Jehosafat Santiago García o Josafat Santiago García

Expediente 28/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
28/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
22/01/2016

Partes del expediente

  • Jehosafat Santiago García o Josafat Santiago García

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintidós de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de once del actual, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a once de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Jehosafat Santiago García o Josafat Santiago García contra el acto reclamado al juez de lo Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 28/2016. Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley en cita, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [.]". En efecto, del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama medularmente de las responsables la detención acaecida en su contra el doce de abril del año pasado, aproximadamente a las veinte horas, en San Miguel Guelache, Etla, Oaxaca, argumentando esencialmente que la misma se realizó sin que hubiera flagrancia. De igual forma, de las actuaciones que conforman el juicio de amparo número 1812/2015, del índice de este juzgado federal, se aprecia que el propio peticionario del amparo reclama del juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, y otra autoridad, el auto de formal prisión dictado en su contra el trece de noviembre del año pasado, dentro de la causa penal 60/2015, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación tumultuaria en agravio de Guadalupe y Yolanda, de apellidos González Contreras. Lo anterior, evidencia la actualización de la causa de improcedencia en análisis, dado que se ha suscitado un cambio de situación jurídica con motivo del auto de formal prisión decretado en contra del quejoso, y por ello, deben considerarse consumadas de modo irreparable las violaciones que se atribuyen en relación a la detención que señala, pues no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica, generada por el inicio de la etapa de la instrucción. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 14/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 441, Tomo XIX, Mayo de 2004, Materia(s): Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal". De igual forma, sirve de sustento la tesis XVII.23 P, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2199, Enero de 2010, Materia (s): Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)". Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado consistente en la consignación de la averiguación previa integrada contra el quejoso, efectuada el catorce de abril del año pasado, se actualiza la causal prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo, público o privado que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías en su perjuicio, derecho que debe estar protegido por alguna norma legal y cuando se afecte por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. En efecto, se considera que la determinación reclamada en la que se ejerció acción penal en contra del aquí quejoso, por parte del agente del Ministerio Público Investigador de la Villa de Etla, Oaxaca, no es susceptible de ser analizado en esta instancia constitucional. Es así, porque de una interpretación al artículo 21 constitucional, se puede establecer que ese precepto impone al Ministerio Público las facultades de investigador en la fase de la averiguación previa; en esencia, este dispositivo de la Carta Magna delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal se le confieren a esa institución pública. Luego, si el Ministerio Público goza de las facultades de investigar los delitos, le impone la obligación de acreditarlos y le autoriza a efectuar el ejercicio de la acción penal, es evidente que ningún perjuicio le causa al impetrante la actuación de la representación social en ejercicio de una facultad constitucional. Sobre el particular se invoca la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 351, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." De igual forma, en lo que corresponde al acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado en su contra, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". La disposición transcrita contempla la figura jurídica conocida como litispendencia, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que sean materia de otro juicio de la misma naturaleza promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La razón fundamental de la citada causa estriba en evitar una cadena de juicios del orden constitucional interminable. En ese tenor, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio para el suscrito, la existencia del juicio de amparo número 1812/2015, del índice de este juzgado de Distrito, promovido por el propio quejoso, contra el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión emitido en su contra el trece de noviembre del año que precede, dentro de la causa penal 60/2015, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación tumultuaria en agravio de Guadalupe y Yolanda, de apellidos González Contreras. Cabe precisar que en dicho asunto se encuentra en trámite actualmente. En esas condiciones, este órgano de control constitucional considera que en la especie se surte la causa de improcedencia citada, toda vez que existe diverso juicio de amparo, anterior al de cuenta, reclamando el mismo acto -auto de formal prisión- y señalando esencialmente las mismas autoridades responsables. Además, en caso de que se diera entrada al presente asunto, se duplicarían los actos, en detrimento de la acción de la justicia, pues se obligaría a las partes a tramitar otro procedimiento, con las cargas que ello implica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 58, tomo 16, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". En las condiciones anotadas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia invocadas, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados con las facultades del numeral 12 de la ley de la materia, a las personas que designa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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