Jeannette Vargas Quinto

Expediente 125/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
125/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Jeannette Vargas Quinto
  • La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con domicilio calle Belice Sin Col. La Cinca, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya realizado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara firme el referido auto. Archivo y anotaciones. En ese orden, archívese como asunto concluido el presente expediente, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, con la precisión que una vez que obren las constancias de notificación de este proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En el Libro de Gobierno correspondiente realícense las anotaciones respectivas; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente. En tales condiciones, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; consecuentemente, una vez que transcurran tres años a partir del presente proveído, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del citado Acuerdo General, destrúyase el presente expediente, previa acta de la relación que se elabore para la identificación, al haberse desechado la demanda de amparo. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obre la constancia de notificación derivada del presente proveído. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que el expediente electrónico se encuentra integrado en su totalidad; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre el expediente físico y el expediente electrónico. Lo anterior en términos del artículo 35 del acuerdo general citado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y otras autoridades. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 125/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: a) La ilegal notificación del mandamiento de ejecución de uno de febrero de dos mil veintitrés, derivado del oficio ********************, signado por el subsecretario de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. b) La diligencia de requerimiento de pago y la diligencia de embargo practicada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, por la Notificador - Ejecutor del Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Este órgano jurisdiccional considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" En relación a dicha causal, resulta oportuno precisar que el procedimiento administrativo de ejecución, no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo; sin embargo, consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada, lo cual, justifica que el juicio de amparo por regla general sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. En el caso, a la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento administrativo de ejecución. Se explica: Por principio, no puede desconocer la multa que le fue impuesta mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós; toda vez que el veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero requirió a la parte quejosa para que cumpliera con lo acordado mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; y en virtud, de que ésta fue omisa en dar cumplimiento, se le impuso la multa decretada mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, de ello derivó el mandamiento de ejecución que aquí reclama. Por lo tanto, la parte quejosa no puede desconocer los antecedentes del acto reclamado y reclamar la ilegalidad de la notificación del mandamiento de ejecución de uno de febrero de dos mil veintitrés, puesto que ya conocía de la actuaciones previas de las que derivó el acto reclamado, previo a la fecha que indica, esto es el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Se estima en ese sentido, porque de los antecedentes del acto reclamado se advierte lo siguiente: "(.) 19.- Así las cosas; resulta que la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintidós apercibió a la suscrita con la imposición de una multa, misma que por auto de fecha tres de noviembre de dos mi veintidós determinó imponer una multa individual a la suscrita por la cantidad de $11,546.60 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 m.n.) bajo el argumento de que la quejosa en mi calidad de autoridad fui omiso en dar cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintidós dictado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número TCA/SS/002/2017 del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo; resulta que seis días antes de la imposición de la referida multa, mediante convenio conciliatorio de fecha veintiocho de octubre de la presente anualidad se dio por terminado el juicio contencioso administrativo constituido por los expedientes alfanuméricos TCA/SRI/035/2013 ante la Sala Regional Iguala y el toca del procedimiento de ejecución de sentencia TCA/SS/002/2019 tramitado ante la Autoridad Responsable; mismo que fue ratificado por las partes justamente a las catorce horas del mismo veintiocho de octubre de dos mil veintidós ante la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Estableciéndose de común acuerdo un plan de pagos por la cantidad adeudada, mismo plan que en esa fecha inició con la entrega de un primer cheque por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) a nombre del C. José Arturo Delgado Hernández. Luego entonces; en aquel punto fue ilegal el actuar de la Autoridad Responsable al imponer la referida multa como consta en el auto de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, cuando seis días antes, es decir el veintiocho de octubre de este año, el suscrito por conducto de las autoridades demandas realizamos en conjunto con el actor del natural el respectivo convenio de pago. Por lo tanto; es evidente que el auto de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós era notoriamente inconstitucional al haberse dictado aun y cuando previamente se había cumplido con el requerimiento formulado por la hoy responsable. (.)" Además, del análisis de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, se advierte que a ********************, no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento administrativo de ejecución, porque tuvo conocimiento del mandamiento de ejecución de uno de febrero de dos mil veintitrés, derivado del oficio ********************, signado por el subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero mediante la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada el veintiocho de marzo del año en curso; en consecuencia, el juicio de amparo deviene improcedente, ya que debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. En efecto, el procedimiento administrativo es una serie de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente, de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; ahora, si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, lo cierto es que debe esperar a que exista una resolución definitiva y, si lo perjudica, podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones cometidas, en su caso, dentro del procedimiento. Con base en lo anterior, el juicio de amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución que lo culmine, es decir, la definitiva, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas en ese procedimiento a pesar de que se impugne la constitucionalidad de leyes. Lo anterior es en ese sentido, pues así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por ********************, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. Autorizados Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** ******************** ********************, por tener registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho artículo a las diversas personas que señala, por no contar con dicho requisito. Aviso de transparencia Notifíquese personalmente.

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