Jazmin Roldan Chavez
Expediente 2725/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2725/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/06/2022
Partes del expediente
- Jazmin Roldan Chavez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Apoderada General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones que realizan las autoridades responsables, a efecto de dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos y solicita una prórroga para estar en condiciones de desahogar el requerimiento de que se trata. De lo anterior este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo; en relación a la prórroga que solicita; dígasele que deberá estarse a lo que se proveerá en párrafos posteriores. Por otra parte; agréguese el oficio suscrito por la perito oficial María Guadalupe Martha Sánchez Valeriano, mediante el cual informa que debido a las excesivas cargas de trabajo con que cuenta, no le ha sido posible rendir el dictamen pericial encomendado, por lo que solicita una prórroga; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede POR ÚLTIMA OCASIÓN una prórroga de diez días, a efecto de que esté en condiciones de rendir el dictamen pericial encomendado; además, se hace de su conocimiento que subsisten los apercibimientos decretados en autos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden de ideas, visto, el escrito de la parte quejosa, a través del cual solicita se requiera a la perito oficial la rendición del dictamen correspondiente; dígasele que deberá estarse a lo ordenado en el párrafo que antecede. Ahora bien; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Apoderada General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual desahoga la vista ordenada en auto de siete de junio pasado, y realiza diversas manifestaciones en relación a la inconformidad manifestada por la parte quejosa, respecto del cumplimiento que pretenden dar las responsables a la ejecutoria de amparo, por lo que hace a la reinstalación del empleo, cargo o comisión que el quejoso venía desempeñando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En ese contexto, a efecto de determinar con precisión los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional a la parte quejosa; conviene precisar que; no obstante, que se encuentra en trámite el incidente de innominado ordenado en autos a fin de determinar la cantidad a que debe ser reintegrada al quejoso; sin embargo, de la ejecutoria de amparo se desprenden diversos efectos que también deben ser colmados como parte integral de la concesión del amparo. Así las cosas, del fallo protector se advierten los siguientes efectos: "Sexto. Efectos del amparo. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. El artículo 77, fracción II, de la citada ley, establece que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, serán los de obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo le exija. Por tanto, procede otorgar el amparo y protección que solicita el quejoso, para el efecto de que la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dé acatamiento a la resolución dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente CHJ/0204/17-02. Lo que se traduce en la reinstalación en el empleo, cargo o comisión que el quejoso venía desempeñando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y realizar el pago de los salarios y demás prestaciones que haya dejado de percibir con motivo del procedimiento CHJ/0204/17-02." Una vez sentado lo anterior; del oficio de cuenta, se observa que la autoridad responsable del cumplimiento ha sido reiterativa en manifestar lo siguiente: De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable insiste en señalar que el puesto que el quejoso desempeñaba al momento en que fue destituido era el de "Policía"; sin embargo; de las documentales que fueron exhibidas como prueba y que obran en autos, queda acreditado que el quejoso, al momento de la suspensión de carácter temporal, se desempeñaba en el puesto de "SUBDIRECCIÓN"; "nivel 295", con código de puesto "PV42902"; circunstancia y documentales que fueron legalmente valoradas en la sentencia que concedió el amparo; incluso confirmada por el Tribunal de Alzada. Así, de las constancias que obran en autos se advierten los comprobantes de pago de junio, julio y agosto de dos mil dieciséis, de los que se observa que el quejoso ocupaba la plaza número 10063741 en el puesto de "SUBDIRECCIÓN"; "nivel 295", con código de puesto "PV42902"; así como el aviso de reinstalación de trece de marzo de dos mil diecinueve, del cual se advierte que el número de plaza es el 10058904 en el nivel 80. Luego entonces; si el Consejo de Honor y Justicia, determinó que había ausencia de responsabilidad administrativa de la conducta que le fue atribuida al quejoso y en consecuencia, ordenó su reinstalación en el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como el pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir con motivo del procedimiento CHJ/0204/17-02, lo cual, según se advierte de las documentales valoradas, era en el nivel 295, sin embargo, del aviso de reinstalación se desprende que el quejoso fue reinstalado en el nivel 80, de ahí que, tal y como se precisó en la sentencia de amparo, se estima que la autoridad responsable no ha dado cabal y exacto cumplimiento a la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, puesto que el quejoso se reubicó en un nivel diverso al que venía ocupando. Determinación que el tribunal colegiado revisor confirmó, pues, tal como se determinó en la sentencia constitucional, de las constancias que obran en autos no es posible advertir que el quejoso haya sido reinstalado en el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, sino por el contrario, se advierte que fue reinstalado en un nivel diverso al que ocupaba. Por lo tanto, resulta inoperante la manifestación que aduce la autoridad responsable en cuanto a que la reinstalación del quejoso en el empleo cargo o comisión que venía desempeñando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, deberá ser conforme a lo solicitado en su escrito de demanda, en la que de forma expresa y espontánea manifestó que "el suscrito laboraba como policía de la Secretaría de Seguridad Pública Local, hoy Seguridad Ciudadana", puesto que si en la resolución que recayó al recurso de revisión la autoridad ordenó la reinstalación en el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el quejoso demandó el incumplimiento a dicha determinación, entonces, resulta inconcuso que la reinstalación debe obedecer al cargo que venía desempeñando en dicha secretaría; no así, a las manifestaciones que el quejoso haya realizado en su escrito inicial de demanda. De tal manera que la forma en que el quejoso haya solicitado el amparo, no puede causarle un perjuicio adicional, además de que fue el propio Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la que determinó que debía ser reinstalado en el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando, lo cual, a la fecha en que se actúa no ha quedado acreditado; máxime que los argumentos formulados por la responsable carecen de fundamentos debido que ya fueron estudiados en la ejecutoria de amparo, y por tanto adquiere el carácter de cosa juzgada. En esas condiciones, al resultar evidentes las dilaciones en el procedimiento de ejecución de sentencia que las responsables insisten en continuar realizando y considerando que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y que las autoridades están constreñidas indefectiblemente a cumplirlas sin dilaciones ni pretextos, en los términos perentorios de los que disponen, además de que este juzgador está obligado a vigilar su acatamiento, y aunado a que la sentencia de amparo adquiere el carácter de cosa juzgada; con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, lleve a cabo la debida reinstalación en el empleo, cargo o comisión que el quejoso venía desempeñando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que: 1.- Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2.- Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3.- No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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