación laboral, en tanto manifiesta se beneficia de las prestaciones que surgen con motivo de la relación de trabajo prestado en la Escuela Secundaria General Benemérita Benito Juárez. Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es evidente que entre ambos subyace un vínculo empleado-patrón, por ende, una relación de coordinación -no subordinación, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, el quejoso tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Por consiguiente, el acto u omisión combatido por el impetrante de amparo, circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; lo cual implica que la parte Quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, se desecha la demanda de amparo promovida por ***..."

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