Jeferson Venero Perez

Expediente 799/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
799/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Jeferson Venero Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    I- Cúmplase y notifíquese a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE].

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiesen recurrido los acuerdos de catorce de octubre de dos mil veintidós y cinco de enero del año en curso, en los que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la 3 Foja 280 de este expediente???????????? Ley de Amparo, se declara que dichos proveídos han causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Al respecto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano. Asimismo, como lo dispone el precepto legal invocado, en razón que se concedió la suspensión de plano en el presente juicio de amparo, es susceptible de depuración con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  3. Principal

    I-Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término para que el promovente Gabriel Domínguez Bobadilla, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió sin que haya realizado manifestación alguna. Al respecto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós; y se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le hagan por medio de lista de estrados, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de tres días que se le concedió en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, al nombrado promovente a efecto de que informara el paradero de las directas quejosas Midalys Díaz Hernández y M.G.D., sin que haya hecho manifestación alguna. Asimismo, agréguese el oficio firmado por el sub comisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, comunica a través del oficio INM/OSCJ/DAJ/AMP/6697/2022 de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, instruyó como superior jerárquico al titular de la Estación Migratoria en Iztapalapa de dicho Instituto, cumplir con lo ordenado por este juzgado, es decir, que remitiera las constancias con las que acreditara la deportación de los quejosos Aidee Armenteros García y Delvis Ross Armenteros, razón por la cual, remite la documentación proporcionada por la referida autoridad migratoria en copia simple2 . Ahora, toda vez que este órgano jurisdiccional ya realizó diversas gestiones con el fin de que los directos quejosos Midalys Díaz Hernández, M.G.D., Aidee Armenteros García y Delvis Ross Armenteros, ratificaran la demanda promovida a su favor por Gabriel Domínguez Bobadilla, sin obtener resultados favorables; se estima actualizada la hipótesis prevista en la parte final del párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo3 ; esto es, que al no haberse cumplido con la exigencia legal para la prosecución del juicio de amparo -ratificación de los directos quejosos-, ésta debe tenerse por no presentada. En ese contexto, el artículo 107, fracción I4, de la Constitución dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son parte agraviada las personas que han sufrido un agravio y se refiere, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses. Sobre este punto, es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: PARTE AGRAVIADA, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Ahora, el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; y, que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley. Como excepción a esa regla general, el artículo 15 de la Ley de Amparo dispone que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Precisa que, en esos casos, el órgano de amparo decretará la suspensión de los actos, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Empero, dispone que, una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; y, precisa que si la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias. En el presente caso, al haberse corroborado que las quejosas Midalys Díaz Hernández y M.G.D., a través de la resolución definitiva de veintinueve de septiembre del año en curso, se les otorgó oficio de salida con fines de regularización y que los promoventes Aidee Armenteros García y Delvis Ross Armenteros, fueron deportados a su país de origen, como lo se desprende de la constancias que adjuntaron las autoridades migratorias, las cuales ya obran en autos; con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida a su favor, para todos los efectos legales correspondientes. Quedan sin efectos las providencias dictadas en el presente expediente, debiendo hacerse del conocimiento de la autoridad responsable. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Estadístico relativo, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio a la autoridad correspondiente.

  4. Principal

    Agréguese el oficio firmado por el sub comisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado informa que con el oficio INM/OSCJ/DAJ/AMP/6698/2022 de veintiocho de noviembre del año en curso, el Comisionado de dicha institución instruyó como superior jerárquico al titular de la Estación Migratoria en Iztapalapa del Instituto Nacional de Migración, cumpla con lo ordenado por este órgano jurisdiccional, esto es, que remita las constancias que acrediten la deportación de los quejosos Aidee Armenteros García y Delvis Ross Armenteros, En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, a través de oficio que al efecto se libre [el cual se ordena su remisión vía mensajería acelerada] se requiere nuevamente al comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe el resultado del requerimiento que hizo con el oficio INM/OSCJ/DAJ/AMP/6698/2022 de veintiocho de noviembre último, dirigido al titular de la Estación Migratoria en Iztapalapa del Instituto Nacional de Migración. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondrá una multa por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100, moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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