Jeazul Dolores Cruz Ramirez

Expediente 92/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
92/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Jeazul Dolores Cruz Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 92/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de abril de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Ahora bien, toda vez que el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, toda vez que la Agente del Ministerio Público adscrita la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Mujer en Yautepec, Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 92/2019, promovido por JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnada ese mismo día al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclama a la Juez de Primera Instancia, de Control, Tribunal Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otra autoridad (fojas 3 a 15). SEGUNDO. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos admitió a trámite la demanda de amparo radicando el expediente con el número 1750/2018-X, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 17 a 19). Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos se declaró incompetente por razón de turno para conocer y resolver la demanda de amparo y ordenó la remisión del expediente 1750/2018-X a este juzgado federal (fojas 79 a 81). El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por oficio 2048/2019, este Juzgado Segundo de Distrito recibió los autos del juicio de amparo 1750/2018-X del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. Por auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, este juzgado asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, se radicó con el número de amparo 92/2019-III, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó notificar de manera personal a la parte tercero interesada. Por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve de ordenó el emplazamiento del diverso tercero interesado. La audiencia constitucional se difirió en una ocasión y dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Primera Instancia, de Control Tribunal Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos en autos de la causa penal JCC/475/2018, que revoca el no ejercicio de la acción penal emitido en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017, y su ejecución que atribuye al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto que se reclama a la Jueza de Primera Instancia, de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo informó al momento de rendir su informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar, pues no obstante de encontrarse debidamente notificado de la admisión del presente juicio de amparo, fue omiso en rendir su informe justificado. Lo que se corrobora además con las fotocopias certificadas de la causa penal JCC/475/2018, así como con el disco compacto que contiene el audio y video de la audiencia de dos de octubre de dos mil dieciocho, que anexó a su informe justificado la Jueza de Primera Instancia, de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. (anexos I y II). Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2004362, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del siguiente rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo de este asunto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o que de oficio las advierta este órgano jurisdiccional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. En relación a lo anterior quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ahora bien, en el caso en concreto, la quejosa promovió juicio de amparo en contra de la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Primera Instancia, de Control Tribunal Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos dentro de la causa penal JCC/475/2018, que revoca la resolución de no ejercicio de la acción penal emitida a su favor el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente, en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017. Antes de entrar al estudio correspondiente, conviene señalar los antecedentes de la determinación reclamada en esta instancia constitucional, que se advierten de las constancias que la Juez de control responsable acompañó a su informe justificado, así como del disco versátil digital relativos al registro en audio y video de la audiencia reclamada emitida dentro de la causa penal JCC/475/2018. El veintisiete de mayo de dos mil diecisiete, la Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad Especializada en Violencia Familiar, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, recibió escrito de denuncia de MOISES OVALLES CONTRERAS, en contra de JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, por su presunta comisión en el delito de ABUSO SEXUAL cometido en agravio de los menores J.O.C. y M.O.C., radicando la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017 (fojas 1 a 5 del anexo II). Seguida la secuela procesal, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente, emitió acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor de JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, como probable responsable del delito de Violencia Familiar en su calidad de autor material y el delito de Abuso Sexual agravado en la modalidad de comisión por omisión, cometido en agravio de los menores J.O.C. y M.O.C.. De la anterior determinación fue notificado de manera personal el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho JOSÉ ANTONIO MIRANDA PÉREZ, asesor jurídico designado por MOISES OVALLES CONTRERAS (fojas 77 a 115 del anexo II) y éste último - MOISES OVALLES CONTRERAS- fue notificado de manera personal el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (foja 120 del anexo II) Por escrito presentado el nueve de julio de dos mil dieciocho, MOISES OVALLES CONTRERAS por sí y en representación de los menores J.O.C. y M.O.C., solicitó ante el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, audiencia de control judicial sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017 (fojas 7 a 15 del anexo I). El diez de julio de dos mil dieciocho, la Juez de Primera Instancia de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, dio entrada a la audiencia de control judicial prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ordenó citar a las partes para su desahogo. El dos de octubre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de control judicial en la que la ahora Juez responsable resolvió sobre la queja planteada por el ahora tercero interesado MOISES OVALLES CONTRERAS, y en atención al interés superior del menor al advertir diversas irregularidades en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017, ordenó reaperturar la misma y recibir las pruebas que en su momento fueron solicitadas por los asesores jurídicos, pudiendo la defensa ofrecer también diversos medios de convicción y, así resolver con base en el interés superior del menor. La última resolución es el acto que ahora se reclama en esta instancia constitucional. Cabe señalar que la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, pues en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ministerio Público al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, si bien actúa como autoridad, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, entre los que se encuentran el desahogo de diligencias, que no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, se ordenara por la autoridad Ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, de lo que se sigue que no procede el amparo cuando se reclama del Ministerio Público la investigación realizada, pues dicha circunstancia corresponderá resolverla al Juez de Control, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica de los quejosos. Lo anterior es así porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Tiene sustento a lo anterior la tesis II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, correspondiente a la Décima Época, del siguiente rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Por otra parte, el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal, cuando en el caso se actualice alguna causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327 de ese ordenamiento. Esto es, el no ejercicio de la acción penal puede configurarse cuando agotada las investigaciones preliminares, el Fiscal estime que no cuenta con los elementos suficientes para solicitar el auto de vinculación a proceso; o bien porque se ha extinguido la pretensión punitiva, o porque una ley posterior suprima un tipo penal o porque el hecho haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiere dictado sentencia ejecutoria respecto del imputado, o por desistimiento de la querella. Cuando el Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima u ofendido la podrá impugnar ante el Juez de Control, quien en una audiencia decidirá definitivamente, para lo cual se citará a la víctima u ofendido y, en su caso, al imputado y su defensor. Si el Juez de Control rechaza la impugnación planteada, el acuerdo del Fiscal continuará surtiendo efectos, sin perjuicio que la víctima u ofendido puedan promover el juicio de amparo; en cambio, si declara fundado el recurso, se dejará sin efecto el acuerdo ministerial y se ordenará que la investigación preliminar continúe, o bien, que se ejerza acción penal. De esta forma, la Juez de Control en la audiencia correspondiente, revocó la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal, en atención al interés superior del menor y en razón que advirtió diversas irregularidades e inconsistencias en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017, como lo son que la Agente del Ministerio Público que resolvió el no ejercicio de la acción penal - la Agente del Ministerio Público Marisol Montero Monje - no era la titular de la carpeta de investigación ya que la titular y que conoció de su integración fue la Agente del Ministerio Público Esthela Gabriela Guerrero Bello; asimismo la autoridad ministerial fue omisa en requerir todas y cada una de las constancias que integran el expediente de naturaleza civil mencionados por los asesores jurídicos de la víctima, ahora tercero interesado, relativos a una controversia familiar entre MOISES OVALLES CONTRERAS y la probable imputada, ahora quejosa y, que la fiscal investigadora tomó declaración a los menores sin presencia de su madre o su padre revictimizándolos; por lo tanto, ordenó reaperturar la misma y recibir las pruebas que en su momento fueron solicitadas por los asesores jurídicos, pudiendo la defensa ofrecer también diversos medios de convicción y, con base en lo anterior resolver tomando con consideración el interés superior de los menores. Ahora bien, la resolución que la quejosa pretende combatir, tiene como único efecto que la representación social continúe la labor de investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue el derecho de los gobernados en oponerse a la continuación de una investigación, pues de lo contrario se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se está privando a la ahora quejosa, del derecho a demostrar que los hechos que se le pretenden atribuir no constituyen delito alguno. De ahí que la resolución combatida no cause una afectación real y actual a la esfera jurídica de la hoy quejosa, pues su único efecto fue que la fiscal investigadora atienda las irregularidades destacadas por la Juez responsable y recabe las pruebas sobre las que fue omisa la Agente del Ministerio Público, pudiendo en todo caso también la inculpada ofrecer diversos medios de defensa, máxime que durante la investigación correspondiente, una vez recabadas las constancias respectivas, el Ministerio Público puede concluir que no solicitará la audiencia de formulación de imputación o bien, en caso de que el Ministerio Público solicitara una posible orden de aprehensión para que comparecieran a la audiencia de formulación de imputación, o se le dictara vinculación a proceso en su contra, en estos casos se afectarían sus derechos fundamentales y, por tanto, su interés jurídico, con lo que estaría en aptitud el investigado aquí quejoso para promover el correspondiente juicio de amparo en contra del acto respectivo. Guarda relación a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 168201, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Enero de 2009, página 71, del siguiente rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA." Lo anterior se considera así, pues como ya se mencionó, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, pues el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, la resolución judicial de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a la esfera jurídica de la quejosa, pues su efecto sólo es que se continúe con la investigación para integrar la carpeta correspondiente. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2018809, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 886, del siguiente rubro: "RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO." No pasa inadvertido que en el presente asunto se combate además, de los efectos jurídicos que produce el acto combatido en la aquí quejosa, el trámite seguido por la responsable al admitir la solicitud formulada por la víctima de someter a control el no ejercicio de la acción penal, sin embargo, aún en el caso que acontece en el que se reprocha trasgresión al debido proceso al haberse admitido la pretensión no obstante haber precluido el derecho para hacerlo, ello no tiene por efecto desconocer los diversos principios y exigencias requeridas para resolver en el fondo un juicio de amparo, pues aún en el caso de advertir que aconteció lo alegado, ello no tiene como consecuencia que el acto combatido produzca efectos de imposible reparación ya que éstos pueden ser controvertidos por el investigado y por el contrario impedir su actuación sí los produce en perjuicio de la sociedad. En consecuencia, en el caso al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación al diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, este interpretado a contrario sensu, y en términos del diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de amparo, por cuanto al acto reclamado a la Jueza de Primera Instancia, de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar, por no ser combatidos por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, respecto a los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy quince de abril de dos mil diecinueve, que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy Fe.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del quince de abril del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 92/2019, promovido por JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnada ese mismo día al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclama a la Juez de Primera Instancia, de Control, Tribunal Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otra autoridad (fojas 3 a 15). SEGUNDO. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos admitió a trámite la demanda de amparo radicando el expediente con el número 1750/2018-X, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 17 a 19). Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos se declaró incompetente por razón de turno para conocer y resolver la demanda de amparo y ordenó la remisión del expediente 1750/2018-X a este juzgado federal (fojas 79 a 81). El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por oficio 2048/2019, este Juzgado Segundo de Distrito recibió los autos del juicio de amparo 1750/2018-X del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. Por auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, este juzgado asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, se radicó con el número de amparo 92/2019-III, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó notificar de manera personal a la parte tercero interesada. Por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve de ordenó el emplazamiento del diverso tercero interesado. La audiencia constitucional se difirió en una ocasión y dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Primera Instancia, de Control Tribunal Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos en autos de la causa penal JCC/475/2018, que revoca el no ejercicio de la acción penal emitido en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017, y su ejecución que atribuye al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto que se reclama a la Jueza de Primera Instancia, de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo informó al momento de rendir su informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar, pues no obstante de encontrarse debidamente notificado de la admisión del presente juicio de amparo, fue omiso en rendir su informe justificado. Lo que se corrobora además con las fotocopias certificadas de la causa penal JCC/475/2018, así como con el disco compacto que contiene el audio y video de la audiencia de dos de octubre de dos mil dieciocho, que anexó a su informe justificado la Jueza de Primera Instancia, de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. (anexos I y II). Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2004362, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del siguiente rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo de este asunto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o que de oficio las advierta este órgano jurisdiccional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. En relación a lo anterior quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ahora bien, en el caso en concreto, la quejosa promovió juicio de amparo en contra de la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Primera Instancia, de Control Tribunal Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos dentro de la causa penal JCC/475/2018, que revoca la resolución de no ejercicio de la acción penal emitida a su favor el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente, en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017. Antes de entrar al estudio correspondiente, conviene señalar los antecedentes de la determinación reclamada en esta instancia constitucional, que se advierten de las constancias que la Juez de control responsable acompañó a su informe justificado, así como del disco versátil digital relativos al registro en audio y video de la audiencia reclamada emitida dentro de la causa penal JCC/475/2018. El veintisiete de mayo de dos mil diecisiete, la Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad Especializada en Violencia Familiar, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, recibió escrito de denuncia de MOISES OVALLES CONTRERAS, en contra de JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, por su presunta comisión en el delito de ABUSO SEXUAL cometido en agravio de los menores J.O.C. y M.O.C., radicando la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017 (fojas 1 a 5 del anexo II). Seguida la secuela procesal, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente, emitió acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor de JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, como probable responsable del delito de Violencia Familiar en su calidad de autor material y el delito de Abuso Sexual agravado en la modalidad de comisión por omisión, cometido en agravio de los menores J.O.C. y M.O.C.. De la anterior determinación fue notificado de manera personal el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho JOSÉ ANTONIO MIRANDA PÉREZ, asesor jurídico designado por MOISES OVALLES CONTRERAS (fojas 77 a 115 del anexo II) y éste último - MOISES OVALLES CONTRERAS- fue notificado de manera personal el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (foja 120 del anexo II) Por escrito presentado el nueve de julio de dos mil dieciocho, MOISES OVALLES CONTRERAS por sí y en representación de los menores J.O.C. y M.O.C., solicitó ante el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, audiencia de control judicial sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017 (fojas 7 a 15 del anexo I). El diez de julio de dos mil dieciocho, la Juez de Primera Instancia de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, dio entrada a la audiencia de control judicial prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ordenó citar a las partes para su desahogo. El dos de octubre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de control judicial en la que la ahora Juez responsable resolvió sobre la queja planteada por el ahora tercero interesado MOISES OVALLES CONTRERAS, y en atención al interés superior del menor al advertir diversas irregularidades en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017, ordenó reaperturar la misma y recibir las pruebas que en su momento fueron solicitadas por los asesores jurídicos, pudiendo la defensa ofrecer también diversos medios de convicción y, así resolver con base en el interés superior del menor. La última resolución es el acto que ahora se reclama en esta instancia constitucional. Cabe señalar que la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, pues en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ministerio Público al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, si bien actúa como autoridad, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, entre los que se encuentran el desahogo de diligencias, que no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, se ordenara por la autoridad Ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, de lo que se sigue que no procede el amparo cuando se reclama del Ministerio Público la investigación realizada, pues dicha circunstancia corresponderá resolverla al Juez de Control, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica de los quejosos. Lo anterior es así porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Tiene sustento a lo anterior la tesis II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, correspondiente a la Décima Época, del siguiente rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Por otra parte, el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal, cuando en el caso se actualice alguna causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327 de ese ordenamiento. Esto es, el no ejercicio de la acción penal puede configurarse cuando agotada las investigaciones preliminares, el Fiscal estime que no cuenta con los elementos suficientes para solicitar el auto de vinculación a proceso; o bien porque se ha extinguido la pretensión punitiva, o porque una ley posterior suprima un tipo penal o porque el hecho haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiere dictado sentencia ejecutoria respecto del imputado, o por desistimiento de la querella. Cuando el Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima u ofendido la podrá impugnar ante el Juez de Control, quien en una audiencia decidirá definitivamente, para lo cual se citará a la víctima u ofendido y, en su caso, al imputado y su defensor. Si el Juez de Control rechaza la impugnación planteada, el acuerdo del Fiscal continuará surtiendo efectos, sin perjuicio que la víctima u ofendido puedan promover el juicio de amparo; en cambio, si declara fundado el recurso, se dejará sin efecto el acuerdo ministerial y se ordenará que la investigación preliminar continúe, o bien, que se ejerza acción penal. De esta forma, la Juez de Control en la audiencia correspondiente, revocó la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal, en atención al interés superior del menor y en razón que advirtió diversas irregularidades e inconsistencias en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017, como lo son que la Agente del Ministerio Público que resolvió el no ejercicio de la acción penal - la Agente del Ministerio Público Marisol Montero Monje - no era la titular de la carpeta de investigación ya que la titular y que conoció de su integración fue la Agente del Ministerio Público Esthela Gabriela Guerrero Bello; asimismo la autoridad ministerial fue omisa en requerir todas y cada una de las constancias que integran el expediente de naturaleza civil mencionados por los asesores jurídicos de la víctima, ahora tercero interesado, relativos a una controversia familiar entre MOISES OVALLES CONTRERAS y la probable imputada, ahora quejosa y, que la fiscal investigadora tomó declaración a los menores sin presencia de su madre o su padre revictimizándolos; por lo tanto, ordenó reaperturar la misma y recibir las pruebas que en su momento fueron solicitadas por los asesores jurídicos, pudiendo la defensa ofrecer también diversos medios de convicción y, con base en lo anterior resolver tomando con consideración el interés superior de los menores. Ahora bien, la resolución que la quejosa pretende combatir, tiene como único efecto que la representación social continúe la labor de investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue el derecho de los gobernados en oponerse a la continuación de una investigación, pues de lo contrario se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se está privando a la ahora quejosa, del derecho a demostrar que los hechos que se le pretenden atribuir no constituyen delito alguno. De ahí que la resolución combatida no cause una afectación real y actual a la esfera jurídica de la hoy quejosa, pues su único efecto fue que la fiscal investigadora atienda las irregularidades destacadas por la Juez responsable y recabe las pruebas sobre las que fue omisa la Agente del Ministerio Público, pudiendo en todo caso también la inculpada ofrecer diversos medios de defensa, máxime que durante la investigación correspondiente, una vez recabadas las constancias respectivas, el Ministerio Público puede concluir que no solicitará la audiencia de formulación de imputación o bien, en caso de que el Ministerio Público solicitara una posible orden de aprehensión para que comparecieran a la audiencia de formulación de imputación, o se le dictara vinculación a proceso en su contra, en estos casos se afectarían sus derechos fundamentales y, por tanto, su interés jurídico, con lo que estaría en aptitud el investigado aquí quejoso para promover el correspondiente juicio de amparo en contra del acto respectivo. Guarda relación a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 168201, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Enero de 2009, página 71, del siguiente rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA." Lo anterior se considera así, pues como ya se mencionó, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, pues el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, la resolución judicial de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a la esfera jurídica de la quejosa, pues su efecto sólo es que se continúe con la investigación para integrar la carpeta correspondiente. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2018809, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 886, del siguiente rubro: "RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO." No pasa inadvertido que en el presente asunto se combate además, de los efectos jurídicos que produce el acto combatido en la aquí quejosa, el trámite seguido por la responsable al admitir la solicitud formulada por la víctima de someter a control el no ejercicio de la acción penal, sin embargo, aún en el caso que acontece en el que se reprocha trasgresión al debido proceso al haberse admitido la pretensión no obstante haber precluido el derecho para hacerlo, ello no tiene por efecto desconocer los diversos principios y exigencias requeridas para resolver en el fondo un juicio de amparo, pues aún en el caso de advertir que aconteció lo alegado, ello no tiene como consecuencia que el acto combatido produzca efectos de imposible reparación ya que éstos pueden ser controvertidos por el investigado y por el contrario impedir su actuación sí los produce en perjuicio de la sociedad. En consecuencia, en el caso al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación al diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, este interpretado a contrario sensu, y en términos del diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de amparo, por cuanto al acto reclamado a la Jueza de Primera Instancia, de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar, por no ser combatidos por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, respecto a los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy quince de abril de dos mil diecinueve, que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy Fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERA INTERESADA: MOISÉS OVALLES CONTRERAS, POR SI Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES DE INICIALES M.O.C. Y J.O.C., la resolución de quince de abril de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 92/2019, promovido por JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnada ese mismo día al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclama a la Juez de Primera Instancia, de Control, Tribunal Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otra autoridad (fojas 3 a 15). SEGUNDO. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos admitió a trámite la demanda de amparo radicando el expediente con el número 1750/2018-X, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 17 a 19). Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos se declaró incompetente por razón de turno para conocer y resolver la demanda de amparo y ordenó la remisión del expediente 1750/2018-X a este juzgado federal (fojas 79 a 81). El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por oficio 2048/2019, este Juzgado Segundo de Distrito recibió los autos del juicio de amparo 1750/2018-X del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. Por auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, este juzgado asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, se radicó con el número de amparo 92/2019-III, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó notificar de manera personal a la parte tercero interesada. Por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve de ordenó el emplazamiento del diverso tercero interesado. La audiencia constitucional se difirió en una ocasión y dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Primera Instancia, de Control Tribunal Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos en autos de la causa penal JCC/475/2018, que revoca el no ejercicio de la acción penal emitido en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017, y su ejecución que atribuye al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto que se reclama a la Jueza de Primera Instancia, de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo informó al momento de rendir su informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar, pues no obstante de encontrarse debidamente notificado de la admisión del presente juicio de amparo, fue omiso en rendir su informe justificado. Lo que se corrobora además con las fotocopias certificadas de la causa penal JCC/475/2018, así como con el disco compacto que contiene el audio y video de la audiencia de dos de octubre de dos mil dieciocho, que anexó a su informe justificado la Jueza de Primera Instancia, de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. (anexos I y II). Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2004362, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del siguiente rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo de este asunto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o que de oficio las advierta este órgano jurisdiccional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente. En relación a lo anterior quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ahora bien, en el caso en concreto, la quejosa promovió juicio de amparo en contra de la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Primera Instancia, de Control Tribunal Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos dentro de la causa penal JCC/475/2018, que revoca la resolución de no ejercicio de la acción penal emitida a su favor el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente, en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017. Antes de entrar al estudio correspondiente, conviene señalar los antecedentes de la determinación reclamada en esta instancia constitucional, que se advierten de las constancias que la Juez de control responsable acompañó a su informe justificado, así como del disco versátil digital relativos al registro en audio y video de la audiencia reclamada emitida dentro de la causa penal JCC/475/2018. El veintisiete de mayo de dos mil diecisiete, la Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad Especializada en Violencia Familiar, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, recibió escrito de denuncia de MOISES OVALLES CONTRERAS, en contra de JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, por su presunta comisión en el delito de ABUSO SEXUAL cometido en agravio de los menores J.O.C. y M.O.C., radicando la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017 (fojas 1 a 5 del anexo II). Seguida la secuela procesal, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Oriente, emitió acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor de JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, como probable responsable del delito de Violencia Familiar en su calidad de autor material y el delito de Abuso Sexual agravado en la modalidad de comisión por omisión, cometido en agravio de los menores J.O.C. y M.O.C.. De la anterior determinación fue notificado de manera personal el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho JOSÉ ANTONIO MIRANDA PÉREZ, asesor jurídico designado por MOISES OVALLES CONTRERAS (fojas 77 a 115 del anexo II) y éste último - MOISES OVALLES CONTRERAS- fue notificado de manera personal el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (foja 120 del anexo II) Por escrito presentado el nueve de julio de dos mil dieciocho, MOISES OVALLES CONTRERAS por sí y en representación de los menores J.O.C. y M.O.C., solicitó ante el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, audiencia de control judicial sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017 (fojas 7 a 15 del anexo I). El diez de julio de dos mil dieciocho, la Juez de Primera Instancia de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, dio entrada a la audiencia de control judicial prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ordenó citar a las partes para su desahogo. El dos de octubre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de control judicial en la que la ahora Juez responsable resolvió sobre la queja planteada por el ahora tercero interesado MOISES OVALLES CONTRERAS, y en atención al interés superior del menor al advertir diversas irregularidades en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017, ordenó reaperturar la misma y recibir las pruebas que en su momento fueron solicitadas por los asesores jurídicos, pudiendo la defensa ofrecer también diversos medios de convicción y, así resolver con base en el interés superior del menor. La última resolución es el acto que ahora se reclama en esta instancia constitucional. Cabe señalar que la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, pues en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ministerio Público al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, si bien actúa como autoridad, está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, entre los que se encuentran el desahogo de diligencias, que no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, se ordenara por la autoridad Ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos, de lo que se sigue que no procede el amparo cuando se reclama del Ministerio Público la investigación realizada, pues dicha circunstancia corresponderá resolverla al Juez de Control, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica de los quejosos. Lo anterior es así porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Tiene sustento a lo anterior la tesis II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, correspondiente a la Décima Época, del siguiente rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Por otra parte, el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal, cuando en el caso se actualice alguna causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327 de ese ordenamiento. Esto es, el no ejercicio de la acción penal puede configurarse cuando agotada las investigaciones preliminares, el Fiscal estime que no cuenta con los elementos suficientes para solicitar el auto de vinculación a proceso; o bien porque se ha extinguido la pretensión punitiva, o porque una ley posterior suprima un tipo penal o porque el hecho haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiere dictado sentencia ejecutoria respecto del imputado, o por desistimiento de la querella. Cuando el Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima u ofendido la podrá impugnar ante el Juez de Control, quien en una audiencia decidirá definitivamente, para lo cual se citará a la víctima u ofendido y, en su caso, al imputado y su defensor. Si el Juez de Control rechaza la impugnación planteada, el acuerdo del Fiscal continuará surtiendo efectos, sin perjuicio que la víctima u ofendido puedan promover el juicio de amparo; en cambio, si declara fundado el recurso, se dejará sin efecto el acuerdo ministerial y se ordenará que la investigación preliminar continúe, o bien, que se ejerza acción penal. De esta forma, la Juez de Control en la audiencia correspondiente, revocó la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal, en atención al interés superior del menor y en razón que advirtió diversas irregularidades e inconsistencias en la carpeta de investigación YA-VF/1071/2017, como lo son que la Agente del Ministerio Público que resolvió el no ejercicio de la acción penal - la Agente del Ministerio Público Marisol Montero Monje - no era la titular de la carpeta de investigación ya que la titular y que conoció de su integración fue la Agente del Ministerio Público Esthela Gabriela Guerrero Bello; asimismo la autoridad ministerial fue omisa en requerir todas y cada una de las constancias que integran el expediente de naturaleza civil mencionados por los asesores jurídicos de la víctima, ahora tercero interesado, relativos a una controversia familiar entre MOISES OVALLES CONTRERAS y la probable imputada, ahora quejosa y, que la fiscal investigadora tomó declaración a los menores sin presencia de su madre o su padre revictimizándolos; por lo tanto, ordenó reaperturar la misma y recibir las pruebas que en su momento fueron solicitadas por los asesores jurídicos, pudiendo la defensa ofrecer también diversos medios de convicción y, con base en lo anterior resolver tomando con consideración el interés superior de los menores. Ahora bien, la resolución que la quejosa pretende combatir, tiene como único efecto que la representación social continúe la labor de investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue el derecho de los gobernados en oponerse a la continuación de una investigación, pues de lo contrario se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se está privando a la ahora quejosa, del derecho a demostrar que los hechos que se le pretenden atribuir no constituyen delito alguno. De ahí que la resolución combatida no cause una afectación real y actual a la esfera jurídica de la hoy quejosa, pues su único efecto fue que la fiscal investigadora atienda las irregularidades destacadas por la Juez responsable y recabe las pruebas sobre las que fue omisa la Agente del Ministerio Público, pudiendo en todo caso también la inculpada ofrecer diversos medios de defensa, máxime que durante la investigación correspondiente, una vez recabadas las constancias respectivas, el Ministerio Público puede concluir que no solicitará la audiencia de formulación de imputación o bien, en caso de que el Ministerio Público solicitara una posible orden de aprehensión para que comparecieran a la audiencia de formulación de imputación, o se le dictara vinculación a proceso en su contra, en estos casos se afectarían sus derechos fundamentales y, por tanto, su interés jurídico, con lo que estaría en aptitud el investigado aquí quejoso para promover el correspondiente juicio de amparo en contra del acto respectivo. Guarda relación a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 168201, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Enero de 2009, página 71, del siguiente rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA." Lo anterior se considera así, pues como ya se mencionó, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, pues el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, la resolución judicial de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a la esfera jurídica de la quejosa, pues su efecto sólo es que se continúe con la investigación para integrar la carpeta correspondiente. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2018809, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 886, del siguiente rubro: "RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO." No pasa inadvertido que en el presente asunto se combate además, de los efectos jurídicos que produce el acto combatido en la aquí quejosa, el trámite seguido por la responsable al admitir la solicitud formulada por la víctima de someter a control el no ejercicio de la acción penal, sin embargo, aún en el caso que acontece en el que se reprocha trasgresión al debido proceso al haberse admitido la pretensión no obstante haber precluido el derecho para hacerlo, ello no tiene por efecto desconocer los diversos principios y exigencias requeridas para resolver en el fondo un juicio de amparo, pues aún en el caso de advertir que aconteció lo alegado, ello no tiene como consecuencia que el acto combatido produzca efectos de imposible reparación ya que éstos pueden ser controvertidos por el investigado y por el contrario impedir su actuación sí los produce en perjuicio de la sociedad. En consecuencia, en el caso al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII y XXIII, en relación al diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, este interpretado a contrario sensu, y en términos del diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de amparo, por cuanto al acto reclamado a la Jueza de Primera Instancia, de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de la Unidad de Violencia Familiar, por no ser combatidos por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JEAZUL DOLORES CRUZ RAMÍREZ, respecto a los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy quince de abril de dos mil diecinueve, que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy Fe.

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