Jeffrey Jehú Rodríguez Hipólito

Expediente 1083/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1083/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Jeffrey Jehú Rodríguez Hipólito

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. ... Notifíquese personalmente. .

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós.Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. En razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó la demanda de amparo ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos El plazo indicado transcurrió del tres al siete de octubre de este año, en virtud que la notificación relativa se realizó el veintinueve de septiembre mediante lista de acuerdos previo citatorio, por lo que surtió efectos el treinta siguiente. Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. IV. De igual forma, toda vez que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda comprobantes de pago los cuales son considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en consecuencia, de conformidad con el numeral 18 cuarto párrafo del citado Acuerdo General, los documentos referidos quedan a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos al destruirse este expediente. V. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. ... Notifíquese personalmente. .

  4. Principal

    "Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta.Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1083/2022.Aspectos preliminares. Primeramente debe señalarse que en virtud que la demanda de amparo debe de analizarse en su integridad como un todo a efecto de desentrañar lo que el promovente del amparo solicita y con ello fijar la Litis constitucional de acuerdo a la causa de pedir.Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.109 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 1299, Novena Época, con registro 162385, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR...Atento a ello, de la lectura integral de la demanda se tiene como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:Autoridad responsable ordenadora:Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro.Acto reclamado:El auto admisorio de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 153/2022, en el cual se le fija una pensión alimenticia provisional en su contra y a favor de su menor hijo de identidad reservada de iniciales M.A.R.S.Autoridad responsable ejecutora:Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro.Acto reclamado:La nulidad de notificación relativa al auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós dictado en el expediente familiar 153/2022.Asimismo, es necesario citar que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el quejoso indica que tuvo conocimiento de tales actos el treinta y uno de agosto de este año.Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable.En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales.Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO...En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad.Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido.Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente:Desechamiento de la demanda. De la lectura del capítulo de acto reclamado así como de los antecedentes de este, quien esto provee determina que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.".La interpretación del referido precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente, cuando:a) El acto reclamado sea una determinación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada,y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada.Tal disposición regula el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste.El principio de definitividad, encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, claro, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia respecto del acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora, consistente en el auto admisorio de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 153/2022, en el cual se le fija una pensión alimenticia provisional en su contra y a favor de su menor hijo de identidad reservada de iniciales M.A.R.S., es menester traer a colación el artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que señala:"Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza.Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza".Como se observa, dicho numeral prevé la procedencia del recurso de apelación contra resoluciones que versen sobre los alimentos, y establece la limitante consistente en que tratándose de la fijación de estos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Eso significa que, efectivamente, el legislador local de manera clara previó la posibilidad de que las determinaciones que fijan alimentos provisionales fueran combatidas a través de un recurso de carácter vertical, a saber, el de apelación.Lo expuesto se corrobora, si se toma en cuenta que el precepto 80 del citado código adjetivo civil de la entidad, establece que las resoluciones judiciales son simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; y autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores, de donde se sigue que al disponer el artículo 973 del referido ordenamiento "las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas",también se refiere a los autos y no exclusivamente a las sentencias.Lo anterior se refuerza con la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 322/2016, en sesión correspondiente al veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que generó la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.), que más adelante se citará en su integridad, en cuya parte toral se determinó: "63. Por su parte, el ordenamiento procesal de Durango no establece -como en el de la actual Ciudad de México- que cuando la sentencia definitiva sea apelable lo será el auto o interlocutoria, pero sí prevé que los autos y sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio podrán ser apelados en el efectodevolutivo.64. Siguiendo esta premisa, el código duranguense señala que el juez de lo familiar podrá fijar la pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, siendo posible deducir que se trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, pues ello acontecerá hasta que se dicte la sentencia definitiva.64. Además, al igual que en el código procesal civil de la Ciudad de México, se dispone que las "resoluciones" sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza, término que - como ya se señaló- no se refiere de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de actuaciones judiciales como son los autos. Por lo tanto, debe interpretarse que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango prevé que el recurso ordinario que procede contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional es la apelación".Además, conviene señalar que los arábigos 665, 666, 667, 670 y 673, del código procesal civil de esta entidad federativa, disponen lo siguiente:"Artículo 665. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta"."Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio"."Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, opor escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran ono las partes a aquella audiencia.Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad.En los juicios sumarios la revocación se decide de plano"."Artículo 670. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior.El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo"."Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para eltraslado.En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte".Del análisis conjunto de los numerales transcritos, deriva que las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta y que, por ende, contra ellas procede el recurso de apelación en donde el tribunal superior puede examinar la regularidad de dicho fallo; en cambio, contra los autos que "no fueran apelables" es factible su impugnación vía revocación.Además, el creador de la norma expresó que los autos "serán apelables" cuando, entre otros supuestos, tengan fuerza de definitivos; noción que debe entenderse en el sentido de que lo decidido en el auto correspondiente, por sus particularidades, no sea susceptible de repararse en la sentencia o resolución final que se llegare a dictar.Es decir, en el escenario de que lo resuelto en el auto que se pretenda impugnar cause un gravamen que no puede enmendarse en la sentencia condigna, esa circunstancia será la que dotará de definitividad a tal proveído y, por ende, a ser susceptible de controvertirse a través del recurso de apelación.Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 994, Tomo XXXI, materia: común, Semanario Judicial de la Federación, registro digital 363877, de rubro y texto:"APELACIÓN Los autos sólo son apelables cuando tienen fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo fuere la sentencia que en el juicio se dicte, y dichos autos tienen fuerza de definitivos cuando causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia, y si ésta se dictó, el auto que mande dar vista de una promoción del reo, sí tiene fuerza de definitivo, puesto que ya no se está en condiciones de conseguir su reparación en la sentencia y, por tanto, contra él cabe el recurso de apelación".Conforme a lo expuesto, se tiene que, contra el acto reclamado indicado procede el recurso de apelación, sobre todo porque el párrafo segundo del artículo 673 del ordenamiento legal en cita, dispone que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte.Es así, toda vez que dicho acto es de carácter definitivo, ya que al establecer el pago de alimentos provisionales, causa un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva, pues ésta versará sobre la procedencia o no de los alimentos definitivos demandados, así como de los reclamados de manera retroactiva, y no del proveído que determinó cubrirlo de manera provisional mientras se resuelve el juicio de manera definitiva.No es óbice a lo anterior, el artículo 962 del código adjetivo en comento, que menciona:"Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad.En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención.Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna.Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad".Ello es así, porque si bien de dicho numeral se advierte una regla específica respecto a que contra las medidas provisionales y urgentes que tome el juez de origen vinculadas con violencia familiar o para salvaguardar a un menor que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por el derecho, no se admitirá más recurso que el de responsabilidad; dicho numeral, al contemplar una regla de excepción, resulta de interpretación estricta, esto es, que se limita a los casos en los que el juzgador otorgue las medidas en comento bajo las citadas hipótesis previstas por el legislador, más no comprende otras como los autos que decretan la pensión provisional.Así las cosas, además de las consideraciones plasmadas, es oportuno invocar, por analogía, la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018737, que señala:"PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011)Ya que dicho criterio refuerza la noción que deriva del artículo 973 del código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, en el sentido de que contra la resolución que decreta de manera provisional los alimentos, procede el recurso de apelación.En ese tenor, es evidente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, además, no se advierte la materialización de alguno de los supuestos de excepción que prevé el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, a saber: que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, o actos de naturaleza penal que impongan medidas restrictivas de la libertad, ni el accionante es una persona tercera extraña al procedimiento, pues no obstante que en la demanda se reclaman defectos en el emplazamiento, no se niega que existiera el mismo.Tampoco se aprecia que la procedencia del recurso de apelación se haya sujetado a interpretación adicional o que el fundamento legal haya sido insuficiente para determinarla, ya que como se estableció, el artículo 973 del Código Procesal Civil del Estado de Oaxaca, dispone que las resoluciones que versen sobre alimentos son susceptibles de apelación, pero que tratándose de estos no procede suspender la pensión provisional, lo que revela sin mayor esfuerzo la procedencia del remedio procesal.En abundamiento, también se cita la tesis 1a. CCXIV/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 358, Libro 61, Diciembre de 2018,Tomo I, Décima Época, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018736, que establece:"PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO)Refuerza lo anterior la jurisprudencia PC.XXI. J/5 C (10a.),sustentada por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, registro digital: 2010515, del tenor:"ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)Ahora, respecto al diverso motivo de disenso atribuido al actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, consistente en la nulidad de la notificación relativa al auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 153/2022, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia en análisis en virtud que para tales actos como lo son las nulidades de actuaciones, o bien, de notificaciones como es el caso, existe un medio ordinario de defensa a agotar previo a la presentación de la demanda de amparo, consistente en la apertura de un incidente de nulidad de acuerdo a los numerales 71, 73, 74 y 75 en relación con el diverso 404 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, los cuales disponen:"Artículo 71.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 72.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 73.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 74.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 75.- La nulidad de actuaciones por falta o defecto del emplazamiento se tramitará por cuerda separada, conforme al artículo 404 de este Código, sin suspensión del principal, deberá resolverse tan luego se agote el procedimiento incidental, pero siempre antes de pronunciares sentencia definitiva. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se tramitarán en la misma forma y se fallarán en la sentencia definitiva.Artículo 404.- Los incidentes que surjan en los juicios, con excepción de los de acumulación y de conexidad, cualquiera que sea su naturaleza, se substanciarán con un escrito de cada parte. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijándose los puntos sobre que deba versar; el plazo probatorio no excederá de cinco días y concluido se citará para la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia. Dicha audiencia se verificará a más tardar dentro de los tres días siguientes y en ella se dictará la resolución que corresponda." De los numerales transcritos se advierte, que dentro de los juicios del orden familiar, mismos que se rigen por la ley procesal civil aplicable, se prevé la existencia del incidente de nulidad, el cual procede contra las actuaciones por falta o defecto del emplazamiento. Por tanto, de conformidad con los preceptos transcritos, es evidente que, en contra de la diligencia de emplazamiento y notificaciones practicadas en controversias del orden familiar, así como en las acuerdos dictadas dentro del procedimiento, procede el incidente de nulidad, llevando como consecuencia que dichas notificaciones y actuaciones, sean susceptibles de ser confirmadas, modificadas o revocadas, a través ese medio de impugnación.Lo que pone de manifiesto, que contra la falta notificación de dicho acuerdo antes mencionado procede el incidente de nulidad, previsto por el artículo 75 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Oaxaca, de conformidad con el artículo 404, del propio ordenamiento, a través del cual puede ser confirmada, modificada o revocada la actuación que por esta vía constitucional se reclama. Por tanto, previamente a que la parte quejosa acudiera a esta instancia constitucional a combatir los actos que reclama, debió interponer el aludido incidente de nulidad, que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, lo cual evidencia la improcedencia del presente juicio de amparo. Con la precisión de que, en el caso, no se está en la hipótesis de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, inciso c) de la Ley de Amparo, esto es, que se ostente como tercero extraño al juicio, ya que, contrario a ello, la parte quejosa manifestó, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la existencia del juicio familiar 153/2022, y del auto en el cual se le fija una pensión alimenticia provisional en su contra y a favor de su menor hijo de identidad reservada de iniciales M.A.R.S., el treinta y uno de agosto de este año; por lo cual, el quejoso es conocedor del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, el número de expediente, el tipo de juicio, la autoridad que emitió el acto reclamado.Confesión a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con las artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con la que queda evidenciado que la aquí quejosa es parte procesal en el juicio familiar de origen; de ahí que aunque no le asiste el carácter de tercera extraña y pudo interponer el incidente de nulidad de notificaciones; por ello, está obligada para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarias previstas en la ley que estime pertinente, previo a la interposición del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia 1a.lJ. 6712013 (10a.), sustentada par la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 729, Libro XX/II, Agosto de 2013, Toma 1, Decima Época, con número de registro 2004274, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)... No pasa inadvertido que de la lectura integral de la demanda se aprecia que el quejoso acude a esta instancia constitucional porque a su consideración se le ha demandado dos veces por la misma causa, pues aduce que existe un juicio en trámite en el que se le demandó el pago de alimentos a favor de su menor hijo; sin embargo, está en aptitud de contestar la demanda y acudir al nuevo juicio a oponer las excepciones y defensas que considere pertinentes, por lo que se considera que con el desechamiento de la demanda no se le causa perjuicio alguno.Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes precisada, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por las causas de improcedencia que han quedado establecidas. Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia... Forma de notificación y autorizados del quejoso. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción I, de la ley de materia téngase como domicilio de la parte quejosa el que refiere en su escrito de demanda.Por otro lado, se tiene como sus autorizados en términos restringidos del normativo 12 de la Ley de la materia esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica por así solicitarlo expresamente.Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Ahora, respecto al correo electrónico que proporciona, únicamente se tomará como medio de contacto con este órgano jurisdiccional y no como vía para recibir notificaciones.Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujetoa las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley.Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de sernecesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)"

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