Jeanne Daumas Gil De Partearroyo
Expediente 217/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jeanne Daumas Gil De Partearroyo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio SEA/DGPPT/STC/DGVP/1153/2023, firmado electrónicamente por el Director General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, informa que el monto de los honorarios propuesto por la especialista se tomará en cuenta para efectos de la previsión de recursos, por lo que no requiere esperar la realización de los movimientos presupuestales para continuar con las actividades procesales. En caso de que el perito haya realizado su trabajo en una ciudad distinta a la de su domicilio, el reembolso de los gastos de traslado, hospedaje y alimentación está regulado en el CAPÍTULO V, DEL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS, Artículo 18. Gastos, del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, vigente. Asimismo, el pago lo deberá solicitar a la Administración Regional, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, requiérase a..., perito designado por este juzgado, para que dentro del término de diez días a que refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se le realice, emita el dictamen que a su parte corresponde, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los numerales 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente a..., perito designado por este juzgado.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio OCC/C11/JDM/097/2023, signado por el encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en sesión de diez de febrero de dos mil veintitrés, dentro del impedimento 1/2023 y remite el diverso juicio de amparo indirecto ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, resolvió "PRIMERO. Se califica de legal el impedimento formulado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán (José Ramón Rocha González), con sede en Morelia, para continuar conociendo y resolver el juicio de amparo índirecto ********************, de su índice, promovido por ********************. SEGUNDO. Se ordena remitir el expediente relativo al juicio de amparo indirecto ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que, por su conducto, con excepción del aludido órgano, se turne dicho asunto al Juzgado que corresponda.". En tales condiciones, tomando en consideración que por ejecutoria diez de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el citado Tribunal de Alzada, remitió el juicio de amparo ********************, formado con motivo de la demanda ********************, quién se ostenta cónyuge supérstite del de cujus ********************, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este juzgado jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; acúsese recibo. En tales condiciones, atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 217/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, esta última, interpretada en sentido contrario, que establecen: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "ARTÍCULO 107. El amparo directo procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Por su parte, el artículo 107, fracción lll, inciso b), de la Constitución, es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] Ill. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] ". Del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo Constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios" Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Núm. 56, Agosto de 1992, página 11, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con los actos reclamados no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídico, la propiedad, entre otros. Ahora bien, en la especie, la parte quejosa reclama de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ********************, en la que confirmó la interlocutoria de cuatro de octubre del año en mención, mediante la que declaró improcedente el incidente de oposición a la cuenta mensual de administración correspondiente al periodo del diecinueve de abril al dieciocho de mayo del dos mil veintidós, dentro del juicio sucesorio testamentario ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, ya que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que si bien, en esta instancia constitucional reclaman la resolución dictada por la ad quem, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, lo cierto es que, ésta confirmó la diversa interlocutoria de cuatro de octubre de ese mismo año, emitida por en el juicio sucesorio testamentario de origen, en la que se declaró improcedente el incidente de oposición a la cuenta mensual de administración correspondiente al periodo del diecinueve de abril al dieciocho de mayo del dos mil veintidós, por lo que no se trata de la resolución con la que concluye la etapa de administración y aún se encuentra pendiente de resolución final en la tercera sección, es decir, cuando se presente la cuenta general de administración, cuya determinación está pendiente de conocerse el sentido en que se emitirá, la cual no necesariamente sea contraria a los intereses de la aquí quejosa. En ese contexto, debe decirse que el juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que se integra de cuatro etapas independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado, las que se encuentran contenidas en los artículos 1048, 1049, 1050, 1051 y 1052, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán abrogado. Ahora, para determinar la naturaleza sustantiva o adjetiva de los derechos que impacta la determinación impugnada, es necesario precisar que la afectación que afirma resentir la parte quejosa, consiste en la resolución que confirma la improcedencia el incidente de oposición a la cuenta mensual de administración correspondiente al periodo del diecinueve de abril al dieciocho de mayo del dos mil veintidós, dentro de la tercera sección del juicio sucesorio ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. No obstante, dicho auto no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa, tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de dicha sección, esto es, la cuenta mensual de administración correspondiente al periodo del diecinueve de abril al dieciocho de mayo del dos mil veintidós. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento de origen, puesto que aún está pendiente la resolución que recaiga a la cuenta general de administración de la tercera sección, de conformidad con los artículos 1118, 1123 y 1124, del citado código abrogado, la cual puede ser o no favorable a los intereses de la quejosa y dependiendo del sentido es que se pudiera generar o no una afectación; por ello, no se infringen de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la resolución final dentro de la tercera sección del juicio testamentario de origen correspondiente a la de la administración. Orienta sobre el particular la tesis de la Novena Época, Registro: 161455, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia(s): Común, Tesis: I.14o.C.83 C, página: 2258, que dice: "SUCESIONES. CUARTA SECCIÓN. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES PROPIAS DE ESA ETAPA PROCEDIMENTAL. El juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que se integra de cuatro etapas (independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado) que se encuentran contenidas en los artículos 785, 786, 787 y 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales, incluso, pueden iniciarse simultáneamente, tal como lo establece el artículo 784 de dicha legislación procesal, de no existir impedimento jurídico alguno. Las secciones primera, segunda y tercera no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida esa etapa, pero no resuelven en definitiva el mencionado juicio universal sucesorio (son impugnables, una vez cumplido el principio de definitividad, en amparo indirecto), sino que esto acontece en la sección cuarta, a través de la sentencia relativa a la partición y adjudicación de los bienes e, indudablemente, para que proceda su pronunciamiento, es requisito necesario que se encuentren concluidas las secciones que le preceden, dado que dicha sentencia definitiva parte de la base de que fueron superadas las cuestiones concernientes a la validez del testamento y la declaración de los herederos, la aprobación de los inventarios y avalúos de los bienes integrantes de la masa hereditaria y la administración de bienes. En consecuencia, los conceptos de violación que se expresan en un juicio de amparo directo deben tener relación con la cuarta sección y no con las otras tres secciones, ya que lo determinado en éstas no es materia de examen en ese juicio". Así como la jurisprudencia VI.3o. J/20, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 789, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 194833, que a la letra dice: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu" De igual forma, apoya la tesis I.3o.C.439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1546, Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 182385, que dice: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR DE PLANO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones, el domicilio ********************autorizando en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12, de la Ley de Amparo, esto es, en términos restringidos, a ********************, toda vez que en esos términos fueron designados. Asimismo, se tiene como autorizados a ********************, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontraron los datos inherentes a las cédulas profesionales número ********************, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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- Jerónimo Dámaso Macedo882/2019
- Jerónimo Herrera López114/2021