Jean Jorge Becerra Galeazzi

Expediente 431/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
431/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Jean Jorge Becerra Galeazzi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que realizaran manifestaciones en relación a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de ellas hiciera uso de ese derecho no obstante de estar debidamente notificadas para ello; en consecuencia, se procede a calificarlo. De autos se desprende que por sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: ". el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, realice lo siguiente: Provea respecto a las solicitudes realizadas por la parte quejosa dentro del juicio laboral SAT/637/2013, del índice de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, referidas en párrafos precedentes, relativas a girar oficio a la Institución Bancaria BBVA Bancomer, a fin de que remita a ese Tribunal la cantidad faltante del monto al que fue condenada la demandada, así como respecto a la petición de señalar fecha y hora para la diligencia de ampliación de embargo y, en caso de no ser procedentes dichas medidas, dicte aquellas que resulten necesarias para que se dé cumplimiento al laudo." Determinación que causó ejecutoria el diecinueve de agosto de la presente anualidad y requiriéndose el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable. Por oficio 40500001010000T/1295/2021 recibido el dos de septiembre de la presente anualidad, el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, informó que: "a) Por acuerdo de 25 de junio de 2021, recayó acuerdo a los escritos ingresados por la parte quejosa de forma favorable, dictando las medidas necesarias para que se diera cumplimiento al laudo dictado dentro del expediente SAT637/2013. b) Se entregó el billete de depósito S626079 por la cantidad de $656,467.72 (Seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 72/100 M.N) a favor de Jean Jorge Becerra Galeazzi el cuatro de agosto de dos mil veintiuno". Para tal efecto adjunta copia de las citadas constancias, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, de las cuales se obtiene que la autoridad responsable atendió los efectos esenciales del fallo protector y con ello se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Así, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación con la que se da cuenta en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión dentro el término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la (s) autoridad (es) responsable (s), para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuenten con la presente determinación, acate (n) en sus términos la ejecutoria de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En específico: ". Provea respecto a las solicitudes realizadas por la parte quejosa dentro del juicio laboral SAT/637/2013, del índice de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, referidas en párrafos precedentes y, en caso de no ser procedente lo solicitado por la quejosa, dicte aquellas que resulten necesarias para que se dé cumplimiento al laudo." En el entendido que si necesita (n) alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberán solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido, señalando la razón que tenga y tiempo requerido para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requieren prórroga alguna; incluso se les requiere para que en el mismo término, señalen, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella (s) vinculadas con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informan, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1234), o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx) confirmando en la extensión 1231. Se hace del conocimiento de la (s) autoridad (es) señalada (s) que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 431/2021-VI; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito de demanda depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el trece de mayo de dos mil veintiuno y recibido el dieciocho de mayo siguiente en este Juzgado, Jean Jorge Becerra Galeazzi, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por el acto que se describirá en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 tercer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclama un acto declarativo carente de ejecución, supuesto en el cual es competente el Juzgado de Distrito ante el cual se presenta la demanda. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje lo siguiente: La omisión de proveer de conformidad las diversas solicitudes que ha realizado dentro del juicio laboral SAT/455/2013, encaminadas a girar oficio a la Institución Bancaria BBVA Bancomer, para que entregara la cantidad faltante del monto, al que fue condenado la demandada, de la cuenta bancaria embargada en autos, así como de acordar fecha y hora para la diligencia de ampliación de embargo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al momento de rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Lo cual se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias del juicio laboral SAT637/2013, que acompañó como sustento a su informe justificado, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del acto reclamado, sea que las partes lo aleguen, o no, se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable considera que en la especie es improcedente el presente juicio de amparo en virtud de que aduce que en el caso se actualizan los siguientes criterios: 1. Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." 2. Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." 3. La Jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." El primer criterio citado establece esencialmente que no es procedente el juicio de amparo cuando el acto reclamado consiste en las omisiones del órgano de impartición de justicia en acordar promociones o proseguír en tiempo con el juicio al tratarse de una violación procesal, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Los siguientes criterios se aprecia que son coincidentes en señalar que es hasta que lo solicita la parte actora, que se da inicio al procedimiento de ejecución forzosa de laudo y sólo si media dicha petición es que la autoridad laboral se encuentra en condiciones de ejecutar el fallo de manera forzosa contra la parte demandada, pues de lo contrario el acto reclamado sería inexistente y de realización futura e incierta, por lo que no sería posible su estudio en el juicio de amparo indirecto. No obstante, resultan infundados los planteamientos de la autoridad responsable, pues en el caso concreto debe recordarse que el juicio laboral de origen se encuentra en la etapa de ejecución de laudo y que la falta de respuesta a las solicitudes que ha efectuado para lograr la ejecución del fallo sí produce una afectación en su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, máxime que de seguir en una abierta dilación, no obtendrá el cumplimiento de fallo dictado a su favor. Además, en el caso ya se ha dado inicio al procedimiento de ejecución forzosa del laudo ante el incumplimiento voluntario de la demandada, por lo cual se procedió a girar mandamiento de ejecución, mismo que se llevó a cabo el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, y posterior a ello la parte quejosa ha realizado diversas peticiones a fin de lograr ejecutar de forma completa el laudo, cuya omisión de acordar constituye el acto combatido en esta instancia. De ahí que en el caso es evidente para la suscrita que los criterios antes citados no son aplicables en su favor. Así, al no advertirse diversa causa de improcedencia sobre la cual se esté obligado a pronunciarse, este órgano de control constitucional procede analizar los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, sin que el no transcribirlos implique infracción a lo dispuesto en la ley reglamentaria, pues no existe precepto que obligue a reproducir su texto. QUINTO. ESTUDIO DEL ASUNTO. La parte quejosa alega que la autoridad responsable violenta en perjuicio de la parte trabajadora la garantía de expedites en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Es fundado el argumento hecho valer y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones: En efecto, como bien refiere la quejosa en su motivo de disenso, el Presidente de la Sala responsable no ha proveído lo solicitado por ella mediante promociones presentadas el nueve y veintiuno de agosto, catorce de septiembre, y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, veintinueve de febrero de dos mil dieciocho, veintitrés de julio de dos mil veinte y dieciséis de abril de dos mil veintiuno, relativas a diversas solicitudes encaminadas a ejecutar el laudo, omitiendo, en consecuencia, llevar a cabo los actos tendentes necesarios para su ejecución. Al efecto, es menester señalar en primer término que el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. En ese sentido, tal precepto decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: Tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; por lo que, en sentido inverso les impone una prohibición: tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de esta garantía se funda en la necesidad de que no trascurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: a) La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. b) La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Señalado lo anterior, debe destacarse, por un lado, que de las constancias que acompañó la responsable a su informe justificado, así como de las que adjuntó el quejoso a su demanda mediante escritos presentados el nueve y veintiuno de agosto, catorce de septiembre, y catorce de noviembre de dos mil diecisiete, veintinueve de febrero de dos mil dieciocho, veintitrés de julio de dos mil veinte y dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la parte actora aquí quejosa, ha solicitado a la Junta responsable gire oficio a la Institución Bancaria BBVA Bancomer, a fin de que remitiera la cantidad faltante del monto al que fue condenada la demandada, de la cuenta bancaria embargada, así como que acordara fecha y hora para la diligencia de ampliación de embargo; y, por otro, que la propia responsable aceptó que no ha estado en posibilidad de acordar lo concerniente a la ejecución del laudo, refiriendo que ello se debe a las excesivas cargas de trabajo; de ahí que se ponga en evidencia la omisión reclamada. Tal actuar de la autoridad responsable, transgrede la garantía de justicia pronta y expedita que otorga nuestra carta magna en favor del gobernado y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, pues debemos tomar en cuenta que corresponde al Presidente de la Sala vigilar que el procedimiento laboral no se paralice, incluida la etapa de ejecución del laudo, pues es evidente y notorio que han transcurrido más de cuatro años desde que se dictó acuerdo de ejecución de laudo (veintisiete de abril de dos mil diecisiete) a favor de la quejosa y a hasta la fecha no se ha tenido por cumplido; y si bien la ley aplicable al asunto de origen no prevé un plazo para la ejecución de laudos, lo cierto es que en su artículo 250, indica que la ejecución de los laudos y convenios que han sido elevados a la categoría de laudo corresponde al Presidente del Tribunal o de la Sala, dictar las medidas necesarias, para que la misma sea pronta y expedita. Lo anterior, deja en completo estado de incertidumbre al quejoso sobre las consecuencias jurídicas de su actuar en el procedimiento laboral de mérito y pone de manifiesto que la responsable, sin justificación que la respalde, ha desatendido los plazos y términos previstos por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, respecto de la ejecución del laudo dictado en ese juicio, cuando justamente, es a la que debe sujetar su actuación. De ahí que sea evidente que el derecho de impartición de justicia pronta y expedita que tutela el numeral 17 de la ley fundamental, ha sido violentado. Por lo que, al resultar fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: Provea respecto a las solicitudes realizadas por la parte quejosa dentro del juicio laboral SAT/637/2013, del índice de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, referidas en párrafos precedentes y, en caso de no ser procedente lo solicitado por la quejosa, dicte aquellas que resulten necesarias para que se dé cumplimiento al laudo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ...

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte las documentales que anexó a su informe; con las mismas fórmese el tomo de pruebas correspondiente Ahora, toda vez que en esta fecha se da vista a las partes con el informe de cuenta, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con diez minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno.

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