Jeferson Antonio Corvera Sales

Expediente 1705/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1705/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Jeferson Antonio Corvera Sales
  • Angel Martin Olmedo Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA 7.-Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios recibidos vía correo institucional y vía ordinaria, signados por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual en respuesta a la consulta formulada por este órgano jurisdiccional mediante auto de siete de octubre de dos mil veintidós, emitió el oficio SECNO/CT/1355/2022, de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, del cual determinó el no análisis sobre la actualización de alguno de los criterios generales de relación al asunto en comento. Por tanto, este órgano de control constitucional continúa conociendo respecto de los quejosos Jeferson Antonio Corvera Sales y Diego Alejandro Moncayo Reyes (nombre correcto). Ahora, como del estado que guardan los presentes autos, se advierte que el catorce de los actuales, la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, rindió el informe relativo a la suspensión de plano concedida en auto de tres de octubre de dos mil veintidós y remitió copias certificadas de los acuerdos de salidas de Diego Alejandro Moncayo Reyes y Jeferson Antonio Corvera de la estación migratoria y de los certificados médicos de salidas de seis de los actuales. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta vía constitucional, esencialmente lo constituye: la incomunicación y privación de la libertad por un tiempo prolongado; deportación y restricción al libre tránsito dentro del territorio nacional. En el caso, de las constancias allegadas por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, se advierte que el seis de octubre de dos mil veintidós, en los expedientes INM/ORTAB/EMV/PAM/11820/2022 y INM/ORTAB/EMV/PAM/11834/2022, la Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, del Instituto Nacional de Migración en el Estado, emitió un acuerdo en el que en cumplimiento a lo determinado en el presente juicio de amparo, el seis de octubre del presente año, otorgó salida provisional de la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco a los extranjeros Diego Alejandro Moncayo Reyes y Jeferson Antonio Corvera de nacionalidad ecuatoriana y salvadoreña, respectivamente, con el fin de permanecer en la demarcación geográfica de esta entidad federativa y continuar con sus procedimientos administrativos migratorios, y se sujeten al control de firma ante dicho Instituto, los días viernes de cada semana o al día siguiente hábil; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó la responsable, de las cuales se aprecia el acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, emitido por la Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, en favor de los quejosos Diego Alejandro Moncayo Reyes y Jeferson Antonio Corvera, así como la notificación del mismo; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, dado que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia a la autoridad responsable, en el ejercicio de sus funciones; calidad que se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores. En tales condiciones, y toda vez que en la presente vía constitucional la parte quejosa señaló como acto reclamado la ilegal privación de la libertad; la incomunicación; detención fuera de procedimiento; y la deportación ; y siendo que, como ya se precisó, dicha autoridad el seis de octubre del presente año, emitió acuerdo en el que determinó la salida provisional en favor de los quejosos Diego Alejandro Moncayo Reyes y Jeferson Antonio Corvera, lo anterior, con el fin de permanecer en la demarcación geográfica de esta entidad federativa y continuar con sus procedimientos administrativos migratorios, y se sujeten al control de firma ante dicho Instituto, los días viernes de cada semana o al día siguiente hábil; se concluye que la violación de la que estaban siendo objeto los demandantes de amparo por parte de las autoridades responsables, fueron subsanadas, de ahí que con su actuar, repuso a las quejosas en el goce de los derechos que estimó quebrantados. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Así, tomando en consideración lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE ASUNTO. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en Página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" No es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo presentada el veintiséis de septiembre del presente año, por Jeferson Antonio Corvera Sales, no haya sido ratificada por el citado quejoso, pues no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; en primer término agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del convenio de pago parcial por cumplimentación de laudo de siete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 223/2010, de su índice, celebrado por el quejoso Simón David González Hernández, beneficiario del extinto Zenaido González López, y el Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, del que se desprende que se realizó el segundo pago parcial, correspondiente al mes de octubre de dos mil veintidós, en favor del citado quejoso, haciéndole entrega de un cheque, por la cantidad de $227,716.97 (doscientos veintisiete mil setecientos dieciséis 97/100 moneda nacional), ya con las deducciones de impuesto sobre la renta aplicado. Documento de valor que le fue entregado al quejoso de mérito el siete de octubre del año en curso; lo cual se corrobora con las constancias que anexa la responsable a su oficio de cuenta. Por otra parte, agréguese el diverso oficio de cuenta signado por el 1) Primer Regidor y Presidente Municipal y la 2) Segunda Regidora y Síndico de Hacienda, por sí y en representación del 3) Tercer Regidor, 4) Cuarta Regidora, 5) Quinto Regidor, 6) Director de Administración, 7) Director de Finanzas, 8) Director de Programación, (9) Director de Contraloría y (10) Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado el veintisiete de septiembre del presente año, informan que realizaron el segundo pago parcial, correspondiente al mes de octubre de dos mil veintidós, en favor del multicitado quejoso, haciéndole entrega de un cheque, por la cantidad de $227,716.97 (doscientos veintisiete mil setecientos dieciséis 97/100 moneda nacional), ya con las deducciones de impuesto sobre la renta aplicado. Ahora, en relación al requerimiento que solicitan se haga al Tribunal responsable; dígase que deberán estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, donde el tribunal responsable informó lo propio. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes y se tiene a las citadas autoridades en vías de cumplimiento al fallo protector. No obstante lo anterior, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; reformado por el diverso Acuerdo General 16/2022, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a las responsables a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y los Integrantes del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco: 1. Oscar Ferrer Ábalos, Primer Regidor y Presidente Municipal. 2. Mari Luz Velázquez Jiménez, Segunda Regidora y Síndico de Hacienda. 3. Carilin de Jesús Salaya Arias, Tercero Regidor. 4. Gabriela Sánchez Sánchez, Cuarta Regidora. 5. Jorge Guadalupe González Alejandro, Quinto Regidor. 6. Abigail Balcázar Brito, Director de Finanzas. 7. Felipe Nabor Escudero Ávila, Director de Programación. 8. Oscar David Álvarez Cerino, Director de Administración. 9. Calixto Hernández Morales, Director de Asuntos Jurídicos. 10. Mariano Ramos Garduza, Director de Contraloría. Para que sirvan dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y dentro del término de DIEZ DÍAS hábiles al en que queden notificados del presente proveído, remitan copias certificadas de las constancias con las que acrediten las gestiones realizadas a fin de continuar con el cumplimiento al fallo protector a favor de Simón David González Hernández en su carácter de hijo y beneficiario del extinto quejoso Zenaido González López. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se les aplicará a cada una, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 11, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO, SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA A IMPONER A ESTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que el órgano de su adscripción se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1705/2022-7, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Edgar José Moreno Hernández, promoviendo a favor de Ángel Martín Olmedo Gutiérrez, la cual quedó registrada como amparo indirecto 1706/2022-I. En ese contexto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, se continúa el presente asunto respecto de los actos reclamados por el directo quejoso Diego Alejandro Moncayo Reyes. Notifíquese.

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