Jean Osiris Villegas Anguiano

Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
753/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Jean Osiris Villegas Anguiano
  • Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 753/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Jean Osiris Villegas Anguiano, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión (definitiva) tal y como se aprecia de resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por el Juez y la 2. Secretaria de Acuerdos del Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz; con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Jean Osiris Villegas Anguiano, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión (definitiva) tal y como se aprecia de resolución de seis de septiembre de dos mil veintidós, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por el Juez y la 2. Secretaria de Acuerdos del Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz; con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 753/2022, promovido por Jean Osiris Villegas Anguiano. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-31). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de agosto siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar a la tercera interesada Grecia Cruz Tejeda, se giró oficio al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en Veracruz, Veracruz, a fin de que designara un representante para el menor de identidad reservada y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 32-38). El dos de septiembre siguiente se emplazó al presente juicio a la tercero interesada (fojas 44-45). Mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por apersonada a juicio a la tercera interesada Grecia Cruz Tejeda quien no hizo valer causal de improcedencia (fojas 68-73 y 76-77). Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido escrito signado por Alfonso Sánchez Luna, en su carácter de Asesor Jurídico adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, y se le tuvo por aceptado el cargo de representante especial del menor de identidad reservada (fojas 46-52). Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 54-55) se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la resolución de un tribunal familiar que revoca el depósito judicial de un menor de edad en un juicio civil, susceptible de afectar el interés superior del menor. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 543/2022, por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que declaró procedente el recurso de reclamación hecho valer por la tercero interesada Grecia Cruz Tejeda, en contra del depósito judicial de un menor decretado en dicho expediente el cuatro de abril del mismo año (resolución que se notificó por lista al quejoso el mismo día -foja 189 vuelta del tomo único de pruebas) Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (fojas 54-55). Lo que se corrobora en razón que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable del expediente civil de origen, se advierte la existencia de la determinación combatida (fojas 178-189 del tomo único de pruebas) las cuales tienen valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia. No se advierte motivo de improcedencia ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se reproducen en obvio de innecesarias repeticiones y no existir dispositivo legal que lo exija. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Se anticipa, que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en su respectiva demanda, aun suplidos ante su deficiencia, en razón de que se dilucidan derechos de una menor de edad en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo son infundados. Lo que se hace así, en tanto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2004-PS, determinó que la suplencia es una institución cuya observancia deben respetar los tribunales federales, la cual opera invariablemente cuando estén de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de menores de edad o de incapaces, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien sea el promovente del juicio de amparo, atendiendo a la circunstancia que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a menores, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." PREMISAS NORMATIVAS Se establecen las siguientes premisas que servirán de respaldo para resolver la controversia planteada. En principio, conviene destacar, desde luego que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/2010, consideró que el depósito de persona atiende a la necesidad de contar con una medida prejudicial para otorgar seguridad y protección a quienes pudieran encontrarse en una situación difícil o apremiante, como sucede con las personas menores de edad, ante el inminente controvertido jurisdiccional entre sus progenitores. Así, para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente debe corroborarse que ésta se encuentra en una situación de riesgo; es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho que hace inferir, fundadamente, que es probable la materialización de un daño en la integridad de los mismos, debido al momento procesal en el que se solicita tal medida provisional, existe poco espacio para realizar la actividad probatoria necesaria para allegarse de los medios de prueba pertinentes que corroboren quién del/la progenitores/as puede ejercer de "mejor manera" la guarda y custodia de las personas menores de edad. Ello encuentra armonía con el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, el cual señala que los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En ese sentido, debe hacerse especial énfasis en que el interés superior del niño o la niña amerita que la convivencia con alguno de los progenitores sea restringida cuando exista la posibilidad de riesgo hacia el mismo, de tal manera que pudiera verse afectado dicho interés superior y al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado debe entenderse que la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultara más beneficiosa para el niño y/o la niña, no sólo cuando se evite una situación perjudicial. Estas consideraciones se ven reflejadas en el criterio emitido por dicho Alto Tribunal, de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." Así, la carga de la prueba corresponde a quien argumente que la persona menor de edad se encuentra en un estado de riesgo. Ello al margen de la actividad probatoria que en esta clase de asuntos debe realizar el órgano jurisdiccional de forma oficiosa. Por otra parte, tenemos que los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen: "ARTICULO 158. En los casos previstos por el artículo 156 del Código Civil y en todo aquél en que alguna persona intente demandar a su cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, podrá dictarse provisionalmente el depósito o guarda del cónyuge que esté en el caso de ser protegido física o moralmente de acuerdo con la ley." "ARTICULO 159. Sólo los jueces de primera instancia pueden decretar el depósito de que habla el artículo anterior, a no ser que, por circunstancias especiales, no pueda ocurrirse al juez competente, pues entonces el juez del lugar donde ocurra la emergencia podrá decretar el depósito provisionalmente, remitiendo las diligencias al competente y poniendo la persona a su disposición." "ARTICULO 160. La solicitud de depósito puede ser escrita o verbal, y en ella se señalaran las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del caso. El juez acompañado del secretario del juzgado debe proceder de inmediato, trasladándose al lugar de los hechos, para cerciorarse de la necesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso, la persona o institución que habrá de encargarse del depósito y vigilará el cumplimiento del mismo. Si la solicitud de depósito se origina por causa de violencia familiar, el juez, acompañado del secretario del juzgado, podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias para declarar la práctica de la medida." "ARTICULO 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." "ARTICULO 163. En el caso de que el depósito se haya constituido para demandar o acusar un cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, la providencia se considerará sin efectos, si dentro de diez días hábiles siguientes, la parte interesada no acredita haber presentado la demanda. La declaración respectiva se hará de oficio por el tribunal y se notificará personalmente a los cónyuges, concubinos o parientes interesados y al depositario." "ARTICULO 164. Se dará al depositario copia certificada de la constitución del depósito, para su resguardo." "ARTICULO 166. Las providencias o medidas que propongan respecto al depósito, la mujer, el marido o el depositario, se resolverán de plano por el juez." De los aludidos artículos se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente; pues ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces. Sin que ello signifique que la decisión relativa a tal medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello el legislador previó la carga, respecto de quien la solicita, de señalar las causas en que sustente su petición; y la obligación del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona. Ello es así, ya que ante la alta posibilidad de una decisión equivocada al respecto (dados los pocos medios de prueba con los que se cuenta) la norma busca privilegiar la estabilidad en la vida de la persona menor de edad, salvo que se corrobore una situación de riesgo para ésta. Esto es, en los casos de depósito de las personas menores de edad, lo que determina su procedencia, es la corroboración de un estado de riesgo para éstos, porque dado los pocos medios de prueba existentes en ese momento procesal, es muy alta la posibilidad de tomar una decisión errónea, lo cual significaría alterar su estabilidad de forma injustificada. Dichas premisas se contienen en la tesis VII.2o.C.119 C (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se lee: "DEPÓSITO O GUARDA DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. PARA QUE SE DECRETE ES NECESARIO ACREDITAR TANTO LA URGENCIA COMO EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE LA MEDIDA, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN OBJETIVA DE LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE SEÑALE SU SOLICITANTE Y EL CERCIORAMIENTO DEL JUEZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente; pues ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito o la guarda de una persona como acto prejudicial es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces. Sin que ello signifique que la decisión relativa a tal medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello, el legislador previó la carga para quien la solicita de señalar, las causas en que sustente su petición; y la obligación a cargo del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona como acto prejudicial. Por lo que, acorde con los artículos señalados, corresponde al juzgador, bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse que la persona objeto de la medida que se solicita necesita de protección ante lo apremiante del riesgo que incide sobre su persona. Por tanto, es una diligencia espontánea en la que se plasmará lo que en ese momento el juzgador capte con sus sentidos, lo que deberá concatenar con lo que motivó a la práctica de dicha diligencia, esto es, las razones por las cuales se solicitó la medida, consistente en corroborar la urgencia y el peligro en que pueden encontrarse las personas a depositar, vinculando los elementos objetivos que tenga en ese momento." Lo que también se respalda en el criterio emitido por el mismo tribunal colegiado en la tesis VII.2o.C.9 C (10a.) que se lee: "DEPÓSITO JUDICIAL O GUARDA DE MENORES COMO ACTO PREJUDICIAL O MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO DE ALIMENTOS. PARA SU PROCEDENCIA EL JUZGADOR DEBE CERCIORARSE DE LA NECESIDAD DE LA PROTECCIÓN, POR LO QUE TIENE QUE VERIFICAR Y CORROBORAR, EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, LO APREMIANTE DE LA URGENCIA Y QUE HAYA RELACIÓN DIRECTA CON EL DERECHO CONTROVERTIDO, PONDERÁNDOSE ÉSTE, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 16, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 8, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que es un derecho humano del niño mantener sus relaciones familiares y desarrollarse en el núcleo familiar al que pertenece, el que sólo podrá afectarse en caso de excepción y previa resolución judicial a fin de proteger su interés superior. Por tanto, para que proceda el depósito judicial, ya sea como acto prejudicial o como medida cautelar, el juzgador deberá, en cada caso, acorde con los artículos 158, 159, 160 y 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse de que el menor necesita protección, para lo que habrá de verificar y corroborar, en el lugar de los hechos, lo apremiante de la urgencia en la medida. Además, tratándose del depósito o guarda de menores como medida cautelar, habrá de cerciorarse que tenga relación directa con el derecho controvertido en el juicio debiendo ponderarse éste, en función del interés superior del niño, pues no encontraría justificación alguna afectar tal derecho humano del menor, cuando se solicita la medida en un juicio de alimentos, sin acreditarse que existe un riesgo a su interés superior." En dicha tesis el aludido órgano colegiado concluyó que el depósito o guarda y custodia provisional de una persona menor de edad, sólo procede cuando se corrobora el riesgo para ésta. De otra forma, debe primarse por mantener la estabilidad en la vida del niño o de la niña. En torno, a la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, es importante consultar el texto realizado por UNICEF intitulado "Desarrollo psicosocial de los niños y las niñas", en el cual en su capítulo II denominado "El niño o niña necesita establecer un vínculo de afecto y amor", se señala: 1. El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo; esto es, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. 2. Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo período de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. 3. El vínculo o apego es una relación afectiva positiva, incondicional y duradera que se caracteriza por el placer mutuo de estar juntos y el deseo de mantener este cariño. 4. Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado "confianza básica" y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña. 5. A su vez, en tal estudio, se indica que el niño o la niña necesita una rutina de vida, un ambiente ordenado y con horarios, permiten al niño o niña ir formando hábitos y desarrollando seguridad para afrontar el mundo. Si vive en un ambiente sin orden, sin organización ni rutina clara, el niño o niña se hace más irritable y más inseguro, pues nunca sabe lo que va a pasar, ni cuándo sus necesidades serán satisfechas. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha optado por mantener la estabilidad en la vida de la persona menor de edad, salvo riesgo debidamente corroborado. Así se advierte de lo considerado al resolver el amparo directo en revisión 2159/2012 en tanto se señaló: "se debe mantener, si es posible, el status quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro." En esas condiciones, es claro que el estado tiene el deber de salvaguardar el derecho de los niños quienes vienen representados por alguno de sus progenitores, a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de los infantes a participar en los procedimientos judiciales donde pudieran sufrir afectación en su esfera jurídica, en particular, el derecho a ser escuchados previo a resolver lo atinente a las medidas cautelares solicitadas por sus progenitores, no debe considerarse como una regla irrestricta, pues asumir esa rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que pudieran rodear a los niños en casos particulares, y que en lugar de producirles algún beneficio en su bienestar conlleve propiamente un detrimento de su interés superior, dadas las características y circunstancias especiales del asunto en que se involucran sus derechos. Es decir, no por el simple hecho de tratarse de menores, implica que el juzgador deba resolver el asunto sólo atendiendo a su opinión, y menos que deba invariablemente aplazar la decisión sobre la medidas provisionales solicitadas en el procedimiento, hasta escuchar a los infantes considerando imperioso el respeto a ese derecho de audiencia sobre cualquier circunstancia surgida en el juicio; sino que se trata de una regla flexible que permite al juez, atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, determinar en qué casos las manifestaciones de los niños cobran relevancia para la resolución de las medidas de aseguramiento cautelar de los infantes, resolviendo siempre lo más benéfico para él, que no siempre coincidirá con su opinión. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por su sentido, la jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo." Lo que se estima de esa manera, si se parte de la base que, por un lado, el dicho de los menores en relación con lo que pudieran externar en la audiencia de mérito, no se erige como un factor determinante que, por sí mismo, defina la postura que deba adoptar el juzgador en torno al establecimiento o no de las medidas provisionales solicitadas por ambos progenitores; pues aún en el caso de que el infante manifestara que no desea estar con alguno de sus progenitores, lo cierto es que su elección al respecto en forma alguna podría ser considerada como una razón categórica y suficiente para decidir en torno a las providencias cautelares, pues sus manifestaciones en cualquier sentido no necesariamente implican que sea lo mejor para su bienestar; es decir, que su decisión externada constituya el mejor escenario para su sano desarrollo físico, mental y emocional; sino que precisamente atendiendo al interés superior del niño, es obligación ineludible del juez realizar un escrutinio minucioso del acervo probatorio existente en autos hasta este momento procesal, a fin de emitir una decisión que real y objetivamente conlleve al mayor beneficio para los infantes, debiendo en todo caso valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor, a la luz de las necesidades de atención, cariño, educación, sosiego y clima de equilibrio para el desarrollo de los menores, o bien si existen indicios de violencia familiar conforme a las pruebas con que se cuenta hasta el momento; pues sólo así es como podría determinarse cuál es la decisión más propicia para el bienestar integral de los niños y, por tanto, cuál de las medidas cautelares solicitadas por los contendientes es la que debe prevalecer en la especie. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (tomo único de pruebas): 1). Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, Jean Osiris Villegas Anguiano promovió juicio ordinario civil por su propio derecho y en representación de su menor hijo donde demandó de Grecia Cruz Tejeda la declaración judicial sobre la guarda y custodia provisional y en su momento definitiva de su menor hijo de identidad reservada y solicitó el depósito de éste a favor de su abuela Alma Ruth Anguiano Olivo (fojas 1-9). Dicha pretensión la basó en los siguientes hechos: Que sostuvo una relación sentimental con la demandada con quien procreó al menor involucrado de seis años de edad. Que la vida como pareja fue una bonita experiencia y durante todo el embarazo de la demandada (madre de su hijo) tuvo todos los cuidados del quejoso así como de los padres de éste, ya que vivieron en la casa de éstos, en el domicilio ubicado en calle Heroísmo número sesenta y cuatro esquina callejuela once de la Colonia Unidad Veracruzana de la Ciudad de Veracruz. Después de los cinco años de su mejor hijo, su vida se empezó a complicar, y era imposible convivir con la demandada, porque presentaba signos de violencia en contra del actor, por lo que aproximadamente en julio de dos mil veintiuno, la actora se fue de la casa a vivir con sus padres en el domicilio ubicado en calle Hermandad número quinientos noventa y cinco de la colonia Unidad Veracruzana, dejándole al menor de edad, que en ocasiones se lo llevaba a casa de sus padres, pero en agosto de dos mil veintiuno, la actora se alejó de su menor hijo, al grado de dejarlo solo con sus padres, sin su cuidado, ni estar pendiente de sus tareas, ya que desde el mes de noviembre de dos mil veintiuno, su menor hijo le comentaba que extrañaba a su mamá, ya que cuando lo iba a buscar para llevarlo a su casa con sus padres, su hijo le decía que no quería irse al rancho con su mamá, ya que ahí lo maltrataban y le pegaban, por ello el actor les comentó a los padres de la demandada (Orlando Cruz y Ana Isabel Contreras) que se llevaría a su hijo a su casa y le comentaron que era lo mejor, pero al investigar el motivo por el cual la mamá de su menor hijo lo había dejado, descubrió que ella se encontraba embarazada de una persona de nombre Hilario García García y que se había casado por la vía civil el veintiséis de enero de dos mil veintidós, con el mismo y que según ella habitaba la casa marcada con el número mil cuatrocientos cuarenta y seis de la calle Río Puntepec del Fraccionamiento Lomas de Río Medio II de la Ciudad de Veracruz, pero en realidad casi todo el tiempo se la pasa en un rancho conocido como Las Trancas, Municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, y tiene el temor de que su hijo sea maltratado por el padrastro de él, ya que le han comentado que es un tipo violento. 2). De dicha demanda conoció la Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, quien radicó el expediente 543/2020 y, entre otras cuestiones, ordenó el desahogo de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de la menor solicitado (fojas 2-12). 3). El cuatro de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la diligencia de cercioramiento de la medida y en esa misma fecha, se resolvió decretar de plano el depósito del menor de edad involucrada, a favor de la madre del promovente Alma Ruth Anguiano Olivo y se fijó el régimen de convivencia provisional entre el menor y la demandada Grecia Cruz Tejeda (fojas 13-23). 4). Por auto de diecisiete de junio siguiente, se tuvo por interpuesto el recurso de reclamación que hizo valer la demandada contra el depósito provisional del menor, y el régimen de convivencia provisional entre el menor y la demandada Grecia Cruz Tejeda, decretado en el expediente civil (foja 32). 5). Por resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, se declaró procedente el recurso de reclamación hecho valer por la demandada madre del menor y se revocó el depósito decretado en autos el cuatro de abril de dos mil veintidós y se ordenó requerir al actor para que hiciera entrega del menor involucrado a su progenitora (fojas 94-105) -dicha determinación constituye el acto reclamado en este asunto-. 6). El nueve de agosto de dos mil veintidós, se llevó acabo la diligencia prevista en el artículo 145 del Código Civil del Estado de Veracruz, en la que el actor Jean Osiris Villegas Anguiano en cumplimiento al requerimiento hizo entrega del menor a la demandada Grecia Cruz Tejeda, y el Juez responsable a fin de privilegiar el interés superior del menor de identidad reservada J.E.V.C. fijó el régimen de convivencia entre el actor y su menor hijo de manera digital, los días martes y sábados de cada semana, con una duración de veinte minutos en un horario de las diecisiete horas a las diecisiete veinte horas, señalando que las convivencias deberán realizarse por video llamadas de whats app o a través de las vías de comunicación disponibles que pudieran tener acceso las partes, requiriendo al actor señalara número telefónico proporcionando el número 22-95-22-62-84, para las video llamadas de whats app, asimismo se le requirió a la demandada Grecia Cruz Tejeda número telefónico proporcionando el número 22-96-03-80-04 (fojas 190-192). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, de la resolución reclamada se observa que la autoridad responsable basó toralmente su decisión en lo siguiente: En primer término el Juez responsable acreditó el vínculo de filiación que une al actor Jean Osiris Villegas Anguiano y demandada Grecia Cruz Tejeda con el menor de edad de identidad reservada con el acta de nacimiento número 239 de fecha de registro veintitrés de diciembre de dos mil quince expedida por el Registro civil de Veracruz, Veracruz (foja 10 del Tomo I de cuaderno de pruebas) misma que le concedió valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción II y 261 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz Que por lo que hace al material probatorio que exhibió la reclamante, se llega a la conclusión de que el menor vivía al lado de ella, antes de decretar la medida de depósito de personas solicitada, esto es, con la constancia de residencia a nombre de la demandada Grecia Cruz Tejeda, expedida por el Jefe de Manzana número 2, cuartel 174 sector 15 de la ciudad de Veracruz, así como con la constancia de residencia a nombre de la demandada expedida por el Jefe de Manzana número 9, cuartel 38 sector 4 de la ciudad de Veracruz (fojas 49 y 50 del Tomo I de cuaderno de pruebas) así como tres constancias de residencia a nombre de la demandada, de su esposo Hilario García García y del menor de edad involucrado (fojas 51-53 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a las que el Juez de origen les concedió valor probatorio conforme lo disponen los artículos 261 fracciones II y V, 265, 266 y 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Con ello, el Juez responsable tuvo por acreditado, que el menor vivía al lado de su progenitora, en el domicilio ubicado en Río Pontepec número 1446 del fraccionamiento Loma de Río Medio III en la ciudad de Veracruz, en el periodo comprendido del diez de mayo al veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, asimismo que en el periodo de julio de dos mil cuatro a mayo de dos mil veintiuno, la residencia lo fue en el domicilio ubicado en calle Hermandad número 595 de la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Veracruz; y que de las constancias emitidas por el sub Agente Municipal de Las Trancas municipio de Paso de Ovejas Veracruz, se acredita que la demandada, el menor involucrado y el esposo de la demandada viven en aquella comunidad. Pruebas con las que el Juez de origen acreditó que el menor ha estado en todo momento con la demandada en diferentes lugares pero al lado de ésta. Asimismo el Juez responsable tuvo por acreditado que la progenitora del menor se encuentra civilmente casada con Hilario García García, conforme los datos de la partida de matrimonio 104 de fecha de registro veintiséis de enero de dos mil veintidós (foja 9 del Tomo I de cuaderno de pruebas) misma que le concedió valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción II y 261 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, esto es con diversa persona al padre del menor, con quien habitaba en la comunidad Las Trancas, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz., hasta antes que se decretara la medida de depósito. También refirió la autoridad responsable que obran los informes psicológicos a nombre de la demandada Grecia Cruz Tejeda y de Hilario García García de fecha uno de junio de dos mil veintidós expedidos por la Psicóloga Adriana Arlette García Lázaro (fojas 65-72 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a los cuales les otorgó valor probatorio conforme lo establece el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en su contenido se advierte que tanto el esposo de la madre del menor como ésta última, no representan peligro algún para éste, aunado a que el Juez de origen argumentó que no desatendía la circunstancia de que no existe constancia alguna en la que se acredite que el menor ha sufrido violencia tanto física como psicológica, argumentos con los cuales el actor solicitó la medida provisional de depósito de personas. Asimismo, el Juez de origen adujo que se contaba con el diverso material probatorio consistente en una boleta de valuación a nombre del menor involucrado, expedida por la Escuela Jaime Torres Bodet, constancia de estudios del menor de edad involucrado y firmada por el Director de la Escuela Jaime Torres Bodet, ambas de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós; una responsiva NIEV, firmada por la demandada en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós (fojas 54-56 del Tomo I de cuaderno de pruebas) un recibo de dinero número 0459 a nombre de la demandada de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, expedido por la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet (foja 62 del Tomo I de cuaderno de pruebas) boleta de evaluación a nombre del menor de edad involucrado con datos de la Escuela "Nezahualpilli" relativo al tercer grado grupo B, turno matutino, de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno (foja 57 del Tomo I de cuaderno de pruebas); una responsiva NIEV firmada por la demandada de fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno (foja 58 del Tomo I de cuaderno de pruebas); un recibo de dinero número 65 de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, expedido por la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela "Nezahualpilli" (foja 62 del Tomo I de cuaderno de pruebas); ficha de inscripción al ciclo escolar 2019-2020 a nombre del menor, expedido por el Jardín de Niños "Nezahualpilli" y la solicitud de valoración psicológica para el menor involucrado, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, firmada por Rita Concepción Pedraza Murillo y Elba Socorro Aguilera Reyes (foja 59 del Tomo I de cuaderno de pruebas) pruebas a las cuales les concedió el valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículo 327 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, exponiendo el juzgador que de las boletas, las cartas responsivas NIEV, y del escrito de reclamación en contra de la medida provisional de depósito de personas se aprecia la firma de la demandada Grecia Cruz Tejeda quien en las instituciones educativas que se indican, ella era la tutora y/o madre del menor involucrado, concluyendo el juzgador de origen, que con ello se acredita que el menor ha permanecido al lado de su progenitora, aun cuando ha residido en diversos domicilios, con lo son en esta Ciudad, en la comunidad de Las Trancas, Municipio de Paso de Ovejas, Veracruz y que muy probablemente el menor convivía con su progenitor. También sostuvo que existe el diverso material probatorio consistente en las recetas médicas que ofreció la demandada a nombre del menor (fojas 54-56 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a las que les concedió valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 327 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, recetas que datan de diversas fechas, con las que se acredita que el menor ha estado bajo la guardia y custodia de la demandada, quien ha sido atendido médicamente por su progenitora. Asimismo, el Juez de origen, refirió que cuenta con las pruebas consistentes en recetas y estudios médicos a nombre de la demandada Grecia Cruz Tejeda (fojas 60-61, 63-64 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a las que les concedió valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 327 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, con las cuales se acreditó que la recurrente se encuentra en estado de gravidez, y que le fue detectado un hematoma retrocondrial, y como consecuencia de ello, debe estar en reposo, de ahí que presumió como cierto que la demandada pidió a la abuela materna del menor le ayudara a los cuidados necesarios del mismo, mientras se controlaba su embarazo, y que muy probablemente fue retenido por el progenitor, cuando esto sucedió, y que en ese lapso haya solicitado la medida provisional de depósito de personas que se combate. También, el juzgador sostuvo que no pasaba inadvertido que la recurrente exhibió copias simples del oficio número 76/2022, de fecha quince de abril de dos mil veintidós y de la invitación dirigida a Jean Osiris Villegas Anguiano, de fecha quince de abril de dos mil veintidós, firmados por la Fiscal Octava Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de Veracruz; así como tres impresiones a color del perfil del padre del actor y tomado del chat del whatsapp con el número de teléfono 2291466728 (fojas 73-74 y 75-106 del Tomo I de cuaderno de pruebas) las cuales al ser impresiones y/o copias simples, refiere carecen de valor probatorio, empero al estar relacionadas entre sí, les otorgó valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 261 fracción VIII y 326 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, con lo que acreditó que existe una carpeta de investigación instada por la recurrente, por la probable comisión del delito de sustracción o retención de menores, cometido en agravio del menor involucrado, de lo que se advierte que el menor se encontraba bajo la guarda de su progenitora y que muy probablemente el actor era el padre conviviente. Asimismo, el resolutor de origen tomó en consideración tomó en consideración las contradicciones en que incurrió el actor respecto del tiempo en que refirió que la demandada tuvo el resguardo del menor y que la reclamante se lo había dejado desde diciembre de dos mil veintiuno tanto en su escrito de demanda como en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de personas de cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 13-23 Tomo I cuaderno de pruebas); asimismo, tomó las contradicciones de la depositaria judicial Alma Ruth Anguiano Olivo en la citada diligencia en relación a la custodia del menor ya que dijo: ".porque el niño no tiene atención como debe de ser, su mamá siempre ha estado ausente en su educación, el niño no sabe muchas cosas que debe saber, está muy atrasado nosotros apenas estamos poniéndolo al corriente.antes estaba flaquito pero ahorita está mejor porque estamos al pendiente de sus alimentos.y que ella nos dejó aquí al niño, antes nos traía al niño cada fin de semana , y de repente nos traía al niño, desde antes de diciembre y aquí se quedó.", atestes que les otorgó valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 316 y 320 ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Finalmente, el Juez responsable, advirtió el dicho del menor en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida (fojas 13-23 Tomo I cuaderno de pruebas) ya que refirió que en su contenido no se advierte que haya robustecido el dicho del actor, por el contrario si bien es cierto manifestó que su mamá lo regaña y le pega, no menos cierto es que, el menor manifestó que su mamá le ayuda con la tarea, atestes que valoró conforme a lo que establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se aprecia de manera libre el dicho del menor ante la presencia judicial, sin que se aprecie aleccionamiento alguno, y que se considera válido atendiendo a la edad del menor, quien cuenta con la capacidad para externas su sentir ante la problemática del juicio; además el Juez de origen adujo que está obligado a escuchar a todo menor, donde se vean afectados sus intereses. Asimismo expuso que advierte también que el menor refirió que tenía muchos días de vivir con su papá, lo cual es contrario con el dicho del progenitor, en el sentido de que el menor vive con é desde diciembre de dos mil veintiuno, situación que fue desvirtuada por el menor en la diligencia que se combate, con lo que acreditó que el menor vivía al lado de su progenitora. Por las pruebas aportadas y tomadas en consideración por la autoridad responsable consideró ajustado a derecho levantar el depósito de personas decretado mediante diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de fecha cuatro de abril de dos mil veintidós. Hasta aquí las consideraciones de la autoridad. El suscrito juzgador considera que fue correcto y apegado a derecho, en virtud de que la autoridad responsable se sujetó al principio orientador del Interés Superior del Menor, lo anterior tomando en cuenta que el menor se encontraba viviendo al lado de su progenitora, antes de la solicitud de la medida de depósito de personas. Apoyando su determinación en todas las pruebas aportadas por la reclamante aquí tercero interesada a las que les confirió valor probatorio, de las que se advierte que la misma era tutora del menor en dos escuelas, asimismo, que lo ha atendido médicamente pues aportó diversas recetas con varias fechas. Asimismo tomó en consideración los informes psicológicos a nombre de la demandada Grecia Cruz Tejeda y de Hilario García García de fecha uno de junio de dos mil veintidós expedidos por la Psicóloga Adriana Arlette García Lázaro (fojas 65-72 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a los cuales les otorgó valor probatorio conforme lo establece el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, de los que se desprende que tanto el esposo de la madre del menor como ésta última, no representan peligro algún para éste, aunado a que el Juez de origen argumentó que no existe constancia alguna en la que se acredite que el menor ha sufrido violencia tanto física como psicológica, de ahí que resulta infundado el concepto de violación del quejoso en el sentido de que el menor sufre del abuso sexual del padrastro. También el Juez de origen tomó en cuenta las contradicciones en que incurrió el actor (aquí quejoso) en su escrito de demanda como en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de personas de cuatro de abril de dos mil veintidós, respecto del tiempo en que refirió que la demandada tuvo el resguardo del menor y que la reclamante se lo había dejado desde diciembre de dos mil veintiuno y las contradicciones en que incurrió la depositaria judicial Alma Ruth Anguiano Olivo (progenitora del aquí quejoso). Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN En esa tesitura al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, y por ende, no haberse acreditado que se transgredan en su perjuicio derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública que se señala la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los arábigos 74 al 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Jean Osiris Villegas Anguiano, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    III. Con esta fecha se notifica por este3 conducto a la tercera interesada la sentencia engrosada el veintitrés de diciembre del año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 753/2022, promovido por Jean Osiris Villegas Anguiano. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-31). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de agosto siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar a la tercera interesada Grecia Cruz Tejeda, se giró oficio al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en Veracruz, Veracruz, a fin de que designara un representante para el menor de identidad reservada y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 32-38). El dos de septiembre siguiente se emplazó al presente juicio a la tercero interesada (fojas 44-45). Mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por apersonada a juicio a la tercera interesada Grecia Cruz Tejeda quien no hizo valer causal de improcedencia (fojas 68-73 y 76-77). Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido escrito signado por Alfonso Sánchez Luna, en su carácter de Asesor Jurídico adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, y se le tuvo por aceptado el cargo de representante especial del menor de identidad reservada (fojas 46-52). Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 54-55) se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la resolución de un tribunal familiar que revoca el depósito judicial de un menor de edad en un juicio civil, susceptible de afectar el interés superior del menor. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 543/2022, por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que declaró procedente el recurso de reclamación hecho valer por la tercero interesada Grecia Cruz Tejeda, en contra del depósito judicial de un menor decretado en dicho expediente el cuatro de abril del mismo año (resolución que se notificó por lista al quejoso el mismo día -foja 189 vuelta del tomo único de pruebas) Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (fojas 54-55). Lo que se corrobora en razón que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable del expediente civil de origen, se advierte la existencia de la determinación combatida (fojas 178-189 del tomo único de pruebas) las cuales tienen valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia. No se advierte motivo de improcedencia ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se reproducen en obvio de innecesarias repeticiones y no existir dispositivo legal que lo exija. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Se anticipa, que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en su respectiva demanda, aun suplidos ante su deficiencia, en razón de que se dilucidan derechos de una menor de edad en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo son infundados. Lo que se hace así, en tanto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2004-PS, determinó que la suplencia es una institución cuya observancia deben respetar los tribunales federales, la cual opera invariablemente cuando estén de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de menores de edad o de incapaces, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien sea el promovente del juicio de amparo, atendiendo a la circunstancia que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a menores, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." PREMISAS NORMATIVAS Se establecen las siguientes premisas que servirán de respaldo para resolver la controversia planteada. En principio, conviene destacar, desde luego que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/2010, consideró que el depósito de persona atiende a la necesidad de contar con una medida prejudicial para otorgar seguridad y protección a quienes pudieran encontrarse en una situación difícil o apremiante, como sucede con las personas menores de edad, ante el inminente controvertido jurisdiccional entre sus progenitores. Así, para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente debe corroborarse que ésta se encuentra en una situación de riesgo; es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho que hace inferir, fundadamente, que es probable la materialización de un daño en la integridad de los mismos, debido al momento procesal en el que se solicita tal medida provisional, existe poco espacio para realizar la actividad probatoria necesaria para allegarse de los medios de prueba pertinentes que corroboren quién del/la progenitores/as puede ejercer de "mejor manera" la guarda y custodia de las personas menores de edad. Ello encuentra armonía con el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, el cual señala que los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En ese sentido, debe hacerse especial énfasis en que el interés superior del niño o la niña amerita que la convivencia con alguno de los progenitores sea restringida cuando exista la posibilidad de riesgo hacia el mismo, de tal manera que pudiera verse afectado dicho interés superior y al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado debe entenderse que la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultara más beneficiosa para el niño y/o la niña, no sólo cuando se evite una situación perjudicial. Estas consideraciones se ven reflejadas en el criterio emitido por dicho Alto Tribunal, de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." Así, la carga de la prueba corresponde a quien argumente que la persona menor de edad se encuentra en un estado de riesgo. Ello al margen de la actividad probatoria que en esta clase de asuntos debe realizar el órgano jurisdiccional de forma oficiosa. Por otra parte, tenemos que los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen: "ARTICULO 158. En los casos previstos por el artículo 156 del Código Civil y en todo aquél en que alguna persona intente demandar a su cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, podrá dictarse provisionalmente el depósito o guarda del cónyuge que esté en el caso de ser protegido física o moralmente de acuerdo con la ley." "ARTICULO 159. Sólo los jueces de primera instancia pueden decretar el depósito de que habla el artículo anterior, a no ser que, por circunstancias especiales, no pueda ocurrirse al juez competente, pues entonces el juez del lugar donde ocurra la emergencia podrá decretar el depósito provisionalmente, remitiendo las diligencias al competente y poniendo la persona a su disposición." "ARTICULO 160. La solicitud de depósito puede ser escrita o verbal, y en ella se señalaran las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del caso. El juez acompañado del secretario del juzgado debe proceder de inmediato, trasladándose al lugar de los hechos, para cerciorarse de la necesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso, la persona o institución que habrá de encargarse del depósito y vigilará el cumplimiento del mismo. Si la solicitud de depósito se origina por causa de violencia familiar, el juez, acompañado del secretario del juzgado, podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias para declarar la práctica de la medida." "ARTICULO 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." "ARTICULO 163. En el caso de que el depósito se haya constituido para demandar o acusar un cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, la providencia se considerará sin efectos, si dentro de diez días hábiles siguientes, la parte interesada no acredita haber presentado la demanda. La declaración respectiva se hará de oficio por el tribunal y se notificará personalmente a los cónyuges, concubinos o parientes interesados y al depositario." "ARTICULO 164. Se dará al depositario copia certificada de la constitución del depósito, para su resguardo." "ARTICULO 166. Las providencias o medidas que propongan respecto al depósito, la mujer, el marido o el depositario, se resolverán de plano por el juez." De los aludidos artículos se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente; pues ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces. Sin que ello signifique que la decisión relativa a tal medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello el legislador previó la carga, respecto de quien la solicita, de señalar las causas en que sustente su petición; y la obligación del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona. Ello es así, ya que ante la alta posibilidad de una decisión equivocada al respecto (dados los pocos medios de prueba con los que se cuenta) la norma busca privilegiar la estabilidad en la vida de la persona menor de edad, salvo que se corrobore una situación de riesgo para ésta. Esto es, en los casos de depósito de las personas menores de edad, lo que determina su procedencia, es la corroboración de un estado de riesgo para éstos, porque dado los pocos medios de prueba existentes en ese momento procesal, es muy alta la posibilidad de tomar una decisión errónea, lo cual significaría alterar su estabilidad de forma injustificada. Dichas premisas se contienen en la tesis VII.2o.C.119 C (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se lee: "DEPÓSITO O GUARDA DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. PARA QUE SE DECRETE ES NECESARIO ACREDITAR TANTO LA URGENCIA COMO EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE LA MEDIDA, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN OBJETIVA DE LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE SEÑALE SU SOLICITANTE Y EL CERCIORAMIENTO DEL JUEZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente; pues ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito o la guarda de una persona como acto prejudicial es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces. Sin que ello signifique que la decisión relativa a tal medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello, el legislador previó la carga para quien la solicita de señalar, las causas en que sustente su petición; y la obligación a cargo del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona como acto prejudicial. Por lo que, acorde con los artículos señalados, corresponde al juzgador, bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse que la persona objeto de la medida que se solicita necesita de protección ante lo apremiante del riesgo que incide sobre su persona. Por tanto, es una diligencia espontánea en la que se plasmará lo que en ese momento el juzgador capte con sus sentidos, lo que deberá concatenar con lo que motivó a la práctica de dicha diligencia, esto es, las razones por las cuales se solicitó la medida, consistente en corroborar la urgencia y el peligro en que pueden encontrarse las personas a depositar, vinculando los elementos objetivos que tenga en ese momento." Lo que también se respalda en el criterio emitido por el mismo tribunal colegiado en la tesis VII.2o.C.9 C (10a.) que se lee: "DEPÓSITO JUDICIAL O GUARDA DE MENORES COMO ACTO PREJUDICIAL O MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO DE ALIMENTOS. PARA SU PROCEDENCIA EL JUZGADOR DEBE CERCIORARSE DE LA NECESIDAD DE LA PROTECCIÓN, POR LO QUE TIENE QUE VERIFICAR Y CORROBORAR, EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, LO APREMIANTE DE LA URGENCIA Y QUE HAYA RELACIÓN DIRECTA CON EL DERECHO CONTROVERTIDO, PONDERÁNDOSE ÉSTE, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 16, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 8, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que es un derecho humano del niño mantener sus relaciones familiares y desarrollarse en el núcleo familiar al que pertenece, el que sólo podrá afectarse en caso de excepción y previa resolución judicial a fin de proteger su interés superior. Por tanto, para que proceda el depósito judicial, ya sea como acto prejudicial o como medida cautelar, el juzgador deberá, en cada caso, acorde con los artículos 158, 159, 160 y 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse de que el menor necesita protección, para lo que habrá de verificar y corroborar, en el lugar de los hechos, lo apremiante de la urgencia en la medida. Además, tratándose del depósito o guarda de menores como medida cautelar, habrá de cerciorarse que tenga relación directa con el derecho controvertido en el juicio debiendo ponderarse éste, en función del interés superior del niño, pues no encontraría justificación alguna afectar tal derecho humano del menor, cuando se solicita la medida en un juicio de alimentos, sin acreditarse que existe un riesgo a su interés superior." En dicha tesis el aludido órgano colegiado concluyó que el depósito o guarda y custodia provisional de una persona menor de edad, sólo procede cuando se corrobora el riesgo para ésta. De otra forma, debe primarse por mantener la estabilidad en la vida del niño o de la niña. En torno, a la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, es importante consultar el texto realizado por UNICEF intitulado "Desarrollo psicosocial de los niños y las niñas", en el cual en su capítulo II denominado "El niño o niña necesita establecer un vínculo de afecto y amor", se señala: 1. El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo; esto es, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. 2. Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo período de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. 3. El vínculo o apego es una relación afectiva positiva, incondicional y duradera que se caracteriza por el placer mutuo de estar juntos y el deseo de mantener este cariño. 4. Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado "confianza básica" y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña. 5. A su vez, en tal estudio, se indica que el niño o la niña necesita una rutina de vida, un ambiente ordenado y con horarios, permiten al niño o niña ir formando hábitos y desarrollando seguridad para afrontar el mundo. Si vive en un ambiente sin orden, sin organización ni rutina clara, el niño o niña se hace más irritable y más inseguro, pues nunca sabe lo que va a pasar, ni cuándo sus necesidades serán satisfechas. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha optado por mantener la estabilidad en la vida de la persona menor de edad, salvo riesgo debidamente corroborado. Así se advierte de lo considerado al resolver el amparo directo en revisión 2159/2012 en tanto se señaló: "se debe mantener, si es posible, el status quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro." En esas condiciones, es claro que el estado tiene el deber de salvaguardar el derecho de los niños quienes vienen representados por alguno de sus progenitores, a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de los infantes a participar en los procedimientos judiciales donde pudieran sufrir afectación en su esfera jurídica, en particular, el derecho a ser escuchados previo a resolver lo atinente a las medidas cautelares solicitadas por sus progenitores, no debe considerarse como una regla irrestricta, pues asumir esa rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que pudieran rodear a los niños en casos particulares, y que en lugar de producirles algún beneficio en su bienestar conlleve propiamente un detrimento de su interés superior, dadas las características y circunstancias especiales del asunto en que se involucran sus derechos. Es decir, no por el simple hecho de tratarse de menores, implica que el juzgador deba resolver el asunto sólo atendiendo a su opinión, y menos que deba invariablemente aplazar la decisión sobre la medidas provisionales solicitadas en el procedimiento, hasta escuchar a los infantes considerando imperioso el respeto a ese derecho de audiencia sobre cualquier circunstancia surgida en el juicio; sino que se trata de una regla flexible que permite al juez, atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, determinar en qué casos las manifestaciones de los niños cobran relevancia para la resolución de las medidas de aseguramiento cautelar de los infantes, resolviendo siempre lo más benéfico para él, que no siempre coincidirá con su opinión. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por su sentido, la jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo." Lo que se estima de esa manera, si se parte de la base que, por un lado, el dicho de los menores en relación con lo que pudieran externar en la audiencia de mérito, no se erige como un factor determinante que, por sí mismo, defina la postura que deba adoptar el juzgador en torno al establecimiento o no de las medidas provisionales solicitadas por ambos progenitores; pues aún en el caso de que el infante manifestara que no desea estar con alguno de sus progenitores, lo cierto es que su elección al respecto en forma alguna podría ser considerada como una razón categórica y suficiente para decidir en torno a las providencias cautelares, pues sus manifestaciones en cualquier sentido no necesariamente implican que sea lo mejor para su bienestar; es decir, que su decisión externada constituya el mejor escenario para su sano desarrollo físico, mental y emocional; sino que precisamente atendiendo al interés superior del niño, es obligación ineludible del juez realizar un escrutinio minucioso del acervo probatorio existente en autos hasta este momento procesal, a fin de emitir una decisión que real y objetivamente conlleve al mayor beneficio para los infantes, debiendo en todo caso valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor, a la luz de las necesidades de atención, cariño, educación, sosiego y clima de equilibrio para el desarrollo de los menores, o bien si existen indicios de violencia familiar conforme a las pruebas con que se cuenta hasta el momento; pues sólo así es como podría determinarse cuál es la decisión más propicia para el bienestar integral de los niños y, por tanto, cuál de las medidas cautelares solicitadas por los contendientes es la que debe prevalecer en la especie. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (tomo único de pruebas): 1). Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, Jean Osiris Villegas Anguiano promovió juicio ordinario civil por su propio derecho y en representación de su menor hijo donde demandó de Grecia Cruz Tejeda la declaración judicial sobre la guarda y custodia provisional y en su momento definitiva de su menor hijo de identidad reservada y solicitó el depósito de éste a favor de su abuela Alma Ruth Anguiano Olivo (fojas 1-9). Dicha pretensión la basó en los siguientes hechos: Que sostuvo una relación sentimental con la demandada con quien procreó al menor involucrado de seis años de edad. Que la vida como pareja fue una bonita experiencia y durante todo el embarazo de la demandada (madre de su hijo) tuvo todos los cuidados del quejoso así como de los padres de éste, ya que vivieron en la casa de éstos, en el domicilio ubicado en calle Heroísmo número sesenta y cuatro esquina callejuela once de la Colonia Unidad Veracruzana de la Ciudad de Veracruz. Después de los cinco años de su mejor hijo, su vida se empezó a complicar, y era imposible convivir con la demandada, porque presentaba signos de violencia en contra del actor, por lo que aproximadamente en julio de dos mil veintiuno, la actora se fue de la casa a vivir con sus padres en el domicilio ubicado en calle Hermandad número quinientos noventa y cinco de la colonia Unidad Veracruzana, dejándole al menor de edad, que en ocasiones se lo llevaba a casa de sus padres, pero en agosto de dos mil veintiuno, la actora se alejó de su menor hijo, al grado de dejarlo solo con sus padres, sin su cuidado, ni estar pendiente de sus tareas, ya que desde el mes de noviembre de dos mil veintiuno, su menor hijo le comentaba que extrañaba a su mamá, ya que cuando lo iba a buscar para llevarlo a su casa con sus padres, su hijo le decía que no quería irse al rancho con su mamá, ya que ahí lo maltrataban y le pegaban, por ello el actor les comentó a los padres de la demandada (Orlando Cruz y Ana Isabel Contreras) que se llevaría a su hijo a su casa y le comentaron que era lo mejor, pero al investigar el motivo por el cual la mamá de su menor hijo lo había dejado, descubrió que ella se encontraba embarazada de una persona de nombre Hilario García García y que se había casado por la vía civil el veintiséis de enero de dos mil veintidós, con el mismo y que según ella habitaba la casa marcada con el número mil cuatrocientos cuarenta y seis de la calle Río Puntepec del Fraccionamiento Lomas de Río Medio II de la Ciudad de Veracruz, pero en realidad casi todo el tiempo se la pasa en un rancho conocido como Las Trancas, Municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, y tiene el temor de que su hijo sea maltratado por el padrastro de él, ya que le han comentado que es un tipo violento. 2). De dicha demanda conoció la Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, quien radicó el expediente 543/2020 y, entre otras cuestiones, ordenó el desahogo de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de la menor solicitado (fojas 2-12). 3). El cuatro de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la diligencia de cercioramiento de la medida y en esa misma fecha, se resolvió decretar de plano el depósito del menor de edad involucrada, a favor de la madre del promovente Alma Ruth Anguiano Olivo y se fijó el régimen de convivencia provisional entre el menor y la demandada Grecia Cruz Tejeda (fojas 13-23). 4). Por auto de diecisiete de junio siguiente, se tuvo por interpuesto el recurso de reclamación que hizo valer la demandada contra el depósito provisional del menor, y el régimen de convivencia provisional entre el menor y la demandada Grecia Cruz Tejeda, decretado en el expediente civil (foja 32). 5). Por resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, se declaró procedente el recurso de reclamación hecho valer por la demandada madre del menor y se revocó el depósito decretado en autos el cuatro de abril de dos mil veintidós y se ordenó requerir al actor para que hiciera entrega del menor involucrado a su progenitora (fojas 94-105) -dicha determinación constituye el acto reclamado en este asunto-. 6). El nueve de agosto de dos mil veintidós, se llevó acabo la diligencia prevista en el artículo 145 del Código Civil del Estado de Veracruz, en la que el actor Jean Osiris Villegas Anguiano en cumplimiento al requerimiento hizo entrega del menor a la demandada Grecia Cruz Tejeda, y el Juez responsable a fin de privilegiar el interés superior del menor de identidad reservada J.E.V.C. fijó el régimen de convivencia entre el actor y su menor hijo de manera digital, los días martes y sábados de cada semana, con una duración de veinte minutos en un horario de las diecisiete horas a las diecisiete veinte horas, señalando que las convivencias deberán realizarse por video llamadas de whats app o a través de las vías de comunicación disponibles que pudieran tener acceso las partes, requiriendo al actor señalara número telefónico proporcionando el número 22-95-22-62-84, para las video llamadas de whats app, asimismo se le requirió a la demandada Grecia Cruz Tejeda número telefónico proporcionando el número 22-96-03-80-04 (fojas 190-192). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, de la resolución reclamada se observa que la autoridad responsable basó toralmente su decisión en lo siguiente: En primer término el Juez responsable acreditó el vínculo de filiación que une al actor Jean Osiris Villegas Anguiano y demandada Grecia Cruz Tejeda con el menor de edad de identidad reservada con el acta de nacimiento número 239 de fecha de registro veintitrés de diciembre de dos mil quince expedida por el Registro civil de Veracruz, Veracruz (foja 10 del Tomo I de cuaderno de pruebas) misma que le concedió valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción II y 261 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz Que por lo que hace al material probatorio que exhibió la reclamante, se llega a la conclusión de que el menor vivía al lado de ella, antes de decretar la medida de depósito de personas solicitada, esto es, con la constancia de residencia a nombre de la demandada Grecia Cruz Tejeda, expedida por el Jefe de Manzana número 2, cuartel 174 sector 15 de la ciudad de Veracruz, así como con la constancia de residencia a nombre de la demandada expedida por el Jefe de Manzana número 9, cuartel 38 sector 4 de la ciudad de Veracruz (fojas 49 y 50 del Tomo I de cuaderno de pruebas) así como tres constancias de residencia a nombre de la demandada, de su esposo Hilario García García y del menor de edad involucrado (fojas 51-53 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a las que el Juez de origen les concedió valor probatorio conforme lo disponen los artículos 261 fracciones II y V, 265, 266 y 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Con ello, el Juez responsable tuvo por acreditado, que el menor vivía al lado de su progenitora, en el domicilio ubicado en Río Pontepec número 1446 del fraccionamiento Loma de Río Medio III en la ciudad de Veracruz, en el periodo comprendido del diez de mayo al veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, asimismo que en el periodo de julio de dos mil cuatro a mayo de dos mil veintiuno, la residencia lo fue en el domicilio ubicado en calle Hermandad número 595 de la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Veracruz; y que de las constancias emitidas por el sub Agente Municipal de Las Trancas municipio de Paso de Ovejas Veracruz, se acredita que la demandada, el menor involucrado y el esposo de la demandada viven en aquella comunidad. Pruebas con las que el Juez de origen acreditó que el menor ha estado en todo momento con la demandada en diferentes lugares pero al lado de ésta. Asimismo el Juez responsable tuvo por acreditado que la progenitora del menor se encuentra civilmente casada con Hilario García García, conforme los datos de la partida de matrimonio 104 de fecha de registro veintiséis de enero de dos mil veintidós (foja 9 del Tomo I de cuaderno de pruebas) misma que le concedió valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción II y 261 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, esto es con diversa persona al padre del menor, con quien habitaba en la comunidad Las Trancas, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz., hasta antes que se decretara la medida de depósito. También refirió la autoridad responsable que obran los informes psicológicos a nombre de la demandada Grecia Cruz Tejeda y de Hilario García García de fecha uno de junio de dos mil veintidós expedidos por la Psicóloga Adriana Arlette García Lázaro (fojas 65-72 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a los cuales les otorgó valor probatorio conforme lo establece el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en su contenido se advierte que tanto el esposo de la madre del menor como ésta última, no representan peligro algún para éste, aunado a que el Juez de origen argumentó que no desatendía la circunstancia de que no existe constancia alguna en la que se acredite que el menor ha sufrido violencia tanto física como psicológica, argumentos con los cuales el actor solicitó la medida provisional de depósito de personas. Asimismo, el Juez de origen adujo que se contaba con el diverso material probatorio consistente en una boleta de valuación a nombre del menor involucrado, expedida por la Escuela Jaime Torres Bodet, constancia de estudios del menor de edad involucrado y firmada por el Director de la Escuela Jaime Torres Bodet, ambas de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós; una responsiva NIEV, firmada por la demandada en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós (fojas 54-56 del Tomo I de cuaderno de pruebas) un recibo de dinero número 0459 a nombre de la demandada de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, expedido por la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet (foja 62 del Tomo I de cuaderno de pruebas) boleta de evaluación a nombre del menor de edad involucrado con datos de la Escuela "Nezahualpilli" relativo al tercer grado grupo B, turno matutino, de fecha nueve de julio de dos mil veintiuno (foja 57 del Tomo I de cuaderno de pruebas); una responsiva NIEV firmada por la demandada de fecha veintidós de enero de dos mil veintiuno (foja 58 del Tomo I de cuaderno de pruebas); un recibo de dinero número 65 de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, expedido por la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela "Nezahualpilli" (foja 62 del Tomo I de cuaderno de pruebas); ficha de inscripción al ciclo escolar 2019-2020 a nombre del menor, expedido por el Jardín de Niños "Nezahualpilli" y la solicitud de valoración psicológica para el menor involucrado, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, firmada por Rita Concepción Pedraza Murillo y Elba Socorro Aguilera Reyes (foja 59 del Tomo I de cuaderno de pruebas) pruebas a las cuales les concedió el valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículo 327 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, exponiendo el juzgador que de las boletas, las cartas responsivas NIEV, y del escrito de reclamación en contra de la medida provisional de depósito de personas se aprecia la firma de la demandada Grecia Cruz Tejeda quien en las instituciones educativas que se indican, ella era la tutora y/o madre del menor involucrado, concluyendo el juzgador de origen, que con ello se acredita que el menor ha permanecido al lado de su progenitora, aun cuando ha residido en diversos domicilios, con lo son en esta Ciudad, en la comunidad de Las Trancas, Municipio de Paso de Ovejas, Veracruz y que muy probablemente el menor convivía con su progenitor. También sostuvo que existe el diverso material probatorio consistente en las recetas médicas que ofreció la demandada a nombre del menor (fojas 54-56 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a las que les concedió valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 327 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, recetas que datan de diversas fechas, con las que se acredita que el menor ha estado bajo la guardia y custodia de la demandada, quien ha sido atendido médicamente por su progenitora. Asimismo, el Juez de origen, refirió que cuenta con las pruebas consistentes en recetas y estudios médicos a nombre de la demandada Grecia Cruz Tejeda (fojas 60-61, 63-64 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a las que les concedió valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 327 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, con las cuales se acreditó que la recurrente se encuentra en estado de gravidez, y que le fue detectado un hematoma retrocondrial, y como consecuencia de ello, debe estar en reposo, de ahí que presumió como cierto que la demandada pidió a la abuela materna del menor le ayudara a los cuidados necesarios del mismo, mientras se controlaba su embarazo, y que muy probablemente fue retenido por el progenitor, cuando esto sucedió, y que en ese lapso haya solicitado la medida provisional de depósito de personas que se combate. También, el juzgador sostuvo que no pasaba inadvertido que la recurrente exhibió copias simples del oficio número 76/2022, de fecha quince de abril de dos mil veintidós y de la invitación dirigida a Jean Osiris Villegas Anguiano, de fecha quince de abril de dos mil veintidós, firmados por la Fiscal Octava Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de Veracruz; así como tres impresiones a color del perfil del padre del actor y tomado del chat del whatsapp con el número de teléfono 2291466728 (fojas 73-74 y 75-106 del Tomo I de cuaderno de pruebas) las cuales al ser impresiones y/o copias simples, refiere carecen de valor probatorio, empero al estar relacionadas entre sí, les otorgó valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 261 fracción VIII y 326 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, con lo que acreditó que existe una carpeta de investigación instada por la recurrente, por la probable comisión del delito de sustracción o retención de menores, cometido en agravio del menor involucrado, de lo que se advierte que el menor se encontraba bajo la guarda de su progenitora y que muy probablemente el actor era el padre conviviente. Asimismo, el resolutor de origen tomó en consideración tomó en consideración las contradicciones en que incurrió el actor respecto del tiempo en que refirió que la demandada tuvo el resguardo del menor y que la reclamante se lo había dejado desde diciembre de dos mil veintiuno tanto en su escrito de demanda como en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de personas de cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 13-23 Tomo I cuaderno de pruebas); asimismo, tomó las contradicciones de la depositaria judicial Alma Ruth Anguiano Olivo en la citada diligencia en relación a la custodia del menor ya que dijo: ".porque el niño no tiene atención como debe de ser, su mamá siempre ha estado ausente en su educación, el niño no sabe muchas cosas que debe saber, está muy atrasado nosotros apenas estamos poniéndolo al corriente.antes estaba flaquito pero ahorita está mejor porque estamos al pendiente de sus alimentos.y que ella nos dejó aquí al niño, antes nos traía al niño cada fin de semana , y de repente nos traía al niño, desde antes de diciembre y aquí se quedó.", atestes que les otorgó valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 316 y 320 ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Finalmente, el Juez responsable, advirtió el dicho del menor en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida (fojas 13-23 Tomo I cuaderno de pruebas) ya que refirió que en su contenido no se advierte que haya robustecido el dicho del actor, por el contrario si bien es cierto manifestó que su mamá lo regaña y le pega, no menos cierto es que, el menor manifestó que su mamá le ayuda con la tarea, atestes que valoró conforme a lo que establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se aprecia de manera libre el dicho del menor ante la presencia judicial, sin que se aprecie aleccionamiento alguno, y que se considera válido atendiendo a la edad del menor, quien cuenta con la capacidad para externas su sentir ante la problemática del juicio; además el Juez de origen adujo que está obligado a escuchar a todo menor, donde se vean afectados sus intereses. Asimismo expuso que advierte también que el menor refirió que tenía muchos días de vivir con su papá, lo cual es contrario con el dicho del progenitor, en el sentido de que el menor vive con é desde diciembre de dos mil veintiuno, situación que fue desvirtuada por el menor en la diligencia que se combate, con lo que acreditó que el menor vivía al lado de su progenitora. Por las pruebas aportadas y tomadas en consideración por la autoridad responsable consideró ajustado a derecho levantar el depósito de personas decretado mediante diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de fecha cuatro de abril de dos mil veintidós. Hasta aquí las consideraciones de la autoridad. El suscrito juzgador considera que fue correcto y apegado a derecho, en virtud de que la autoridad responsable se sujetó al principio orientador del Interés Superior del Menor, lo anterior tomando en cuenta que el menor se encontraba viviendo al lado de su progenitora, antes de la solicitud de la medida de depósito de personas. Apoyando su determinación en todas las pruebas aportadas por la reclamante aquí tercero interesada a las que les confirió valor probatorio, de las que se advierte que la misma era tutora del menor en dos escuelas, asimismo, que lo ha atendido médicamente pues aportó diversas recetas con varias fechas. Asimismo tomó en consideración los informes psicológicos a nombre de la demandada Grecia Cruz Tejeda y de Hilario García García de fecha uno de junio de dos mil veintidós expedidos por la Psicóloga Adriana Arlette García Lázaro (fojas 65-72 del Tomo I de cuaderno de pruebas) a los cuales les otorgó valor probatorio conforme lo establece el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, de los que se desprende que tanto el esposo de la madre del menor como ésta última, no representan peligro algún para éste, aunado a que el Juez de origen argumentó que no existe constancia alguna en la que se acredite que el menor ha sufrido violencia tanto física como psicológica, de ahí que resulta infundado el concepto de violación del quejoso en el sentido de que el menor sufre del abuso sexual del padrastro. También el Juez de origen tomó en cuenta las contradicciones en que incurrió el actor (aquí quejoso) en su escrito de demanda como en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de personas de cuatro de abril de dos mil veintidós, respecto del tiempo en que refirió que la demandada tuvo el resguardo del menor y que la reclamante se lo había dejado desde diciembre de dos mil veintiuno y las contradicciones en que incurrió la depositaria judicial Alma Ruth Anguiano Olivo (progenitora del aquí quejoso). Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN En esa tesitura al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, y por ende, no haberse acreditado que se transgredan en su perjuicio derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública que se señala la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los arábigos 74 al 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Jean Osiris Villegas Anguiano, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.

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