Jean Wesly Cazeau

Expediente 578/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
578/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Jean Wesly Cazeau

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se SUSPENSIÓN DE PLANO INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS SI SI NO NO NO BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 24/01/27 13:33:36 2 declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO CONSERVABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto se considera conservable, toda vez que se concedió la suspensión de plano. En tal tenor, el presente asunto será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez fenecido dicho término, será transferido a los depósitos BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 24/01/27 13:33:36 3 Amparo indirecto 578/2023 ??????????????? documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 151, del citado Acuerdo General. Conforme al artículo 342 del multicitado acuerdo general, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CONSERVABLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 173, fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el incidente de suspensión [único] que deriva del presente juicio es conservable, en virtud que, se concedió la suspensión definitiva. Una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha, será transferido a los depósitos 1 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 2 Artículo 34. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable o Destruible. 3 Artículo 17. Conservación integra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y se encuentren en los siguientes supuestos: III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: [.] b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva. BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 24/01/27 13:33:36 4 documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados electrónicamente. Los expedientes judiciales digitalizados o electrónicos generados con o sin la FIREL, serán administrados por el Área coordinadora de archivos a través del SISE, SIGE o el sistema de gestión judicial aplicable, una vez que hayan sido transferidos o destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Por cuanto hace a este proceso, no será necesario realizar actividad alguna diversa a la relacionada con la obligación de digitalizar prevista en la normativa que regula al SISE, al SIGE o al sistema de gestión judicial aplicable, según corresponda. La persona servidora pública designada por la persona titular del órgano jurisdiccional, al emitir el acta de baja o transferencia documental, deberá hacer constar que los expedientes que se destruyen o transfieren a los depósitos documentales a cargo del Área coordinadora de archivos, se encuentran debidamente digitalizados y vinculados en los sistemas SISE, SIGE o el sistema de gestión judicial aplicable, según corresponda, de conformidad con la normatividad vigente. BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 24/01/27 13:33:36 5 Amparo indirecto 578/2023 ??????????????? originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 205 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Beatriz Escobar Hernández, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 578/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Jean Wesly Cazeau y Marie Windy Eugene, por propio derecho, mediante escrito recibido el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, demandaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades responsables y por los actos que más adelante serán precisados (fojas 5 a 16). SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se radicó el asunto bajo el número de juicio de amparo 578/2023, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, y se admitió a trámite la demanda de trato, dando la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, además de que se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 20 a 26). TERCERO. Audiencia constitucional. Previo diferimiento (fojas 51 y 52), a las once horas con cuarenta y seis minutos del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, la misma tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (fojas 77 a 79). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte, respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que se reclaman en amparo indirecto, actos atribuibles a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambas con sede en esta ciudad: La negativa de expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado (CUR). ?La negativa de otorgar la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado. Del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad: ?La detención, retención o deportación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, señalando que los aquí quejosos no son objeto de actos prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su presentación ante la autoridad migratoria no tiene por objeto privarles de la libertad, incomunicarles con fines de deportación, expulsión o repatriación, sin que en esas oficinas se encontrara registro de su alojamiento en ninguna estación migratoria o estancia provisional, además de que esa autoridad migratoria no realiza procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la condición de refugiados (foja 36). Sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa con prueba fehaciente alguna. En ese sentido, al constituir el informe justificado documento público en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor probatorio pleno. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dicha autoridad en la emisión y ejecución de los actos a ella reclamados, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a dicha autoridad y actos reclamados se refiere, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa de expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población CURP para 1 Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta época, Tomo VI, Página 236. extranjeros, ello derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado (fojas 70 a 73). Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, con el contenido de los oficios COMAR/JUR/5082/2023 y COMAR/JUR/7287/2023, que obran el primero a fojas 58 a 65 de autos y el segundo con sus anexos -que acompañó la citada responsable en cumplimiento a la suspensión definitiva, cotejados y agregados a los autos del expediente principal en que se actúa conforme al proveído de veinte de julio del año en curso- en cuaderno de antecedentes, dada la previa celebración de la audiencia constitucional-. Ello es así, en virtud de que la autoridad responsable comunica en el primero de sus oficios que mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, el titular de la oficina de representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte quejosa, y emitió prevención para el efecto de que la parte quejosa se presentara en dicha oficina, para el llenado del formulario de registro, toma de fotografía para la emisión de la constancia de trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado del formulario de detección de necesidades. Y al efecto adjuntó con el diverso oficio COMAR/JUR/5398/2023 el acuerdo dictado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (fojas 70 a 73), elaborado respecto de Jena Wesly Cazeau. Sin embargo con el diverso informe COMAR/JUR/7287/2023 remitió el citatorio emitido el veinticinco de mayo del dos mil veintitrés a los quejosos Jean Wesly Cazeau de nacionalidad haitiana -en cumplimiento a la suspensión definitiva dictada el tres de mayo de dos mil veintitrés en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 578/2023-, quien viaja en compañía de Marie Windy Eugene de la misma nacionalidad, en donde precisamente se les previno en los referidos términos respecto a su presentación ante las oficinas del Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula. Asimismo obra en autos el diverso proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitido por la oficina de representación en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, del que se advierte se admitió a trámite a la persona extranjera Jean Wesly Cazeau quien viaja en compañía de su pareja Marie Windy Eugene, ambos de nacionalidad haitiana, asignándosele la Clave Única de Refugiados (CUR) 365092 (fojas 15 y 16 del cuaderno de antecedentes). Y las constancias de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado -CUR- e inclusive la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros -CURP-, emitidas a favor de los quejosos ya mencionados (fojas 17 a 20 del cuaderno de antecedentes). Documentales que como previamente se señaló, obran en cuaderno de antecedentes al ser extraídas de los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 578/2023 en que se actúa para lo cual se realizó la compulsa relativa. Medios de prueba que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, con fundamento en los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, por tratarse de un documento expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo que así debe tenerse para todos los efectos legales procedentes, pues aceptó que los quejosos en efecto realizaron la solicitud de refugiado y con motivo de ello se admitió el trámite del extranjero Jean Wesly Cazeau de nacionalidad haitiana, quien viaja en compañía de su pareja Marie Windy Eugene, ordenando la expedición a su favor de la constancia de trámite (CUR) y de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP). Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." A efecto de determinar lo conducente, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. En ese sentido, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se debe sobreseer el presente juicio al sobrevenir el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la primera, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que con el contenido de los oficios COMAR/JUR/5082/2023 y COMAR/JUR/7287/2023 - cotejado-, así como con las copias certificadas de los proveídos de veinticinco y treinta y uno de mayo ambos de dos mil veintitrés, las constancias de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado - CUR- y con las Constancias Temporales de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros -CURP-, emitidas a favor de los quejosos Jean Wesly Cazeau y Marie Windy Eugene -extraídas de los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 578/2023 de este índice-, se advierte que se admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados a los aquí quejosos. Asimismo, de las anotadas documentales se tiene que la responsable requirió a la parte quejosa compareciera ante el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la constancia de trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detección de necesidades; lo anterior, para la continuación de su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, si la parte quejosa acudió a solicitar la protección constitucional por la negativa de expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado (CUR) y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para para Extranjeros -CURP-, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado; luego, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Ello es así, pues la citada responsable, admitió a trámite formalmente la solicitud de refugiado de los quejosos Jean Wesly Cazeau y Marie Windy Eugene, ordenó la emisión de la constancia de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado -CUR-, así como la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros -CURP-, previa comparecencia ante sus oficinas para desahogar los requisitos necesarios para su expedición; incluso, como se advierte de autos, a la fecha les han sido expedidas; de manera que así se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Lo anterior, debido a que no existe una negativa de expedir la constancia de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado -CUR-, así como la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros -CURP- a los directos quejoso; por el contrario, se admitió a trámite formalmente su solicitud, ordenándose la expedición de los documentos de referencia. Entonces, el actuar de la autoridad responsable otorga a la parte quejosa la restitución de sus derechos humanos, como lo hubiera obtenido ante una eventual concesión de la sentencia de amparo, pues sus efectos se traducirían en expedir de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la asignación de la Clave Única de Refugiados (CUR) e inclusive la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP), ello sujeto a que los quejosos cumplan con los requisitos legales para su expedición; es decir, no obliga a la emisión de facto de las constancias peticionadas, sino que su expedición depende del cumplimiento de los requisitos que se impongan en la admisión del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; como en el caso acontece. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que, si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto; aunado a que la causal de improcedencia estudiada, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado, continúa establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. 2 Publicada en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado. Por tanto, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En las condiciones antes apuntadas, esto es, que en el presente juicio se ha actualizado la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito, entonces se hace innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable, ya que resultaría ocioso estudiarla al quedar demostrada la anteriormente mencionada, y si, en su caso, operara alguna otra causa, ésta no cambiaría el sentido de la presente resolución. Orienta lo anterior la jurisprudencia que es del rubro: "BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA."3 Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jean Wesly Cazeau y Marie Windy Eugene, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución, por lo que hace a las autoridades responsables y actos ahí referidos. 3 Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- VIII, Agosto de 1998.- Página: 414.- Tesis: 2a./J. 54/98.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Beatriz Escobar Hernández, Secretaria del Juzgado con quien actúa, el día de hoy veintiséis de julio de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio suscrito electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con el cual remite las constancias relativas al cumplimiento de la suspensión definitiva decretada en el presente incidente de suspensión. Agréguese a los autos sin mayor determinación, en virtud de que por auto de veinte de julio de la presente anualidad, se agregó al incidente en que se actúa el diverso comunicado COMAR/JUR/7287/2023 con el que dicha autoridad allegó idéntica documentación de la que ahora anexa al de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 24/01/27 13:33:36 2 Chiapas, asistida de Beatriz Escobar Hernández, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de julio de dos mil veintitrés. COTEJO Como se advierte de la certificación de cuenta de la cual se desprende que en el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo 578/2023, la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, remitió constancias anexas a su informe rendido mediante oficio COMAR/JUR/7287/2023; por ende, como ahí se encuentra ordenado, con fundamento en el artículo 139 del Código Federal de 24/01/27 13:33:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 2 Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a realizar por separado el cotejo respecto de las constancias antes citadas. Ello es así, pues de las mismas se advierte la actualización de una causa que pudiera tornar improcedente el presente juicio de amparo. Y tomando en consideración que en el indicado sumario constitucional el veintiuno de junio del año en curso se celebró la audiencia constitucional, fórmese cuaderno de antecedentes con las descritas constancias y téngase a la vista al dictarse el fallo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Beatriz Escobar Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe

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