Jean Ortega Domínguez
Expediente 522/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jean Ortega Domínguez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por **********, por propio derecho, contra actos de la 1. Fiscalía Séptima Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en Xalapa, Veracruz. Regístrese con el número 522/2022-II, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharse de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa medularmente reclama: - La negativa de darle acceso a la carpeta de investigación. - La omisión de declararse legalmente incompetente que atribuye a la autoridad 1. Fiscalía Séptima Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en Xalapa, Veracruz. Lo anterior en la carpeta de investigación ********** de su índice. En el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, narra: 1. El trece de marzo de dos mil veintidós, aproximadamente a las dos de la tarde le hizo una llamada telefónica un vecino diciéndole se trasladara a su casa, ya que unos policías ministeriales de la ciudad de Xalapa, Veracruz le llevaron un documento. 2. Se resguardó en el domicilio de su madre para poder indagar de que se trataba. A las seis de la tarde le manifestaron a su vecino las personas que lo buscaban que eran Detectives de la Policía Ministerial y que tenían que localizarlo para trasladarlo para que compareciera a la capital del Estado ante la Fiscal Décima Orientadora. 3. Tiene más de nueve años que se divorció de **********. Quien le demandó el divorcio y pensión alimenticia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en los autos del expediente ********* de su índice. 4. En el Juzgado Primero de Primera Instancia de la localidad en cita, se radicó la causa penal ********* en la cual se giró orden de aprehensión en su contra, firmando un convenio como reparación del daño. 5. El veinticinco de mayo pasado, nuevamente se enteró por familiares que Detectives de la Policía Ministerial traían un citatorio, enseñándoselo a su hermana para que se presentara en la Ciudad de Xalapa, ya que estaba denunciado por *********. En su primer concepto de violación aduce le fue negado el acceso a la carpeta de investigación, ya que ésta se encuentra radicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 21 constitucional; 61, fracción XXIII, y el precepto 107, fracción VII (interpretado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, al tenor de los argumentos siguientes: El precepto 21 aludido, estipula: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: ".XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción VII, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo procede: ".VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El artículo 21 constitucional dispone, entre otras cosas, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso, integrar su correspondiente investigación. Asimismo, el inicio de la carpeta correspondiente, o incluso el desahogo de las diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio por ser de orden público, según lo establece la Carta Magna. Siempre y cuando en ellas no se ordene que se prive a la parte quejosa de sus posesiones, derechos o defensas. El precepto 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala los casos en que procede el amparo indirecto contra actos del Ministerio Público, los cuales son: a) Omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; b) Resoluciones de reserva y no ejercicio de la acción penal; c) Desistimiento de la acción penal; o, d) Suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De lo anterior, se sigue que contra actos del Ministerio Público distintos de los antes señalados, no procede el juicio de amparo indirecto. Como se dijo, el artículo 21 constitucional lo faculta llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos e integrar la correspondiente carpeta de investigación. En consecuencia, es claro que el juicio de amparo que ahora se intenta y que por un lado pretende combatir la omisión de darle acceso a la carpeta de investigación, así como la pretensión de que la fiscal se declare incompetente para conocer de la indagatoria de origen, porque considera suficiente el hecho de que él radica en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz y así lograría tener una defensa adecuada; son cuestiones que no se encuentran dentro de los supuestos de procedencia del amparo indirecto a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la ley de la materia (previamente enumerados). Resulta aplicable al caso en lo conducente la - tesis número 311 (H), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 3332, Tomo II, Procesal Constitucional 1 Común Tercera Parte - Históricas Segunda Sección - TCC, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Octava Época, Registro 1004629, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA... También ilustra a la anterior decisión el Comunicado número 207/2022, de dos de junio de dos mil veintidós, de la Primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la Contradicción de criterios 2/2022, mediante el cual se informó lo siguiente: ".No. 2/2022 Ciudad de México, 02 de junio de 2022. ES IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR QUIEN SOSPECHA SER INVESTIGADO POR UN HECHO CONSIDERADO COMO DELITO Y LE NIEGAN EL ACCESO A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, PUES SOLO TIENE DERECHO HASTA QUE SEA PRIVADO DE SU LIBERTAD, CITADO A COMPARECER O AFECTADO POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO: PRIMERA SALA... En las relatadas consideraciones, se concluye que respecto a lo reclamado en esta vía se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VII del diverso 107 (interpretada a contrario sensu). Así mismo, se estima actualizada la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al tenor de los siguientes argumentos. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: ".XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Por su parte, el precepto 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales estipula: "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". En ese orden, el Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga al imputado o a su defensor, la posibilidad de acudir ante autoridad judicial en caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias. A pesar de tener derecho a ello de conformidad con los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuya interpretación sistemática permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso dichos registros cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter (lo cual afirma ya sucedió), o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el numeral 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa. Dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden acceder a los registros. Ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a la investigación y datos que obran en la carpeta respectiva, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada. Máxime si éste ya fue citado, tal como lo afirma. Razón por la cual debe solicitar por conducto del Juzgado de Control el acceso respectivo. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 994, Registro digital: 2020891, Décima Época, Materia Penal, siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES... En consecuencia, no ha lugar a duda que la parte quejosa debe acudir primeramente ante el Juez del proceso, a efecto de que resuelva lo conducente en relación con la negativa de acceso a la carpeta de investigación. Pues no se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Máxime, que atento al diseño de la ley adjetiva penal, las partes y en el caso especial el imputado tiene expedito su derecho para acudir ante la potestad del juez de control y procedimiento. Por tanto toda petición relacionada con el proceso penal debe realizarse ante el mismo, quien tiene el deber legal de actuar. Sin que este órgano federal pueda sustituirse al juzgador del orden común. De lo anterior se desprende que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta vía constitucional, la parte quejosa debe agotar las instancias ordinarias necesarias. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "**********" y "**********". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo... Notifíquese personalmente...".
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