Jean Israel Martínez Esparza
Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jean Israel Martínez Esparza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el trece de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que ha causado estado el proveído en mención, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve contra actos del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad, regístrese en el Libro de Gobierno bajo los consecutivo 31/2022-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); fórmese el expediente de amparo relativo. Pro lo expresado en autos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, así como con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito; asimismo, téngase como autorizados a las personas que menciona. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Efrén Viera Carrizales y Laura Rosalía Sánchez Romo con nombres de usuarios "evierac" y "abogadolaura", la consulta del expediente electrónico. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Ahora bien, dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintidós. Registro de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Jean Israel Martínez Esparza, contra actos del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad, regístrese en el Libro de Gobierno bajo los consecutivo 31/2022-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); fórmese el expediente de amparo relativo. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Acto reclamado. De una interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de ejecución y cumplimiento de la sentencia del juicio 816/2017, promovido por Juan Martínez Moreno en contra de Flor Ángeles Esparza Becerra, sin que haya sido oído y vencido en juicio respecto de la finca que habita ubicada en Prolongación Calzada de Guadalupe 2510-C de la colonia Satélite y/o Francisco I Madero y/o Fraccionamiento Santuario, de esta ciudad. Improcedencia del juicio de amparo. En ese sentido, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Marco normativo. Para estar en aptitud de aclarar lo anterior resulta necesario establecer que es lo que aducen los citados artículos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Marco Constitucional. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los numerales transcritos se desprende para poder instar el juicio de amparo la parte quejosa debe ser titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo, el cual resulte violado por alguna autoridad, derivando en que se le genere una afectación real y actual, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación. Por su parte, el artículo 107, fracción I, Constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el precepto trascrito, para la procedencia del juicio de amparo se requiere como presupuesto procesal, que el quejoso acredite el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica con la ejecución de los actos reclamados, de manera personal y directa, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna considera para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, por lo que debe entenderse por perjuicio -para los efectos del amparo-, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño o una afectación indebida, derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En ese entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, de una afectación de los intereses jurídicos del particular. Un acto de autoridad, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en sentido contrario, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 5, fracción I, de la ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 854, que sustentó el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular que cuenta con un derecho jurídicamente tutelado, que le da potestad de exigencia oponible a la autoridad. Tratándose del juicio de amparo, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, que sustentó la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Asimismo, para la procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto necesario que la parte quejosa acredite afectación en los derechos cuya protección solicita con motivo de los actos reclamados. En el caso, el promovente refiere en el escrito inicial de demanda de amparo, que la orden de ejecución y cumplimiento de la sentencia del juicio 816/2017, promovido por Juan Martínez Moreno en contra de Flor Ángeles Esparza Becerra, sin que haya sido oído y vencido en juicio respecto de la finca que habita ubicada en Prolongación Calzada de Guadalupe 2510-C de la colonia Satélite y/o Francisco I Madero y/o Fraccionamiento Santuario, de esta ciudad, lo que constituye un acto de molestia al tratar de desposeerlo de dicho inmueble, eludiendo, omitiendo y desconociendo el trámite de la tercería excluyente de dominio que promovió ante ese Juzgado y admitida el siete de octubre de dos mil veintiuno. No obstante, dicha orden no produce una afectación actual, real y directa en la esfera jurídica del promovente Jean Israel Martínez Esparza, puesto que el juicio 816/2017, promovido por Juan Martínez Moreno en contra de Flor Ángeles Esparza Becerra, por la nulidad de contrato de compraventa de una parte de terreno del predio antes precisado, ya que el quejoso no pagó rentas respecto de dicha finca, ni tampoco acredita con documento idóneo que el inmueble en cita sea de su propiedad, por lo que no resulta factible considerar que la orden reclamada genere una afectación al interés jurídico del quejoso, de ahí que se actualice el supuesto de improcedencia del juicio de amparo indirecto, previsto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, teniendo en consideración que conforme con los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XII, de este último ordenamiento, el ejercicio de la acción constitucional es reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Así las cosas, es evidente que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pues como quedó manifiesto en los renglones que anteceden, no se encuentra acreditada la afectación real a la esfera jurídica de la parte quejosa, como se requiere para la procedencia del juicio de garantías, en términos de la jurisprudencia I.1o.T. J/38K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." Decisión. En consecuencia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, así como con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito; asimismo, téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Efrén Viera Carrizales, Laura Rosalía Sánchez Romo y Martha de la Torre Torres, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del dos mil cinco. Consulta expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Efrén Viera Carrizales y Laura Rosalía Sánchez Romo con nombres de usuarios "evierac" y "abogadolaura", la consulta del expediente electrónico. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. Ahora bien, dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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