Jazmín Ortega Onofre

Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
255/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Jazmín Ortega Onofre

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de marzo de dos mil veintidós. I. Devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito de ........., apoderado la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º, devuélvanse al promovente los documentos que indica, dejándose, en su lugar, copia certificada legible para constancia, así como razón de recibo de aquéllos. Así mismo, se autoriza a las personas que indicada para la recolección de los documento, las que deberán comparecer ante el órgano jurisdiccional debidamente identificadas. II. Atención presencial. Dígase al promovente que, la recolección de los documentos debe verificarse mediante la obtención de cita previa, a través de la modalidad del programa "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. 1 Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de marzo de dos mil veintidós. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ..., por propio derecho y en representación del menor de iníciales ..., contra actos del Juez Décimo Segundo de lo Familiar en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo ***, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: El auto de fecha 18 de febrero año en curso, dictado dentro de los autos del expediente número 76/2019, por el Juez por el Juez Décimo Segundo de lo Familiar en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro en el cual se impone como medida de apremio arresto de doce horas en contra de la aquí quejosa. IV. Protección a menores de edad. Ahora, toda vez que en el presente juicio se encuentra involucrado un menor de edad, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquel, hágase a través de sus iniciales de nombres y apellidos ...; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación). III. Improcedencia de la demanda de amparo. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del análisis del escrito inicial de la demanda se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: "(.)El auto de fecha 18 de febrero año en curso, dictado dentro de los autos del expediente número 76/2019, por el Juez por el Juez Décimo Segundo de lo Familiar en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro en el cual se determinó lo siguiente: "...Por cuanto ve al SEGUNDO ESCRITO con folio ..., presentados por el ..., mandatario judicial de ..., y atento a su petición, se le tiene por presente acusando la rebeldía en que incurrió ..., al no dar cumplimiento con la restitución del menor ...., como se estableció mediante auto de fecha 4 de febrero de 2022, máxime que fue notificada de tal requerimiento en fecha 8 de febrero de 2022; por ende resulta hacer efectivo el apercibimiento formulado mediante el auto citado, atendiendo a que el artículo 76, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Querétaro, que dispone: "Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: I. Multa, que será de cinco a cien veces el salario mínimo general diario vigente en la zona, que se duplicara en caso de incumplir con la orden judicial...", y a fin de hacer efectiva la garantía en el citado precepto, las medidas de apremio resultan necesarias para que los jueces o tribunales estén en condiciones jurídicas de que se cumplan sus decisiones y tienen como propósito obligar al contumaz en el cumplimiento de lo que se le manda, para lo cual en menester analizar las formalidades consistentes en: La existencia de una determinación justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio. Siendo que en el particular mediante proveído de fecha 4 de febrero de 2022, se requirió a ...a efecto de que restituyera al menor ...., con el ..., (padre custodio), con el apercibimiento de que de no dar cumplimiento se les impondría en su contra, una medida de apremio consistente en arresto de 12 doce horas, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Querétaro. La comunicación oportuna mediante notificación al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla se le aplicara una medida de apremio precisa y concreta. Para lo cual en el caso concreto, mediante proveído de fecha 4 de febrero de 2022, se ordenó notificar mediante actuario a ..., en su domicilio procesal, notificándose en estados mediante su autorizado en fecha 8 de febrero de 2022, donde se le hizo saber a la citada que debería restituir al menor...., con el C. ..., (padre custodio), y se le hizo saber que para el caso de incumplir, se le impondría un arresto de 12 doce horas por desacato a una orden judicial, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Querétaro, que dispone: "Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: IV. Arresto hasta por treinta y seis horas". Que conste o se desprende de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitas. Siendo que en el particular se actualiza dicha formalidad al apreciarse la omisión de ...respecto a dar cumplimiento a la ordenado en el auto de fecha 4 de febrero de 2022, dado que la mencionada no ha dado cumplimiento con el requerimiento hecho en dicho auto, sobre la restitución del infante ...., al padre custodio, el... Lo anterior pese a que mediante auto de fecha 31 de enero de 2022 se le notificó a la multicitada, que tenía que hacer la restitución en cuestión, y se apercibió a la actora que de ser omisa se aplicaría en su contra una medida de apremio consistente en multa de 50 cincuenta Unidades de Medida y Actualización, sin embargo, esta fue omisa en acatar la orden del judicial hecha por el Suscrito y por la autoridad Federal, por lo que mediante auto de fecha 4 de febrero de 2022 se hizo efectiva la multa equivalente a 50 cincuenta Unidades de Medida y Actualización a .... Por tanto, y con la finalidad de salvaguardar el interés superior del menor ...y restituirlo al domicilio donde habitualmente reside con su padre, y no sacarlo del ambiente donde se desenvuelve en su día a día, por lo que, resulta procedente hacer efectivo el apercibimiento formulado mediante auto citado, consistente en arresto de 12 doce horas contra ...por desacato a una orden judicial, de conformidad con el número 76 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles vigente. Apercibimiento que se considera razonable que dado a lo que se solicita a dicha persona, y la finalidad del mismo es que se dé cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado y de la Autoridad Federal, pudiéndose restituir al menor ..., a su padre custodio; y con ello, velar por el interés superior del menor en cita, ya que de conformidad con la Ley para la Protección de los niños, niñas y adolescentes en su artículo 7 señala que corresponde a las autoridades asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y ejercicio de sus derechos y la forma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos...." (.)" De lo anterior, este juzgador considera que el acto reclamado deriva del cumplimiento dado a una resolución dictada en un diverso juicio de amparo, tramita en este mismo órgano jurisdiccional; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo" El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: 1. El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, 2. El juicio de amparo no procede tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia, esto es, cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito, es improcedente el juicio de amparo. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de garantías, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. La segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia materia de análisis, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de garantías del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable-. Ilustra respecto al motivo de improcedencia materia de análisis, la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." En este mismo sentido, por las razones que contiene, la tesis 1a. XIX/93, perteneciente a la octava época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Enero de 1994, página 8; con rubro y texto: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: "I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable." Y, finalmente, la tesis XII.1o.4 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Enero de 1996, página 305, con rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Sentado lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia perfilada con antelación, conviene tener en cuenta que la parte quejosa señaló como acto reclamado: *El auto de fecha 18 de febrero año en curso, dictado dentro de los autos del expediente número ..., por el Juez Décimo Segundo de lo Familiar en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro en el cual se impone como medida de apremio el arresto de doce horas en contra de la aquí quejosa. A efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución, y, toda vez que como de la certificación de cuenta se advierte que el presente juicio de amparo guarda relación con el expediente ...del índice de este Juzgado, se tienen como antecedentes los siguientes: 1.- Mediante auto dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ..., por sí y en cuanto representante del menor de edad en cuestión, en la cual se emplazó a juicio como tercera interesada a ..., aquí quejosa. 2.- Por resolución de cinco de enero de dos mil veintidós, se dictó la suspensión definitiva la cual se concedió para los siguientes efectos: "(.) 1. Las convivencias que el menor quejoso tengan con su progenitora deberán efectuarse atendiendo a las particularidades personales. 2. Para dar lugar a lo anterior, el menor deber ser entregado a su progenitora; 3. Será esta quien, al finalizar los horarios y días establecidos para tal efecto en el acuerdo combatido, deberá entregar al menor con su padre. Todo lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, esto es, deberá desplegar los mecanismos jurídico-procesales necesarios para efecto de que se cumplan los términos antes indicados, pues como se indicó es la autoridad del orden común la que decide sobre la problemática familiar y en primera instancia, sobre la protección de los derechos de los menores, máxime que cuenta con mayor amplitud de los datos de las partes para poder determinar lo más benéfico para los menores relacionados. (.)" 3.- El seis de enero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la suspensión definitiva desplegando los mecanismos jurídico-procesales necesarios y el uso de las facultades que la Ley le confiere para hacer efectiva la misma, derivado de la imposibilidad manifestada por el juez responsable de cumplir con la resolución interlocutoria, dado que la madre del menor involucrado no ha entregado a su menor hijo después de las convivencias decretadas con su padre quien cuenta con la custodia provisional. Entonces, con la crónica de antecedentes procesales plasmada, de las constancias agregadas a los presentes autos, y, de la certificación de cuenta, se constata que se trata de actos que emanan del cumplimiento a la suspensión definitiva derivada del juicio de amparo número 1321/2021, del índice de este Juzgado, las cuales en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituyen un hecho notorio, y de las que se desprende lo antes señalado. Ahora bien, en dicha determinación se conminó al juez familiar de que se trata, ejercer todas las facultades y mecanismos legales a su alcance para lograr el cumplimiento de la resolución incidental; entonces, si bien, no se especificó que determinaciones debía emitir para tal efecto, ni tampoco se estableció como límite, el uso de mecanismos y recursos tendientes a lograrlo, lo cierto es que sí se le obligó a hacer uso de todos aquellos, con los que la ley lo faculta, para lograr el cumplimiento de la suspensión decretada. Por ello, sí se vinculó a dicho juzgador para que en ejercicio de sus funciones de autoridad judicial, hiciera uso de cualquier medio legal establecido para tal efecto; de lo que se obtiene, que éste se encuentra supeditado en su actuar al cumplimiento de una resolución emitida en un juicio de amparo; de ahí el despliegue de sus determinaciones, las cuales, han sido, desde la orden de restitución del menor para con su progenitor custodio e imposición de multa, sin que con alguno de ellos, se hubiese logrado la entrega del menor involucrado a su padre, lo cual fue ordenado en la resolución incidental, de ahí que éste decidió imponer diverso medio de apremio, para lograr el cumplimiento al que se encuentra obligado por disposición de una determinación emitida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ..del índice de este órgano jurisdiccional. Por lo que, al emitir el acto reclamado, la autoridad responsable no actúo en ejercicio de las facultades que la legislación ordinaria le otorga, pues si bien fundó el acto reclamado en la codificación ordinaria, su actuar está supeditado al cumplimiento de la suspensión decretada en el juicio de amparo indirecto 1321/2021, el que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, por tratarse de asuntos de este propio juzgado, del que se advierte que no se ha logrado el cumplimiento de la medida cautelar, como se destaca de la siguiente relación de actuaciones: El Juez Décimo Segundo de lo Familiar en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, dentro del expediente de origen, ante la negativa injustificada de la aquí quejosa de entregar al menor con su padre, después de sus convivencias, tal como se ordenó en la suspensión definitiva citada, el cuatro de febrero de la presente anualidad, ordenó la restitución del menor de que se trata con su padre, bajo los apercibimientos en caso de incumplimiento; no obstante estar debidamente notificada y sin que se cumpliera dicha orden; el dieciocho de ese mismo mes y año, hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado, consistente en arresto por doce horas, el que constituye el acto reclamado. De lo que se sigue, que la emisión de dichas determinaciones, tienen por objeto acatar lo ya determinado en la resolución del amparo citado -se realice la entrega del menor a su padre, después de la convivencia con su progenitora-, siendo que la legalidad de la determinación de aquel, es decir, ...del índice de este órgano, es analizable mediante los mecanismos de impugnación que para tal efecto prevé la Ley de Amparo. Entonces, si bien no se estableció específicamente como lineamiento de la suspensión definitiva otorgada, la imposición de multa a la madre del menor en caso de incumplimiento a lo ordenado previamente; lo cierto es que sí se ordenó al juez responsable desplegar todas las actuaciones necesarias para la entrega del menor con su padre, después de cada convivencia decretada con su madre, por lo que sus actuaciones son bajo la determinación de este Juzgado Federal. En consecuencia, al quedar contrastada la resolución emitida en el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo 1321/2021, el que se reitera constituye un hecho notorio para este juzgador, resulta evidente que el auto ahora reclamado -imposición de arresto como medida de apremio-, fue emitido en cumplimiento a la concesión descrita, porque derivó del incumplimiento de la ahora quejosa de entregar al menor involucrado con su padre, que se ha ordenado reiteradamente por el Juez responsable, en cumplimiento de una determinación emitida dentro de un asunto tramitado en este Juzgado Federal, al que se encuentra obligado a atender y velar por su efectividad. Por tanto, si de autos se advierte la forma en que se emitieron tales medidas de efectividad, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó con antelación, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones de una autoridad jurisdiccional federal en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Apoya a lo anterior el criterio aislado emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CVI/2017 (10a.), registro digital 2014516, Décima Época, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1434, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable." Pues se reitera, en el caso específico, el auto combatido en el presente asunto, fue emitido en cumplimiento a una resolución dictada en diverso juicio de amparo tramitado en este órgano jurisdiccional, que si bien, no se ordenó específicamente, sí deriva de la obligación de desplegar TODOS los mecanismos jurídicos y procesales necesarios y el uso de las facultades que la Ley le confiere para hacer efectiva la resolución interlocutoria, en su punto número tres enunciado. Entonces, al promoverse en contra de actos emitidos en cumplimiento de otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, ya que la ley no distingue, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en ejecución de otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, o bien, deducir las acciones que la legislación ordinaria estipule en su favor; siendo que en el caso concreto, la ahora quejosa, fue emplazada al juicio de amparo que constituye antecedente para el presente, como tercera interesada. De igual manera es aplicable la Tesis IV.1o./K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998,, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 94/2010, registro digital 162648, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 109, de rubro y texto: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. PUEDE IMPONERSE LAS VECES QUE EL JUZGADOR CONSIDERE NECESARIAS PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. Del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que no contiene limitante alguna para que los titulares de los órganos jurisdiccionales impongan los medios de apremio las veces que consideren necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, dado el carácter de autoridad con que están investidos. Por tanto, en términos de su fracción IV, los jueces están facultados para imponer, fundada y motivadamente, el arresto hasta por treinta y seis horas, cuantas veces consideren necesarias, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, atendiendo a las circunstancias particulares del caso y al tipo de determinación a cumplirse, tales como la naturaleza, las consecuencias y la gravedad del asunto." De este modo, si bien la determinación de imponer como medida de apremio el arresto, es susceptible de estudiarse en el juicio de amparo, lo cierto es que siempre y cuando se superen los requisitos de procedencia establecidos en la Ley de Amparo, y como se explicó en párrafos precedentes, resulta evidente que la determinación emitida por el Juez Familiar de que se trata, lo fue para lograr el cumplimiento de uno de los lineamientos establecidos en la resolución interlocutoria emitida por este Juzgado Federal. Sin que con la anterior determinación se transgreda a la parte quejosa en su esfera de derechos, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa Jurisprudencia 10/2014 (10a.), de la anotada Sala, localizable en la página 487, del Libro 3, Febrero de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005717, de rubro y contenido que dicen: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Por tanto, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia antes descrita IV. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. V. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VI. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 08:00 a 15:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VII. Domicilio y Autorizado. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ..., por contar con su cédula registrada en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales y como autorizado en términos restringidos a las diversas persona que señala al no contar con el registro correspondiente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VIII. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. IX. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. X. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XIII. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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