Jean Aksel Silvia Brito
Expediente 1572/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1572/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jean Aksel Silvia Brito
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos las actuaciones realizadas por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, relativas al exhorto 268/2022, orden 424/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar al directo quejoso ***, el proveído de tres de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, ténganse por diligenciada en sus términos dicha comunicación oficial. Sin que se remita el acuse de recibo de la recepción de la comunicación oficial que se provee, toda vez, que es generado por la vía que fue recibida. Hágase la anotación en el libro de control electrónico correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien de las constancias remitidas por la autoridad exhortante, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso ***, para que recurriera en queja el auto de tres de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de diciembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, glósese a los autos la razón de imposibilidad de tres de diciembre del año en curso, en la que la actuaria judicial adscrita, manifiesta la imposibilidad para notificar al quejoso *****, en virtud de que al constituirse en la instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, fue informado por personal de dicho lugar, que no existe registro alguno a nombre del citado quejoso, o que estuviera alojado en esa Estación. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA En consecuencia, toda vez que del escrito de demanda se observa que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Justo Sierra, número sesenta y seis, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución General de la República, 298, 300 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena girar atento exhorto vía juicio en línea al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional se sirva comisionar a quien corresponda, se constituya al domicilio antes citado y notifique personalmente a la parte quejosa *****, la presente determinación así como el contenido íntegro del proveído de tres de diciembre del año en curso. Asimismo, deberá también requerirlo para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, señale domicilio en esta ciudad de Tapachula, Chiapas, para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo así, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal, de conformidad con el 27, fracción II, de la Ley de amparo, hasta en tanto señale un lugar para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al funcionario judicial que realice la diligencia; hecho lo anterior, deberá devolver a la brevedad la comunicación oficial de referencia por la misma vía. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo sin firma electrónica ni autógrafa, promovida por Jean Aksel Silvia Brito, por derecho propio, contra actos de las siguientes autoridades responsables: a). Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México. b). Encargado Responsable del Filtro de Revisión Establecido en el Puesto de Revisión del Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez o Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. c). Secretaría de Marina ubicado en el Puesto de Revisión del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Terminal 1, con sede en la Ciudad de México. d). Encargado Responsable del Filtro de Revisión Establecido en el Puesto de Revisión de Estación Migratoria en Tapachula Chiapas (Siglo XXI) Titular. e). Guardia Nacional, ubicado en el Puesto de Revisión Estación Migratoria, de esta localidad. f). Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. g). Oficina de Representación y Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Estación Migratoria, en este Municipio. De quienes reclama: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la autoridad ordenadora el acto reclamado viola el derecho de la quejosa a defender y promover derechos humanos con relación al derecho a una defensa adecuada y de acceso a la justicia de las personas detenidas en la estación migratoria; así como el derecho de asociación de la quejosa, así como, el derecho a la seguridad jurídica por indebida fundamentación y motivación. Asimismo, incumple con su obligación de respetar y garantizar derechos humanos. De acuerdo al principio de exhaustividad de las sentencias en virtud del cual este Juzgador debe pronunciarse respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos sin omitir ninguno de ellos, se solicita a este H. Juzgado se pronuncie respecto a todos y cada uno de los conceptos de violación desarrollados en la presente demanda de amparo, así como todos aquellos que identifique en ejercicio de sus atribuciones relativas a la suplencia de la queja así como su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos, según el artículo primero constitucional, sin que se hayan respetado los principios de legalidad y debido proceso, consagrados en los artículos 1, ,11 14 , 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como mi derecho humano de la libertad personal.". (Sic). ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Control Electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1572/2022 IV-A. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Detención. Tortura. Privación ilegal de la libertad, con fines de deportación fuera de procedimiento. Adecuada defensa, acceso a la justicia, asociación y seguridad jurídica. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dio como resultado la existencia de diverso juicio de amparo instado por Jean Aksel Silvia Brito, el cual fue radicado con el número 1565/2022, del índice de este juzgado, en el que señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, los que se reclaman en la presente demanda y que se transcribieron con antelación. Así pues, del ocurso inicial se advierte que dicha quejosa, solicita la suspensión de plano respecto de los actos que han quedado precisados. Lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, de conformidad con su numeral 2 y pone en evidencia que la referida inconforme, en el diverso juicio de amparo 1565/2022 de la estadística de este Juzgado Federal y en el presente asunto se duele de los mismos actos reclamados, así, en proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictado en dicho juicio, se concedió la suspensión de plano, respecto de los actos consistente en detención, tortura y privación ilegal de la libertad, con fines de deportación fuera de procedimiento y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, para el efecto de que no se ejecutaran dichos actos. De ahí que, resulta patente que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." Lo anterior, debido a que, como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso en relación con la suspensión de plano solicitada por el quejoso Jean Aksel Silvia Brito, la cual continúa surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto de los actos reclamados, por lo que hace al citado quejoso en el párrafo que antecede. Es ilustrativa a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2000807, de rubro: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, AUN CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA EN EL PRINCIPAL." No pasa inadvertido para este juzgador, que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en misma ciudad, decretó suspensión de plano respecto a los actos reclamados por los quejosos, como se dijo con antelación, y remitió los autos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, tal y como se obtuvo de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin embargo, de dicho sistema no se advierten datos referentes a la aceptación o no de la competencia planteada por el primero de los citados órganos, así como el estado que guarda el expediente; en consecuencia se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifestado, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, este juzgado de Distrito, advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo, respecto al quejoso Jean Aksel Silvia Brito. Para tal efecto, es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. . ." Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia, es conocida como litispendencia, la que ha sido definidas como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con claridad, que la improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que además de que el acto reclamado en un juicio de amparo sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro diverso juicio de amparo en trámite contra las mismas autoridades responsables, en cada uno de los juicios exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. Sobre el particular, conviene citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: 'El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior'. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: 'El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas'. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litis pendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Como se precisó con antelación, el referido impetrante reclama en su demanda de amparo, origen de este juicio, lo siguiente: Detención. Tortura. Privación ilegal de la libertad, con fines de deportación fuera de procedimiento. Adecuada defensa, acceso a la justicia, asociación y seguridad jurídica. Y señaló como autoridades responsables a las siguientes: a). Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México. b). Encargado Responsable del Filtro de Revisión Establecido en el Puesto de Revisión del Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez o Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. c). Secretaría de Marina ubicado en el Puesto de Revisión del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Terminal 1, con sede en la Ciudad de México. d). Encargado Responsable del Filtro de Revisión Establecido en el Puesto de Revisión de Estación Migratoria en Tapachula Chiapas (Siglo XXI) Titular. e). Guardia Nacional, ubicado en el Puesto de Revisión Estación Migratoria, de esta localidad. f). Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. g). Oficina de Representación y Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Estación Migratoria, en este Municipio. De lo anterior, queda evidenciado que el acto reclamado en la demanda que dio origen a este asunto, es materia de otro juicio de amparo previamente promovido por el mismo quejoso, por los mismos actos reclamados, en el que ya se concedió la suspensión de plano; por lo tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la figura de litispendencia antes mencionada. Sobre el particular, conviene citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: 'El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior'. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: 'El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas'. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litis pendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Así como, la tesis VII.P.83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Se debe precisar que la cita de los mencionados criterios, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente con respecto a los temas que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. En esas condiciones, al actualizarse de manera notoria la causal de improcedencia antes analizada, es indudable la improcedencia del presente juicio, lo que impone desechar de plano la demanda promovida por Jean Aksel Silvia Brito, contra actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México y otras autoridades, consistentes en detención, tortura, privación ilegal de la libertad, con fines de deportación fuera de procedimiento, así como el denominado la adecuada defensa, acceso a la justicia, asociación y seguridad jurídica. NOTIFICACIÓN DEL QUEJOSO Ahora, en razón que el quejoso Jean Aksel Silvia Brito, manifiesta estar alojado en la Estación Migratoria Siglo XXI y la demanda fue presentada ante éste Juzgado al parecer, por el citado quejoso. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de que localice a Jean Aksel Silvia Brito; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: Vocear o llamar a la parte quejosa, en el lugar respectivo; y, Notificarle el presente auto. EXPEDICIÓN DE COPIAS De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, expídanse las copias de la presente determinación que solicita el promovente, y téngase como autorizados para recibirlas a las personas que designa, previa identificación y razón que de su recibo obre en autos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramit es.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies1 y 263,2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas Y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre del año en curso, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; III. La única excepción a lo dispuesto en las fracciones I y II del presente artículo será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y V. Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes ** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al directo quejoso en el lugar en que se encuentra alojado.
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